Estado, Iglesia y Sociedad. Crónica de una historia fragmentada que conduce al cierre de una escuela.

Por. Karol Bolaños

Tunía es un corregimiento que hace parte del Municipio de Piendamó en el Departamento del Cauca, en Colombia. Existen una serie de elementos que hacen que se destaque, entre ellos, su micro-clima, la presencia de bosque de niebla, la diversidad de flora y fauna, una economía basada en la explotación agrícola y los comercios locales[1], su excelente café, la gran producción de flores-margarita y la permanencia de ideas como tradición y obediencia.[2]

El corazón del pueblo es la plaza pública y toda la infraestructura que la rodea. Algunas casas antiguas comienzan a caerse y con ellas las placas que exaltan el reconocimiento al partido conservador como su principal bandera ¿será esto un presagio?

El epicentro es su iglesia, se trata de un edifico neocolonial, blanco, pulcro, suntuoso y con señas de restauración permanente. Al lado se encuentran una serie de edificios que están al servicio de la iglesia y la Escuela Santa Teresita que hasta hace dos años seguía siendo exclusivamente de niñas.

Cuando pasamos por los alrededores de la Escuela nos surgen muchas inquietudes sobre su estado y mantenimiento, nos preguntamos porqué nadie cuida de su techo, sus paredes, sus vidrios; incluso, nos remitimos a la idea repetitiva del abandono estatal de la escuela rural.

Al indagar en esta situación con algunos habitantes del pueblo, nos encontramos que la sede se encuentra en medio de una querella entre la Institución Educativa Técnico Tunía – Sede Santa Teresita, la comunidad educativa, la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca y la Curia.

Cabe resaltar que, la sede le pertenece a la Curia del departamento del Cauca desde el año 2015 y fue adquirida en trámite notarial en Santiago de Cali, esto por común acuerdo de la sociedad que vinculaba distintas autoridades eclesiásticas en este complejo religioso, según las representantes de la Junta de Padres que han verificado el documento, indican que la vendedora es una religiosa de la comunidad que había sido encomendada por el párroco para encargarse de su protección. Igual, este es un dato que se convierte en el punto de partida para hacer una cadena de propietarios y llegar al punto en el que se identifique a quién le pertenece este lote, lo cual será un largo camino de investigación.

Según, relatan padres de familia y personal de la I.E., la Secretaría de Educación Departamental paga anualmente un arrendamiento a la Curia, en contraposición, los propietarios no asumen sus responsabilidades de mantenimiento y modernización del edificio, puesto que, tienen intenciones de recuperar el inmueble para su uso.

Al parecer, en inspección educativa y técnica se recomendó la realización de mejoras en la infraestructura para garantizar ambientes de aprendizaje, al menos en eso se basan las autoridades institucionales para hablar de desalojo; sin embrago, una visita técnica en el campo de la ingeniería notificó que el edificio necesita recuperación en áreas en desuso, mejoras en áreas habitadas y no encuentra riesgo alguno de las áreas utilizadas para el servicio educativo.

Como es conocido, el Estado no puede intervenir en propiedad de carácter privado, por tanto, el único responsable del inmueble es su propietario y más aún si se está usufructuando del mismo. Pero el propietario no habla, no dice nada, no se compromete a nada y ante las demandas llega un momento que solicita le sea entregado el inmueble.

En este punto y ante el temor de un desalojo, La Junta de Padres de Familia de la Sede Santa Teresita se convierte en la gran protagonista de esta historia al comenzar su secuencia de preguntas.

Madres y padres se dirigen con cartas en mano hacia todas las autoridades que, en su concepción, les deben dar una respuesta. Comienzan con la administración educativa de la institución que les anuncia las dificultades que tienen con el propietario de la sede, pero no dan mayor revelación o solución que atienda los intereses de la comunidad; se dirigen a la Secretaría de Educación Departamental sin encontrar una respuesta directa o solución; envían cartas de manera escalada a las entidades que sienten les pueden guiar, solicitan una nueva visita técnica, se asesoran con abogados e ingenieros, ejecutan acciones de protesta y finalmente los escuchan atentamente. Se encuentran en una mesa los diferentes actores y en medio del calor de la situación se da la promesa de una sede nueva.

Inicialmente esta promesa suena tentadora, pero al correr el tiempo, ya no lo es tanto, ningún lote es validado; las mesas empiezan a decaer por las ausencias de las autoridades que deben estar; se presentan informaciones distorsionadas que carecen de claridad y las cosas empeoran con el pasar del tiempo, al punto que la I.E. deja de pagar a la Curia el arrendamiento por la Sede Santa Teresita y de manera consecuente el propietario ordena desalojo.

¿Cómo? ¿Cuándo sucedió esto? ¿Quién se atrevió a tomar una decisión tan radical sin contar con el sentir de la comunidad educativa? ¿Qué va a pasar con la mitad de año escolar que queda? ¿Dónde van a ser reubicadas las niñas y los niños? ¿El edificio que sigue estando en pie gracias a su comunidad dejará de ser el epicentro de 110 sueños infantiles? ¿A dónde se marcharon las promesas? ¿Alguien quiere saber realmente lo que queremos y necesitamos? Preguntas, una lluvia de ella, sin parar, niñas, niños, padres de familia y maestras se preguntan.

Es cierto que el rector ha expuesto algunas soluciones, entre ellas, habla constantemente de trasladar las y los estudiantes a la jornada de la tarde en las otras sedes o fusionar en una sede la gran mayoría y acoger los grupos restantes en otra; en fin, esas son solo palabras que esperaríamos no fuesen acciones que caigan como un rayo, fuerte y sin avisar.

Ante la realidad factual, no hay nueva sede, hay un desalojo inminente, se requieren soluciones urgentes y la comunidad educativa de la sede expone que no quiere irse de la que por 70 años ha sido la Escuela Santa Teresita, la que con trabajo comunitario levantaron ladrillo a ladrillo, a punta de MINGA, como todo se hace en el Cauca, porque aquí la gente no se ha quedado esperando que venga el Estado y solucione, ha construido lo que de manera general concibe como bienestar.

Finalmente, en este punto de la historia, le solicitan al Estado sentarse a conversar con la Iglesia y la Comunidad Educativa para proponer la donación, venta del edificio o condonación a la comunidad de Tunía, permitiendo que pueda ser restaurado y puesto al servicio de su gente.

Esperan que construir una sede nueva, propia y enteramente al servicio del Estado sea una realidad, pero mientras eso no este finalizado, han tomado la decisión de quedarse y aclaran que será bajo la protección y cuidado del Estado -esto en contrariedad con el abandono en palabras y acciones al cual han sido sometidos entregando esta decisión, culpa y voluntad de estar a los padres-. 

[1] “La economía moral es el estudio de las nociones campesinas de justicia e injusticia que legitiman (o deslegitiman) las relaciones de poder entre las élites y los campesinos.” Tomado de: Larson, B. (1992). Explotación y economía moral en los Andes del Sur hacia una reconsideración crítica. Historia Crítica. (6), 75-98. Pág. 76.

[2] “A medida que las prácticas sociales cambiaron o fueron manipuladas hacia nuevos fines, así mismo cambiaron o se inventaron nuevas tradiciones. La evolución del ritual y el mito, a su vez, reflejaba la visión cambiante de las colectividades sobre las contingencias históricas, y los cambiantes conceptos de la legitimidad política.” Ibid. Pág. 89