Mi divorcio no ocurrió en un día, ni en un juzgado, ni siquiera en el acto solemne de una firma. Comenzó mucho antes, tal vez en el primer silencio que no supimos traducir, en la primera mirada que evitó reconocer al otro. Durante cuarenta años fuimos dos sombras paralelas, atadas por una legalidad que ya no recordaba su origen.
Ahora, cuando el expediente despierta, lo hace con la frialdad de lo inevitable. Los bienes —esa palabra tan precisa y tan absurda— se despliegan como si fueran pruebas de una vida que, en rigor, nunca fue común. Una mesa, una casa, papeles, objetos que sobrevivieron más que el afecto. Cada cosa parece reclamar un dueño, como si la posesión pudiera restituir algún orden perdido.
El reparto no divide únicamente lo tangible. Divide el tiempo. ¿A quién le corresponde aquel verano? ¿Quién conserva el derecho sobre los años en que todavía creíamos en algo parecido a la permanencia? Nadie lo dice, pero en cada cálculo hay una contabilidad secreta de agravios.
Y el odio —si es que ese nombre le corresponde— no es un estallido, sino una persistencia. Una forma de memoria que se niega a archivarse. No grita: murmura. No acusa: recuerda. Es el único bien que parece indivisible.
Después de cuarenta años separados, el divorcio no es una ruptura, sino una confirmación. Un trámite que llega tarde, como llegan todas las verdades que uno prefirió no nombrar. Y sin embargo, en esa tardanza hay algo inquietante: la sospecha de que nunca estuvimos realmente juntos, pero tampoco completamente libres.
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