Vacunagate: dilema ético

Universidad Pontificia Católica del Peru: Maestría en Gerencia Social: Curso Ética y Gerencia Social: Profesor Cesar Mendoza Loyola: Alumna Rocío del Pilar Núñez Delgado 

En el Perú, por pandemia COVID 19, el presidente mediante mensaje a la nación indica medidas para inicio de cuarentena desde el 16 de marzo 2020; en agosto 2020 el laboratorio estatal Chino Sinopharm contacta con la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) para investigar efectividad de su vacuna (tercera fase: experimentación), es un ensayo aleatorizado doble ciego y controlado, junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM); además envía un lote de 3500 dosis de vacunas para el equipo de investigación; dosis que fueron colocados en personas ajenas al estudio, como el presidente de la nación y su esposa, altos funcionarios en salud publica dirigentes de la lucha contra la pandemia; personal de investigación del ensayo clínico; familiares de los grupos descritos; este caso fue denominado: Vacunagate (Ibáñez, 2022).

Hubieron dos asuntos que se investigaron, en primer lugar el uso de la candidata a vacuna en personas que estaban fuera del ensayo clínico y segundo priorizaron grupos dejando de lado a otros grupos que requerían en mayor cuantía su colocación, como personal de salud que estaba en primera línea combatiendo la pandemia COVID 19, con pocos recursos de salud y pacientes con comorbilidades que eran personas de riesgo para COVID 19 severo que tuvieron alta mortalidad y los que sobrevivieron quedaron con secuelas y pobre calidad de vida (Ibáñez, 2022).

El Perú fue uno de los países con mas alta mortalidad por COVID19 a nivel mundial, con un sistema de salud venido a menos, con pocos recursos humanos y materiales para hacer frente a la pandemia COVID 19, durante la pandemia murieron 551 médicos y ni que decir de personal de enfermería, personal técnico y otros y algunos que sobrevivieron quedaron con pobre calidad de salud; al igual que la población en general.

La comisión Carbone es la encargada de investigar el caso de VACUNAGATE, caso que no solo sucedió en nuestro país, fue un escándalo que se suscitó en otros países; la investigación se dio por delito de colusión: vacunaron a grupos privilegiados por acuerdos clandestinos; por delito de peculado: usaron un bien publico en beneficio de terceros y delito de concusión: vacunaron funcionarios por los cargos que desempeñaban incluso a familiares por entrega de beneficios (Ibáñez, 2022).

Como personal de salud, he vivido en carne propia la pandemia COVID 19 con muchos sentimientos encontrados en aras de cumplir mi labor, viendo de cerca el sufrimiento de pacientes por la propia enfermedad y sus familiares perdiendo la esperanza de la recuperación o sobrevivencia de sus seres queridos; he visto colegas de trabajo que tuvieron que ocupar una cama de unidad de cuidados intensivos fueron intubados y conectados a un ventilador mecánico y algunos de ellos jamás despertaron, personas que pudieron acceder a una dosis de la vacuna y que podrían haber sobrevivido pero ya no están aquí.

Como menciona Quiroz (2013), la corrupción es el mal uso del poder político por funcionarios por un interés privado con desvío de recursos públicos para satisfacción personal, que el Perú se recibe como legado desde el tiempo de la colonia, legado endémico y cíclico, con costos a largo plazo; como en el caso de Vacunagate, donde se destina un bien preciado como la vacuna, en una situación de escasez para un beneficio particular donde está envuelto hasta el presidente, su esposa, funcionarios de salud pública en la lucha contra la pandemia COVID 19; con abuso de poder en lugar de priorizar la dosis en una persona que lo necesita.

Hubert (2008) hace referencia que el destape de la corrupción sistemática en el Perú fue cuando se vio por televisión nacional los “vladivideos”, saco a la luz las redes de corrupción Fujimori- Montesinos enraizada en todos los poderes del Estado, controlando las instituciones del Estado debilitándolas; es desde ese momento, que es mayor la desconfianza por parte de la población y en donde los medios de comunicación hacen más denuncias diarias de funcionarios públicos que acrecienta más la desconfianza y cada “destape” de corrupción como Vacunagate suscita no solo mas desconfianza si no hastío contra las autoridades políticas de nuestro país que menoscaba la democracia.

Así mismo Tovar (2008) hace un llamado a combatir la corrupción como un desafío, donde se debe hacer frente al autoritarismo con de transparencia en su accionar de las autoridades y de los investigadores de UPCH; Vacunagate es un dilema ético que se pudo haber evitado siendo transparente y comunicar ; hacer frente con una ciudadanía vigilante, sociedad civil empoderada cansada de la impunidad por actos de corrupción dejando de lado la tolerancia, la indiferencia hacia la corrupción; gobernantes que evidencian privilegios, leyes que benefician a grupos de poder; como la inmunidad de las autoridades políticas investigadas en el caso Vacunagate; ello se puede combatir con ética cívica con libertad y acceso a información, fortaleciendo instituciones privadas y públicas como la UPCH y sus investigadores, que con el caso Vacunagate se vieron deslegitimizadas; reforzar valores con cumplimiento de códigos de ética que dificulten otro episodio de corrupción de este tipo.

Hortal (2004) hace hincapié para el ejercicio profesional el uso de cuatro principios, los principios son deberes, en dilemas éticos como el de Vacunagate los principios permiten jerarquizar, evaluar pluralidad, cada profesional responsable de las vacunas debía actuar con integridad, con valores, haciendo prevalecer el principio de justicia, principio de no maleficencia como manejo de un bien público: las vacunas, ademas del principio de autonomía y beneficencia, estos principios son interdependientes y mas cuando hay escasez como en el caso de las vacunas donde un profesional no puede actuar igual, debe actuar según el contexto social, y dar a cada uno lo que le corresponde priorizando sin paternalismo, ni demagogia.

Durand (2018), explica adecuadamente y desmenuza el caso de Odebrecht que involucra a esta empresa constructora de Brasil y varios gobiernos del Perú por cerca de mas de veinte años, donde los presidentes autorizaron obras públicas con altos costos como el metro de Lima, la Carretera Interoceánica Sur y la Gran Irrigación Olma en el norte que son megaproyectos; costosos donde se ignoró las demandas de las comunidades asentadas en los lugares de construcción, ignoraron su desarrollo social; a cambio de financiación electoral, lobby, favores políticos, sobornos, reuniones de confraternidad, “legislación sastre” con leyes a medida por los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García Pérez, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), que fue en este gobierno en el 2017 donde estalla el escandalo y es acusado por incapacidad moral PPK, por lo que renuncia a la presidencia.

Como Odebrecht nuevamente en el caso de Vacunagate están envueltos no solo el presidente sino también políticos y funcionarios que combatían la pandemia COVID19, es decir seguimos con el legado de corrupción, usando el poder en forma inadecuada para tener privilegios de los bienes públicos que le pertenecen a la ciudadanía y que inmiscuye trasciende en instituciones que pierden legitimidad como la UPCH, UNMSM, que evidencian falta de principios, valores, integridad en perjuicio de los ciudadanos debilitando la democracia.

La ética cívica y la ética profesional que requerimos que se practique y forme parte de la cultura organizacional tiene que ir de la mano como bien mencionaba Aristóteles a la felicidad de la comunidad que se contrapone a la corrupción (Giusti, 2008), la felicidad de la comunidad y la propia; en base a la responsabilidad moral, fomentándola en forma individual con respeto a la dignidad humana y a la autonomía (Giusti, 2008); entendiendo que la corrupción no es un acto de justicia, la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde según su propósito para una vida buena, para su bienestar (Sandel, 2012).

Sen (1996) hace referencia a las capacidades que permiten desarrollo humano en base a la libertad para el bienestar humano, la mejora de la calidad de vida, que gracias a la libertad se obtienen logros debido a mayores oportunidades; la pobreza influye en las capacidades por ello el Estado mediante políticas públicas debe defender y mantener la vida buena combatir la pobreza en todos sus ciudadanos.

Haciendo uso de las capacidades centrales como dice Nussbaum, son actos de justicia, es un derecho y es parte del desarrollo que maximiza la libertad, mas aun la justicia social respetando la dignidad humana pluralista, respetando minorías, legitimando, empoderando al ciudadano en democracia con el respaldo del Estado.

Alegría (2019) menciona que la justicia, el deber moral, la equidad de derechos, la participación política, con el apoyo del Estado, que esta a cargo del poder y que este distribuya los bienes públicos con justicia universal en conjunto con las leyes que hagan respetar los derechos de una sociedad pluralista, multicultural.

Los actos de corrupción, los altos índices de percepción de desconfianza por la población hacen que los países sean presa fácil de movimientos como el neoliberalismo que no toma en cuenta la pluralidad, ni la gobernanza, desmantela políticas públicas, donde el Estado se “economiza” crece la pobreza, crecen las desigualdades, disminuyen los recursos, se desmantela la democracia (Brown, 2016).

Según Mudde (2017), el populismo es otra corriente que atenta contra la democracia, asienta en un pueblo debilitado por actos de corrupción donde hay vacíos u otros procesos donde la población evidencia ultraje a sus derechos, esta corriente es liderada por un oportunista que hace promesas falsas con generación de sentimientos emociones populares ganando adeptos, pero estando en el poder enarbola su bandera de un falso bienestar con la toma de medidas radicales tornándose en un gobierno autoritario cometiendo serios abusos contra los derechos humanos, como en algunos países de América Latina como El Salvador, Venezuela, Guatemala.

Los derechos humanos son universales e inalienables para una cultura de derechos humanos, como Rorty menciona se requiere de educación sentimental, de solidaridad, de empatía por gente que son como nosotros de nuestra especie, con respeto de su dignidad, de su autonomía, de cualquier persona en el mundo, además con educación de generaciones que trascienda, creando hombres tolerantes empáticos.

Estos derechos humanos como bien indica Sen (2007) deben expandirse, ello mejora bienestar individual y en comunidad, amplia oportunidad con ello genera desarrollo humano y capacidades.

El Estado debe proteger y hacer prevalecer los derechos humanos, con inclusión, además de derechos sociales fortaleciendo la ciudadanía, eliminando desventajas creando oportunidades fortaleciendo la democracia (Lerner, 2007).

Uno de los pilares es el respeto de los principios transculturales según Tubino (2008) para evitar conflictos en la sociedad, que es parte de los derechos humanos y hacerlos parte de la cultura en general esa cultura de las minorías como una costumbre nacional conservando el contexto de su tradición.

Para Appiah (2008) es necesario una visión cosmopolita donde se valora la diversidad, la pluralidad humana con respeto, a la dignidad, a la autonomía, a los derechos humanos de todos, donde todos salen ganando aprendiendo cada uno de sus diferencias viviendo en comunidad en democracia.

La salud es un derecho de todos, no solo de una elite, el Estado esta llamado a hacer prevalecer ese derecho a cada peruano en la zona mas recóndita del Perú, con distribución equitativa de bienes y recursos en salud, priorizando, respetando su dignidad, haciendo justicia en base a principios que son deberes para con la población mas aun cuando el país cursa con fenómenos como la pandemia COVID 19, donde los recursos en salud y profesionales de salud fueron escasos y se tuvo hacer frente a muchos dilemas médicos, y que a pesar de los esfuerzos hubo alta mortalidad; de ello se debe aprender para tomar medidas, tener planes de contingencia a largo plazo y sostenibles y hacer prevalecer ese derecho a la salud sobre todo en las poblaciones mas vulnerables.

Conclusiones

La corrupción, desde cualquier ángulo causa un perjuicio a la población, genera perdida de dinero, dinero que puede ser utilizado en la realización de proyectos y programas en beneficio de poblaciones vulnerables, debemos hacer frente a la corrupción en forma individual y en comunidad, con ética profesional, ética cívica, debemos ser vigilantes de nuestros gobernantes, demandar transparencia, información acerca del uso de los bienes y recursos del Estado, debemos combatir la tolerancia a la corrupción, la indiferencia a la corrupción, todas las instituciones deben tener una cultura empresarial de respeto de su código de ética y esta debe estar vigilada con el apoyo del poder judicial como ente autónomo en beneficio del ciudadano fortaleciendo la democracia.

Estos fenómenos como pandemia COVID 19 son aleccionadores, a lo largo del transcurso de la vida puede nuevamente suceder otro fenómeno y poner a prueba nuestro sistema de salud, es necesario tener planes de contingencia, protocolos, guías de manejo de enfermedades, para priorización de recursos en base a valores, moral, integridad, requerimos de profesionales desde altos funcionarios que ocupan cargos de poder, hasta empleados en salud, que tengan presente y cumplan los principios de beneficencia, justicia, autonomía y no maleficencia, la salud es un derecho y un deber tenemos un compromiso con las personas que buscan ayuda por su salud, el servicio que se brinde debe ser optimo, de calidad, oportuno, con equidad, inclusivo, con interculturalidad con respeto a la persona, a su dignidad y a su libertad, a sus derechos humanos.

Referencias Bibliográficas

Alegría, C. (2019) En C. Alegría (editor). Manual de Principios y Problemas Éticos (pp. 12-29). PUCP.

Appiah, K. 2008 Mi cosmopolitismo (pp. 9-41). Buenos Aires: Katz Editores.

Brown, W. (2016) El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo. México: Malpaso

Durand, F. (2018). Odebrecht. Una empresa que captura gobiernos. (pp. 15-55). PUCP.

Giusti, M. (2008). Introducción: El sentido de la ética. En M. Giusti & F. Tubino (Eds.), Debates de la ética contemporánea (pp. 13-42). Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú/Estudios Generales Letras. Recuperado de http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1705.pdf

Hortal, A. (2004). Ética general de las profesiones (pp. 173-189). Segunda edición. Desclée de Brouwer.

Hubert, L. (2008). Romper la mano. Una interpretación cultural de la corrupción (pp. 55-67). IEP-PROÉTICA.

Sandel, M. (2012). ¿Qué se merece cada cual? Aristóteles. En M. Sandel, Justicia: ¿Hacemos lo que debemos? Barcelona, España: Debolsillo.

Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano (pp. 37-65). Paidós.

Ibáñez, F., Suarez, P. (2022). Vacunagate: ¿era posible justificar moralmente el caso peruano? LETRAS (Lima), 93(138), 2022. http://dx.doi.org/10.30920/letras.93.138.12

Lerner, S. 2007 Capítulo 4: Ética y derechos humanos. En F. Tubino y M. Giusti (editores), Debates de la ética contemporánea (pp. 177-183). Pontificia Universidad Católica del Perú. http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1705.pdf

Nussbaum, M. (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano (pp. 91-123). Paidós.

Mudde, C. (2017) Populism: An Ideational Aproach. En: KALTWASSER, Rovira, Paul

Quiroz, A. (2013). Historia de la corrupción en el Perú (pp. 37-57). IEP.

Rorty, R. 2000 Capítulo 9: Derechos humanos, racionalidad y sentimentalismo. Verdad y progreso (pp. 219-242). Barcelona: Paidós.

Sen, A. (1996) Primera parte: Vidas y capacidades. En M. Nussbaum y A. Sen (compiladores). La calidad de vida (pp. 54-83). Fondo de Cultura Económica.

Sen, A. 2007 Capítulo 1: “La violencia de la ilusión” y capítulo 2: “Cómo comprender la identidad”. Identidad y violencia (pp. 23-41 y 43-68). Buenos Aires: Katz Editores.

Tubino, F. 2008 “Ética y diversidad cultural”. En ESPINOSA, Óscar (editor). Cartas de navegación. Reflexiones sobre cultura, ética y política en el Perú (pp. 177-201). Lima: Fondo editorial UARM.

Tovar, C. (2008). Ética para la vida ciudadana (pp. 49 -61). CEP-IBC.