CLAMORES DIPLOMÁTICOS

ANTE EL DESDÉN DE CANCILLERÍA

Hay personajes que se manejan dentro de cargos que ameritan una forma alturada de comunicarse y que están supeditados a conductos estrictamente diplomáticos de soberanía nacional de acuerdo al convenio de Viena. Es de suponer que sus conductas son de conocimiento público educadas y corteses, o que al menos guardan las formas. Este es el caso de cónsules y embajadores que son la máxima representación de los jefes de estado a lo largo y ancho del globo terráqueo.

Sin embargo, detrás de todos ellos, al margen de sus trajes de etiqueta y de su supuesto comprobado academicismo y conducta intachable, hay un ser de carne y hueso que muchas veces llega a identificarse con su gentilicio al extremo de poner en peligro las relaciones diplomáticas de su pueblo. Tal es el caso del embajador argentino Luis Juez, quien hace unos años dejó mal parado al gobierno argentino, aquella vez con Macri a la cabeza, al decir: “Si el general nosecuánto tiene miedo de jugar un partido de fútbol, imagínese si tiene que ir a la guerra”. La frase pareció simpática, graciosa. Pese a ello, la ocurrencia -pronunciada “en nombre del pueblo argentino- pudo haberle generado un grave problema diplomático con el Ecuador, ya que el Embajador argentino se encontraba en pleno ejercicio diplomático y aludía al General Tito Manjarrez Lascano, presidente del club de fútbol El Nacional, de Ecuador, equipo que días antes había perdido con el combinado argentino Atlético Tucumán el repechaje para ingresar a la Copa Libertadores de aquel año. “¡Déjense de romper las bolas con el reglamento!”; “Si tengo que entrar yo a jugar no hay problemas, me la banco”; “Hoy me van a querer cagar a trompadas, tenían el partido ganado en los escritorios y les mojamos la oreja”; “Voy a tener que ir en helicóptero a la Embajada”, fueron otras frases que pronunció “cual hincha en delirio”, el embajador antes y después de su noche de “gloria”.

Recientemente, para el caso peruano, existe una disyuntiva que se encuentra en pleno desarrollo (no llegando a este tipo de disparatadas frases y sin embargo, acartonadamente un grupo de diplomáticos acreditados en el Perú, hizo pública defensa de extraños intereses), embajadores de Canadá, Australia, Francia y Colombia, cometieron el exabrupto de remitir una carta a Manuel Merino, Presidente del Congreso peruano, en la que llaman la atención sobre el “grave impacto que supone la Ley 31018″, que suspende el pago de los peajes en la red vial nacional, departamental y local concesionada durante el estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19), norma publicada por insistencia del Parlamento. Salvan el conducto regular de realizar cualquier gestión o reclamo a nivel de Cancillería para de alguna manera descalificar y amedrentar un tema estrictamente de competencia nacional. El ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra, ante el ojo avizor del pueblo peruano, quien a través de las redes sociales hizo saber su descontento, se reunió este domingo con el Presidente del Congreso de la República para, entre otros asuntos comprometerse a “tomar acciones de acuerdo a su competencia y de ese modo hacer respetar la soberanía nacional y el Convenio de Viena, referido a las relaciones diplomáticas”. De esta manera, se allana el camino para confrontar este tipo de intervenciones extranjeras que defienden recurrentemente intereses foráneos en perjuicio del pueblo pobre, con el aval insólito de Cancillería, que en esta ocasión se ha visto obligada a intervenir ante el clamor del pueblo representado por el parlamento.

Un tercer escenario mucho más cuestionable aún debido a la crítica situación por la que atraviesa la otrora Venezuela saudita, acontece a nivel del conglomerado peruano residente en tierras llaneras. Como es de suponer ya antes de la pandemia el régimen de Nicolás Maduro tenía a sus habitantes en cuarentena, debido a su tristemente célebre administración de corte castro comunista militarista. Pero no es el caso tocar el tema interno venezolano altamente conocido, sino la desatención que un grupo de peruanos viene demandando de su Consulado peruano, como lo podemos comprobar en la misiva del 5 de junio último enviada por una comitiva representativa de los peruanos en Caracas (Ver parte inferior). En ella se solicita la ayuda económica a la población vulnerable peruana que mediante “emails” ha dado a conocer sus necesidades a esa representación consular. Argumentan textualmente que: “lógicamente esto deberá hacerse, según su criterio evaluativo y de acuerdo a la partida presupuestaria asignada al Consulado para tal fin. Desconocemos el avance de ese presupuesto que usted dispone; sin embargo, sabemos que podríamos hacer uso de ese derecho por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 27806), pero por el momento, sólo desearíamos una pronta y oportuna respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos peruanos…”

Conocedores del dramático cuadro existencial en Venezuela, con relación a otros países, nos hacemos eco del clamor de este grupo de peruanos residentes en esas tierras, reproduciendo la misiva que esperamos sea replicada por los medios de comunicación en el Perú, para así hacer causa común en respaldo de nuestros hermanos que se encuentran en extrema necesidad; porque indudablemente no es lo mismo estar en cuarentena en otras realidades socio-económicas sudamericanas como Chile, Ecuador, Colombia, etc., que hacerlo en la catastrófica realidad venezolana.

En suma, Señor Cónsul General del Perú en Caracas, Augusto Bazán Jiménez, sírvase dar pública respuesta a las misivas y necesidades de nuestros paisanos, pues como lo afirma el jefe de Estado Martín Vizcarra, el ejecutivo peruano enfrenta una situación atípica, extraordinaria e inédita, lo cual amerita que colaboremos como mínimo, dando a conocer las alternativas de ayuda y solución a estos problemas, recurriendo a las arcas provenientes de los ingresos consulares que los propios peruanos generan en el exterior. Y aunque su investidura obedezca a un sinnúmero de trámites burocráticos y protocolares, creemos que ha llegado el momento de tomar decisiones concretas y rápidas, porque las calamidades por la que atraviesa el pueblo emigrante peruano en Venezuela no dan tiempo a más pausas, trámites ni protocolos.

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