Los asentamientos irregulares en la Ciudad de México

¿Donde nos asentaremos en los próximos 100 años? Esta fue la pregunta que se lanzó en la investigación de Jordi Borja en su libro titulado “Revolución urbana y derechos ciudadanos”, esta pregunta tiene mucho sentido en gran parte por las nuevas normas de asentamiento urbano y rural que se estipulo en la Unión Europea desde 1970, 1985 y 1997 respectivamente cuando se reguló los asentamientos irregulares que se estaban gestando en muchas de las grandes ciudades de Europa, estos asentamientos periféricos en su gran mayoría correspondían a la fuerza de atracción que estas ciudades tenían en referencia a otras y hacía referencia a que cada vez se condiciona más el medio ambiente para ocupar estos territorios, expone la integridad física y de salud de las personas que se ven orillas a vivir en estas condiciones.

Pero en Europa los asentamientos irregulares han ido desapareciendo de a poco en gran medida por la construcción de grandes conjuntos familiares que han acogido a los nuevos residentes, pero el caso no es generalizado con otros continentes, países y aún más entre ciudades que viven esta problemática a gran escala y que a pesar de las experiencias de otras ciudades el panorama sigue siendo muy grave por la cantidad de personas que buscan nuevas formas de acercarse al casco periférico de las grandes ciudades con la finalidad de mejorar su condición de vida.

En América latina se tiene numerosos casos que manifiestan la grave situación en la que se encuentran las personas que deciden instalarse en este tipo de asentamientos, la exclusión y la falta de programas que ataquen de fondo este problema urbano han generado que cada vez más personas lleguen a la periferia y acepten vivir en condiciones paupérrimas ante los inminentes peligros y consecuencias que esto puede representar.

Hablando del caso específico de la Ciudad de México los asentamientos irregulares se acrecentaron en gran medida entre los años de 1970 y el 2000. La regulación que el gobierno de la ciudad hizo en 1985 después del temblor de ese año y después en 1992 y en 1999 se centró primordialmente en garantizar que las personas que se asentaban en estos lugares tuvieran la oportunidad de adquirir una vivienda, en acabar totalmente con estos asentamientos y buscar una nueva forma de poder instalar y reubicar a quienes vivían en estas condiciones ya que se consideraba de peligro y generaba una desorganización urbana donde los índices de criminalidad y delitos de todo tipo crecieron considerablemente, esto generado por la creciente disputa que había entre los grupos de disputa de los terrenos y de los nuevos “paracaidistas” que querían asentarse cerca de la periferia de la gran ciudad.

El término “paracaidista” se les adjudicó haciendo alusión a que los residentes irregulares llegaban a los más alto de la periferia y a lo más lejano, tal y como lo hacen los paracaidistas de guerra. Estos asentamientos tenían características particulares; casas hechas de manera, lámina, cartón, además de ser inseguras y con la carencia de la mayoría de los servicios de equipamiento urbano; luz, agua, alcantarillado, seguridad pública, alumbrado y pavimentación. El hecho de que estos asentamientos presentaran estas características se les catalogaba con dicha denominación. Por otro lado el gobierno de la Ciudad de México decidió que este tipo de asentamientos no existieran debido a que están generándose todo tipo de barrios irregulares donde se estaban creando htodo tipo de delitos. Los asentamientos irregulares se volvieron un problema grande en la ciudad debido en gran medida a que estaban ocupando terrenos que eran reservas federales, ejidos, áreas protegidas o inclusive expulsaban a otros residentes originarios.

Los asentamientos irregulares se acrecentaron considerablemente por el apoyo de otros sindicatos que buscaban acrecentar su popularidad e integrar a más personas a su movimiento, en forma de exigencia estos sindicatos sometían a placer a los gobiernos locales y hasta federales con huelgas y movilizaciones con la finalidad de que sus agremiados no fueran desplazados y reubicados en otras áreas, por otro, el gobierno de la Ciudad de México comenzó en 1970 una programa a gran escala donde se pretendía reubicar a estas personas en grandes conjuntos familiares, esta política siguió hasta finales de los 90´s cuando el gran capital inmobiliario se hizo del sector y condicionóo aún más la posibilidad de una correcta y pronta reubicación que estaba gestando el Estado hasta antes de la crisis de los años 80´s.

Los asentamientos irregulares en la Ciudad de México no disminuyeron, sino al contrario, cuando la crisis de los 80´s se acentuó de manera importante y el desempleo creció la migración del campo a la ciudad creció de manera importante y estos nuevos residentes se instalaron de manera irregular, primordialmente en Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta donde hoy en día podemos apreciar un casco que se conserva en las partes más altas de estas alcaldías. Casa de lámina, cartón, madera y pisos rústicos son la imagen con la que se encuentran la mayoría de ellas.

Los programas llevados a cabo por parte de las alcaldías ya mencionadas ha sido en cuanto a presupuesto muy poco, se busca darles mejores condiciones de vida invirtiendo en pequeños programas que solo atacan la cuestión alimentaria y educativa pero no de vivienda y de equipamiento urbano. En Iztapalapa cerca del año 2000 se implantó un programa que tenía como objetivo poder reubicar a más 20,000 personas que vivían en condiciones poco favorables, muchas de ellas hasta en voladores de cerros y en áreas protegidas donde habitan animales peligrosos. Finalmente el programa solo logró reubicar a cerca de 9,000 personas, el poco presupuesto y las trabas jurídicas unidas al movimiento paralelo de los sindicatos condicionaba de manera importante la reubicación y muchas de las veces con violencia retenían a sus “agremiados” que habían sido beneficiados del programa.

La crisis de 1995 agravó la situación, más personas se acercaba al casco periférico de la ciudad debido nuevamente al desempleo y a las pocas oportunidades de instalación en otros estados que sufrían la crisis en mayor grado, esta vez hubo un fenómeno particular, seria la alcaldía Iztapalapa la que recibiría a la mayoría de estas personas y otros municipios periféricos del Estado de México como; Ixtapaluca, Los Reyes, Cuatro Vientos y Texcoco que hoy en día siguen viviendo está problema inclusive mucho más que la presentada en la Ciudad de México, este fenómeno es muy importante debido a que nos manifiesta las deficiencias que existen entre la política económica, urbana y la legislación que debería en todo momento regular dichas irregularidades pero que hasta el momento se ve rebasada y en todo sentido no se ha hecho efectiva y en gran parte por la corrupción que azota al país en general y al poco presupuesto que en cierta forma de destina, por otro lado dentro del programa nacional de infraestructura anteriormente atacaba estos temas y ahora parece dejarlos de lado y los temas se han trasladado a los municipios que carecen de conocimiento y de financiamiento para atacar estos temas de fondo.

Ahora la constitución de la Ciudad de México prevé estos temas de manera importante, pero nuevamente las irregularidades han salido a flote y podemos ver una nueva migración hacia la ciudad que se caracteriza por la expulsión de los deciles más altos hacia estados como: Puebla, Tlaxcala, Toluca, Cuernavaca y Querétaro donde la creación de los nuevos desarrollos inmobiliarios atienden las demandas de vida de estos deciles con exclusividad, además de que la nueva red vial permite estos viajes (periferia-centro). La nueva migración surge en el interior de estos cascos periféricos que conforman la zona metropolitana, migran para buscar nuevas fuentes de ingreso y de servicios que en el casco periférico son más caros y lejanos. Esta migración no se asienta de manera irregular pero no todos tienen las mismas posibilidades y la fuerza de atracción de la ciudad terminó por condicionar nuevamente los asentamientos irregulares. En un informe en 2017 por parte de SEDESOL informó que había aproximadamente más de 700,000 mil personas viviendo en condiciones de irregularidad en toda la zona metropolitana.

Es importante atacar este problema de fondo, hay múltiples problemas originados de los asentamientos irregulares, son focos de; violencia, maltrato infantil, venta de drogas, secuestros y de crimen organizado que se ha comprobado se ha instalado ahí. Los asentamientos irregulares deben de ser atacados de fondo, es en todo sentido un problema de la crisis urbana que se presentan en las grandes ciudades que cada vez se les dificulta poder tener una política urbana integral que asegure que el equipamiento urbano sea el correcto y que se realicen programas que puedan garantizar que las nuevas familias que se acerquen al casco central tengan las condiciones de vida adecuadas.

Nuevamente los asentamientos irregulares deben ser parte de la política integral del plan nacional de infraestructura en las principales ciudades del país, aún es muy alto el número de personas que llegan a la ciudad y buscan lugares donde instalarse de manera irregular, una política que ataque este problema podría ayudar en bajar considerablemente los índices de delincuencia que se presentan en la ciudad, también permitiría una mejor regulación urbana y poder distribuir de manera más equitativa los beneficios de equipamiento urbano en la ciudad que permita al largo tener una mejor calidad de vida. Las experiencias del pasado pueden ayudar a proporcionar un marco regulatorio y de presupuesto capaz de ir cambiando el panorama canalizando de manera correcta los recursos y las garantías que de ella se desprenden sin exclusión y con una mayor amplitud a los nuevos migrantes de las grandes ciudades del país.

Boris (2006) aseguro que gran parte de la expansión de la mancha urbana que se estaba gestando en la Ciudad de México se debía en gran medida por los asentamientos irregulares periféricos, sin equipamiento y sin una regulación adecuada, además se caracterizaba por tener parte de las condiciones que aquí ya se han mencionado, los municipios periféricos al casco central de la Ciudad de México y algunos como Milpa Alta y Tláhuac siguen presentando asentamientos irregulares, muchos de ellos ya cuentan con programas y presupuesto de la actual administración para que se cambie el panorama.

Otro de los temas que se deben de atacar de fondo es sobre las familias afectadas tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, se debe buscar una política integral que asegure que estás familias regresen a una vivienda similar a la que perdieron y que las grandes constructoras se hagan cargo de dichas afectaciones y que permitan a todas estas familias regresar a una vivienda bien construida debido a que actualmente están viviendo en casas improvisadas y hasta en tiendas de campa y esto de alguna forma son condiciones que se han ido agravando debido a la poca respuesta del gobierno de la Ciudad de México y de las grandes constructoras.

Los asentamientos irregulares siempre serán la expresión tangible de la exclusión urbana y económica, dan fe la política urbana carente y de un privilegio por parte del gran capital a las grandes constructoras de vivienda popular que saca el gran benéfico condicionando totalmente las regulaciones ambientales, de salubridad y social que conlleva la construcción de grandes conjuntos habitacionales que no pueden adquirir todos, la exclusión urbana es sinónimo del avance gradual del capital abriéndose paso territorialmente ya que el paisaje urbano es el resultado de las disputas económicas y políticas entre los pobladores y el poder político.

Pero sin duda alguna, la mejor forma de poder cambiar el actual panorama es poder tener un marco regulatorio e instancias que se en carguen de llevarlo a cabo así mismo que los gobiernos locales y municipales pongan más atención a este fenómeno ya que el nivel federal ha dejado de lado este tema tan importante y que hoy se sufren las consecuencias de las malas administraciones y las disputas políticas que se gestan por el interés territorial que otorga el proceso de urbanización.

– Imagen: BCS Argentina, 2006.