“La ONU da a luz al protocolo de desvitalización forzada como medida emergente ante la crisis de la longevidad asistida”
No sería capaz el Dr. Kähler allá por el 2020, de pronosticar la entropía que su revolucionaria aportación a la ciencia, generaría tres décadas más tarde. La longevidad asistida, que nació como la anhelada victoria de la humanidad contra la muerte, tras el éxito fortuito del primer trasplante de cuerpo; ha terminado siendo la gran depresión social de nuestro siglo. La superpoblación, que ya atisbaba ser un problema socio-económico años antes de la cura nanotecnológica del Alzheimer y de la sustitución corporal; arrasa hoy con nuestras sociedades y quiebra las políticas monetarias.
La ONU, tras 23 agotadores días de drásticas deliberaciones, ha implantado a nivel mundial el protocolo piloto de desvitalización forzada que a partir de mañana estrenará su vigencia en nuestro gobierno. El decreto impone, entre otras medidas, limitar la esperanza de vida a los 67 años. No se han hecho aun públicos los procedimientos con los que se diezmará a la población que supere la edad legal pero todo parece apuntar a métodos farmacológicos o a cámaras de exposición vírica. La instauración del protocolo pretende cimentarse en el pacifismo, dándosele a los individuos en edad irregular, un plazo de 30 días hábiles para entregarse de forma voluntaria a la guarda y custodia del Estado.
Con estas contundentes medidas, la ONU garantiza la reversión a corto plazo de la pirámide poblacional y el restablecimiento de los centros públicos de inseminación artificial que resolvieron la epidemia occidental de infertilidad masculina; rescatándose así las actuales tasas de infranatalidad. El severo dictamen de las Naciones Unidas también contempla el control gubernamental del patrimonio de los “desvitalizados” y su justa distribución; así como la privatización de los procesos de trasplante corporal total o parcial y demás técnicas de longevidad asistida. El programa legislativo al completo será desde mañana distribuido a cada uno de nuestros dispositivos multimedia de localización e identidad personal, entrando automáticamente en vigor la ley y su obligado cumplimiento.
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