«La década neoliberal y la crísis de fin de siglo» (1989-2001) – Martínez, Ramiro E.)

                                                                   ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN: ………………………………………………………………………….. Pp. 3

• Contexto internacional en la década de los 90´: relaciones y política exterior de Argentina con el mundo en base a las condiciones político-culturales del período.…………………………………………………………………………… Pp.3-7.
• Asunción al poder de Carlos Saúl Menem, contexto nacional y políticas económicas neoliberales……………………………………………………………………… Pp.7-21.

• Política educativa del gobierno menemista……………………………………… Pp.21-22.
• Política militar del gobierno menemista………………………………………… Pp.22-23.
• Hechos y medidas jurídico-legales y Reforma Constitucional en el gobierno de Menem (1994)……………………………………………………………………………….Pp.23-24.
• Fin del gobierno de Menem (1999) y crisis de fin de siglo………………………Pp.24-27.

CONCLUSIÓN: ……………………………………………………………………………… Pp.27.

BIBLIOGRAFÍA: …………………………………………………………………………… Pp.28.

LA DÉCADA NEOLIBERAL Y LA CRÍSIS DE FIN DE SIGLO (1989-1999).

INTRODUCCIÓN: La etapa de la historia argentina que será analizada en la presente monografía es la de los dos gobiernos consecutivos del Partido Justicialista con Carlos Saúl Menem en la presidencia de la República Argentina, entre los años 1989-1999 y la crisis de fin de siglo. Es un trabajo enmarcado en la corriente de “Historia del tiempo presente”, lo cual se hace posible ya que en las últimas décadas, como expone en su introducción el autor Juan Suriano, se rompió con el supuesto decimonónico y positivista de su imposibilidad debido a la falta de perspectiva temporal.

En primera instancia, se evaluará el contexto internacional de la década de los 90` para saber qué incidencias tuvo en nuestro país y cómo condicionó la etapa analizada en la presente monografía, sumado a las perspectivas político-culturales que acompañaron al proceso.

En segunda instancia, será analizada la etapa del gobierno de Carlos Saúl Menem, a saber: su política económica (leyes y medidas tomadas a lo largo del período influenciadas por la ideología neoliberal), política social, política educativa, política militar y política jurídico-legal, en especial la Reforma Constitucional de 1994.

En tercera y última instancia, se analizará el fin del gobierno menemista en 1999 y la crisis de final de siglo XX y principios del siglo XXI, con el gobierno de De la Rúa desde 1999 hasta el 2001.

Los autores que serán consultados para la redacción de la misma serán: Pablo Gentilli; Alejandro Grimson; Alfredo Pucciarelli; Mario Rapoport; Ricardo Sidicaro; Juan Suriano; Eric Toussaint.

• Contexto internacional en la década de los 90´: relaciones y política exterior de Argentina con el mundo en base a las condiciones político-culturales del período.

En primera instancia, es menester comenzar diciendo que la etapa que será analizada se caracterizó por el retorno a políticas de corte liberal o neoliberal a nivel nacional e internacional, como sucedió en Argentina a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Estas políticas, como bien explica el autor Toussaint en la introducción de su libro “Neoliberalismo. Breve historia del Infierno”, se cimientan en la tesis de que el éxito económico de una sociedad se materializa cuando el Estado no interviene ni regula la economía, y sólo la libre acción de los actores privados la determinan individualmente. Se expone esto a pesar de que luego, cuando el mercado falla y se producen las crisis internacionales, es el Estado quien sale a rescatar al sistema económico y financiero internacional con recursos que obtiene aumentando la deuda pública y recortando gastos sociales.

Pero Rapoport (2010) aporta las diferencias entre el neoliberalismo y el liberalismo tradicional por sus principios fundamentales:

El primero es asegurar el libre juego del mercado y la competencia. El neoliberalismo se diferencia aquí del liberalismo más tradicional, debido a que el Estado tiene un rol importante en la construcción y preservación de un marco competitivo. El segundo principio es el abandono de pautas en el terreno de la oferta monetaria. El objetivo de la política monetaria es el mantenimiento de la estabilidad de precios, la cual se logra vinculando la expansión monetaria a la existencia reservas del Banco Central. El tercero admite que los bienes públicos no ofrecidos por el mercado deben ser provistos por el Estado. Por bienes públicos se entienden, sobre todo, la defensa interior y exterior, la infraestructura, la seguridad social y la educación y capacitación laboral. Sin embargo, este principio no implica que Estado deba encargarse directamente de la provisión de esos bienes; ya que puede darlos en concesión a empresas privadas.

Y en cuanto a la inflación, expone: En la versión neoliberal ésta no se debe a la expansión monetaria y, por lo tanto, la política de estabilización no consiste en una política monetaria restrictiva, sino en la aplicación de tipo de cambio fijo. El liberalismo tradicional postula, por el contrario, una correlación extremadamente fuerte entre la cantidad de dinero, y el nivel de precios y considera a aquélla como la usa principal de inflación. (Rapoport, M. 2010 p.377).

Estas ideologías tienen también sus ideólogos, como explica Toussaint muy bien en el capítulo 1, comenzando por Adam Smith; David Hume y David Ricardo, continuando por Jean Baptiste Say; Friedrich Hayek; William Stanley Jevons; Carl Menger y León Walras; Ludwig Von Mises y Milton Friedman, entre otros. Estos postulan y defienden la tesis del “orden espontáneo del mercado”, del no intervencionismo del Estado, etc. Muchos de ellos se agrupan en laboratorios de ideas (think-tank) o escuelas, como la Escuela Austríaca de economía o la Universidad de Chicago y desde allí crean y despliegan sus teorías hacia los países subdesarrollados a fin de que apliquen políticas económicas que benefician al capital internacional industrial y financiero.

En este marco, es importante saber que en el mundo había una tríada económica: Estados Unidos, Europa y Japón. Pero en los años 80` sucedió lo siguiente según el autor Rapoport (2010):

(…) se fue gestando una economía mundial sustentada en los movimientos especulativos dé capital, produciéndose una profunda disociación entre el conjunto de valores negociados en los mercados de «derivados», basados en operaciones a futuro, y el proceso productivo, y algunos autores ya advertían desde los inicios de este proceso que esas operatorias constituían una «economía virtual» o «economía casino»; con serios riesgos de inestabilidad y crisis financieras. (Rapoport, M. 2010 p.364).

Estas características económicas mundiales comenzaron a darse en realidad desde 1973 con la crisis del petróleo como explica el autor Juan Suriano, quien habla de un proceso de “(…) reconversión económica y social (…)” en todo el mundo, y que en Argentina “(…) avanzó de manera irreversible, aunque no linealmente, recorriendo dictadura y democracia, transformando la sociedad argentina y alcanzando su clímax en la década de 1990 durante la presidencia de Carlos Saúl Menem (…).”
(Suriano, J. 2005 p.12).

Es por esto que existió una inestabilidad económica internacional, sumado a planes de ajuste. Hacia finales del siglo, en 1989, se da la caída del Muro de Berlín y un avance del neoliberalismo y el capitalismo salvaje a nivel global, lo cual muchos autores denominan “fin de la historia”, ya que, como explica Rapoport en la página 165, comenzaron a darse las críticas a las políticas keynesianas y socialistas por la caída del «socialismo real» como modelo de producción económica, con lo cual se desacreditó la intervención del Estado y los ensayos dirigistas. Es por esto que en la mencionada década comenzaron a existir presiones para recuperar deuda externa, revisión y fugas de capital. En nuestro caso durante el Proceso de Reorganización Nacional se endeudó el país y en los 80´ se tuvo que renegociar y acordar la deuda y sus intereses, por lo cual se plantearon los ajustes fiscales demandados por los organismos internacionales.

En esta línea, Estados Unidos planteó el “Plan Baker (1985)”, el cual se basaba en un “programa para el crecimiento sostenido” que apuntaba a la recuperación de la economía de los deudores a fin de restablecer su capacidad de pago. Para esto, el FMI envió fondos a 16 países y a cambio les solicitó un ajuste fiscal en conjunto con políticas de apertura al comercio internacional, libre mercado y privatización de empresas. Este plan no funcionó y se pasó al “Plan Brady (1989)”, el cual apuntaba a la asistencia de los 16 países que aplicaron planes de ajuste, pero ahora a través de la reprogramación de los pagos de la deuda y programas de privatizaciones más ambiciosos a fin de obtener recursos y poder pagarla. Además, se debían implementar planes para calmar la inestabilidad social. Posteriormente será analizado cómo Argentina participó en este plan.

Más tarde, ya en los años 90`, se acuerda el “Consenso de Washington”. Este se trató de un nuevo discurso globalizador neoliberal proveniente de EEUU, donde se planteó una serie de políticas económicas diseñadas por el economista John Williamson. Al respecto, expone Rapoport: “El nuevo punto de vista, (…) apareció apoyado por instituciones y líderes de opinión vinculados al capital mundial, como el FMI, el BM (…)”. (Rapoport, M. 2010 p.365). Este consenso planteaba las siguientes claves: primeramente, el control del gasto público y disciplina fiscal, es decir, la reducción del déficit fiscal y aumento de impuestos para recaudar más recursos; luego, una liberalización del comercio y el sistema financiero internacional, el cual permita la concentración de riqueza a nivel mundial y la libre acción financiera para la fuga de U$D de los países; además, un fomento de la inversión extranjera, los cuales invierten en recursos naturales y diversas empresas de interés que obtienen ganancias por el trabajo a bajo costo, bajos impuestos y privilegios en los países, llevándose al exterior la mayor cantidad de ganancias; y por último, una privatización de empresas públicas, desregulación económica y reforma estatal, la cual apunta a un Estado pequeño y que sólo gaste en seguridad, justicia, educación y salud. Con esto, los Presidentes sólo serían administradores que aseguran el orden internacional impuesto.

Esto significó un cambio en el papel del Gobierno, el cual sólo se encargaría de fijar el marco para las reglas de mercado, con lo cual se dio el fin de las políticas de bienestar. Es decir, las políticas ya no se piensan para el bien del conjunto colectivo, sino que a partir de ese momento, cada individuo es responsable de su vida. Además, Argentina, a pesar de que crearía el esquema del MERCOSUR en conjunto con otros países, se alineó a la filosofía política del “Realismo periférico”, es decir, adopta “relaciones carnales” con EEUU, propias de esquemas de relaciones externas de Estados periféricos, dependientes, vulnerables y muy poco relevantes para los intereses de las grandes potencias. Rapoport (2015) describe la situación Argentina de la siguiente manera:

(…) para esta concepción, el principal objetivo de la política de un Estado dependiente debe ser la reducción de costos y riesgos, lo que supone el alineamiento con las grandes potencias o con la potencia hegemónica de turno. La confrontación política con los países centrales resulta altamente contraproducente para naciones vulnerables y poco estratégicas.” (Rapoport, M. 2015 p.950).

Además, agrega: “Por otra parte, debe renunciarse al concepto de autonomía, entendida como libertad de decisión o de acción de los Estados, es decir, como búsqueda de mayores márgenes de independencia. Esto marca claramente los limites de una política exterior propia, condicionada a los avatares de un escenario internacional conducido y diseñado por otros países, de cuya voluntad, y la de sus inversores, depende el financiamiento externo. Queda la libertad de elegir de qué manera quiere establecerse una vinculación funcional, teniendo en cuenta estas restricciones que suponen, además, el no cuestionamiento del orden institucional. (Rapoport, M. 2015 p.950-951).

Así, se alinea el Consenso de Washington y puede recibir créditos y beneficios, pero su política económica es tutelada de forma externa por Estados Unidos. Expone Rapoport (2015):

El diseño de la política exterior se vinculó con la percepción de que el orden internacional emergente tras el fin de la Guerra Fría suponía el establecimiento de una plena hegemonía norteamericana. Por lo tanto, desde dicha perspectiva, la aceptación realista de ese liderazgo permitiría alcanzar beneficios económicos entre los que se contaban la atracción de inversiones y una mayor fluidez en las negociaciones con los bancos y los organismos financieros. (Rapoport, M. 2015 p.953).

Ante esto, hay una alianza del establishment con el representante de un gobierno de base popular, a fin de generar una profunda transformación de la matriz acumulativa y el sistema económico. Esto generó una sociedad desigual que rompió con la tradición de sociedad de masas y conquista de derechos sociales que caracterizaba al Partido Justicialista, en conjunto con el apoyo de los principios generales por parte de las corporaciones agrarias reunidas en la Sociedad Rural Argentina y de las corporaciones industriales de la Unión Industrial Argentina, aunque estos criticaron ciertos aspectos particulares del proyecto.

En este marco, se dan también las relaciones estrechas entre Menem y Bush, el apoyo de Argentina a EEUU en la guerra del Golfo, la renuncia al movimiento de países no alineados en 1991 (antes Argentina era neutral ante los conflictos que no los afectaran directamente); la renuncia al proyecto misilístico Cóndor II encabezado por la Fuerza Aérea Argentina con ayuda de una empresa estatal alemana y una alianza con el Oriente Medio a través de Egipto, el cual fue desafectado en 1991 a pesar de las oposiciones; y por último la renuncia a la política nuclear con la firma del Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina en Tlatelolco, 1992, con lo cual hubo una adhesión a los principios de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) y el Acuerdo de Cooperación Nuclear con los Estados Unidos para la construcción de reactores, la investigación aplicada en la medicina y la industria y el estudio del ciclo del combustible y la administración de residuos nucleares.

Por último, además de la recomposición de las relaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE) que se dio por el congelamiento de la discusión sobre el tema de la soberanía en Malvinas a través de la renuncia del uso de la fuerza y la normalización de las relaciones consulares y los vínculos económicos y de transporte con Gran Bretaña, Argentina apuntó a fortalecer también la unión en América Latina. En este marco, a partir de 1983 comenzó a darse una serie de coordinaciones políticas para la consolidación de un bloque de alianza político-económica internacional, la cual terminaría con la creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el 26 de marzo de 1991, en Asunción (Paraguay) por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Pero esta nueva orientación hacia lo internacional en contra de lo nacional que permitió la alineación de Argentina con los poderes extranjeros y sus intereses en la década menemista, también tuvo que ver con ciertos eventos que habían sucedido y aún sucedían, lo cual propició un status quo político-económico y sociocultural que hizo factible la fructificación de este tipo de políticas. A esto lo explica muy bien el autor Grimson, quien expone que dos eventos principales en esta línea fueron la cercanía temporal del gobierno menemista a la traumática última dictadura militar argentina (1976-1983) y también la cercanía temporal a lo que fue otro de los eventos traumáticos dentro del anterior: la derrota en la guerra de Malvinas de 1982, con todas las consecuencias que esto trajo. Debido a estos dos acaecimientos, existió una instrumentalización de lo “nacional” o del “nacionalismo”, lo cual trajo ciertos problemas en la consciencia sociocultural y política de las personas. Explica el autor Grimson (2019):

(…) uno de los éxitos más profundos y duraderos de la dictadura fue identificar lo nacional con el autoritarismo, y a las Malvinas con la corrupción y la violación de derechos elementales. Esa experiencia brutal sedimentó en una escisión crucial de nuestra configuración de cultura política: la separación, durante al menos dos décadas, entre el campo semántico de ‘democracia’ y de ‘nación’.

Y sigue: Un legado cultural crucial de la dictadura fue que la sociedad pasó a considerar el nacionalismo como algo puramente negativo que, además, en aquella época se oponía a lo más valorado por los argentinos: la democracia. En ese contexto, democracia y nación parecían divorciadas de modo irreconciliable. Así, el erotismo de las ‘relaciones carnales’ con los Estados Unidos, el absoluto silencio ante el regalo del petróleo y de gran parte del patrimonio nacional, el sometimiento al FMI hasta que el país voló por los aires, la renuncia a la soberanía monetaria, son acontecimientos que no se explican por la maldad de un gobernante y la complicidad de unos cuantos gobernadores y dirigentes. Tampoco por el ‘voto cuota’ o la adhesión irracional al peronismo. Se explican porque la sociedad había obturado la posibilidad de una ‘respuesta nacional’. Esa herencia fue tan abrumadora que, al combinarse con la caída del Muro de Berlín en 1989, incluso la mayoría de los intelectuales consideraba a la “globalización” (neoliberal) como un fenómeno inexorable. (Grimson, A. 2019 p.243).

Lo anterior, sumado a la idea de que con la Ley de Convertibilidad la Argentina entraría al “primer mundo”, movilizó sentimientos antiguos y fundacionales de una Argentina europeísta y “civilizada” en contra de la “barbarie”, al mismo tiempo que se diseminaba un discurso xenófobo en contra de bolivianos, paraguayos y peruanos.

La tercera condición que permitió la avanzada en este tipo de línea político-económica es el trauma producido por la hiperinflación, es decir, la devaluación constante del dinero que reducía la capacidad de compra de los habitantes de a pie, que impedía ahorrar, planificar, etc. y sólo obligaba a consumir e invertir al corto plazo. Es por esto que las personas, al ver la eficacia del sistema de convertibilidad para reducir la inflación y recuperar la capacidad de compra, ahorro e inversión, apoyaron (con el voto o la pasividad) al gobierno que la instauró, sin pensar las consecuencias a futuro del endeudamiento externo que demandó el sistema para ser sostenido en el tiempo, ni las consecuencias de la recesión económica, el desempleo, etc. todo se sostuvo por un “pacto de silencio” y un “nunca más” a la “híper”, aunque traiga cualquier consecuencia, es decir, el terror a la hiperinflación fue el que generó las condiciones sociales y políticas para que la protesta fuera: “(…) periférica, segmentada, mirada como algo exótico, prácticamente hasta que esa hegemonía neoliberal se agrietó en sus propios fundamentos más básicos, porque ya no pudo garantizar la reproducción de la vida diaria ni idea alguna de estabilidad.” (Grimson, A. 2019 p.246).

La cuarta condición fue la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991. Estos eventos trajeron el fin de la “segunda posición”, de la cual Argentina nunca había formado parte, pero desde la cual el peronismo intentó cimentar una “tercera” en conjunto con otros países. Al dejar de existir la segunda, deja de hacerlo la tercera, ya que a partir de ese momento habría una opción única: el “capitalismo”, que, en conjunto a la democracia, fueron presentadas a nivel internacional como las únicas opciones político-económicas posibles, con lo cual se debía dar paso al “mercado” y derribar las regulaciones y el intervencionismo estatal ya que esto era “anacrónico” y se vinculaba al modelo que había fracasado en la URSS. A partir de la nueva era, que se presentaba como un “momento único de la historia”, el país debía entrar al primer mundo y abrirse a las relaciones político-económicas con las potencias mundiales en el marco de la “globalización” ya que era el “fin de la historia”, de las ideologías, de los debates, de las movilizaciones y reclamos y el comienzo del consumo, del mundo industrial y financiero, etc. Esa narrativa ideológica contribuyó a solidificar una serie de elementos cruciales, en especial bloqueando las alternativas, a fin de que se sostenga el gobierno.

Y la quinta condición fue la gran derrota que en 1990 sufrió la movilización social en la Argentina, lo cual permitió este modelo político y económico durante la década menemista. Durante esta etapa de ofensiva neoliberal se buscó disciplinar a la fuerza de trabajo limitando su derecho a huelga, limitando el poder de los sindicatos, reduciendo salarios y despidiendo empleados en los sectores públicos y privados como será analizado luego, lo cual, combinado a un discurso derechista que proponía a las empresas del Estado y a la gestión de este como “ineficiente”, pretendió dar soluciones definitivas a las problemáticas, para lo cual se necesitó primeramente destruir la lucha obrera en línea con lo que el mundo estaba llevando a cabo, a fin de avanzar política y económicamente. Esto motivó al apoyo a Menem durante el período 1989-1999.

• Asunción al poder de Carlos Saúl Menem, contexto nacional y políticas económicas neoliberales:

Antes de asumir Menem luego de su victoria electoral el 14 de mayo de 1989, y hasta su asunción adelantada el 8 de julio del mismo año debido a la debilidad de la Unión Cívica Radical que gobernaba al mando del presidente nacional Raúl Ricardo Alfonsín desde 1983; el gobierno radical se propuso aprobar sus leyes con el fin de concertar una transición adelantada del mandato presidencial y allanar el camino para la concreción de las futuras metas del PJ en manos de Menem, quien se había mostrado en campaña como un “candidato anti-sistema” alimentando su mística como un caudillo de provincia a imagen de Facundo Quiroga y había prometido: “salariazo”, “revolución productiva” y “Síganme, no los voy a defraudar!”, desde el “Menemóvil” con el que recorrió el país (Pucciarelli, 2008 p.75). Así, al asumir el presidente riojano, pudo aprovechar el contexto híperinflacionario y de descontento social para, como expone Suriano (2005):

(…) encarar las transformaciones estructurales de la economía y, al mismo tiempo, apelando a la vieja tradición hegemonista del peronismo y aprovechando la desmovilización de la ciudadanía, la apatía de la oposición política y de las propias bases sociales del peronismo así como una impresionante acción mediática de consenso a sus políticas, llevar adelante un formidable proceso de concentración de poder en torno a su figura cuando recurrió a los poderes excepcionales para resolver la aguda crisis económica que vivía la nación. (Suriano, J. 2005 pp.25-26).

Es por esto que se aprobó la Ley de Reforma del Estado (Agosto 1989), la cual, según Rapoport, fijó las condiciones para la privatización de numerosas empresas públicas, autorizando al Poder Ejecutivo a intervenirlas, eliminó sus directorios y sus organismos de administración, modificó sus formas societarias, dividirlas y enajenarlas. Luego, se constituyó una Comisión Bicameral para el Seguimiento de las Privatizaciones y el requisito que cualquier privatización adicional debía ser aceptada especialmente por el Parlamento. Luego, se sancionó la Ley de Emergencia Social y Económica (Septiembre de 1989), la cual suspendió por 180 días, y luego más, los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones, así como los beneficios de la ley “Compre Nacional”, eliminó determinados regímenes salariales de empleados públicos denominados de “privilegio”, facilitó el despido de trabajadores del Estado y derogó las normas que podían trabar el ingreso del capital extranjero a determinadas áreas hasta entonces reservadas al capital nacional. Esto fue acompañado de una serie de Decretos de Necesidad y Urgencia a fin de obtener facultades para derogar leyes y reformar el Estado, justificando estas potestades con la coyuntura de crisis donde se necesitaban decisiones rápidas y eficaces, imposibles de lograr si esto dependía de los lentos y burocráticos procesos del Congreso Nacional. Con ello, el Poder Ejecutivo tomó las decisiones de manera cuasi autocrática y autónoma en el aspecto económico desde 1989 a 1999, como será analizado. En este marco, agrega Rapoport sobre las mencionadas leyes: “(…) fijaban los ejes estratégicos de la gestión del gobierno, abarcando temas tan amplios como (…) la suspensión de subsidios y subvenciones especiales (…) y la compensación de deudas entre particulares y el sector público”. También: “(…) autorizaban la reforma de la Carta Orgánica del Banco, Central y la liberalización de las inversiones extranjeras.” (Rapoport, M. 2010 p.370).

Es ante esto que, a diferencia del gobierno de Alfonsín, quien se propuso un modelo de ISI y luego tuvo que aplicar ajustes por la presión económica, Menem se propuso una modernización del Estado con políticas neoliberales, es decir: “(…) un nuevo tipo de organización social y económica basado en el predominio económico, social y aun cultural de la empresa y el mercado capitalista, similar al que el proceso de globalización estaba imponiendo en las principales sociedades del mundo“. (Pucciarelli, 2008 p.46). Esto no era, según Menem, una traición al movimiento histórico del Partido Justicialista, sino que, en sus palabras, era una “’(…) adaptación o actualización doctrinaria al contexto presente’.” (Pucciarelli, 2008 p.60). Con esto, el objetivo político que según Pucciarelli (2008) en la página 72 tuvo el gobierno de Menem fue el de armonizar, entre las amplias mayorías electorales, ciertos parámetros o intereses sociales opuestos y de esa manera construir contradictorias coaliciones políticas que integraban a actores antagónicos como el Partido Justicialista (PJ) y el empresariado liberal argentino.

Pero para lograr lo anterior mencionado, se basó en una estrategia instrumental economicista que será analizada a continuación.

En primera instancia, el plan no comenzó con éxito. Lo que se hizo al inicio de su gobierno fue acordar con Bunge y Born, un grupo económico grande del país con un conglomerado de empresas relacionadas a la agroindustria. Este propuso al ministro Miguel Ángel Roig, fallecido luego de 6 días desde su asunción, y luego a Néstor Mario Rapanelli. Este planteó una “Economía popular de mercado”, apoyada en un modelo exportador de apertura externa y cierre importador, sumado a un control de precios. Esto no pudo detener la hiperinflación de 20.594%, además de causar una recesión económica, sobre todo en el sector industrial, y aumentar la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo. En diciembre de 1989 se dio una devaluación masiva y el grupo económico, desbastado, tuvo que ser reemplazado a seis meses de haber asumido.

Asumió entonces el ministro de economía Antonio Erman González, quien apuntó al achicamiento del Estado a través de jubilaciones forzadas o voluntarias para eliminar personal público y despedir personal del Estado, entre otras medidas. Primero, propone el Plan Erman I, por el cual “(…) aplicó al principio una política de tipo de cambio libre con flotación sucia (es decir, con intervención del Banco Central) y una liberalización de los precios, y dispuso un aumento salarial de suma fija equivalente a aproximadamente quince dólares.” (Rapoport, M. 2010 p.370). Así, se mantuvieron las tarifas públicas y se derogó un incremento de las retenciones. Esto sólo trajo aumento de la inflación y no solucionó los desequilibrios fiscales.

Luego, aplica el Plan Bonex (o Plan Erman II), a fin de quitar de circulación parte de la moneda argentina, el Austral. Así, el Estado incautó en un encaje compulsivo el dinero de los depositantes de plazo fijo, cajas de ahorro y títulos de deuda interna del Estado, desde el 28 de diciembre de 1989, y se los cambió por bonos en dólares a 10 años. Sólo se dio efectivo a un pequeño porcentaje de los depósitos: a las personas físicas, y a las empresas, el monto necesario para el pago de los sueldos y jornales, aguinaldo y las cargas sociales de diciembre.

Aún así, no se estabilizó la economía, ya que esto implicó una importante pérdida para los depositantes, reduciendo la oferta de dinero y provocando una fuerte recesión, pero aún así se ratificó el rumbo: el fin del intervencionismo del Estado, privatización de empresas públicas, apertura comercial y financiera al mercado global. Es así que Pucciarelli expone que se “(…) acentuó aún más la recesión, la desocupación, la redistribución regresiva del ingreso, el descontento social y el enfrentamiento abierto con gran parte del movimiento sindical“. (Pucciarelli, 2008 p.36).

Luego, el 1º
de marzo se da el Plan Erman III, expone Rapoport (2010) en las páginas 371-372 que se dispuso un control estricto de las compras y contrataciones del Estado; además se disminuyó el personal del sector público nacional con congelamiento de vacantes, jubilaciones de oficio y eliminación de secretarías. Pero además de todo esto, se incrementó la presión tributaria; se acortaron los plazos de los impuestos y se inició el proceso de privatizaciones.

Estas políticas, a pesar de la recesión que causaron, dieron como resultado un superávit de la balanza comercial, un incremento de reservas y una estabilización del precio del dólar, aunque una congelación de los salarios reales. Luego, con el Plan Erman IV se intentó aumentar la recaudación tributaria y con el Plan Erman V de octubre de 1990, Rapoport (2010) expone que en la página 373 que se propuso una severa reducción del gasto público, a través de medidas cómo el recorte de la inversión del gobierno en ciertos sectores; el incremento de las tarifas públicas; la demora en el pago a proveedores del Estado y la licuación de las deudas con estos, el congelamiento de los salarios estatales; la eliminación de contribuciones y subsidios en materia social; la suspensión de nuevos proyectos de promoción industrial y la reducción a un tercio de los montos destinados a programas que ya habían sido establecidos.

Pero a pesar de todo, la actividad económica seguía deprimida y la inflación no se reducía por completo. La cuestión social compleja se sumaba a los enfrentamientos internos que sufría el Partido Justicialista, principalmente la disputa entre Carlos Saúl Menem y Antonio Cafiero, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y las movilizaciones de marchas de la “CGT rebelde” en contra de la agenda neoliberal de Menem. Pero Menem decidió redoblar la apuesta, como expone Pucciarelli, y dar la batalla a los grupos que se oponían a sus medidas, y así lo manifestaba desde sus acciones y sus palabras en los medios de comunicación. Ante esto, y luego de lograr consenso político durante 1990, si bien la imagen del presidente tuvo vaivenes, comenzó poco a poco a estabilizarse y ascender a pesar de los conflictos sociales existentes. El Partido Justicialista se fortaleció con la postura menemista y prueba de ello fue el triunfo electoral legislativo de diputados y senadores que obtuvo en 1991, a pesar de que los candidatos presentados por el menemismo defendían un plan de privatizaciones, de ajuste fiscal, etc. Esto transformó el escenario político y abrió una etapa decisiva de consolidación definitiva del proceso de construcción política de la revolución conservadora.

Ante este contexto, y luego de la renuncia de Erman en enero de 1991 por una causa de corrupción con la empresa Swift, se da la asunción como ministro de economía del líder del think tank “Fundación Mediterráneo”, Domingo Felipe Cavallo, el 28 de enero de 1991, para quien, según Pucciarelli, su objetivo “(…) no se trataba sólo de asegurar la estabilización y retomar el crecimiento sino de fundar un nuevo orden” (Pucciarelli, 2008 p.185). Así, se profundiza la reforma neoliberal con lo que Sidicaro llama el “modelo”, el cual combina el endeudamiento con las inversiones extranjeras, pero principalmente el Plan de Convertibilidad. Pero antes de esto, Cavallo tomó una serie de medidas según Rapoport (2010). Primero llevó a cabo una fijación en la banda de fluctuación del tipo de cambio, con un tope de 10.000 australes por dólar y un piso de 8.000. De esta manera, si se alcanzaba el límite Superior, el Banco Central tendría que vender dólares y en el caso de alcanzar el tope inferior, comprar dólares. Esto hizo que se avanzara en un régimen de tipo de cambio fijo y el BCRA aumentó los encajes bancarios, provocando una cierta liquidez, lo cual obligó a los actores económicos a desprenderse de divisas para obtener dinero local y así realizar sus transacciones.

Con esto, cayó la cotización la moneda, lo cual le permitió al Banco Central aumentar sus divisas por medio de compras en el mercado, solidificando la cobertura circulante.

Luego, se sancionó la “Ley de Convertibilidad e Indexación” (23.928), el 27 de marzo de 1991, la cual entró en vigor el 1º de abril de 1991. Con esta, se fijó el valor del peso argentino ($) “1 a 1” con el valor del dólar estadounidense (U$D). Es decir, el Banco Central emitía la misma cantidad de pesos que la cantidad de dólares que tenía en reserva. A partir de esto, Pucciarelli explica lo siguiente: “(…) la convertibilidad instauró un sistema completamente bimonetario por el cual se permitía tanto la libre circulación interna de dólares como la dolarización de los balances, en particular los bancarios. (…)”. (Pucciarelli, 2008 p.196). Agrega Rapoport (2010) sobre la Ley de Convertibilidad:

(…) fijó como paridad cambiaria sin límite temporal la de 10.000 australes por dólar. La ley dispuso la libre convertibilidad de la moneda nacional con respecto a cualquier moneda extranjera, y estableció que los salarios deberían ser cumplidos en la moneda que fijaran las partes. Se prohibió la emisión de dinero no respaldado 100% por reservas de libre disponibilidad (oro, divisas, títulos de otros países y títulos nacionales emitidos en moneda extranjera) y se anularon las indexaciones, intentando evitar la traslación de la inflación pasada hacia el futuro. El banco central fue autorizado también a cambiar la denominación del signo monetario. En consecuencia, a partir del 1 º
de enero de 1992 se estableció el peso como moneda de curso legal equivalente a 10.000 australes, y se fijó el tipo de cambio 1 peso por dólar. (Rapoport, M. 2010 pp.378-379).

Este plan fue un antes y un después en el gobierno de Menem, ya que, como dice Pucciarelli (2008), cambió los términos del círculo vicioso durante los meses siguientes. Es decir, esta medida contuvo la desvalorización de la moneda y frenó muy efectivamente la inflación (se pasó de tres dígitos a uno: inflación del 1% en diciembre de 1991). Con esto, se comenzó a estabilizar el funcionamiento de la economía, se recuperó la capacidad de gestión institucional y se reconstruyó la imagen personal del líder-presidente y de su equipo de gobierno.

A partir de esto, la población comenzó a acceder a muchos beneficios materiales, a saber: la estabilización macroeconómica, el aumento del consumo y la estabilidad del poder adquisitivo de los salarios, aunque esto último se debió a la expansión de la oferta monetaria producida por el ingreso de capitales externos y la reaparición del crédito para el consumo luego de los años de fuerte recesión económica. Esto le permitió el consenso necesario para realizar las reformas estructurales posteriores.

Pero además, este plan, según Pucciarelli (2008), generó un nuevo patrón de acumulación de capital, cuya principal característica fue la transformación de la deuda externa en endeudamiento permanente y, por ende, en la creciente preeminencia del capital financiero sobre las diferentes modalidades de acumulación de capital, y de los organismos multilaterales de crédito sobre las instituciones económicas del Estado nacional. Con esto, se eliminó definitivamente la situación de empate permanente que caracterizó a la eterna confrontación desde la posguerra y se pudo aprovechar el empuje ideológico y político que le brindaba la situación internacional y la emergencia del “menemismo” a fin de “(…) imponer su propia concepción, estrictamente neoliberal, de la marcha de la economía, la reorganización de la sociedad, la subordinación y el vaciamiento de la política, y la refuncionalización del Estado.” (Pucciarelli, 2008 pp.65).

Además, Pucciarelli (2008) expone en las páginas 266-267 que otro efecto de la convertibilidad es que, al no poder modificar el tipo de cambio, la única manera de mejorar la inserción de los productos locales en el mercado mundial era aumentar la productividad del capital (incrementando la inversión en tecnología) y del trabajo (aumentando la explotación de la mano de obra)”. Pero esto «produjo fuertes distorsiones en los precios relativos locales y hubo también fuertes modificaciones de las rentabilidades relativas de los sectores productores de bienes no transables y de los transables, ya que los primeros, al no estar sometidos a la competencia, presentaron rentabilidades operativas mucho mayores.

Por otro lado, el problema que tuvo el Plan, según algunos autores, es que si esta modificación monetaria no se realizaba conjunto a una correcta reducción del déficit fiscal, el sistema se financiaba con toma de deuda en el exterior (U$D) o subiendo los impuestos, ya que no se puede usar la herramienta de emisión para financiar el déficit. Pero una gran parte del dinero que entró para financiar el sistema fue el de la privatización de empresas públicas, aunque el perjuicio de no haber emisión de moneda es que el Estado no tenía cómo financiarse y cómo desarrollar políticas públicas en los diferentes sectores, quedando la creación y absorción de dinero limitadas al ingreso de divisas, es decir, la oferta de dinero era exógena, no podía ser controlada por la política económica nacional, actuando el peso como un “vale” por un dólar, como unidad de cuenta, mientras todo lo demás era manejado por la divisa estadounidense. Con esto, se limitan el campo de acción del Estado y se retrasa el tipo de cambio, lo cual afectó la competitividad del sector de bienes transables.

También agrega Rapoport (2010) en la página 376 que el esquema de convertibilidad dependía de un constante ingreso de oro o divisas del exterior, sea por causa del superávit de la balanza comercial o de flujos positivos de capitales, pero en las depresiones, la caída de las importaciones y la inflexibilidad de las exportaciones argentinas, había grandes déficits comerciales, mientras que los capitales tendían fugarse. Es por esto que la convertibilidad se tornó insostenible y debía ser abandonada, lo cual también agravaría las dificultades de la economía argentina, generando un contexto sin salida.

Así, Pucciarelli (2008) expone en la página 270 que sin el motor del consumo interno ni de la inversión pública, y viéndose imposibilitados de incrementar las exportaciones debido al atraso cambiario y la estancada inversión privada, el modelo sólo podía seguir funcionando mediante la incorporación de capitales externos que permitieran sostener la paridad cambiaria y el creciente déficit fiscal, capitales requerían como contrapartida tasas de interés cada vez más altas para ingresar al país. Esto hizo que se desalentaran aún más las inversiones productivas, favoreciendo así el proceso de expansión del sector financiero. Pero “El ingreso de capitales vía endeudamiento (…) se estancó a partir de 1998 y comenzó a caer en 2000”. (Pucciarelli, 2008 pp.270).

A esto suma Sidicaro (2002) en la página 179, quien expone que el Estado tuvo que realizar constantes ajustes fiscales debido a que los intereses de la deuda externa absorbían proporciones crecientes de presupuesto nacional y creaban déficit en las finanzas púbicas. Además, el mantenimiento de un sistema bimonetario basado en la permanente búsqueda de préstamos internacionales o nacionales, creó una gran desconfianza en muchas empresas para invertir o depositar fondos en el país, con lo cual recurrieron al exterior. Esto hizo que el monto total del dinero argentino radicado en el exterior sea equivalente al total de la deuda externa del país, lo cual se conoce como la ‘fuga de capitales’ de este período.

Además, según Rapoport (2010): “el incremento de los precios de bienes no transables, condujo a una alteración significativa de los precios relativos que condicionó la marcha posterior del plan y su impacto sobre los distintos sectores productivos”. (Rapoport, M. 2010 p.381).

Por otro lado, se logró un precario equilibrio fiscal por el incremento de los ingresos tributarios (sobre todo del IVA, cuyas alícuotas fueron incrementadas primero al 18% y luego al 21%, por lo que la recaudación se elevó del 1,6% del PIB en 1989 al 6,3% en 1998), el aumento de la actividad económica y la menor evasión fiscal por los estrictos controles. También aumentaron las reservas del Banco Central, pero con flujos de capitales externos. El consumo interno fue el principal, deteriorando la capacidad de ahorro y aumentando el déficit del comercio exterior. Además, el ahorro externo fue el que financió el consumo y el crecimiento económico durante el período 1995-1999.

Por último, ha de mencionarse que el éxito inicial del programa se debió también a ciertas variables internacionales, ya que hubo un descenso de las tasas de interés, un incremento de la oferta de fondos líquidos y un escenario más laxo para la renegociación de la deuda externa.

Aún así, por los buenos resultados a priori en cuanto a la estabilización y equilibrio de las cuentas fiscales, sumado al impulso del gasto privado y la reactivación económica por la reducción de las tasas de interés, entre otras variables de conexión internacional, el PJ ganó las elecciones de diputados nuevamente en 1993. Es por esto que se consolidó aún más el proyecto neoliberal en nuestro país. Es en este marco que, entre otras cuestiones, se dio un aumento de la Deuda Externa pública como expone Sidicaro (2002) en las páginas 178-179, ya que a comienzos de la década del 90 la deuda externa argentina ascendía a alrededor de 62.000 millones de dólares y en 1993 el endeudamiento subió a 72.200 millones de la moneda norteamericana (53.000 pública y 18.600 privada). Dice: “Al finalizar la década de Menem, la deuda de carácter público alcanzaba los 110.000 millones de dólares y la privada a 60.000 millones de dicha moneda”.
(Sidicaro, R. 2002 pp.178-179).

Esto condicionó la soberanía política, aumentó la incidencia del FMI en el diseño de políticas para el cobro de la deuda, la extranjerización del poder económico y decisiones públicas, como así también la apropiación de recursos naturales (como pasó en las guerras de medio oriente por el petróleo). Este cometido se logró, como fue mencionado, a través del conocido “Plan Brady”, el cual Argentina firmó con otros países, donde acordaba una reducción de su deuda exterior a cambio de un compromiso de pago más estricto. De esta forma, la composición de los deudores se modificó. Explica Pucciareli sobre la mayor parte de la deuda:
“(…) dejó de estar constituida por créditos con bancos comerciales (en especial de los Estados Unidos), y pasó a estar conformada por títulos negociables en los mercados financieros internacionales, cuya tenencia correspondía a inversores institucionales y, en menor medida, minoristas”. (Pucciarelli, 2008 p.202). Esto debido a la recesión y la baja de la tasa de interés en los países del norte, por las cuales los flujos financieros migraron hacia lo que se conocería desde entonces como los ‘mercados emergentes’. Entonces, la Argentina pasó de ser un país “en vías de desarrollo” o del “tercer mundo” a ser un “país emergente”, es decir, según el mercado, poseía una economía de tamaño medio o grande, con lo cual, como dice Pucciarelli en la página 202, disponía de mercados bursátiles y de capitales lo suficientemente dinámicos como para acoger los fondos provenientes del exterior, con lo cual le permitió contar con la llegada de capitales a tasas de interés relativamente bajas.

Con todas estas reformas, las entidades financieras no bancarias disminuyeron, lo que aumentó el peso de los bancos dentro del sistema financiero argentino desde 1991. Además, los bancos comerciales locales e internacionales participaron como mediadores de las privatizaciones. Luego, la reforma del sistema jubilatorio y de seguros les abrió la posibilidad de desarrollar una nueva gama de servicios. Por último, siguieron desempeñando un rol fundamental en la ubicación de bonos de la deuda pública. Rapoport revela estos datos: “De 220 bancos existentes en noviembre de 1990, hacia julio de 1999 sólo quedaban 121, a pesar de que el número de sucursales totales había crecido ligeramente”. Pero el proceso de concentración repercutió también en la captación de depósitos, dice: “En 1990, los primeros veinte bancos recibía casi el 68% del total de depósitos, mientras que nueve años después el porcentaje se había elevado a casi el 84%”. (Rapoport, M. 2010 p.402).

Luego, el gobierno modificó las potestades de intervención del Banco Central en la política monetaria a través del nuevo estatuto de autonomía para el Banco Central en 1992, de acuerdo a los lineamientos del FMI. Con esto, según Pucciarelli: “(…) se le prohibió financiar las arcas del Tesoro al tiempo que sus autoridades ya no eran nombradas ni depuestas por las dirigencias políticas”. Así, a partir de la nueva legislación del BCRA, este “(…) se limitaba a tareas de supervisión y prudencia financiera y cada banco establecería con total libertad la composición de su cartera”.
(Pucciarelli, 2008 p.203). Así, frente a la ausencia de líneas de crédito subsidiadas por el Estado, las variables que guiaban la decisión de los bancos en materia crediticia eran la rentabilidad y el riesgo de los demandantes.

Es decir, el objetivo del Banco Central pasaba a ser el de mantener el valor de la moneda, realizando una actividad independiente y autónoma con respeto al gobierno.

Se puede ver entonces cómo los capitales provenientes del extranjero se tornaron indispensables para sostener la paridad, pagar los servicios de la deuda y permitir la expansión de las actividades internas, aunque este sistema comenzó a resquebrajarse con la “crisis del tequila” en México, en el año 1995. Con esta, según Pucciarelli (2008) en la página 205, la reactivación de las economías centrales, el alza en la tasa de interés y la crisis mexicana desaceleraron e invirtieron el flujo de fondos. Con esto, se desplomó el precio de los bonos argentinos, las reservas del Banco Central cayeron y una parte importante de los ahorristas retiró sus depósitos bancarios.

Pero salieron al auxilio del gobierno los grandes empresarios, quienes se comprometieron a participar de la compra de los títulos de la deuda pública para financiar el sostén del tipo de cambio. Además, con las políticas económicas que Argentina estaba llevando a cabo, se aseguró el apoyo del FMI desde 1995 y por cinco años más, lo que le permitía mantener la confianza de los inversores en un difícil contexto financiero y logró que la Convertibilidad sobreviviera a la crisis internacional, aunque pagando el costo de la privatización, extranjerización y repliegue de los bancos públicos y nacionales.

Luego de concretar la Ley de Convertibilidad, se avanza en cuanto a las privatizaciones, mediante las cuales se venden la mayor cantidad de empresas del Estado posibles con el objetivo de “(…) reducir el peso cuantitativo del sector público en el empleo, en la producción de bienes y servicios y en el número de empresas, como en la disminución de la capacidad y voluntad de intervención y regulación.” (Rapoport, M. 2010 p.387). Es decir, uno de los objetivos del programa era equilibrar el presupuesto público ahorrando gastos de las empresas deficitarias y consiguiendo activos transitorios, de los cuales una parte podía ser pagado por los compradores con títulos de la deuda externa (el sistema de capitalización), lo cual la reducía a este y a la carga futura de intereses sobre las cuentas públicas. También las privatizaciones eliminarían las ineficiencias y distorsiones propias de las viejas empresas públicas que actuaban en mercados protegidos, pudiéndose además invertir en capitales físicos que el Estado no podía. Por último, servían también para obtener mayor cantidad de U$D y así engrosar las reservas y la consecuente emisión en pesos para financiar la re-estructuración estatal.

Se vendieron: YPF, ENTel, SEGBA, Somisa, Aerolíneas Argentinas, Canal 12 y 13, petroquímicas Polisur, Petropol e Inducior; entre otras. Estas empresas se vendían a bajo precio por no estar saneadas, por lo que no se evitó la formación de oligopolios/monopolios, principalmente de conglomerados locales que ya habían sido fortalecidos durante la dictadura y fueron consolidado a lo largo del gobierno radical mediante subsidios exenciones tributarias y contratos con el Estado, como los Pérez Companc, Bunge y Born, Macri-SOCMA, Rocca-Techint, Astra-Griineisen, Soldati, Zorraquín, Massuh, Fortabat, Acevedo-Acindar, Bemberg, Roggio y Richards, entre otros, en asociación con empresas extranjeras y las bancas. Es decir, no hubo un mercado abierto y competitivo entre las empresas privatizadas, además de haber un aumento de tarifas para poder recuperar las inversiones, sumado a una deficiencia del marco regulatorio y controlador del mercado, con lo cual muchas de las licitaciones empresariales se concretaron con capitales propensos a actuar al margen de la ley o propensos a buscar prebendas en asociación con el Estado. Además, según Pucciarelli en la página 197, los transportes fueron o bien privatizados o bien concesionados, y en cuanto a los ferrocarriles, los servicios de larga distancia fueron paralizados.

Luego, agrega Rapoport (2010) sobre las privatizaciones antes de la Convertibilidad:

La falta de gradualismo en la desestatización no permitió (…) la reserva por parte del Estado de una parte de las acciones en sus manos para mantener algún control sobre el mercado cuestión o para aprovechar la valorización futura de éstas. La necesidad política de vender rápidamente y ratificar la voluntad mantener el rumbo trazado, repercutió en forma negativa en la negociación con los interesados en la compra y dio lugar sobrados casos de corrupción o enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios (…). (Rapoport, M. 2010 p.390).

Pero las empresas privatizadas post-convertibilidad, al haber un mejor contexto macroeconómico, tuvieron un proceso más prolijo y un marco más abierto en el proceso de licitación, además de garantizarse metas mínimas en el crecimiento futuro de la productividad y de la competitividad. También se crearon normativas reguladoras de los diversos sectores.

Pero todo esto no quitó que por las más de 25 mil millones de dólares en ventas de empresas y la inversión de 12 mil millones de dólares anuales (67.624 millones de dólares en inversiones extranjeras directas entre 1990 y 1999), muchas empresas y holdings enteros hayan desaparecido, como explica Sidicaro en la página 185 tomando datos de la “Revista Negocios” en mayo de 1998 y a Daniel Chudnovsky y Andrés López en la página 187, quienes además agregan que esas inversiones se debieron en un 33% a EEUU; España un 11,6%; Francia un 9,1%, Chile con el 8,7% y el continente europeo en un 41,5% de las inversiones. Por último, aporta Rapoport que entre 1990 y 1999, el Estado: “(…) obtuvo por medio de las privatizaciones más de 20.000 millones de dólares en efectivo y títulos de la deuda externa, de los cuales casi el 70% corresponde a inversiones provenientes del exterior y más del 30% a grupos de origen nacional.” (Rapoport, M. 2010 p.394). Aún así, estas empresas privatizadas aportaron divisas que contribuyeron a sostener el tipo de cambio sobrevaluado en el régimen de convertibilidad, aunque fue un aporte modesto comparado con el del sector público.

Luego, el ministro Cavallo trabajó en la apertura comercial. El objetivo del gobierno al abrir el mercado externo era “(…) la invocación al mercado (externo) como principio ordenador (…)” ya que “(…) la apertura comercial y la convertibilidad alentarían el alineamiento de numerosos precios internos a los precios internacionales. Aunque algunos sectores lograron perpetuar ciertas protecciones, la apertura a la competencia extranjera terminó de lapidar las posibles alianzas corporativistas de posguerra”. (Pucciarelli, 2008 p.199). Esto ya que tenía como principales enemigos, según la diatriba de sus funcionarios, a los sindicalistas, los funcionarios públicos ineficaces y los empresarios “proteccionistas”. Además “(…) impedía a empresarios, trabajadores y Estado acordar, dentro de las fronteras nacionales, una estructura de precios y salarios que apuntara al crecimiento y la distribución.” (Pucciarelli, 2008 p.199).

El proceso se realizó de la siguiente manera según Pucciarelli: “Por el lado de las importaciones, aplicó una reforma que había diseñado en los años setenta: el escalonamiento tripartito (0,11 y 22%) de los aranceles a la importación”. (Pucciarelli, 2008 p.198). Se hizo esto, aunque algunos acuerdos entre el Estado y ciertas cámaras de la industria permitieron preservar algunos espacios de protección, como es el caso de las automotrices.

Además, según Rapoport en la página 400, desde 1991 en adelante, la estructura arancelaria se modificó del 20 al 22% para bienes de consumo, del 10 al 13% para insumos y de 0 a 5% para bienes de capital intermedios no producidos en el país, siendo complementadas también con la eliminación casi total de restricciones paraarancelarias y cupos cuantitativos.

Por el lado de las exportaciones: “Cavallo respondió a la demanda de los productores agropecuarios de suprimir los impuestos que gravaban sus ventas en el exterior, las que habían sido, de manera recurrente, fuentes de tributación del Estado argentino a lo largo del siglo XX.” (Pucciarelli, 2008 pp.197-198). Luego del plan de Convertibilidad, se volvieron a introducir estímulos para las exportaciones y un régimen especial con Brasil para el intercambio compensado del sector automotor, con lo cual creció y se diversificó la posesión de vehículos en nuestro país. Pucciarelli menciona en la página 208 que el rol de las exportaciones de productos primarios fue vital para que entre una gran masa de divisas que permitieron resistir los embates de las crisis de 1995 y 1997 (México primero, y luego Rusia y el Sudeste asiático, las que provocaron un aumento en las tasas de interés internacionales) y que Brasil fue el principal importador de productos de nuestro país hasta que por estas crisis se agravaron sus importaciones y llegaron las masivas inversiones de capital extranjero del primer mundo a Latinoamérica hasta 1999, en conjunto a un creciente ingreso de empresas multinacionales. Con esto, la apertura comercial se hizo de forma descontrolada y rápida, lo que a mediano plazo destruyó la producción nacional, endeudó empresas y extranjerizó la riqueza nacional.

También, en el mencionado proceso de transferencias de recursos públicos hacia las grandes empresas privadas, sobresalen: «la fijación de precios diferenciales en las operaciones de compra/venta realizadas por las empresas y reparticiones públicas, y las políticas de financiamiento preferencial a la industria encuadradas en el régimen de promoción industrial». (Pucciarelli, 2008 pp.263-264). Es decir, a través de la intervención del Estado, se facilitó el crecimiento de grandes empresas del mercado local, sobre todo del denominado “complejo económico estatal-privado”, integrado mayormente por empresas industriales que formaban parte de grupos económicos nacionales, denominados con la sigla «GEN», las cuales se dedican principalmente a industrializar productos en los que Argentina tenía ventajas comparativas, o eran productores de artículos de consumo masivo destinado al mercado interno. Es por esto que en los primeros años de gobierno las empresas multinacionales no se instalaron masivamente en el país y por lo tanto no constituyeron una amenaza para los grupos locales productores de bienes transables. Entre estos grupos podemos agregar, además de los ya mencionados, a Garovaglio, Terrabusi, Bagley, Alpargatas, entre otros. Igualmente, el caso de Bagley, Terrabussi, en conjunto con A.S.T.R.A y demás empresas, fueron apropiadas por grandes firmas internacionales que aparecieron como grandes protagonistas, al igual que los denominados “players” como Citicorp Holdings, el Exxel Group y George Soros con I.R.S.A. y Cresud, con lo cual se dio el nacimiento de un establishment aún más poderoso, como dice Sidicaro en la página 186.

Así: «las formas de intervención estatal desplegadas durante los años noventa impidieron la conformación de mercados competitivos, pues las políticas públicas crearon condiciones privilegiadas de acumulación que desalentaron procesos de competencia interempresarial» (Pucciarelli, 2008 p.292). Y esto además de fomentar un «(…) tipo de economías de adaptación tardía a los cambios tecnológicos generados externamente, donde las cuestiones relacionadas con las políticas de investigación científica y tecnológica no se encuentran en el centro de la agenda (…)«. (Pucciarelli, 2008 p.293) Es decir, puede notarse cómo la aplicación de las reformas estructurales, lejos de desmantelar las condiciones privilegiadas de acumulación para las empresas privadas del sector, las potenció notablemente, como es el caso del mercado petróleo desde 1989 a 1999 con la privatización de YPF, sin generar beneficio para las mayorías.

En el mismo sentido, en materia de regulación, llevó a cabo las siguientes medidas a partir de un decreto de 1991 se“(…) suprimió las regulaciones en materia de salarios, transportes y puertos, comercio interior y exterior, mayoristas y minoristas. Mediante el mismo decreto, suprimió todas las agencias estatales encargadas de supervisar y hacer respetar esas normas.” (Pucciarelli, 2008 p.198). Sigue: “Además, la tardía creación de organismos de control y entes reguladores, de cuestionada actuación, posibilitó una verdadera re-regulación de los mercados en beneficio de unos pocos y poderosos agentes económicos privados (…)”. (Pucciarelli, 2008 p.292).

Rapoport expone que se dan las siguientes medidas tomadas a fines de 1991:

(…) la apertura a la competencia del transporte de Carga y pasajeros y la disolución de los organismos reguladores de los mercados de productos agrícolas y ganaderos. También se desreguló el funcionamiento del mercado minorista (eliminación de restricciones existentes para la comercialización de alimentos y medicamentos), de los seguros y de la práctica de algunas profesiones liberales (se eliminaron los honorarios regulados: por lo Consejos Profesionales)”. (Rapoport, M. 2010 p.400).

Todo esto redujo los precios de bienes industriales comparados con los de alimentos y servicios.

Lo que causaron estas medidas principalmente fue la concentración de la propiedad privada en nuestro país, tal como expone en datos el autor Pucciarelli en las páginas 200 y 201, donde dice que un tercio de los establecimientos del sector industrial desaparecieron y en 2002, las explotaciones agropecuarias del país se habrían reducido en alrededor de un 25% en la última década del siglo XX. Además, indica que la concentración alcanzó también al sector financiero ya que sus instituciones pasaron de ciento sesenta y ocho a noventa y seis, entre 1994 y 1999.

Pero también existió una gran extranjerización de la propiedad privada, como el autor Pucciarelli (2008) indica tomando a Basualdo:

En su análisis de las primeras doscientas empresas del país concluye que, entre 1991 y 2001, las extranjeras aumentaron de cincuenta y nueve a noventa y dos, las nacionales pasaron de ciento cinco a sesenta y dos y las de propiedad mixta crecieron de veinte a cuarenta y cinco. (…) El desembarco de capitales extranjeros en el campo resulta más novedoso: empresarios europeos y estadounidenses adquirieron extensas propiedades al tiempo que las empresas de insumos agrícolas y las compañías de comercialización pasaban a ser controladas por multinacionales. Finalmente, la crisis de 1995 propició la extranjerización de la banca argentina: en 1999, los bancos extranjeros controlaban el 50% del total de las entidades y el 51% de los activos (…). (Pucciarelli, 2008 p.201).

A todo esto se sumó una reorganización de la producción, Pucciarrelli enseña en la página 201 que en el sector agropecuario se afianzó el mercado de la soja por sobre el de las carnes con la introducción de fertilizantes y de semillas genéticamente modificadas, la renovación de la maquinaria y de los sistemas de riego.

En el sector industrial, la química y la petroquímica retrocedieron frente a las agroindustriales. Además, la apertura obligó a las empresas locales a adecuarse a los estándares de calidad y precio vigentes en el mundo. Por otro lado, al llegar inversiones extranjeras, alrededor de novecientas pasaron a ser propiedad de otras multinacionales tras ser vendidas según los datos del autor Kosacoff, tomado por Pucciarelli. Estas empresas no buscaban desarrollar localmente sus cadenas de producción sino más bien garantizarse nichos de mercado, es decir, son empresas que no incrementarían la capacidad de exportar y de proveer divisas al país.

Al mismo tiempo, otro capítulo nodal de la apertura económica fue el proceso de liberalización financiera y la desregulación del mercado de capitales. Expone Rapoport (2010) en la página 401 que ya en 1989 se estableció una total libertad de ingreso y egreso de capitales, y se autorizó la salida irrestricta de fondos ya sean royalties, intereses, dividendos, etc. Luego, a partir de 1990, comenzaron a desregularse las operaciones en Bolsas y mercados de valores locales, lo cual aumentó la oferta de papeles de nuevas empresas. Así, se creó un régimen de oferta pública para instrumentos financieros de empresas (las obligaciones negociables), proveyendo un financiamiento a menor costo que en el mercado bancario. Además, el mercado de capitales también se vio favorecido por el ingreso masivo de inversiones financieras del exterior, lo que convirtió a Argentina en un nuevo «mercado emergente».

Sidicaro (2002) agrega en la página 188 tomando a Ricardo Aronskind que el sector financiero sufrió un doble proceso de concentración y extranjerización ya que las entidades financieras pasaron de 213 en 1991 a 119 en 1999. Además, el capital extranjero, que en 1999 manejaba el 17% de los depósitos del sistema pasó en 1999 a captar el 45%. Luego, en materia de activos, el crecimiento fue del 14% de 1991 al 51% en 1999; y en cuanto a préstamos, las carteras de los bancos extranjeros que otorgaban en 1991 el 12% pasaron en 1999 al 46%. Al finalizar el período menemista, sólo subsistieron dos grandes bancos estatales y uno privado local de importancia.

El principal problema que trajo la apertura económica es el atraso del tipo de cambio, ya que, exceptuando las commodities, para el sector industrial se dificultaron sus ventas al exterior. Es por esto que hubo un aumento desmedido de las importaciones de bienes de capital –los que en buena parte eran destinados a la provisión de servicios de infraestructura suntuaria en las zonas urbanas, es decir, que no multiplicaban el crecimiento de otras actividades- (320% entre 1990 y 1998), con respecto a las exportaciones (115% entre 1990 y 1998, descendiendo entre un 12% y 18% en 1999). Esto porque se abandonaron las restricciones arancelarias que servían para proteger a la industria nacional o para sostener el superávit comercial que generara divisas para el pago de los intereses de la deuda externa. Ante esto, hubo un tipo de cambio sobrevaluado con respecto a las necesidades de los productores de bienes exportables y de bienes transables que se comercializaban en el mercado interno. Es por esto que la industria local sufrió una dura competencia a partir del ingreso exponencial de mercaderías extranjeras y que la economía en general sufrió los efectos del déficit de la balanza comercial, agravado también por la falta de transportes nacionales de productos y de personas al exterior y al drenaje de recursos que supuso el endeudamiento privado, el cual, según Rapoport (2010) en la página 408, se elevaba a fines de 1993 a casi 19.000 millones de dólares, aumentando hasta alcanzar los 60.500 millones hacia finales de 1999. En total, la deuda externa bruta superaba en 1999 los 140.000 millones de dólares, lo cual duplicaba y más el monto de los inicios del Plan de Convertibilidad. Así, entre 1991 y 1999 se había incrementado el 137%. Por otro lado, la deuda per cápita era, en 1999, de cerca de 4.100 dólares. Además, sobre el monto de los intereses de la deuda:
“(…) fue creciendo también notoriamente, triplicándose entre 1991 y 1999, y constituyendo una carga cada vez más pesada: los intereses de la deuda representaban por sí solos, en 1999, más de 11.000 millones de dólares”. (Rapoport, M. 2010 p.408).

Esto sin tener en cuenta la fuga de capitales al exterior, que, según Rapoport: “(…) en 1998, representaba un monto cercano a los 100.000 millones de dólares”. (Rapoport, M. 2010 p.408), todos recursos que se extranjerizaron y que no sólo que no aportaron al crecimiento de la riqueza nacional, sino que además endeudaron el país.

También se avanzó en la flexibilización laboral, la cual es definida por Rapoport (2010) como una reforma legal donde se intenta eliminar la mayor cantidad de “rigideces” del mercado de trabajo. Es decir, se intentan quitar todas las normativas, convenios colectivos de trabajo y los usos y costumbres que “(…) limitan las posibilidades empresarias de dirigir la fuerza laboral de acuerdo con la conveniencia del proceso productivo y de la valorización del capital por medio de una intensificación del trabajo”. Esto implica la eliminación de conquistas de derechos laborales, una precarización de las condiciones de trabajo y el sometimiento de los trabajadores a los empresarios. Esto se logró, según Rapoport, debido a la “(…) desmovilización social generada a partir de la situación recesiva y la hiperinflación al final del gobierno de Alfonsín, así como por el hecho de que una fracción importante de los dirigentes sindicales pertenecía al partido que asumió gobierno en 1989.“ (Rapoport, M. 2010 p.411).

Pero además esto se pudo realizar por la difícil situación socioeconómica durante los primeros años de gobierno de Menem, por lo cual se redujo la capacidad de resistencia de los trabajadores a las medidas que afectaban sus derechos laborales.

Los cambios en la legislación laboral fueron progresivos, a fin de que la pérdida de derechos no sea tan notoria. Así, con la Ley de accidentes de trabajo en 1991 aparecieron las ART y se comenzó a dar el aporte patronal a una institución privada. Luego, a mediados de julio de 1991 se da el decreto 1334, con el cual “(…) el gobierno decidió no homologar ningún convenio colectivo que contuviera cláusulas indexatorias, los salarios no podrían pactarse por menos de seis meses y todo incremento de salarios debía vincularse con mejoras en la productividad”. (Rapoport, M. 2010 p.412).

Se sancionó también la Ley Nacional de empleo en 1993, cuyo objetivo era regular la cuestión del trabajo “en negro” y generar “facilidades” a los empresarios para crear mayor cantidad de puestos de trabajo y reducir el desempleo. Así, se aplicaron contratos temporales, se disminuyeron las indemnizaciones por despido, se disminuyeron los aportes patronales y las indemnizaciones por accidentes de trabajo, se facilitó el reemplazo de trabajadores, se limitó aún más el derecho a huelga para un disciplinamiento de la fuerza laboral (ya había sido limitado con el decreto del 17 de octubre de 1990) y se dio la baja de costos empresariales avalados por la crisis.

Todo esto lo logró apelando, según Pucciarelli, a una hábil combinación de premios y castigos con los cuales conservó el control del Partido Justicialista con mínimas resistencias, aunque trajo sobrados problemas en la estructura laboral nacional como un aumento del desempleo en 1995, el cual rondaría el 15% de la población económicamente activa del país según Pucciarelli en la página 200. Además, el mismo autor indica que no se adoptaron medidas para la contención de los excluidos hasta después de 2001.

Los resultados de estas políticas fueron los siguientes según Rapoport. En cuanto a los salarios reales: “(…) que ya habían sufrido una brutal caída durante el proceso híperinflacionario de 1989, bajaron un nuevo escalón a comienzos de 1990, para mantenerse relativamente en los años siguientes”
(Rapoport, M. 2010 p.413) y si bien algunos sufrieron dispersión y recuperación, los más damnificados fueron los salarios del sector público.

Además, se dio un aumento del subempleo y desempleo, debido a los despidos de personal del sector público, de la reducción del empleo industrial por la quiebra y la reconversión de muchas empresas que sufrieron por la apertura externa y por el reemplazo de mucha mano de obra por maquinaria en el proceso de “racionalización” empresarial. También creció el trabajo en “negro” en un 36% de la población económicamente activa.

Con estos cambios, no se notó una correlación entre la evolución de los salarios y la del desempleo, y el descenso de los salarios tampoco incidió en forma notoria en el crecimiento de la competitividad internacional.

En cuanto a la Reforma de Seguridad Social, se pasó del “Sistema público solidario de reparto intergeneracional” al “Sistema privado de capitalización”, a cargo de entidades privadas denominadas “AFJP”, tomando como ejemplo al modelo desarrollado en Chile a partir de 1981. En el primero la patronal aportaba a un gran fondo, el cual se repartía según una escala de jubilación, es decir, los que trabajaban, pagaban la jubilación de los retirados. En el segundo, el de las AFJP, cada uno pasaba a aportar a una administradora privada y para sí mismo. Estas empresas especulaban, compraban acciones, bonos, etc. y una vez retirado se podía cobrarlo.

Se llevó a cabo de la siguiente manera según Rapoport (2010):

El nuevo esquema dividía el sistema previsional en dos segmentos. Uno, privado, compuesto por las AFJP, y otro público, que conservaba las características del viejo sistema de reparto. Á diferencia del caso chileno, la opción por uno u otro era una elección voluntaria de los aportantes, aunque quienes decidieran ingresar al sistema privado no podrían retornar al de reparto. A diferencia del modelo norteamericano, que combinaba ambas posibilidades, en el caso argentino los dos segmentos constituían alternativas excluyentes. (Rapoport, M. 2010 p.395).

De esta forma, se cambió a un paradigma individualista del ahorro de la riqueza privada, criticando al modelo de jubilaciones y pensiones anterior que era, según el pensamiento neoliberal, un peso para las cuentas públicas ya que producía déficit fiscal, además de que arrastraba una gran crisis por la reducción de los aportantes, la caída de los salarios y aportes, le evasión y mala utilización de los fondos por parte del Estado, etc.

Pero al mismo tiempo, el segundo sistema no aseguraba dinero para siempre ni al momento de jubilarse ya que dependía de las fluctuaciones del mercado. Estas empresas se financiaban a través de las comisiones altas que cobraban en base a los aportes (30-45%) a cambio de su administración. Así, el cambio del sistema estatal a las 28 empresas con sus fondos se da definitivamente en 1993, aunque luego estas empresas se concentraron, creando oligopolios que no aseguraron mayores ingresos. Expone Rapoport (2010):

Según sus creadores, el sistema tenía varias ventajas. Una de las principales apuntaba a que sería una suerte de ahorro obligado de los aportantes, estimulando el crecimiento del mercado de capitales, ya que un porcentaje cercano al 50% de las inversiones de las AFJP debía constituirse con títulos y acciones. Los fondos eran despreciables, pues la recaudación anual oscilaba alrededor de los 3.500 millones de dólares, mientras que los pagos masivos parte de las AFJP a la población pasiva recién se producirían en 20 años, por lo que la mitad de la suma mencionada alimentaría las necesidades de financiamiento del empresariado. El otro 50% debía ser destinado a la compra de títulos públicos, con cuya venta el Estado tendría fondos para financiar el antiguo sistema de reparto. (Rapoport, M. 2010 p.396).

Es ante esto que el Estado se había puesto como garante del funcionamiento del sistema, y luego de endeudarse producto de los elevados costos del período de transición de un sistema a otro (68.700 millones de pesos en el periodo 1994-2001, impactando directamente en el incremento de los casi 71.000 millones de la deuda externa), creó la “prestación mínima universal”, pagando la parte que les faltaba pagar a las AFJP, haciendo que gran parte de los desembolsos privados sigan recayendo en el sector público. Cuando aparecieron los primeros jubilados AFJP, cobraban bajas jubilaciones y las empresas de previsión se hacían millonarias. Así, el Estado le pagó a 33.000 jubilados el total, a 220.000 jubilados el 50% y a 100.000 un 30%. Solo 103.000 jubilados cobraban el 100% de las AFJP. Es decir, según Rapoport: “Simultáneamente, la Prestación Básica Universal constituía cerca del 80% de la jubilación que recibirían los beneficiarios, por lo que la responsabilidad de pago continuaba en manos del Estado, que, no obstante, había privatizado la recaudación.”
(Rapoport, M. 2010 p.398).

En conclusión, la reforma provisional no trajo nada positivo para la seguridad de jubilados y pensionados, ni cumplió los objetivos que se propuso, sino que sirvió solamente para alimentar la especulación financiera y el desvío de recursos.

Finalmente, en cuanto a la Reforma de la administración pública, debido a las condiciones de los organismos de crédito y sus tradicionales planes de ajuste o “racionalización” homogéneos para todos los países a quienes los imponen, hubo según Rapoport un “(…) congelamiento de vacantes, jubilaciones anticipadas, retiros “voluntarios”, eliminación de organismos considerados superfluos o reestructuración de ministerios y secretarías” (Rapoport, M. 2010 p.399). Además, según Rapoport (2010) en la página 399, en 1990 se creó el Programa de Reforma Administrativa y hacia fines de setiembre se conformó el Comité Ejecutivo de Control de la Reforma Administrativa, con amplias facultades para reestructurar la administración pública nacional. Este programa contó con la ayuda técnica y financiera del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo a través de un préstamo de 650 millones de dólares.

De esta forma, se cumplieron los objetivos del decreto 2476 de noviembre de 1990, ya que el empleo estatal en 1983 era de 980.000 personas y en 1995 pasó a ser de 340.000 personas. El empleo en los bancos del Estado pasó a ser en 1983 de 359.000 personas a 1995 de 57.000 personas. Es decir, 900.000 personas quedaron en la calle. Además, el Estado pasó a indemnizar a los jubilados anticipados o retirados voluntarios (salario de un año más indemnización) y también a los echados de las empresas públicas para dejarlos con pocos empleados y sea atractivo comprarlas para el sector privado. Estos obreros desempleados pasaron a instalar sus negocios autónomos y se dedicaron a otros oficios, entre otros, los remises que se popularizaron desde esta época. Es decir, los ex empleados del Estado pasaron a tener trabajos precarios o no conseguir ninguno, sobre todos las personas ya mayores para la demanda etaria del mercado.

Por otro lado, el Estado nacional pasó la financiación y el mantenimiento de la Educación, la Salud, parte de la red vial y ferroviaria de transporte interurbano, así como parte de las inversiones en infraestructura, a los gobiernos provinciales y municipales, con el argumento de que estos podrían controlar mejor su funcionamiento, sin acompañarlos con un aumento simultáneo de recursos necesarios para ese cometido (la ley de coparticipación impositiva no se sancionó), generando severos inconvenientes económicos y no logrando su objetivo. En este marco, en cuanto al sector de salud, Rapoport expone que surgieron inconvenientes por la fragmentación del mismo: “El proceso de descentralización administrativa que trasladó el manejo de los hospitales públicos a las provincias y municipios, sin mecanismos adecuados de coordinación, generó conflictos entre las propias Instituciones públicas”. Por otra parte: “los hospitales resultaron presionados para generar recursos que les permitieran costearse y para seleccionar a los pacientes de acuerdo con sus ingresos”. (Rapoport, M. 2015 p.1023). En este marco, los pobres debían demostrar su situación de carencia para acceder a la atención siendo que dentro los grupos carenciados se verifican los mayores niveles de precariedad laboral y de inestabilidad en el empleo, con lo cual sus posibilidades de acceder a las obras sociales se tornaron cada vez más lejanas.

Todo esto, al mismo tiempo que muchas empresas privadas tomaba deuda para la tecnificación y muchas personas físicas hacían lo mismo con el objetivo de acumular pasivos a través del consumo, algo que generó grandes inconvenientes sociales. Todo esto se transformó en un gran combo que empeoró las condiciones de vida del período. En este respecto, Rapoport (2015) expone en la página 1017 que, según la CEPAL para 1998 el 10 % más rico de la pirámide social recibía el 35,8 % del ingreso nacional; el 30 % siguiente, el 22,2 %; el 20 % posterior, el 27,1 %, y el 40 % más pobre, el 14,9 % del ingreso nacional. Esta enorme desigualdad se produjo principalmente por el desempleo y la caída de los salarios en los sectores que permanecieron ocupados más allá de la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Es importante mencionar lo anterior ya que contradice los supuestos de la «teoría del derrame», la cual esboza que el crecimiento es la condición para una mejor distribución de la riqueza.

En cuanto a la línea de la pobreza, Rapoport (2015) indica en la página 1018 que a partir de 1990, comenzó a revertirse la tendencia alcista, ubicándose en 16,9 % en 1993. Desde ese momento, la curva retomó su tendencia ascendente y llegó al 28 % en 1996, para situarse en el 26 % en 1998. Traducido en números absolutos, el país registraba 10,5 millones de pobres de los cuales 8 millones tenían ingresos inferiores a 148 dólares mensuales y 2,5 millones se encontraban en la indigencia con ingresos inferiores a 74 dólares mensuales.

En cuanto a la tasa de desempleo y subempleo: «En octubre de 1999, los datos oficiales del INDEC informaron que la desocupación había alcanzado el 13,8% mientras que la tasa de subocupación representaba el 14,3 % de la población activa». (Rapoport, M. 2015 p.1019). Esto último se estima en alrededor de 4.000.000 de personas.

Pero además el Estado no acompañó este proceso con políticas destinadas a reducir y, eventualmente, a eliminar la pobreza ya que, según Rapoport: «Un estudio sobre dichas políticas asegura que la relación del gasto público social (GPS) con respecto al PBI (28,5 % para el período 1990-1997) fue inferior al promedio de los países de la Unión Europea (32 %)» (Rapoport, M. 2015 p.1019). En este marco, la política de asignaciones familiares fue insuficiente para el sostenimiento de los ingresos, además de que el seguro de desempleo y las demás políticas de empleo no modificaron sustancialmente la situación de los sectores pobres.

Tampoco las políticas asistenciales de empleo constituyeron una solución ya que, según Rapoport: «Los programas de asistencia y promoción social fueron insuficientes en función de la magnitud alcanzada por la exclusión social. Entre 1991 y 1997, las erogaciones correspondientes se mantuvieron en niveles inferiores al 1% del PBI» (Rapoport, M. 2015 p.1023).

• Política educativa del gobierno menemista:

En cuanto a la política educativa, se dieron reformas profundas recomendadas y financiadas también por el Banco Mundial. Se impuso una diatriba dominada por conceptos como los de “calidad”, “eficiencia”, “eficacia” y al mismo tiempo se trataba a las decisiones educativas a través de normativas de menor nivel (decretos, resoluciones ministeriales, circulares, etc.). Se explicaba que la educación estaba en crisis y por esto se necesitaba desplegar una serie de estrategias. Gentilli (1997) explica:

Dos grandes objetivos dan coherencia y atraviesan horizontalmente tales estrategias: la necesidad de establecer mecanismos de control de calidad (en la amplia esfera de los sistemas educacionales y, de manera específica, hacia el interior de las propias instituciones escolares); y la necesidad de articular y subordinar la producción del sistema educativo a las demandas que formula el mercado de trabajo.» (Gentilli, P. 1997 p.112).

Así: «Es el mercado de trabajo quien emite las señales que deben orientar las decisiones en materia de política educativa. Es la evaluación de las instituciones escolares y el establecimiento de criterios de calidad, lo que permite dinamizar el sistema mediante una lógica de premios y castigos que estimulan la productividad y la eficiencia en el sentido anteriormente destacado. (Gentilli, P. 1997 p.113).

Ante esto, según Gentili (1997), existió una descentralización del gasto a fin de evitar:

(…) la interferencia “perniciosa” del centralismo estatal; se desarticulan los mecanismos unificados de negociación con las organizaciones gremiales de los trabajadores de la educación (dinámica que tiende a cuestionar la validez misma de las entidades sindicales de nivel nacional y regional); se flexibilizan las formas de contratación y las retribuciones salariales de los colectivos docentes.

Pero al mismo tiempo, según Gentili (1997), hubo una centralización en lo siguiente:

(…) el desarrollo de programas nacionales de evaluación de los sistemas educativos altamente centralizados en su diseño e implementación (básicamente, pruebas de rendimiento aplicadas a la población estudiantil); el diseño hipercentralizado de reformas curriculares a partir de las cuales establecer los contenidos básicos de un Currículum Nacional; y la implementación de programas nacionales de formación de profesores que permitan la actualización de los docentes según el plan curricular establecido en la citada reforma. (Gentilli, P. 1997 p.114).

Las leyes que fueron sancionadas durante su gobierno son las siguientes. Primeramente, la Ley de Transferencia (1991), la cual descentralizó la administración del funcionamiento y financiamiento de todos los establecimientos educativos, los cuales pasaron a ser administrados y financiados del Estado Nacional al Estado provincial. Incluidos los institutos terciarios.

En segunda instancia, la Ley Federal de Educación (1993), la cual decía que cada jurisdicción decidía los contenidos curriculares sobre los intereses provinciales. El problema es que es compleja la diversidad, más allá de que el Consejo Federal de Educación lo coordinaba, con lo cual se producían desfasajes de conocimientos y unidad nacional en cuanto a contenidos. Esto porque no todas las provincias tenían los mismos recursos, por ende la calidad de educación varió en cada una y además con el fomento de reformas dentro del sistema educativo, no todos accedieron a la educación por igual. Luego, la educación pasó a verse como un servicio, ya no más un derecho, y el Estado e Iglesia pasan a un sector secundario para dar paso a la “familia”. Se amplía a 10 años el tiempo de la educación y se reestructuran los niveles: Niveles de EGB obligatorio (reemplaza al primario por 9 años divididos en 3 ciclos de educación básica) y POLIMODAL (no obligatorio, orientado según el enfoque científico/mercado laboral que se pensaba seguir y de una duración de tres años, el cual conformaba el «nivel medio o secundario»). Estas reformas finalmente no perduraron mucho en el tiempo y terminaron por desaparecer.

Por último, la Ley de Educación Superior (1995), donde al claustro docente se le da 50% de participación en el Co-gobierno Universitario. Además, se incorpora al personal no educativo en un claustro, el claustro «no docente». En cuanto a la Autonomía, se ve afectada con el cambio en la distribución del poder y por la aparición de una autoridad nueva, la CONEAU «Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria”, la cual tenía por misión la de aprobar o desaprobar los planes de estudio de las Universidades. Claramente el Gobierno, a través de este organismo cuyos funcionarios eran elegidos sin mucha regularidad en sus procesos, vuelve a intervenir en los contenidos que se dictarían en las Universidades y con esto logra la pretendida homogeneización del sistema educativo universitario como demandaba el mercado. Resultado de esto fue la desaparición de cátedras que pasaron de ser anuales a ser cuatrimestrales, otras se eliminaron, etc. Es decir, se acortaron muchas carreras que no eran relevantes para las demandas del mercado y a las carreras que sí interesaban al mercado como las ingenierías, carreras empresariales y demás, se las incentivaron con becas y mayores subsidios.

Pero la mencionada Ley también trastocó la Autarquía, ya que incorporó el arancelamiento para financiar a las Universidades, aunque este artículo de la Ley no se efectivizó por las luchas docentes y estudiantiles. Muchos de estos no bajaron los brazos y a través de la Confederación de Empleados y Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), se manifestaron en abril de 1997 instalando la carpa blanca en la Plaza Congreso frente al edificio del Parlamento. Estos realizaron los reclamos de los maestro de todo el país, permaneciendo allí con ayunos rotativos en demanda de mejoras salariales y una nueva ley de educación nacional. Luego, realizaron un nuevo paro nacional al margen de la conducción de la CGT, el día 14 de agosto del mismo año, a través de la consigna “contra el modelo y la flexibilización laboral”.

Por último, los resultados de esta política educativa, son detallados por Rapoport (2015) en la página 1023, quien expone que el problema más severo del sistema educativo siguió siendo la deserción, lo cual dejaba en evidencia las falencias del Estado para retener a los niños y a los jóvenes de hogares pobres. Esto sucedía además ya que esas familias tenían la necesidad de volcar más miembros al mercado de empleo, por lo cual presionaban a los menores a asumir tareas domésticas o que busquen una salida laboral. Ante esta situación en que la escuela no retenía a sus alumnos: “(…) no les proporciona la educación formal y la capacitación que el mercado de trabajo les exige. En estos términos, el sistema educativo muestra su impotencia para facilitara los pobres una salida de su situación”. (Rapoport, M. 2015 p.1023).

• Política militar del gobierno menemista:

En cuanto a la política militar, se propuso una “reconciliación/pacificación nacional”, por la cual se dio un indulto a todos los condenados militares y guerrilleros, los cuales quedaron libres, echando por tierra los Juicios a las Juntas en 1985. El 8 de octubre de 1989 se dieron los primeros indultos a 220 militares procesados y carapintadas acusados de sublevación en Semana Santa, Monte Caseros y Villa Marteli. Luego, también a los de la Guerra de Malvinas: Galtieri, Anaya y Lami Dosso. También a 70 civiles.

También se da en 1989 el abrazo con el Almirante Isaac Rojas, ex vice presidente y principal organizador de la Revolución Libertadora de 1955, un gesto simbólico ya que Menem había estado detenido unos meses en aquél período, debido a su pertenencia política al Partido Justicialista en el período de censura al peronismo que duró desde 1955 a 1973, luego dos años preso durante el Proceso de Reorganización Nacional, desde marzo de 1976, y luego domicilio forzoso hasta 1981. Además, se da la repatriación de los restos de Juan Manuel de Rosas en 1989.

Luego, se dieron más levantamientos militares según Rapoport (2015) en la página 934, quien dice que el 3 de diciembre de 1990 se produjo uno nuevo por parte de los “carapintadas” bajos las órdenes del coronel Seinledín. Expone: “Fue la asonada más cruenta desde la restauración de la democracia: su represión provocó 13 muertos y más de 20 heridos. Seinledín fue procesado y condenado a prisión perpetua”. (Rapoport, M. 2015 p.934).

Pero luego, el 30 de diciembre de 1990, se dieron los segundos indultos, beneficiando a 5 condenados del Juicio a las Juntas y guerrilleros: Camps, Martínez de Hoz, Suárez Mason y el líder montonero Firmenich, etc. A partir de esta decisión del gobierno, explica Suriano (2005) en la página 25 que se puso fin a la cuestión militar, ya que desde ese momento los miembros de las Fuerzas Armadas debieron subordinarse a las normativas y a las instituciones de la democracia. Indica: “Al liberal a los militares que habían delinquido antes de 1989 y castigar a los responsables del levantamiento de 1990, Menem dejó en claro que desde el punto de vista de la Justicia se borraba el pasado pero no el presente”. (Suriano, J. 2005 p.25).

Es a partir de 1990 en adelante cuando las Fuerzas Armadas dejaron de presionar y condicionar gobiernos y pasaron a sólo cumplir sus tareas legales: proteger las fronteras externas, ya que se dio una verticalización de las mismas, quienes debían respetar la sucesión presidencial.

En este marco, se dio también la eliminación del servicio militar obligatorio a los 18 años, luego del asesinato del conscripto Carrasco en 1994. Así, apareció la figura del voluntariado a sueldo y la escuela de sub-oficiales.

• Hechos y medidas jurídico-legales y Reforma Constitucional en el gobierno de Menem (1994):

En materia judicial, es importante explicar que una de las primeras medidas tomadas por el gobierno de Menem fue la ampliación de la Corte Suprema de 5 a 9 miembros con la Ley 26.183. Con esto, el gobierno intentaba influenciar al Tribunal, por lo cual quiso primero presionarlo para lograr renuncias, pero al fracasar pasaron al mencionado plan. Es ante esto que, según Rapoport (2015) en la página 993, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto de ampliación del número de miembros de la Corte de cinco a nueve y este lo aprobó en septiembre de 1989 y lo remitió a la Cámara de Diputados que lo aprobó en abril de 1990. Así: “De inmediato, con acuerdo del Senado, el presidente Menem designó los nuevos miembros del Máximo Tribunal, asegurando, de esa manera, el respaldo judicial a su política”. (Rapoport. M. 2015 p.933).

Esto fue de la mano de múltiples escándalos de corrupción del gobierno, por ejemplo, entre otros, el mencionado de Swift con Emir Yoma, cuñado del presidente.

Luego, hubo dos hechos lamentables todavía no esclarecidos durante el gobierno de Menem. El primero sucedió, según Rapoport (2015), en marzo de 1992, cuando un artefacto explosivo detonó en el edificio de la Embajada de Israel en Buenos Aires, lo cual provocó la muerte de 29 personas y más de 250 heridos. Fue una organización chiita pro iraní del Líbano quien se atribuyó el atentado, aunque hubo evidencias de que contaba con colaboración local. Luego, dos años después, en julio de 1994, Rapoport indica la existencia de un nuevo atentado que destruyó el edificio de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA), en el que murieron 86 personas y se produjeron más de 100 heridos. Ante esto, nuevamente se insistió en la pista iraní, aunque las investigaciones policiales y judiciales no condujeron al esclarecimiento del hecho y sólo arrojaron algunas sospechas sobre el involucramiento, en ambos episodios, de sectores internos.

En cuanto a otros conflictos, se dio la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador (en 1990) y la explosión de la fábrica de armas de Río Tercero (noviembre de 1995) ya que se cree que había pruebas de la venta ilegal de armas, la cual debía ser eliminada.

En cuanto a la Reforma Constitucional, comenzó a gestarse a finales de 1993, cuando se dio el denominado “Pacto de Olivos” entre el presidente nacional Carlos Saúl Menem y el titular del radicalismo, Raúl Alfonsín, el 13 de diciembre de ese mismo año. Este se dio ya que el gobierno intentó buscar el apoyo que le faltaba del sector radical en la Cámara de Diputados, y este se lo dio para no perder el poco poder político que aún conservaba. Así, la UCR se vio obligada a aceptar las condiciones de Menem a fin de no perder definitivamente, pero igualmente les propuso una serie de incorporaciones que se debían hacer a la nueva Constitución. De esta forma, se consolida el “Núcleo de Coincidencias Básicas” y la aprobación de la Ley de Necesidad de Reforma. Así, el gobierno logró la reforma de la Constitución en 1994.

Rapoport (2015) expone como se dan los hechos:

El 10 de abril de 1994, se efectuó la elección de convencionales para reformar la Constitución. El justicialismo se impuso una vez más sobre un debilitado radicalismo. La Asamblea Reformadora deliberó en Santa Fe desde el 25 de mayo hasta el 22 de agosto, cuando finalmente fue sancionada la nueva Carta Magna. El flamante texto constitucional consagró la reforma más profunda de la Constitución desde 1853; fue aprobado por primera vez en la historia argentina por medio de un acuerdo entre la mayoría y la primera minoría, y contemplaba todos los puntos establecidos en el Pacto de Olivos, entre ellos la habilitación de Menem para que aspire a un segundo mandato. (Rapoport, M. 2015 p.936).

Los cambios más destacados de la Constitución de 1994 son: incorporación de nuevos derechos y garantías, elecciones directas y 4 años de mandato del poder ejecutivo y una reelección con balotaje presidencial si ninguna fuerza alcanza el 45% de los votos con una brecha de diez con la segunda fuerza política; reducción del mandato de Diputados y Senadores sumado a la correspondencia de 3 Senadores por provincia del cual uno debería pertenecer a la minoría; creación del Ministerio público (organismo constitucional independiente y con autonomía funcional y financiera, con la función de promover la actuación de la justicia); creación del Consejo de la Magistratura para elegir jueces; creación de la figura del Jefe de Gabinete; sanción de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

Por último, Menem, luego de la reforma constitucional de 1994, es reelecto directamente con el 50% de los votos en 1995. Así, avanza con la flexibilización laboral. Pero desde 1996 el sistema económico comienza a sufrir los primeros desequilibrios y comienza la fuga de capitales, creciendo también los intereses de la deuda. El 26 de julio de 1996, Cavallo era destituido de la cartera económica del gobierno, debido a que denunció los lazos del círculo presidencial con un empresario asociado a la mafia, y el mandatario le pidió la renuncia. Ante esto, asumió Roque Benjamín Fernández, quien ocuparía la cartera desde 1997 a 1999, y crece el déficit fiscal y la desocupación.

• Fin del gobierno de Menem (1999) y crisis de fin de siglo:

La crisis del período menemista comenzó en términos económicos, según el autor Juan Suriano, con el desempleo masivo después de la crisis mexicana de diciembre de 1994 y, particularmente, de la rusa en 1998, las cuales: “(…) impactaron sobre el movimiento internacional de capitales, perjudicando la inversión en los llamados países emergentes y dando inicio en nuestro país a una depresión económica que alcanzaría su punto culminante con el estallido de la crisis de fines de 2001”
(Suriano, J. 2005 p.27).

En términos políticos, la crisis se manifestó en la derrota de las elecciones legislativas de 1997, siendo la primera derrota oficialista de su era. Fue una alianza entre la UCR y el FREPASO la que logró canalizar el descontento social por la corrupción gubernamental y el elevado índice de desempleo y a través del conocido «voto castigo», logró ganar con casi el 46 % de los votos en contra del 36% del justicialismo.

Esto trajo una lucha interna entre Eduardo Duhalde y Carlos Saúl Menem por el liderazgo de justicialismo, ya que el primero pretendía postularse en las elecciones de 1999. Es así que comenzó a buscar apoyo de los gobernadores y logró que el duhaldismo y la Alianza coincidan en rechazar la candidatura de Menem para su tercer mandato.

En este marco, se consolidó en junio de 1998 la fórmula Eduardo Duhalde y el ex gobernador tucumano, Ramón Ortega. Al mismo tiempo, en el otro frente, se conformó una coalición heterogénea por el descrédito del gobierno, encabezada por el radical y jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Fernando de la Rúa y el frepasista (centro-izquierda) Carlos «Chacho» Álvarez.

En las elecciones del 24 de agosto de 1999, ganó el sector opositor con más del 48% de los sufragios, venciendo al justicialismo con el 38% de los votos. En tercer lugar quedó Domingo Cavallo y su partido «Acción por la República» con el 10% de los votos. Con esto, se incrementó en 19 la cantidad de diputados para la Alianza y se dio una pérdida de 21 diputados del justicialismo.

Fue así entonces como el gobierno de Menem culminó con la entrega del poder el 10 de diciembre de 1999 y la asunción del presidente De la Rúa. Como primera medida, el flamante nuevo presidente decidió continuar con la Convertibilidad a fin de no alterar repentinamente las condiciones económicas del país, y porque no consideraba que esta y las demás políticas neoliberales de la etapa menemista habían sido el problema que desencadenó la crisis. Es por esto que el ministro de economía de la Alianza, José Luis Machinea, creía que una devaluación era imposible en términos políticos. Esto, como será expuesto, será el caldo de cultivo que terminaría por traer la crisis del 2001.

Por lo pronto, el escenario de victoria de De la Rúa fue inédito ya que, como explica Rapoport: “(…) por primera vez, el justicialismo debería ceder el gobierno a una agrupación política de distinto signo. Por otro lado, la coalición gobernante elegida debería convivir con gobiernos provinciales justicialistas o de partidos locales.” (Rapoport, M. 2015 p.939). Ante esto, en el nuevo escenario político no habría un poder hegemónico, con lo cual habría que buscar consensos para asegurar la gobernabilidad.

En este marco, la estrategia económica era mantener un régimen ortodoxo de supervivencia, sentado en el statu quo de la convertibilidad. Pero el problema de esto es que se encontraron que el déficit fiscal del período anterior era mucho mayor que el difundido, además de que había llegado el momento de reunirse con las autoridades del FMI a negociar las condiciones de la deuda pública según lo establecido por el Plan Brady, por el cual crecía el interés de la deuda, incluyendo, como de costumbre, severos planes de ajuste que recaerían en una sociedad sumida en una profunda recesión económica como la que fue descripta, profundizando la crisis. A esto se suma el fin de los ingresos de fondos por parte de las privatizaciones, una contracción de la actividad económica que reducía la base imponible y el vencimiento de los Bonex.

Todo esto impidió los planes del gobierno de reducir el déficit fiscal y la demanda de crédito, ya que el ajuste fiscal debilitaba la demanda y consecuentemente también la recaudación. Además, el gobierno profundizó la flexibilización laboral a principios del año 2000, lo cual significó un impacto negativo sobre el poder adquisitivo interno, cuya realidad opacó la entrada de divisas de las exportaciones argentinas que pretendían ser mayores por la competitividad.

Pero aún así se continuó con los ajustes en los salarios estatales y además, en octubre del 2000 se trabajó en una serie de planes de incentivos para la inversión privada.

A finales del año 2000 se estableció una Ley de Presupuesto para 2001 con un déficit fiscal mucho mayor al previsto ya que en el Congreso no se obtuvo el consenso necesario para los recortes de partidas. A todo este contexto se sumó la renuncia del vicepresidente Carlos Alberto Álvarez en octubre del 2000, lo cual fue interpretado por los mercados como una ruptura de la alianza que dificultaría la aplicación del plan de ajuste.

Además, luego del blindaje financiero del FMI y la imposibilidad de reducir el déficit fiscal en el primer trimestre de 2001, se dio la renuncia del ministro Machinea. Este fue reemplazado por el economista ultra ortodoxo Ricardo López Murphy, lo cual provocó una virtual ruptura de la coalición gobernante. El mismo duró una semana por sus medidas antisociales y problemas políticos y luego volvió a aparecer el padre de la criatura de la convertibilidad en la cartera económica: Cavallo.

Domingo Felipe ingresó con gran apoyo político y en primera instancia implementó “planes de competitividad”, dando incentivos a ciertas ramas de la producción económica. Esto tampoco logró las inversiones requeridas y continuó la recesión en el marco del círculo vicioso “déficit fiscal- ajuste-recesión-déficit fiscal”, provocado por la negativa de abandonar el sistema de convertibilidad a causa de los intereses creados alrededor de este. Al sistema sólo se lo amplió, agregando al Euro en la canasta de monedas que respaldaran al peso.

Pero la jugada más fuerte de Cavallo fue el acuerdo del “Megacanje” concretado en junio del 2001, con el cual se establecía un canje de deuda a través de un conjunto de bancos extranjeros, colocando como garantía los activos públicos que se obtendrían con futuras recaudaciones impositivas, al mismo tiempo que se computaban tasas de interés altísimas, una valuación ficticia de los bonos canjeados y grandes e injustas comisiones para los bancos que llevaban adelante el negocio. Esto trajo un alivio de corta duración y luego resurgieron las especulaciones de devaluación, con lo cual la situación empeoró en el tercer trimestre de 2001 con una respectiva caída de la actividad y la corrida de depósitos bancarios. Es por esto que en agosto el gobierno recurrió a la asignación de fondos del FMI a casi 5000 millones de dólares como asistencia extraordinaria y comenzaron a aparecer 15 cuasi moneadas emitidas por el Banco Central (las más difundidas los Patacones y los Lecop), en un equivalente de 2000 millones de pesos en diciembre de 2001, a fin de aumentar la liquidez en las provincias por la escasez de dólares y amortiguar la caída de la demanda y la posterior crisis. Además, se recurrió a la desmonetización y trueque de ciertos sectores, haciendo que esta emisión sin respaldo implique el deceso de hecho de la convertibilidad.

Aún así, todas las decisiones que se tomaban agravaban la situación económica, llevándola rápidamente a una depresión. A pesar de la intención de reestructurar la deuda, rebajar impuestos y la emisión de una tarjeta para alimentar a las clases más bajas, la fuga de capitales por parte de grandes empresarios nacionales y extranjeros continuaba y perjudicaba la estabilidad económica del país. La misma se calculó en 2001 en unos 29.913 millones de dólares, lo cual destruyó el sistema financiero y lapidó las reservas en divisas del Banco Central, el cual convertía a dólares los pesos sin limitación, conforme a la Ley de Convertibilidad, y reponía la fuga con toma de deuda del FMI.

Ante esta situación sin salida, el gobierno sancionó la «Ley de Intangibilidad de los Depósitos» e instauró poco tiempo después el «Corralito». Expone Rapoport sobre esta última medida que el 1º de diciembre, el gobierno: “(…) impuso restricciones semanales ($250) al retiro de fondos de los bancos y un tope (1.000 dólares) a las transferencias al exterior, y ofreció al mismo tiempo la opción de dolarizar los depósitos en pesos.» (Rapoport, M. 2010 p.451). Es decir, se decidió que los bancos nacionales tengan una restricción en la libre disposición de dinero en efectivo, pero aún así los recursos resultaban escasos para cumplir con los compromisos externos, por lo cual en medio de la crisis el FMI se negó a concretar un desembolso de fondos proyectados, lo cual trajo el estallido social sin precedentes que enfrentó al gobierno con el sector productivo y con los sindicatos, además del descontento generalizado por el aumento de la pobreza, la cual, según el Censo de 2001, dio como resultado más de 1,4 millones de hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, es decir, el 14,3% del país.

Con esto, se dio la conocida “crisis del 2001”, con un aumento de las protestas y saqueos en todo el país durante el mes de diciembre de 2001, cuyo epicentro fue la Plaza de mayo. Esto se volvió incontrolable y el gobierno decretó el Estado de Sitio el 19 de diciembre, al mismo tiempo que se dio la renuncia de Cavallo. En este día y el día 20 de diciembre, las personas salieron a las calles y plazas a hacer sonar cacerolas y objetos metálicos con la consigna «que se vayan todos, que no quede ni uno sólo». En este marco, hubo represiones policiales en las cuales 39 personas fueron asesinadas por fuerzas de la policía y agentes privados. Esto provocó la renuncia del presidente De la Rúa el 21 de diciembre de 2001, quien abandonó la Casa Rosada en helicóptero. Durante los siguientes 11 días ocuparon la presidencia cinco presidentes diferentes (De la Rúa, Puerta, Rodríguez Saá, Camaño y Duhalde) hasta que se confirmó el mandato de Eduardo Duhalde, quien, elegido por la Asamblea Legislativa, ejerció la primera magistratura desde el 2 de enero de 2002 hasta mayo de 2003. En este mandato se derogó la Ley de Convertibilidad, el 6 de enero de 2002.

Para finalizar, es menester exponer que la etapa analizada durante toda la monografía (1989-2002) dejó cifras socioeconómicas escandalosas. Expone Rapoport (2010) que la línea de pobreza que era del 32,7% en el 2001 saltó a 49,7% en mayo de 2002. Además, la línea de indigencia pasó de 10,3% en 2001 a 24,7% en 2002. Estos porcentajes significaban unas 13 millones de personas bajo la línea de pobreza en 2001 y una veintena de millones en 2002. Por otro lado, bajo la línea de indigencia se encontraban 4,2 millones de personas en 2001 y 9 millones en 2002. Luego, agrega en la página 455 sobre el aumento de la pobreza y la caída de los salarios que entre 1998 y 2003 se redujeron tanto los ingresos nominales como los reales, en el caso del primero la caída fue de un 25%, y en el caso del segundo fue del 16%. Así, el porcentaje de hogares pobres llegó en mayo de 2002 al 41,4%.

Por último, en cuando a la brecha de ingresos, Rapoport (2010) agrega las estadísticas del INDEC en las páginas 455-456, donde expone que mientras el 10% más pobre disponía del 1,3% del total de los ingresos generados, el 10% más rico se apropiaba del 36,4%. Es decir: “(…) el decil correspondiente a los más ricos tenía así ingresos 28 veces superiores al decil más pobre (…) Por su parte, los ingresos del 20% de los más ricos eran 4,3 veces superiores a los del 40% más pobre”. (Rapoport, M. 2010 p.455-456).

CONCLUSIONES: Habiendo analizado esta importante y reciente etapa de la Historia argentina, debe destacarse la importancia de su estudio por las profundas repercusiones socioeconómicas, políticas y culturales que fueron causa y consecuencia de este proceso y que nuestro país aún arrastra.

Fue una etapa donde la ideología liberal volvió a impregnar el desarrollo de políticas de Estado, así como lo hizo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aunque con ciertos cambios que obedecieron a las lógicas de la reconversión del capitalismo a nivel internacional. Esto produjo una radical desconfianza en el rol del Estado como agente mediador y actor principal entre los distintos espacios socioeconómicos, volviendo a confiar en teorías económicas diseñadas en países extranjeros con un peso económico-financiero y político internacional superior al de Argentina y que buscaron aprovecharse de la coyuntura mundial para acumular la mayor cantidad de capital posible para el desarrollo económico dentro de sus propias fronteras.

Esto se dio al mismo tiempo que nuestro país decidió abandonar su posición histórica de tercera vía, para pasar a ser furgón de cola de Estados Unidos, abandonando el proyecto de desarrollo industrial y financiero autónomo, y centrándose solamente en solucionar problemas desde lo fiscal y monetario dentro de un paquete de reformas que tenían como fin el cumplir las exigencias de los organismos internacionales de crédito. A esto se sumó la convertibilidad, la cual se presentó como solución definitiva del problema crónico de la inflación, pero tan sólo trajo una breve coyuntura de estabilidad por estar sentado en bases frágiles, y sirvió para concretar los verdaderos objetivos de la etapa.

Este tipo de políticas tuvieron un final anunciado: crisis y destrucción de la riqueza nacional, aunque nos brindan una nueva oportunidad para la reflexión histórica y política que permite aprender a evaluar los diferentes discursos que circulan en esta línea ideológica y que intentan volver a cometer los mismos “errores” que perjudicaron a las mayorías y sólo incrementaron la riqueza de los mismos sectores nacionales e internacionales, para no repetir la historia.

BIBLIOGRAFÍA:

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• Pucciarelli, Alfredo (2008) Los años de Menem. Bs.As., Siglo XXI.

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• Rapoport, Mario (2010) Breve historia de las políticas económicas en Argentina. Bs.As., Booket.

• Rapoport, Mario (2015) Historia Económica, Política y Social de la Argentina (1880-2003) Bs.As., Crítica.

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• Toussaint Eric “Neoliberalismo. Breve historia del Infierno” 1ra. Ed., Buenos aires, Capital intelectual, 2012. 104 p.: 22×15 cm – (Le monde diplomatique; 62). Traducido por: Griselda Piñeiro y Raúl Quiroz.