– ¿Tú qué harías si fuera tu marido el que lleva dos días detenido? -concluyó mientras terminaba de liarse el porro.

Iban camino del parlamento, comentando la última intervención de la policía en el cultivo de un club social de cannabis.

– Pues no lo sé, depende de si tengo con quién dejar los niños. Además, el abogado es el que debe estar allí. Para eso le pagamos, ¿no?

– Pero tú tienes que estar detrás del abogado para que se ponga las pilas.

– No lo entiendo. ¿Me estás diciendo que si el abogado no se ha presentado en la comisaría durante tres días es culpa de la mujer, que no se ha movido lo suficiente?

– Sí.

– ¿Y el chantaje de la compañera del abogado diciéndole que, como no tenían la administración del club contratada con ellos, no podía hacer mucho, también es culpa de la mujer?

– Es que si a mí, en ese momento, me dice que tengo que ingresar 300 para ir a la comisaría, se los ingreso.

– Pues a mí, si me dice que son 300 por ir a la comisaría sí, pero ¿que si quiero que se mueva tengo que contratar el paquete completo de servicios de gestoría y abogado? Eso se avisa antes, no cuando tienes a tres coches patrulla y un helicóptero en tu casa.

Apagaron la colilla del porro y se sumergieron en el ritual burocrático de entrada al parlamento: acreditación, revisión de las mochilas, esperar a la persona que les acompañaría al despacho de las parlamentarias… En esta ocasión la reunión era con dos representantes de un partido conservador, una abogada y una empresaria. El objetivo: conseguir su apoyo para el inicio de una comisión parlamentaria sobre la regulación de los clubes sociales de cannabis en Andalucía.

Durante las presentaciones, las dos mujeres mostraron un gran interés por el tema. Posiblemente la inminencia de elecciones generales y una contundente campaña en las redes sociales presionando a los políticos a posicionarse habían ayudado a esta apertura. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, se hacía más patente su ignorancia sobre el tema.

– Lo primero que habría que hacer es regular el consumo –afirmó rotundamente la abogada.

– Perdone, pero eso ya está regulado. En España no está prohibido consumir cannabis, sólo constituye una falta administrativa hacerlo en lugares públicos. El problema viene a la hora de autoabastecerse.

– Por eso consideramos que los clubes sociales de cannabis son una alternativa segura para personas que no pueden o no quieren cultivarlo.

– ¿Cultivarlo sí está permitido? –preguntó la empresaria.

– Si se demuestra que es para consumo propio sí. El problema es que hay muchas personas que no tienen esa capacidad o inquietud. Por eso surgieron los clubes sociales de cannabis. Como respuesta social a la demanda de un sector de las personas que consumen cannabis para garantizar el autoabastecimiento de la sustancia.

– Pero, entonces, ¿en los clubes se vende marihuana?

Las preguntas de las políticas impactaron a los activistas. Sabían que para los políticos era imposible estar informados de todo. Pero que dos representantes parlamentarias de un partido que había incluido en su programa electoral la regulación del cannabis no conocieran la situación legal y social de la planta era más surrealista de lo se habían imaginado.

– No, señora. En los clubes de cannabis, un grupo de personas mayores de edad se asocian para organizar un cultivo colectivo del que cada una retira su parte.

– ¿Y qué pasa con los que no quieren asociarse?

– Pueden cultivar su propia planta o ir al mercado negro. Por eso estamos involucrados en una plataforma para impulsar una regulación integral del cannabis a nivel estatal.

– Claro, porque Andalucía, ¿qué competencias tendría para regular esto?

– Tan solo podría regular los clubes sociales de cannabis, como un programa de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de cannabis, por las competencias que tiene en Sanidad y en la Ley de Asociaciones. Tal como lo han hecho Euskadi, Navarra o Cataluña.

La conversación continuó durante un rato más, en un ambiente desenfado que se parecía cada vez más una clase de primaria de la vida real. Los activistas se alegraron de haber preparado el tocho encuadernado y el pendrive con la documentación básica sobre el tema. Aunque dudaban de su lectura.

Tras la reunión, cogieron de nuevo el coche para asistir a la Asamblea General de la plataforma, en una casa rural en la sierra madrileña. Cuando entraban en Madrid, el teléfono sonó.

– Tenemos que cambiar el lugar de la Asamblea. Ayer el dueño del local olvidó cerrar la puerta y poner el cartel de evento privado y dio la puta casualidad que vino la guardia civil. Nos pillaron después de cenar, haciéndonos los petas con la hierba encima de la mesa. Hoy han vuelto a venir y no sabemos si harán controles mañana.

– ¡Joder, vaya putada! ¿Alguien detenido?

– No, pero al dueño del local le va a caer una buena multa.

– ¿Alguna otra noticia? Dame una alegría anda.

– Lo dudo. Los de siempre dijeron anoche que si no queremos que boicoteen la plataforma, tienen tres condiciones.

– ¿Cuáles?

– Más transparencia y democracia interna, contratar a uno de los suyos en la plataforma, y designar un tercio del presupuesto general a su campaña.

– ¡Joder! Mañana lo hablamos.

Se hizo otro porro y, en ese mismo instante, decidió cambiar de profesión.

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