“Análisis histórico de dos proyectos económicos de país: Gobiernos de Julio Argentino Roca (1880-1886 y 1898-1904) y de Juan Domingo Perón (1946-1955), diferencias ideológicas, políticas y económicas y sus consecuencias sociales en Argentina” – Martínez, Ramiro E.

“Análisis histórico de dos proyectos económicos de país: Gobiernos de Julio Argentino Roca (1880-1886 y 1898-1904) y de Juan Domingo Perón (1946-1955), diferencias ideológicas, políticas y económicas y sus consecuencias sociales en Argentina”.

                                                         Martínez, Ramiro Ezequiel.

Universidad Autónoma de Entre Ríos. 

Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

Profesorado en Historia, 4° año.

San José – Concepción del Uruguay.

2022

                   Gral. Julio Argentino Roca (arriba) y Gral. Juan Domingo Perón (abajo). 

                                                                      ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN: …………………………………………………………………………. Pp.4.

1) MODELO AGRO-EXPORTADOR Y GOBIERNOS DE JULIO ARGENTINO ROCA (1880-1886 y 1898-1904): ……………………………………………………………… Pp.4-15.

A) Llegada al poder de Julio Argentino Roca y la influencia socio-política y económica de la doctrina liberal………………………………………………………………………………Pp.5-7.

• B) Política socioeconómica de los gobiernos de Julio Argentino Roca, protagonismo del sector oligárquico terrateniente: resultados cuantitativos y cualitativos. ………………………. Pp.7-15.

2)
MODELO DE INDUSTRIALLIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y GOBIERNOS DE JUAN DOMINGO PERÓN (1946-1952 y 1952-1955): ……… Pp.15-31.

A) Relación con el catolicismo y ruptura……………………………………………….. Pp.16-19.

B) Relación con la doctrina económica del Keynesianismo, políticas sociales de mayor participación de sectores populares: resultados cualitativos y cuantitativos……………. Pp.19-31.

CONCLUSIÓN…………………………………………………………………………… Pp.32.

BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………. Pp.33.

INTRODUCCIÓN: La presente monografía realiza una comparación histórica desde la perspectiva socio-política y económica de dos modelos de país, con sus influencias ideológico-teóricas y con el contexto internacional que las condicionó: primeramente los gobiernos de Julio Argentino Roca (1880-1886 y 1898-1904) y en segunda instancia los de Juan Domingo Perón (1946-1952 y 1952-1955). A su vez, se analizará el rol del Estado, qué clases fueron favorecidas y cuáles desfavorecidas, qué políticas económicas se tomaron y los resultados cualitativos y cuantitativos que produjeron en el país. Lo que se realizará propiamente, como explica el historiador Marc Bloch en su conferencia magistral de 1928 sobre la historia comparada, es: “elegir, en uno o más medios sociales diferentes, dos o más fenómenos (…), describir sus curvas evolutivas, constatar las similitudes y las diferencias y explicarlas en la medida de lo posible”
(1999a: p.115). En este marco, se intentará abordar cada período desde diversos autores que poseen miradas contrapuestas y debatibles sobre cada proyecto, ya que el objetivo es adquirir una mirada compleja de ambos y ser objetivos al juzgar cada experiencia. Se intentará entonces generar un diálogo-debate entre estos autores dentro de la monografía, para luego concluir en un análisis sobre las decisiones y resultados que generaron ambos proyectos de país; qué aspectos aportaron al desarrollo nacional y cuales fueron perjudiciales para el mismo y el bienestar político, social y económico de la población.

• MODELO AGROEXPORTADOR Y GOBIERNOS DE JULIO ARGENTINO ROCA (1880-1886 y 1898-1904):

La Tradición histórica argentina denomina “proyecto agro-exportador” a la etapa político-económica que es inaugurada por la llegada al poder de Julio Argentino Roca el 12 de octubre de 1880 a 1886, en lo que fue su primer mandato presidencial, el cual iría seguido por un segundo mandato de 1898 a 1904, ambos analizados en el presente trabajo. En esta época la Argentina ya se había consolidad como Nación, es decir, las provincias ya estaban integradas a un conjunto político gobernado por un Estado nacional que se regía por las leyes constitucionales. Además, ya existía un régimen impositivo determinado y un mecanismo de inversión en instituciones públicas (de justicia y seguridad, educación y salud).

En este marco, puede decirse que existía una “República Liberal Oligárquica”. República porque había división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de existir la soberanía popular y el sistema representativo. Era liberal porque era esa la filosofía política y económica que la regía, como será expuesto más adelante, ya que bajo esta doctrina los poderes del Estado eran limitados por los derechos de los individuos; pero también tenía rasgos conservadores que chocaban con estas tesis. Era oligárquico ya que un pequeño grupo de la población concentraba el poder político y económico, como también será detallado a continuación.

• Llegada al poder de Julio Argentino Roca y la influencia socio-política y económica de la doctrina liberal:

En primera instancia, el Autor Romero, José Luis da un contexto de lo sucedido con la llegada de Roca al poder: «Desde que Julio A. Roca llegó al poder en 1880 las minorías dominantes dieron por terminadas sus rencillas internas y aceptaron el plan que el presidente consignó en dos palabras: ‘Paz y administración’. De acuerdo con él evitaron los conflictos políticos mediante prudentes arreglos y se dedicaron a promover la riqueza pública y privada. Las ocasiones fueron tantas que desataron en muchos una inmoderada codicia y muy pronto las minorías adquirieron el aire de una oligarquía preocupada tan sólo por sus intereses y privilegios.» (Romero, J. L. 1965 pp.45).

En el ámbito político, desaparecieron los partidos porteños «liberales» y «autonomistas» ya que se aliaron coyunturalmente al Partido Autonomista Nacional, el cual fue constituido también por las oligarquías provincianas, bajo la jefatura del propio Julio Argentino Roca.

Luego, el autor Cortes Conde expone que hacia la década del 80´ tuvo una muy buena repercusión en la cuestión política la federalización de Buenos Aires ya que terminará definitivamente con el problema «capital» y con los reiterados enfrentamientos entre las autoridades nacionales y las de la provincia de Buenos Aires para lograr la ansiada «unión nacional».

Así, la oligarquía era cada vez más estrecha, haciendo que sus intereses sean los que movilizaban a toda la sociedad y su sistema político-económico. En este sentido, existió un proceso de expansión socio-económica inspirado en la tradición liberal en el marco legal. Expone Gallo: «El proceso de renovación jurídica tuvo su inicio con la sanción de la Constitución Nacional (1853), un documento muy influido por la Constitución estadounidense de fines del siglo XVIII» (Gallo, E. 1987 pp.351). Además, el orden constitucional se basó en los escritos de Juan Bautista Alberdi, el expositor más sistemático y original de las ideas liberales clásicas de la Argentina. En su obra «Las Bases» y su Autobiografía fue inspirado por “El Federalista” norteamericano y en autores como Locke, Smith, Bentham, Say, Tocqueville, Constant, Bastiat y otros. Alberdi postulaba la existencia de un Gobierno limitado, necesario para que se vele por los derechos individuales de las personas: vida, libertad y propiedad privada, y sin ninguna otra función que la observación de esto a través de las leyes. Exponía: «(…) La libertad económica esencialmente civil es la libertad de poseer y tener, de trabajar y producir, de adquirir y enajenar, de obligar su voluntad, de disponer de su persona y de sus destinos privados (…)» y en la misma página, otra cita que muestra claramente la estructura de un sistema político creado por y para beneficio de la burguesía: «(…) la economía socialista de esta época, que, con pretexto de organizar esos derechos, pretende restringir el uso y disponibilidad de la propiedad (cuando no niega el derecho que ésta tiene de existir), y nivelar el trabajo del imbécil con el trabajo del genio (…)» (Gallo, E. 1987 pp.358). Al mismo tiempo ampara «la construcción de ferrocarriles, de promover la inmigración europea, de poner establecimientos de crédito privado, mediante la acción de capitales asociados o unidos, para obrar en el interés de esos fines y objetos.» (Gallo, E. 1987 pp.358). Además, proponía que el papel de la educación sea el de «perfeccionar y de extender la educación industrial» a fin de asegurar la creación de riqueza (Gallo, E. 1987 pp.359). Pero, al mismo tiempo, preocupado por las secuelas de la guerra, anarquía y dictadura, proponía un poder nacional fuerte y centralista, a diferencia del sistema nacional estadounidense que admiraba, generando una contradicción ideológica entre liberalismo y conservadurismo, como sucederá con muchos políticos desde Julio Argentino Roca en adelante.

Este último, considerado según el autor Gallo como el «gran arquitecto del régimen político que rigió la vida argentina entre 1880 y 1916» (Gallo, E. 1987 pp.353) no estaba tan inclinado a los asuntos teóricos, pero influyeron en él las ideas de Alberdi y los escritos de Sarmiento en la década del setenta. Además, inspirado por la vertiente conservadora y nacionalista del pensamiento liberal, se negó al reformismo y en cuanto a la democracia opinaba que «(…) todo apresuramiento en la marcha hacia una democracia plena ponía en peligro la estabilidad institucional tan trabajosamente alcanzada. Los cambios en los hábitos y tradiciones prevalentes sólo podían operar lentamente y mientras no se modificaran seguiría latente el peligro de la anarquía y la guerra civil» (Gallo, E. 1987 pp.354) viendo claramente su postura inamovible del sufragio censitario y ratificando el carácter oligárquico del proceso, donde sólo se tenían en cuenta los intereses de las clases altas en detrimento de las bajas.

Además, tenemos su obsesión por la Unidad Nacional, inspirado por la tradición liberal-nacionalista decimonónica, la cual postulaba lo siguiente sobre la nación: «considerar a la nación como algo autónomo y superior a los individuos que la componen», con lo cual «(…) postulan para el gobierno tareas que la nación, según Roca, exigía perentoriamente para su unificación y crecimiento. Esta obsesión por la unión nacional, contemporánea con un cierto temor a la diversidad cosmopolita, acentuó aún más los rasgos centralistas que desdibujaron significativamente al federalismo argentino»
(Gallo, E. 1987 pp.354). También su firme postura de imponer el orden a través del principio de autoridad: «No es confiadas en los entusiasmos de la plaza pública ni en los arrebatos del momento, que las naciones conservan su independencia e integridad, sino con la paz interior, las virtudes cívicas del ciudadano y el respeto al principio de autoridad y el acatamiento a la Constitución y a las leyes» (Gallo, E. 1987 pp.368). Es partidario también del curso de una sólo moneda nacional para la libertad de empresa y además para no depender de capitales extranjeros constantemente. Así, el estado construye la obra pública o gestiona la construcción de la misma con capitales extranjeros además de promover la inmigración para que luego, bajo la filosofía de libre asociación y empresa, comience el crecimiento económico nacional. Es en este marco que llegaban contingentes de inmigrantes al país. Las cifras del Censo de 1895 dio como resultado un 25% de extranjeros y el de 1914 un 30%; de ellos, la inmensa mayoría eran los inmigrantes de los últimos tiempos que llegaban en gruesos contingentes: más de 1.000.000 en el decenio que va de 1880 a 1890, 800.000 en el próximo decenio 1.200.000 sólo en los cinco años anteriores a 1910.

Por último, el valor de la Justicia, Gallo cita a Julio Argentino Roca: «El problema judicial de la nación debe ser afrontado resueltamente, no sólo por deber moral sino como el medio más eficaz de contribuir, garantizando mejor la vida, la propiedad y los derechos en general, a los progresos materiales y positivos del país. Sería ilusorio, sin una buena justicia, pretender inspirar confianza al trabajo, al capital, a la inmigración y a todas esas energías, extrañas o propias, que la nación necesita atraer y radicar en su suelo»
(Gallo, E. 1987 pp.370-371).

• Política socioeconómica de los gobiernos de Julio Argentino Roca, protagonismo del sector oligárquico terrateniente: resultados cuantitativos y cualitativos.

Uno de los bastiones ya mencionados de la etapa agro-exportadora era el fomento de la inmigración. El autor Cortés Conde expone lo siguiente sobre el aluvión gigante de inmigrantes entre 1870 a 1910: «Muchos de ellos continuaban hacia las zonas rurales poblando extensas zonas de Santa Fe y Entre Ríos y más tarde de Buenos Aires y el sur de Córdoba. Ese millón de chacareros (los colonos «gringos») fue la mano de obra necesaria, el factor humano del increíble desarrollo de la agricultura. Otros (…) se quedaron en la ciudad, ocupándose de las más variadas actividades comerciales que muchas veces combinaron con el trabajo industrial, formando el grueso de empresarios (…) y del personal ocupado en el comercio y la industria. Otros más, auténticos campesinos, tras una frustrada experiencia por convertirse en propietarios volvieron a la ciudad al vencerse sus contratos de arrendamiento y encontrar que una barrera no legal ni manifiesta, pero prácticamente infranqueable les cerraba el acceso a los derechos (de la) Constitución, (…).»
(Cortes Conde, R. 1968 pp.69). Y agrega sobre sus consecuencias: «No solamente modificó la fisonomía del litoral argentino, sino que fue además el elemento determinante del aumento de población que, en treinta años casi se cuadruplicó (…)» (Cortes Conde, R. 1968 pp.69).

Además, Cortés Conde expone que con lo que había sido la campaña del desierto, el país incorporó a la actividad económica 15.000 leguas cuadradas en la más rica zona productora (la pampeana), seguido de las tierras de las tribus indígenas del norte de Santa Fe y del Chaco, territorios que también se incorporaron a la producción. Finalmente fue también la Patagonia, región nueva hacia donde se desplazó el ovino que abandonó mejores tierras a los recientes cultivos agrícolas y a la más refinada producción de carne vacuna para la exportación. El territorio ganado se incorporó rápidamente a la producción; de ahí la estrecha correlación entre el incremento territorial y el aumento del área bajo cultivo (La superficie bajo cultivo en 1872 era de 580.000 ha, en 1888 de 2.459.120, alargado en 1914 a 14.313.360).

El autor Wolf expone que la pampa argentina cumplía el rol perfecto para la producción pecuaria en términos de la teoría de la ventaja comparativa, según la cual, las naciones han de especializarse y exportar aquello que mejor saben hacer.

• La ganadería argentina industrializada comenzó a existir en el último cuarto del siglo XIX, ya que en ésta época se logró refrigerar la carne para transportarla económicamente a los mercados europeos, en particular a Inglaterra. Es aquí que el capital inglés tomó protagonismo a través del desarrollo ferroviario, además proporcionó los pies de cría, cercó los ranchos con alambre de púas, construyó los cuartos refrigeradores a fin de congelar la carne inmediatamente después de muerta la res y puso los barcos refrigeradores que llevaban la carne a través del Atlántico.
• El mencionado autor propone tres fases de expansión de la industria ganadera argentina, todas llevadas a cabo de forma interrelacionada: “Primero, los jinetes araucanos de los pastizales fueron derrotados y destruidos militarmente. Segundo, a los cazadores pamperos semi-independientes de ganado, los gauchos, se les privó de autonomía. Las cercas de alambre redujeron el número de hombres que eran necesarios para mantener a los animales dentro de los linderos del rancho. El gaucho se convirtió en un auxiliar a sueldo. Tercero, se sincronizó la producción en ranchos y fincas agrícolas. Las fincas, dadas ahora en arrendamiento a inmigrantes españoles e italianos, cultivadas en rotación dieron trigo para exportar y alfalfa para los ranchos ganaderos”. (Wolf, E. 2006 pp.390-391).
• En este sentido, Buenos Aires se organizó alrededor de las estancias de producción pecuaria para la exportación a través del puerto y la importación de bienes industrializados en el marco del “librecambio”, logrando que las provincias se articulen a sus intereses. Con esto, formó un circuito económico dinámico y desarrolló un sistema institucional diversificado y ampliamente superior al interior ya que la Estancia organizó la vida de la campaña. Esta producía para el consumo interno y externo, aprovechando integralmente al ganado, lo cual tenía como contraparte una remuneración salarial.

Pero las provincias del interior poseían un escaso desarrollo desde la desvinculación con Potosí, y las de la región del Litoral que, si bien tenían un desarrollo anterior a Buenos Aires, se vieron relegadas a un segundo plano por ésta, la cual poseía el puerto. Tomando a la autora Bonaudo[1], ella expone que las economías de las provincias del norte y cuyanas, tradicionalmente vinculadas con los centros mercantiles andinos y del Pacífico, tuvieron que optar por una articulación del interior a su reorientación Atlántica, debido a las modificaciones sufridas por estos espacios. Es así que la lógica del capital mercantil consolidó en Mendoza un modelo de ganadería comercial, cuyo centro giraba en torno a la producción de forrajeras y al que se vinculaban subsidiariamente cereales y frutas, y en Tucumán se gestó una alternativa mercantil-manufacturera alimentada por la producción de azúcares, aguardientes y cueros. Es decir, ambas operaron como nexos entre mercados distantes y ambas se vieron fortalecidas en este proceso, proyectando sus burguesías, entre las últimas tres décadas del siglo XIX, dos experiencias agro-industriales: la azucarera y la vitivinícola.

Según el autor Gallo, se registraron en la Argentina del período 1880-1914 «una de las tasas de crecimiento económico más altas del mundo. La expansión económica generó un cambio profundo de la estructura social como consecuencia de la entrada de millones de inmigrantes europeos y de un rápido proceso de movilidad social ascendente» (Gallo, E. 1987 pp.351), pero Romero explica minuciosamente las causas del crecimiento económico y demográfico y desarrolla con mayor detalle el proceso agropecuario: «Esta transformación demográfica del país respondía a los intensos cambios económicos que se habían producido desde que comenzaron a refinarse los ganados vacuno y ovino y a extenderse las áreas de cultivos de cereales. En 1883 se instalaron los primeros frigoríficos argentinos, que al cabo de poco tiempo fueron sobrepasados por los que se crearon con capitales británicos y norteamericanos para servir a las demandas del mercado inglés. A las exportaciones de ganado en pie se agregaron entonces las de carnes congeladas, cuyo volumen se intensificó considerablemente en poco tiempo. Por la misma época la producción de cereales comenzó a exceder los niveles del consumo interno y se pudo empezar a exportarlos con tal intensidad que, en el quinquenio comprendido entre 1900 y 1904, las cifras del comercio exterior revelaron una equivalencia entre la exportación de productos ganaderos y de productos agrícolas, cuando veinte años antes la ganadería superaba trece veces el volumen de la agricultura. Este vasto desarrollo de la producción agropecuaria se cumplió en las viejas estancias que se modernizaron utilizando reproductores de raza, pero también en las chacras, generalmente arrendadas, que explotaban agricultores italianos o españoles en las provincias litorales. La cría de la oveja, entre tanto, retrocedía hacia las tierras recientemente incorporadas a la producción en los territorios de La Pampa y Río Negro, donde, como en el resto del país, se constituyeron grandes latifundios.» (Romero, J. L. 1965 pp.46).

Además, existía un intenso comercio y movimiento de personas en los puertos -en Buenos Aires, en Rosario, en La Plata-, lo cual obligó al gobierno a construir por sí mismo o a través de inversiones, obras que sean capaces de soportar el creciente movimiento. Expone el autor sobre las obras: «En 1890 se inauguraron los trabajos del puerto de La Plata y de una sección del de Buenos Aires, quedando concluido este último siete años después. Continuó, entre tanto, la prolongación de la red ferroviaria, que comenzó a caer dentro del monopolio de los capitales ingleses por la deliberada decisión del gobierno, según el principio de que sólo las rutas improductivas debían ser explotadas por el Estado, en tanto que las productivas debían quedar libradas al capital privado (…) con el objeto de que acudieran a estimular el desarrollo de las posibilidades económicas que el país no podía encarar con sus propios recursos». (Romero, J. L. 1965 pp.46).

Luego habla sobre los grupos financieros extranjeros, los cuales, luego de las inversiones, ofrecieron al Estado argentino sucesivos empréstitos, siendo otro de los grupos beneficiados en esta etapa. Detalla: «12 millones entre 1880 y 1885, 23 millones entre 1886 y 1890, 34 millones entre 1891 y 1900, y realizaron cuantiosas inversiones en explotaciones bastante productivas cuya vigilancia ponía en manos de los inversores un decisivo control sobre la vida nacional. Quedaron en su poder los dos grandes sistemas industriales de carácter moderno que se habían organizado hasta entonces: los ferrocarriles y los frigoríficos; pero al mismo tiempo surgieron entre 1880 y 1890, especialmente en Buenos Aires, otras industrias menores desarrolladas con capitales medianos, especialmente en el campo de las artes gráficas, de la alimentación, de la construcción y del vestido». (Romero, J. L. 1965 pp.46).

Puede vislumbrarse entonces que todo era influenciado por el contexto económico internacional, donde jugó un rol importante la apertura del Reino Unido al comercio libre en la segunda mitad del siglo XIX a causa de los rendimientos decrecientes de las tierras menos fértiles, lo cual llevó a que realicen inversiones externas como en nuestro país. Es así que el desarrollo de la navegación y los ferrocarriles repercutió en la rápida baja de los fletes marítimos en las regiones marginales ubicadas en las zonas empleadas, las cuales ofrecieron grandes ventajas porque eran países de tierras fértiles. Además, esto incrementó su producción ya que obtenían rápidamente un mercado debido a que la navegación y el transporte se hicieron rápidos y baratos.

Es decir, Argentina e Inglaterra (en realidad otros países también, pero principalmente este último), entraron en una lógica de complementariedad, donde la mayor productividad del país agrícola incidió en la disminución de costos del empresario industrial (por la baja del salario real), aumentado sus beneficios; la demanda del sector industrial determinó el aumento de las rentas del sector agrícola, que volvió a beneficiar al industrial a través de una nueva demanda de manufacturas y de inversiones en la infraestructura que posibilitaran el transporte de cereales en condiciones y a precios retributivos. Entonces esto se complementó con la instalación de la red ferroviaria, una de las más extensas del mundo, cuyo trazado fue condicionado al comercio de exportación, la construcción de elevadores, puertos, etc. Estas inversiones significaron un elemento adicional que dio mayor dinamismo a la economía, y que al crear ingresos adicionales promovió también un incremento de las importaciones. Es por esto que se desalentó la industrialización dura en el país y sólo se realizó la de simples manufacturas vinculadas con la producción agropecuaria.

El autor explica que, tanto la incorporación de tierras como la de mano de obra, se hicieron a bajo costo por los propietarios, los cuales movilizaron las milicias y estas extendieron las fronteras, suministrando economías externas a los productores, que “curiosamente” en los repartos se beneficiaron los mismos propietarios de hace dos décadas atrás. Es decir, tuvo un activo papel el Estado al suministrar economías externas a los propietarios (mantenimiento y extensión de las fronteras), pero con un costo social que fue sostenido proporcionalmente por toda la población (en la medida que la contribución directa era ínfima y los impuestos gravaban la importación y el consumo) y que favoreció económicamente en su mayoría a los sectores tradicionales, beneficiados en su totalidad por las políticas económicas del Estado argentino en esta etapa, a diferencia de la próxima.

Además, fue muy importante la política oficial de créditos, la cual operó de verdadera política de subvenciones para aquellos a quienes favoreció en la medida en que la tasa de interés de plaza era mucho mayor que la bancaria. Otros factores que favorecieron a la concentración de tierras fueron la política de inflación en la década del 80`, que favoreció a los antiguos propietarios, y el régimen legal de la propiedad de la tierra y de los arrendamientos desarrollados extensamente en el Código Civil que se aprobó en 1862.

Todo esto hizo que la política inmigratoria no sea de «colonización» como se proclamaba, sino de trabajo arrendado
en las tierras de grandes propietarios, y es por esto que se enriquecieron a bajo costo. Es que la producción agropecuaria para el sistema capitalista necesita de una explotación intensa, con lo cual necesitaba también de mucha inversión inicial, al menos en salarios, y es por eso que se optó por el sistema de arrendamientos para la mayor parte de las tierras que se iban incorporando.

Pero muchos otros inmigrantes fueron a parar al sector urbano, realizando actividades para el mercado interno que no competían, salvo casos muy excepcionales, con la manufactura importada. Esto era así por la falta de protección aduanera, la de créditos y de un mecanismo de comercialización, lo cual condujo a que en su mayor parte la manufactura local no pudiera pasar de niveles muy bajos de producción. Lo explica el autor: «La protección aduanera al encarecer el artículo importado hubiera permitido competir al nacional que trabajaba a mayores costos. Pero hubiera significado también un desplazamiento de la renta del sector agropecuario al industrial, al obligar al primero a comprar al segundo a un precio más elevado que el de las manufacturas importadas. En esa medida la industria hubiera permitido contar con el capital que le faltaba, dada la elevada tasa de beneficios del sector agropecuario. Esto que mucho después (al menos para algunos) se mostró como necesario, hubiera sido lo que debió hacerse si tenemos en cuenta la relativa inelasticidad de la demanda en la producción agropecuaria y los rendimientos decrecientes de la tierra.»
(Cortes Conde, R. 1968 pp.82). Por último, agrega: «Esa falta de capital en el sector manufacturero respetó sólo dos excepciones: la de las industrias vinculadas a la exportación y el raro y excepcional caso de la producción del azúcar en Tucumán, sostenida por el Estado» (Cortes Conde, R. 1968 pp.88). Esto lógica cambiará en la próxima etapa analizada, como ya será expuesto.

Es en unas y otras empresas que comenzaron a vislumbrarse las diferentes condiciones para los obreros asalariados que trabajaban en ellas, pero la mayoría compartía largas jornadas, salarios que disminuían en su poder adquisitivo a medida que crecía la inflación causada por la crisis financiera culminada en 1890, etc. Todo esto provocó los primeros conflictos sociales y la aparición de nuevas e inusitadas tensiones en la vida argentina.

Ante estos conflictos, sumados al enfrentamiento de la clase patricia y los criollos, inmigrantes, etc. Roca decidió continuar con su proyecto de país. Expone Romero: «Los ingentes gastos fiscales que demandaba la aceleración del cambio económico (…) alteraron la estabilidad monetaria del país; comenzó una incontenible inflación que, sumada a la arbitrariedad con que se manejaron los créditos bancarios y al creciente desarrollo de la especulación con los valores de la tierra, provocó una difícil situación que Roca quiso resolver con la ley monetaria de 1881. Pero no por eso cesó la emisión de papel moneda y la crisis siguió avanzando (…).» (Romero, J. L. 1965 pp.47).

Hacia finales de su mandato en 1886, Roca siguió manteniendo su autoridad y el manejo de los hilos que movían la política electoral. Para las elecciones de 1886 logró imponer la candidatura de Miguel Juárez Celman.

En las elecciones de 1898 se repetiría el cuadro tradicional de los comicios fraudulentos, y Roca fue elegido por segunda vez presidente de la República. El autor caracteriza el segundo gobierno de la siguiente manera: «Nuevas leyes financieras e impositivas robustecieron la moneda, en un momento en que volvía a desarrollarse intensamente la producción agropecuaria, se multiplicaban las obras públicas – ferrocarriles, puertos, canales de riego, balizamiento de costas, obras sanitarias – y se ordenaba la administración pública. Las clases acomodadas veían cumplirse un programa de gobierno progresista; en cambio, las clases trabajadoras acusaban una inquietud cada vez mayor por la disminución de los salarios y sobre todo por la creciente desocupación. En 1902 el problema hizo crisis y estalló una huelga general que paralizó a la ciudad de Buenos Aires. La respuesta del gobierno fue la sanción de la «ley de residencia» que lo autorizaba a deportar a los extranjeros que «perturbaran el orden público». (Romero, J. L. 1965 pp.49-50).

Hacia el final de su mandato, crecían los inconvenientes sobre la sucesión presidencial. Pellegrini y Roca comenzaron a diferenciarse dentro del PAN ya que el primero criticaba enérgicamente el fraude electoral y la tendencia oligárquica del Partido, comenzando a vincularse a Roque Sáenz Peña e Hipólito Yrigoyen. Mas Roca seguía moviendo los hilos de su partido, manejados en la provincia de Buenos Aires por Marcelino Ugarte, y volcó su influencia a favor de la candidatura de Manuel Quintana, quien obtuvo el triunfo en comicios viciados y fraudulentos el 4 de febrero de 1905.

El período final que analiza Conde, el del centenario de la Nación, es un período de prosperidad económica, pero admite que la riqueza estaba concentrada en muy pocas manos a causa de las desigualdades, más eran casos aislados y en cierto modo demasiado distantes como para repercutir directamente en la economía argentina. Aún así, el principal problema de esta etapa fue que los excedentes creados por la exportación agropecuaria no se utilizaron para industrializar el país y generar un crecimiento sostenido, sino que se dilapidaron en lujos de la oligarquía como majestuosas construcciones, actividades culturales, etc. de las que una parte de los inmigrantes europeos disfrutaron también junto a la élite criolla por compartir valores, hábitos, gustos y costumbres que eran los del viejo continente. Concluye entonces: «Este hecho creó la imagen de que se habían alcanzado niveles de los más progresistas e industrializados países del mundo. Y en alguna medida era así. Población europea, extendida educación, centros urbanos que como Buenos Aires poco tenían que envidiar a los de la Europa milenaria. Sin embargo, faltó algo. Detrás de la adelantada Argentina urbana había una sociedad casi pastoril. No existió un correlativo desarrollo industrial. Cuando las circunstancias cambiaron y el impulso externo faltó nos encontramos que se había edificado un castillo en el aire. No bastaron, sin embargo, la primera guerra y el fuerte golpe que en todos dejó la crisis de 1929 para comprenderlo.» (Cortes Conde, R. 1968 pp.88).

Para concluir, puede decirse que lo positivo de esta etapa fue el intentar dar un ordenamiento institucional, político y económico-productivo a la Argentina a través de la inserción en los mercados capitalistas internacionales impuestos por nuestras ventajas comparativas, en el marco de la división internacional del trabajo, para lo cual fue necesario recibir inversiones y créditos extranjeros que acrecentaron la cantidad de obras infraestructurales. Además, fue positivo tanto crear una moneda nacional, aunque después su excesiva emisión para financiar los gastos del estado produjo inflación; como incentivar la inmigración en el país, a fin de poblarlo y generar trabajo y crecimiento, lo que sin duda repercutió en el incremento del PBI, aunque en un marco de condiciones de trabajo negativas y de represión a los primeros movimientos obreros organizados. Es por esto que también fue negativo el crecimiento de la corrupción de las elites dominantes que se aprovecharon del contexto de bonanza económica por el crecimiento de las exportaciones, para beneficio propio y de los capitales británicos. Ante esto, no se generaron oportunidades para todas las clases sociales por igual, hecho por el cual se concentró la tierra en pocas manos, el voto era restringido y el federalismo nacional llegó a ser imposible de realizar, además de no industrializar el país para lograr un desarrollo económico realista a largo plazo.

• MODELO DE INDUSTRIALIZACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES Y GOBIERNOS DE JUAN DOMINGO PERÓN (1946-1952 y 1952-1955):

La Tradición histórica argentina denomina “Modelo de Sustitución de importaciones” al período que se extiende desde 1930 con la caída de la bolsa de Nueva York y las consecuencias sociopolíticas y económicas que tuvo en Argentina; al año 1955 con el golpe de estado a la segunda presidencia de Juan Domingo Perón, denominado “la Revolución Libertadora”. Esta etapa se caracterizó porque los Estados debieron tomar medidas políticas, sociales y económicas para palear la crisis internacional que repercutió en todos los países. Al ponerse en jaque el sistema liberal o capitalista por la crisis, el Estado busca tener un rol central en la economía, regulándola. El Estado impulsaba el consumo y mejoraba las condiciones laborales, a fin de que no se caiga el sistema económico. Así, el Estado protegía las instituciones capitalistas interviniendo el mercado para que ya no se regule a sí mismo, debido a que con esta teoría habría entrado en la crisis que se vivía por aquél entonces.

En este marco, el Estado argentino se aboca a ser la institución central de rescate, el famoso “estado benefactor” de Keynes, en una crisis económica también agravada por las guerras mundiales. Aparece la lógica del “estado empresario” que comienza a proveer a la población de los bienes y servicios que antes proveía el sector privado. Los gobiernos más representativos de esta etapa y los que son analizados en detalle y contraposición a la experiencia agro-exportadora inicial, son los de Juan Domingo Perón (1946-1952 y 1952-1955). A partir de ello se intenta una industrialización pesada en el país, además de dar mayor participación en la distribución de riquezas a las masas, sobre todo al sector obrero, a través de medidas que serán expuestas a continuación.

• Relación con el catolicismo y ruptura:

Como expone el autor Norberto Galasso, el 4 de junio de 1946, Juan Domingo Perón asume como presidente de la Nación Argentina, iniciando así un complejo período de nueve años que se cierra el 16 de setiembre de 1955, al ser derrocado por un golpe militar.

Galasso teoriza a cerca de la concepción que cada corriente ideológica tiene del período: «El pensamiento liberal- conservador ha reducido esta experiencia muy rica en protagonismo popular calificándola como «dictadura», «totalitarismo» o «tiranía». La izquierda tradicional lo juzgó durante mucho tiempo como una expresión del «fascismo» o del «nazismo» que derrotado en Europa habría reflorecido en nuestro país. La «Historia Social» lo reduce desdeñosamente a la condición de «populismo», es decir, un fenómeno político que si bien contenta a las masas y les otorga cierto protagonismo, cultiva la demagogia y no concreta transformaciones económico-sociales de importancia» (Galasso, N. 2003 pp.2).

Lo cierto es que este proyecto de gobierno asume a partir de una alianza inicial con el proyecto sociopolítico y económico de la Doctrina Social y de la Iglesia, a saber: conciliación de clases, distributismo a través de la «justicia social» y corporativismo para la reconstrucción orgánica de la sociedad.

La autora Susana Bianchi expone el rol central del catolicismo en la década del 30′ y del 40′, teorizando lo siguiente: «En la Argentina, durante la década de 1930, los católicos emergieron como un vigoroso actor político, dispuestos a transformar al catolicismo en el principio organizador de la sociedad. Dentro de esta perspectiva, el golpe militar de junio de 1943 y el ascenso del peronismo fueron visualizados como la posibilidad de instrumentar los aparatos de Estado y su capacidad coercitiva como medios para establecer la hegemonía católica. Para el naciente peronismo, a su vez, el apoyo de la jerarquía eclesiástica constituía una importante fuente de legitimación. (…) la Iglesia católica se constituyo, junto con el Ejército y los sindicatos obreros, en una de las bases del acceso de Perón al poder» (Bianchi, S. 1994 pp.25).

En cuanto a las coincidencias en ambos proyectos de país, expone que ambos tomaban la posición de “terceristas”, es decir, creían que el capitalismo era la explotación de unos sobre otros y el comunismo la explotación del estado hacia el hombre. Teoriza: «El principal punto de contacto se encontraba además en el reconocimiento de los conflictos sociales y en la idea de su superación mediante la conciliación de clases. En esta conciliación, el Estado jugaba un papel esencial: por un lado, como mediador de los conflictos; por otro, como ejecutor de una política redistributiva que tanto el peronismo como el catolicismo definían como ‘justicia social’» (Bianchi, S. 1994 pp.25). Y agrega: «Ambas habían abrevado en las mismas fuentes: los principios del corporativismo que aspiraban a la reconstrucción orgánica de la sociedad. De esta manera, se consideraba la posibilidad, mediante políticas reguladoras, de organizar a la sociedad como un cuerpo solidario, en donde estuviesen neutralizados los elementos conflictivos: la lucha de clases en el campo social y la lucha ideológica en el campo político.» (Bianchi, S. 1994 pp.26).

Pero sucedió que al asumir Perón, la relación con la Iglesia se fue deteriorando y distanciando en el período que iría hasta 1955. En este sentido, argumenta la autora: «Desde la perspectiva del catolicismo, la visión tomista de una sociedad orgánica y jerarquizada, asimilada al orden natural, era confrontada con la irrupción del populismo, percibido como una disfunción que afectaba un orden fundado moralmente”. (Bianchi, S. 1994 pp.29).

La Iglesia criticaba el carácter fuertemente “obrerista” que impregnaba al peronismo y sus políticas redistribucionistas, definidas como “justicia social”, las cuales en realidad tendían a cubrir las necesidades sociales básicas -vivienda, salud, educación, jubilaciones-. Expone Bianchi:
«Para muchos católicos, la redistribución de bienes simbólicos -espacios, formas de vida, valores- fue percibida como una subversión del funcionamiento del cuerpo social y de la posición que cada uno de sus miembros debía ocupar. La irrupción de las clases populares, que adquirían una mayor visibilidad, fue entonces considerada como un desorden que alteraba los mismos fundamentos de la sociedad. (…) los problemas o conflictos sociales -alteración un ordenamiento divino- fueron percibidos como problemas éticos.» (Bianchi, S. 1994 pp.30).

La autora Bianchi teoriza además que otro campo de disputas fue el de la Educación, debido al excesivo personalismo o «peronización» que se intentaba darle a la misma desde 1950, donde se veneraba su figura y la de Eva Duarte, imponiéndose como lectura obligatoria la biografía de Eva “la razón de mi vida”, lo que fue visto por el clero como una religiosidad paralela.

Otros problemas que detectó la Iglesia fue el avance del estatismo en áreas de la vida privada que ésta creía de su incumbencia, aunque se beneficiaba de las políticas tradicionales de distribución de las riquezas generadas (salario familiar, planes de vivienda, etc.) y del fomento del crecimiento poblacional a través de la asistencia natal a las madres, regulación de métodos anticonceptivos y aborto, regulación de las actividades extra-domésticas de la mujer, etc. para el posterior crecimiento económico. (Bianchi, S. 1994 pp.27). La Iglesia desconfiaba porque decía que el Estado le quitaba al padre de familia el rol de proveedor y a la mujer el rol de educadora ya que el niño pasaba a ser adoctrinado en la Escuela. Además de la creciente politización que obtuvo la mujer con el sufragio femenino (1947) y la aparición del Partido Peronista Femenino (1949), cuando ella debía cumplir un rol de piedad y cuidado de los hijos en la casa.

Por último, la Iglesia vio definitivamente con malos ojos cuando le fueron quitadas las obras de caridad por el asistencialismo estatal: se le quitaban subsidios a las fundaciones católicas y se pasaba a financiar obras del Estado como la Fundación Eva Perón.

Rompen definitivamente con la reforma constitucional de 1949, la autora expone: «En rigor, la reforma se limitó a incorporar a la Constitución la cláusula que establecía la reelección presidencial y la declaración de derechos sociales. Si bien mantuvo el status privilegiado del catolicismo -religión que debe ser sostenida por el Estado y a la que debe adherir el Presidente de la República-, no modificó los artículos que, según la Iglesia, son contradictorios con dicho status. Desde la perspectiva eclesiástica, la Constitución del 49 conservaba resabios regalistas, como el derecho de patronato, además de mantener ideas iluministas y liberales, como el principio de la soberanía popular. Con la reforma constitucional había quedado muy claro para la Iglesia católica que el gobierno peronista no estaba dispuesto a admitir que el catolicismo se transformara en ‘el contenido ético del Estado’.» (Bianchi, S. 1994 pp.29).

Puede verse cómo el Estado comenzaba a entrometerse en los fueros que la Iglesia creía propios y mucho peor, a ir en contra de la Doctrina Social y de la Iglesia. El Estado había logrado completar la subordinación de las estructuras de la Confederación General del Trabajo (CGT); los partidos políticos estaban rigurosamente controlados, se reprimían disidencias de dirigentes políticos y actores universitarios, se controlaba los medios de comunicación, etc. Además, el día 17 de octubre de 1950, en el acto de Plaza de Mayo, Perón enunció las llamadas “Veinte Verdades”, buscando dar un contenido definido y definitivo al justicialismo y esto significó una oposición al poder Magisterial de a la Iglesia en definir la Verdad en términos de fe y moral. A esto se sumaba la baja asistencia de fieles a la Iglesia (8,9% de los bautizados), resultados contrarios a los que anhelaba conseguir la Iglesia con la construcción de un orden social católico en alianza con el estado. Se suma a todo esto el apoyo que la Iglesia creía que el estado brindaba a confesiones no-católicas (espiritismo y la iglesia pentecostal) ya que todos anhelaban llegar a las masas populares urbanas, la creciente «sacralización» de sus figuras públicas (se le hacían oraciones a Eva cuando estaba enferma y luego de fallecida) y el anhelo de elevar la política a una religión de las masas a través de la revista Mundo Peronista a partir de 1951. Es así que, como será mejor detallado hacia el final, en 1955 la Iglesia, habiendo roto las relaciones con el peronismo de forma irreconciliable, apoya el golpe de Estado de la Revolución Libertadora.

• Relación con la doctrina económica del Keynesianismo, políticas sociales de mayor participación de sectores populares: resultados cualitativos y cuantitativos.

El autor Galasso expone que a partir del peronismo, se daría protagonismo a sectores nacionales y anti-imperialista que habían sido damnificados por el antiguo régimen agro-exportador antes analizado, el cual era parte de una economía complementaria del Imperio Británico. El autor nombra a estos integrantes del pueblo argentino:
“(…) trabajadores de una industria reciente crecida al calor de la crisis del treinta y de la Gran Guerra; sectores de clase media de modestos recursos, empleados de servicios y del aparato estatal; trabajadores estacionales y clases medias empobrecidas del interior; partes de un empresariado nuevo de capital nacional que vende al mercado interno, sectores de la oficialidad del Ejército con posición nacional, en algunos casos, industrialistas; sectores de la Iglesia, a veces sacerdotes de vocación popular, pero más especialmente aquellos que desde una óptica conservadora intentan que los cambios que estiman inevitables se produzcan en orden”. (Galasso, N. 2003 pp.3).

A esta confluencia de clases las denomina sectores “nacionales”: “(…) Se trata, pues, de un frente anti-imperialista o frente nacional capaz de llevar a cabo esa ruptura de la dependencia. Esas diversas víctimas del imperialismo inglés, al no encontrar canales, en el escenario político del 40, por donde expresar su vocación de cambio, «inventan» el peronismo.» (Galasso, N. 2003 pp.3).

Estas políticas económicas del gobierno de Perón estuvieron basadas en la doctrina económica de John M. Keynes, la cual fue adoptada en gran parte de los países del mundo para palear el contexto de crisis. El autor Vercesi comienza exponiendo la mencionada doctrina económica para luego argumentar su aplicación en Argentina. Expone sobre Keynes: «En su ‘Tract on Monetary Reform’ de 1923 recomienda reemplazar el patrón oro, vinculado a la inestabilidad monetaria que causaba desequilibrios económicos, por un dinero más controlado por el Gobierno. Entre la inflación moderada o la desocupación, opta por la primera. (…) Recomienda una elevación de los salarios pero no de tipo nominal sino a través del desarrollo del sistema de la seguridad social y una reducción de los impuestos, con el fin de estimular el consumo. (…) El déficit fiscal aparece como una necesidad pues había que poner el énfasis en la inversión pública. La tasa de interés está determinada por la cantidad de dinero y por la preferencia por la liquidez» (Vercesi, A .J. 1995 pp.35). Además: «(…) recomendaba preferentemente la acción directa de las obras públicas para estimular la demanda efectiva» (Vercesi, A .J. 1995 pp.36).

Keynes propone una intervención total del estado
para que aumente la demanda efectiva: «(…) el impuesto progresivo para elevar la propensión media al consumo de la comunidad; las obras públicas -inversión pública-; estímulo a la inversión privada, una política monetaria más concentrada y activa y mucho más flexible tendiente a incentivar la inversión, manteniendo lo más bajas posible las tasas de interés; apoyo a las políticas de incremento a los componentes sociales de los salarios, apoyo al sindicalismo.» (Vercesi, A. J. 1995 pp. 36). Luego, el autor expone que en Argentina se llevan a cabo las siguientes medidas: “a) Intervención estatal creciente. b) Redistribución del ingreso, incrementando la propensión media a consumir de la comunidad a través del incremento en los componentes sociales del salario, incremento del salario real. Aumento de la demanda efectiva. c) Una política monetaria, bancaria y crediticia mucho más flexible, tendiente a la caída en la tasa de interés para promover la inversión.

d) Intensos programas de inversión pública. e) Énfasis puesto en el objetivo prioritario del pleno empleo de los recursos” (Vercesi, A. J. 1995 pp.42). También, el Poder Ejecutivo fijó los siguientes objetivos: “l) Cancelar la deuda pública externa. 2) Nacionalizar los servicios públicos de propiedad extranjera. 3) Crear una flota mercante. 4) Acelerar la industrialización del país. 5) Elevar el nivel de vida de los trabajadores (…).” (Vercesi, A. J. 1995 pp.45).

Las mencionadas medidas serán ampliadas y detalladas a continuación. En este sentido, tenemos dos miradas contrapuestas de estas políticas económicas y sus resultados. Los autores Vercesi y Galasso destacan que esta etapa de la Historia argentina fue muy positiva en términos cualitativos, es decir, generaron beneficios para las mayorías y un crecimiento económico integral del país; mientras que los autores Conde y Ferres realizan ciertas críticas a la etapa por los errores en materia cuantitativa de sus políticas económicas.

En primera instancia, Vercesi realiza un resumen inicial de las políticas de Perón. Expone que en el año 1944 se crea el Consejo Nacional de Postguerra, el que sería dirigido por al Vicepresidente de la Nación, Perón. Luego, ya con Perón como presidente, expone que en el año 1946 se nacionaliza el Banco Central, y se aprueba la Ley sobre Régimen de garantía de los Depósitos Bancarios. En octubre del mismo año se presenta al Congreso el Primer Plan Quinquenal (1947-1951), cuyo objetivo era «(…) la industrialización acelerada, mediante protección, subsidios, desgravaciones impositivas, tipos de cambio diferenciales y el apoyo del Banco de Crédito Industrial Argentino (dependiente del sistema del Banco Central)» (Vercesi, A.J. 1995 pp.39). Luego es propuesto un gran programa de obras públicas, se diagraman censos a través del Departamento Nacional de Estadísticas y Censos, se promueve el crecimiento demográfico, la inmigración y la colonización, amplia acción social, acceso a la vivienda económica, promoción de la construcción, energía, transporte. Se tiende a la promoción del pleno empleo de los recursos. En síntesis: «Se procede a una industrialización a ultranza, creciente intervención del Estado, se unifica la política económica, primero a través de la Comisión Nacional de Postguerra y luego del Banco Central nacionalizado (1946)» (Vercesi, A.J. 1995 pp.39).

El objetivo era crear un mercado amplio a fin de concretar la mayor independencia productiva posible de los mercados externos. En este sentido, el autor expone: «(…) se promueve una redistribución del ingreso: reformas sociales, obras sociales, desarrollo del sindicalismo. (…) Esto tiende a hacer crecer la demanda efectiva -objetivo de tipo keynesiano-. Política de nacionalizaciones de los servicios públicos (ferrocarriles, teléfonos, energía, etc.), propiedad de capitales extranjeros» (Vercesi, A. J. 1995 pp.40). Además, el sector agrario va a dejar de tener el lugar protagonista: ya que a través del IAPI. (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio) se nacionalizó el comercio exterior.

Galasso coincide con lo anterior y expone que a través de las políticas socioeconómicas de Perón se da lo que él denomina como «Liberación Nacional», es decir, el quiebre de la independencia con Gran Bretaña. Esto ya que toma ciertas medidas como las siguientes: «la nacionalización del Banco Central que pone en manos del Estado el control de los cambios, las tasas de interés y la circulación monetaria; la nacionalización de los depósitos de la banca privada que entrega al Banco Central el control del crédito, la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) que significa el control estatal del comercio exterior (antes en manos de un puñado de consorcios extra-nacionales); la nacionalización de los ferrocarriles y de empresas de transporte automotor que permite reglar las comunicaciones terrestres según las conveniencias nacionales (…); el impulso dado a la flota mercante que permite lograr la suficiente independencia para manejar nuestras exportaciones sin depender, como antes, de las exigencias de la «Blue Star Line» inglesa; la implantación de un régimen estatal de reaseguros (INDER), que quebranta la subordinación al Lloyds de Londres, ejercido, a través de Leng Roberts y reducía las posibilidades de manejar autónomamente nuestro comercio exterior”. Además, agrega que se recupera la soberanía portuaria y se reemplaza a la CIA, entre otras medidas como la siguiente con respecto a los empréstitos: “(…) Por unos pocos años, la Argentina vivió sin deuda externa, al tiempo que privilegiaba convenios bilaterales para resguardar sus reservas y defendía tozudamente el precio de sus productos exportables. (…) aprovecha la debilidad del imperialismo británico al concluir la Segunda Guerra para quebrantar los lazos con que nos sometía y al mismo tiempo, adopta las medidas necesarias para que el imperialismo yanqui -no pueda suplirlo en su función opresora (es el único país de América Latina que no ingresa al sistema del Fondo Monetario Internacional).»
(Galasso, N. 2003 pp.4-5).

El Estado llevó a cabo un capitalismo nacional, hubo inversión, actividad productiva, sustitución de importaciones y el apoyo estatal a la industria nacional. Se dio la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, las bases de la industria pesada (SOMISA), la vinculación con el mundo a través de una empresa aérea nacional (Aerolíneas) y la instalación de la Televisión. Este fue un capitalismo diferente al que se dio en el mundo, expone el autor: «(…) Aquí, en la Argentina, tuvo dos peculiaridades: por un lado, el proceso de crecimiento de las fuerzas productivas se caracterizó por una poderosísima franja de empresas estatales, a tal punto que podría hablarse más de una economía mixta que de una economía privada; por otro lado, la acumulación del capital no se basó fundamentalmente en la explotación de los asalariados, sino en la translación de ingresos desde el sector agrario al sector industrial. (…)»
(Galasso, N. 2003 pp.5).

Pero el verdadero objetivo era la industrialización pesada del país, la cual no podía ser llevada a cabo por la burguesía nacional ya que sólo se encargaba de la liviana, con lo cual el estado tuvo que ocupar ese lugar. Expone el autor: «De allí la política peronista que, en pocos años, arma una estructura poderosa de empresas estatales: Agua y Energía, Gas del Estado, ENTel, AFNE, ELMA, INDER, YPF, ENCOTEL, Ferrocarriles, Aerolíneas, Bancos estatales y Banco Central convertido en receptor de los depósitos de la banca privada, IAPI, Vialidad Nacional, Elevadores, Comisión de Energía Atómica, Puertos. Además, incursiona profundamente en áreas propias de la empresa privada: desde aquellas que implican una inversión de base muy alta, como la siderurgia o la explotación del carbón (YCF) y la energía (especialmente usinas hidroeléctricas desaprovechadas durante décadas por la importación del carbón inglés), sino también el grupo de las empresas DINIE (49 empresas, entre las cuales hay metalúrgicas, farmacéuticas, de construcción, químicas, etc., basadas en las ex-empresas alemanas Osram, Geigy, Bayer, Crisoldinie, Metaldinie, Ferrodinie) y el complejo de Fabricaciones Militares (empresas productoras de plaguicidas, funguicidas, solventes, productos químicos, etc., la fabricación de motores, autos y tractores en IAME-DINFIA alcanzando, en 1953, a destinar el 80% de su producción al consumo civil)”. (Galasso, N. 2003 pp.6).

Es por esto que muy pocos miembros de la burguesía nacional apoyaron a Perón (Miranda y Gelbard fueron sus principales exponentes) y el apoyo fue de parte de los trabajadores. Es así que les reconoce a estos una serie de reivindicaciones importantísimas, como nunca antes en nuestra historia y es por esto que realmente se trata de un gobierno benefactor de las mayorías, a diferencia de la etapa agro-exportadora. Expone sobre las conquistas que reconoce Perón a la clase obrera: «aguinaldo, tribunales de trabajo, sindicatos por rama, afiliación masiva, delegados de fábrica, comisiones internas, generalización de vacaciones pagas, indemnización por despido y accidentes de trabajo, estatuto del peón rural, salario mínimo, convenios colectivos, turismo social, CGT única, Ministerio de Trabajo, pensiones, salario real en ascenso, agregados laborales en embajadas, plena vigencia de leyes laborales de antigua data que carecían de aplicación efectiva e incluso reconocimiento constitucional a los derechos más importantes.» (Galasso, N. 2003 pp.7).

Luego, explica el histórico problema de la renta diferencial, el cual Perón le da una solución que se convierte en el principal eje económico de su gobierno. Expone: «(…) controla decididamente la exportación a través del IAPI, el control de cambios y el Banco Central, concentra además la exportación defendiendo los precios y entabla duras negociaciones con los ingleses en materia de carnes (…). Es decir, rescata la parte de la renta diferencial que se llevaba el imperialismo con bajos precios, pero, además, fija un tipo de cambio sobrevaluado que implica la apropiación de una parte de lo que percibe el exportador por sus ventas. Esa parte de renta diferencial es transferida por el Banco Central a los industriales que -utilizando ese tipo de cambio alto- logran importar a bajo precio máquinas e insumos, mientras la combinación con tarifas aduaneras protectoras impide la competencia del producto terminado extranjero a las nacientes industrias. Otra masa de riqueza, a través del Banco de Crédito Industrial les llega a los industriales en forma de créditos a bajas tasas de interés en el curso de un proceso de inflación controlada, con lo cual se financian al devolver mucho menos de lo que habían recibido realmente”. Agrega otras medidas: “(…) la congelación de arrendamientos rurales permite estrechar los márgenes de los terratenientes en provecho de los chacareros arrendatarios y los alivia a éstos del menor precio que resulta de la exportación al mencionado tipo de cambio. El congelamiento de alquileres urbanos -no sólo de viviendas sino también de locales- actúa asimismo como un subsidio a los sectores comerciales e industriales reduciendo la renta parasitaria de los dueños de inmuebles.» (Galasso, N. 2003 pp.8).

Por otro lado, y con una mirada antagónica, tenemos al autor Ferres Orlando, quien teoriza que en la década del 40, especialmente en su segunda mitad, se inició una nueva etapa en el crecimiento del Estado. El papel de este no sólo sería garantizar la prestación de los bienes públicos esenciales: la educación, la salud, la justicia, la seguridad y la defensa, sino también la regulación de las actividades productivas, y si fuera necesario por razones de mercado o de soberanía, se podía llegar al Estado Empresario. Es así que, bajo la doctrina de Keynes, no se “nacionalizaron” sino que se estatizaron los principales servicios públicos, es decir, los Ferrocarriles, el Gas, la Electricidad, y el Transporte urbano. También se estatizó el comercio de granos, creándose el IAPI, organismo estatal que compraba todas las cosechas al precio establecido y las vendía al mercado local o al exterior a diferentes precios.

Expone que estas políticas produjeron un crecimiento en el gasto público durante la crisis, y también tras el fin de la misma. En consecuencia, se produjo inflación, pero en vez de aplicarse las teorías de pleno empleo de Keynes, el Estado continuó aumentando el gasto público, el cual fue financiado con la creación de dinero por parte del Banco Central.

Además el autor, en el apartado 3, expone: «el excedente acumulado fue mal empleado. Por ejemplo, el Estado argentino compró -mediante la condonación de las deudas acumuladas debido al default inglés durante la Segunda Guerra Mundial (comúnmente llamado “congelamiento de reservas”)- los activos de los ferrocarriles ingleses, cuya concesión, hecha por el Estado Argentino, vencía a los pocos años y eran básicamente obsoletos. Era imposible establecer con ellos un país competitivo, más aún si se toma en cuenta la competencia del camión para recorrer distancias inferiores a 300 Km. En 1946 el monto total de deudas impagas por Inglaterra (default) a distintos países era de £3.500 millones. De ese total, £112 millones correspondían a deudas con Argentina. La compra de los ferrocarriles se realizó en 1948 por £150 millones, equivalente a $2.482 millones moneda nacional que se pagó por los bienes, gastos de la operación, etc. Este monto equivalía a US$605 millones (según la relación dólar / libra del momento)». (Ferres, O. 2010, pp.69). El autor expone que con esos recursos (líquidos) la Argentina podría haber dado un salto a la modernización en 1947, pero sin embargo, se efectuó un negocio que no agregó nada a la capacidad productiva del país y se desperdició el excedente de capital. Además, desde allí, el autor teoriza que el sistema ferroviario pasó a ser deficitario en adelante, y se destinaron grandes recursos de la recaudación a cubrirlo.

Otro emprendimiento que el autor califica negativamente fue el IAPI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que se creó en mayo de 1946 y que dependía directamente del Banco Central, el cual era para Galasso el eje de la soberanía económica de nuestro país. El antecedente más próximo de este había sido la “Junta Nacional de Granos” o “Junta Reguladora de Granos”[2], institución estatal encargada de la regulación del mercado de granos en Argentina, fundada en 1933 bajo la presidencia de Agustín Pedro Justo y que cumplía el objetivo de comprar los granos (trigo, maíz y lino), y ofrecerlos a precios establecidos por el Gobierno, y en última instancia venderlos a los exportadores. Así, si las transacciones daban quiebra, era el Estado, a través de del Fondo de Cambios del Banco de la Nación, quien se encargaba de las reparaciones. El propósito que perseguían estas entidades, la mencionada Junta como luego el IAPI, era el que los agricultores tuvieran precios compensatorios sin finalidades estatistas y monopólicas. Pero el autor Ferres no lo ve desde esta perspectiva y expone: «Al fijar precios arbitrarios para la compra monopólica de los distintos cultivos, desalentó la producción de granos y oleaginosos. El precio pagado por el IAPI a los productores era el 50% del precio internacional en los primeros años de su gestión. En los dos quinquenios anteriores al funcionamiento del IAPI los precios de los granos y oleaginosos fueron muy desalentadores debido a las dificultades para exportar causadas por la guerra». Y agrega los siguientes datos: «El nivel de producción de cereales y oleaginosos presentó una caída de 23% o 40,2 millones de toneladas, en un período de 10 años (amplitud tomada para evitar la incidencia de efectos climáticos).» (Ferres, O. 2010, pp.70). Indica que esta pérdida de producción significó una gran caída en las exportaciones, por lo que fue mucho más difícil mantener un balance comercial equilibrado, en una época en que el país necesitaba importar maquinaria para su modernización.

Luego, sobre la Sustitución de Importaciones y la industrialización del país, expone lo siguiente: «Se otorgó protección a algunas industrias para que pudieran competir contra las importaciones, como ocurrió en otros países, pero no se establecieron claramente los objetivos a lograr; ni siquiera se fijó un límite de tiempo para recibir esas protecciones y luego una escala decreciente hasta su eliminación total o parcial. La industria “infante” debía ser protegida durante un tiempo, hasta alcanzar su maduración, lo cual es aceptado por la literatura al respecto». Pero el problema que percibe el autor es el siguiente: «(…) actualmente, existen protecciones originadas en la década del 50, es decir, industrias “infante” pero de más de 60 años. Esto significa que se ha subsidiado a producciones industriales ineficientes que, para sobrevivir, requieren un encarecimiento innecesario del producto que fabrican, lo cual implica una reducción innecesaria del salario real de la población. (…) Éstas mantienen una fuerte relación con los gobiernos de turno y con los medios de comunicación, a fin de lograr que perduren sus subsidios.» (Ferres, O. 2010, pp.70).

Por último, analiza la cuestión de la interferencia del Estado en los mercados, por medio de la denominada «política industrial«. Teoriza: «Esta última, en su justa dimensión, es adecuada. En nuestro caso, el Estado ha actuado de manera desmesurada, otorgando subsidios indirectos a unos sectores (protección arancelaria) y quitando recursos a otros. Es decir, el Estado fija diferencias de competitividad y de este modo el consumidor debe pagar la diferencia de hasta un 70%, según sectores. En los países desarrollados esta protección es de alrededor del 3% (…)» (Ferres, O. 2010, pp.70).

Coincidiendo con lo anterior, el autor Roberto Cortes Conde en su obra «La Economía Política del Peronismo (1946-1955)» expone lo siguiente a modo de análisis de las medidas: “(…). La política de pleno empleo y mantenimiento de los salarios reales; el proteccionismo explícito en la necesidad de adquirir permisos de importación discrecionalmente otorgados por el gobierno; el subsidio implícito a ciertas industrias a través del otorgamiento de crédito a tasas de interés nominal menores que la inflación; la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la consecuentemente posible creación de dinero para cubrir los déficit fiscales y el financiamiento inflacionario; la nacionalización de los depósitos; la utilización de los fondos del sistema de seguridad social, todas estas medidas favorecieron a algunos y perjudicaron a otros.» (Cortes Conde, R. 2003 pp.1).

Luego, desgrana las temáticas diciendo que uno de los bastiones de la política del gobierno de Perón era asegurar el pleno empleo, lo cual requería subsidiar las actividades que no obtendrían beneficio en situaciones competitivas. Es por esto que se tomaron medidas arancelarias, y restricciones cuantitativas a la importación, pero también bajando los costos locales del trabajo, sobrevaluando el peso para que los alimentos fueran baratos, además de subsidiar la formación de capital con créditos a una tasa real de interés negativa. Expone: “Todo esto pareció posible gracias a la enorme productividad del agro, al que se podía gravar sin afectar su producción, – se decía- debido a que la tierra era un recurso fijo cuya oferta era inelástica». (Cortes Conde, R. 2003 pp.3-4).

Luego expone que los mecanismos de cambio
fueron cada vez más complejos a diferencia de la experiencia mundial que tendió a simplificarlos: «Se establecieron tipos múltiples, oficial, preferencial y libre para compradores y vendedores. El resultado de las actividades de cada uno dependía así de la circular por la que se le liquidaba el cambio». Sigue diciendo: «Para importar se requería un permiso previo que se otorgaba en atención a las prioridades fijadas por el gobierno. Las circulares eran decididas por un organismo administrativo con el grado de discrecionalidad y de corrupción que esto posibilitaba (…)». Agrega: «Se usó la sobrevaluación del peso para tener bajos los precios de los insumos (…) Tras las crisis de 1951 y 1952, para compensar la sobrevaluación del peso con que se liquidaban las exportaciones y mejorar las condiciones de la agricultura, se fijaron precios sostén con los que el IAPI compraba las cosechas. Como ellos eran mayores a los del mercado (el precio externo por el tipo de cambio) hubo un déficit que debió pagar al fisco, lo que fue una de las fuentes de la presión inflacionaria (…)». (Cortes Conde, R. 2003 pp.4).

Luego, en cuanto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, expone lo siguiente: «modificó la concepción con que el Banco había sido fundado y gobernado durante una década, dándole al gobierno el manejo de todo el crédito del país». Sigue: «La ley dispuso la nacionalización de los depósitos de todas las entidades financieras, las que en adelante los captarían como agentes del Central. Este a su vez otorgaría redescuentos a los Bancos privados, cuya capacidad prestable estaba limitada a su capital y a esos redescuentos. Como los bancos privados no podían prestar las sumas que se depositaban y por las que pagaban intereses, el Banco Central los remuneró por ellos, cobrándoles, en cambio, por los redescuentos y compensándolos, además, por sus gastos administrativos».(Cortes Conde, R. 2003 pp.4-5). Agrega: «El gobierno reorientaba el crédito de acuerdo a sus preferencias, con la peculiaridad que durante todo el período fijó una tasa nominal más baja que la de inflación, dando así un subsidio a quienes accedían a los créditos. En ese sentido (…) el crédito subsidiado fue un componente de la protección ofrecida por el gobierno a ciertos sectores de la industria«. (Cortes Conde, R. 2003 pp.5).

En cuanto al IAPI, expone: «Con el pretexto de defender a los productores de la avidez de ganancia de las grandes firmas comercializadoras (…) se decidió el monopolio del comercio con el exterior que se puso bajo el control de la Corporación de Promoción del Intercambio convertido en el poderoso IAPI. Este concentró toda la oferta del país que vendía en el exterior suponiendo que tenía un mayor poder de negociación. Sin embargo, en ningún momento la Argentina estuvo en la posguerra en condiciones de fijar precios. El IAPI obtuvo beneficios cuando los precios internacionales estaban en alza (ya que pagaba menos a los productores) y sufrió pérdidas cuando estos bajaban. Esas pérdidas fueron absorbidas por el Banco Central siendo una de las causas de la inflación». (Cortes Conde, R. 2003 pp.5).

Entre otras medidas, expone que hubo nacionalizaciones, ocupándose el estado de la producción de bienes y servicios: «En las empresas del estado los objetivos de ganancia fueron subordinados a políticas inconsistentes, produciendo mal, a precios y con costos elevados y apelando a la tesorería cada vez que se tenía pérdidas». (Cortes Conde, R. 2003 pp.6).

Ante el creciente déficit fiscal, y a fin de no generar un aumento de impuestos o endeudamiento externo: «(…) el gobierno decidió la medida de tomar ahorros de las Cajas de Previsión. Los servicios de la seguridad social, que cubrían antes sólo a grupos minoritarios (principalmente a empleados de la administración civil o del comercio) fueron extendidos a amplios sectores de los trabajadores. De inmediato una gran masa de asalariados comenzó a aportar, mientras que sólo una cantidad menor accedía a sus beneficios. El sistema dejó elevados saldos positivos que se utilizaron para cubrir los déficits. Para compensar los retiros en efectivo se entregaron a las Cajas títulos del gobierno a tasas de interés que resultaron inferiores a las de inflación, con lo que en pocos años éstas fueron vaciadas, el sistema se descapitalizó y décadas después no se pudo pagar a quienes habían aportado». (Cortes Conde, R. 2003 pp.6).

En cuanto a los resultados cuantitativos de la etapa y el fin de la misma, tenemos lo siguiente. Según el autor Verseci, desde el año 1943 al año 1955, se vio un escenario donde caen las importaciones, crece el superávit en el comercio exterior y por tanto, las reservas de oro, se desarrolla en general toda la economía y en particular el sector de la industria por sustitución de importaciones. Pero hacia el final de la guerra el autor expone: «(…) hay un notable incremento del comercio exterior, especialmente las importaciones que llegan en 1947 y 1948 a casi seis veces el promedio de los años de guerra. El comercio externo, en términos absolutos, más que se duplica a lo largo del periodo; además hay una diversificación por países, en desmedro de la participación relativa de Inglaterra y Estados Unidos en nuestras exportaciones. El sector agrícola-ganadero constituye la mayor parte de nuestras exportaciones. (…) Las reservas internacionales crecen notablemente hasta el año 1946 y luego descienden, en particular durante el período 1946-1948» (Vercesi, A. J.1995 pp.38).

Es así que desde 1948 en adelante, estas medidas, sumadas al contexto internacional, traerán según Vercesi una serie de problemas: «caen drásticamente las reservas, crece el déficit fiscal, suben los precios. (…) El Plan Marshall (1948) discrimina a la Argentina en cuanto a la posibilidad de colocar nuestros productos exportables. Esta situación se agrava a principios de la década del ’50 con la Guerra de Corea, que genera graves dificultades para obtener los materia1es críticos, combustibles, etc., necesarios para la industria, y esto agudiza el drenaje de divisas; las sequías de 1951 y 1952 que hacen caer fuertemente la producción agraria y por lo tanto las exportaciones» (Vercesi, A.J. 1995 pp.40).

Galasso aporta que la Renta Diferencial comenzó a sufrir problemas por las sequías de 1951 y 1952. La caída de la producción agropecuaria produce que ya no se puedan absorber recursos del campo para proveer a la industria y estas encuentran dificultades para llevar adelante la acumulación del capital, cayendo simultáneamente el salario real de los obreros. Además, se suma el contexto internacional: “Contemporáneamente, se perciben ya los efectos de la recomposición de la economía mundial de sus heridas de la Segunda Guerra, generando también una nueva disminución de la renta diferencial, ahora ya no a causa de factores coyunturales (climáticos) sino de causas que tienden a ser permanentes (mejoras tecnológicas producidas en países competidores mientras la parasitaria oligarquía argentina, siguiendo el consejo de Pinedo, se desentiende de invertir y mejorar; tendencia al autoabastecimiento de alimentos en varios países europeos; recomposición del control de los grandes consorcios internacionales sobre el mercado mundial comprimiendo los precios de los países del Tercer Mundo).» (Galasso, N. 2003 pp.13).

Ante esto, las medidas que toman son las siguientes: «(…) el gobierno reorienta su política económica mejorando precios agropecuarios (junto a la veda de carne y luego, la elaboración de un pan de inferior calidad para el consumo interno) e intenta estabilizar salarios y precios con medidas de corte monetarista. El plan económico de 1952 (Segundo Plan Quinquenal) va dirigido a paliar los desajustes mencionados y difunde un lenguaje nuevo desde las altas esferas: austeridad, productividad, estabilización”. Pero agrega: “No se trata, sin embargo, como superficialmente explica Félix Luna, de que se hubiesen gastado las reservas acumuladas durante la Guerra en un irresponsable festín, pues esas reservas se emplearon, en su mayor parte, para reequipar al país que necesitaba motores, máquinas transportes, etc.- y también para recuperar los resortes económicos sin cuyo control resultaba imposible poner en marcha un intento de crecimiento autónomo de las fuerzas productivas (…). El cambio obedece a la disminución de esa superutilidad agraria que entre 1945 y 1952 era la bomba impulsora del desarrollo y parecía haber anulado la lucha de clases dentro del frente nacional.» (Galasso, N. 2003 pp.13).

El autor Cortés Conde aporta otra mirada sobre el asunto, diciendo que durante la guerra, las economías de los países beligerantes habían creado restricciones a los movimientos de capitales y al comercio y decidido la intervención del Estado en los mecanismos de precios y en la mayoría de las actividades económicas. Pero en 1944 los aliados prepararon la transición a una paz distinta a la de la Primera Guerra en Bretton Woods. Se realizaron acuerdos internacionales que evitaron las devaluaciones compensatorias y las guerras comerciales dieron una mayor estabilidad al sistema financiero y al comercio mundial. Así, aunque existieron marchas y contramarchas, los países occidentales abandonaron gradualmente las restricciones de guerra, pero no pasó lo mismo en la Argentina. Nuestro país, a fin de evitar el shock de la vuelta a la normalidad, se mantuvo por más de cuatro décadas con la mayor parte de las restricciones y regulaciones del tiempo de la crisis y la guerra. Sucedió entonces que el país, que había hecho hasta 1930 un esfuerzo enorme de capitalización y contaba con una infraestructura bastante moderna, al concluir la guerra, tras quince años de aislamiento, la tenía casi obsoleta. El país vivió diez años más sin renovar el stock de capital llegando en 1955 a una seria descapitalización, en energía, transportes, comunicaciones etc.

Finalmente, Galasso teoriza que el peronismo no se decidía si apoyar al sector obrero o a la burguesía, por lo cual ensaya políticas propias de cada una de las alternativas posibles, respondiendo, en cada caso, a la diversa presión de los distintos componentes del frente. Es esta ausencia de definición lo que lo enreda en contradicciones paralizantes que favorecen las posibilidades del golpe oligárquico, efectivamente producido entre el 16 y 23 de septiembre de 1955, al mando del general y posterior presidente de facto Eduardo Lonardi, en lo que se denominó como “Revolución Libertadora”, de la cual luego su segundo presidente, el general Pedro Eugenio Aramburu, se encargó por proscribir el peronismo y perseguir a sus militantes.

En conclusión, puede decirse que la experiencia de los gobiernos de Juan Domingo Perón, que inicialmente intentaría encarnar una sociedad orgánica y jerarquizada, asimilada al orden natural en términos del catolicismo y que luego se inclinó a políticas económicas de corte keynesianas, fue positiva, ya que por primera vez se intentó realizar un plan económico a largo plazo en Argentina que no sea dependiente de los países centrales, el cual conjugó la industrialización pesada del país para que las importaciones no sean un problema grande de la balanza comercial, y el reconocimiento de gran cantidad de derechos y participación de la riqueza del sector obrero, el cual que no tenían protagonismo en la etapa anterior. Además, fue positivo porque creció la inversión en obra pública, se aseguró a las mayorías el acceso a la necesidades básicas con la acción directa del estado en la asistencia social y con el crecimiento de los puestos de trabajo, se dio mayor protagonismo a los sindicatos para que puedan negociar buenas condiciones laborales y el cumplimiento de los derechos que corresponden a los trabajadores, se obtuvo la soberanía sobre los puertos y las flotas mercantes, el detenimiento de la toma de deuda internacional, etc.

Lo negativo fue que esto se planteó a través de una quita prolongada de recursos al campo con el IAPI, lo cual en cierto punto era justificado para traspasar fondos del mismo hacia la industria, pero contemplando cierto límites ya que las ventajas comparativas que trae el campo son muchas y con un nivel impositivo equilibrado pueden abocarse esos recursos para el bienestar del país en su conjunto. Lo anterior también tiene relación con las malas decisiones alrededor de la entrega de subsidios, créditos y protecciones legales arbitrarias a las empresas que continuaron siendo en el futuro prebendarias, cuando debían ser sólo una ayuda inicial para que se desarrollen y logren el abastecimiento interno del país y la competencia y comercio internacional; y a los bancos privados que eran auxiliados en sus transacciones por el Banco Central. Otra cuestión negativa fue el excesivo control de las importaciones que va de la mano de lo anterior, es decir, se justifica inicialmente para ayudar a crecer a la industria local, pero no funciona siempre ya que si se prolonga en el tiempo puede producir la suba de precios de los productos internos por la falta de competencia. Otra cuestión fue la nacionalización de empresas que en principio fue una buena medida para disolver la dependencia de capitales extranjeros, pero que si son demasiadas las empresas estatales que no pueden ser sostenidas con los recursos que este recauda, puede causar déficit fiscal que se sostiene con suba de impuestos, deuda futura o en este caso precisamente con la toma de ahorros de las Cajas de Previsión, además de que en muchos casos carecían de un correcto cálculo económico. Por último, la nacionalización del Banco Central, que si bien es positiva para tener soberanía sobre la moneda nacional, si no se plantea en conjunto con un equilibrio fiscal y una emisión coherente con la demanda de dinero y el respaldo de las reservas, genera inflación, la cual no se contiene con los controles de precios.

CONCLUSIÓN: Para finalizar, puede decirse que la etapa agro-exportadora se caracterizó por generar beneficios sólo a las elites, aunque se dieron los primeros pasos fundamentales para organizar el país; y en la segunda etapa de sustitución de importaciones, se benefició la burguesía nacional por el proteccionismo estatal, aunque también hubo una política destinada a generar derechos y participación en el reparto de las riquezas del sector obrero que repercutió en el futuro del país.

Fueron dos etapas que marcaron la Historia económica de nuestro país y que en gran parte siguen generando una «grieta» que hay que subsanar sopesando ambas experiencias, rescatando lo positivo y corrigiendo lo negativo, a fin de generar un proyecto de país en el que realmente logremos un crecimiento sostenido sin depender de la bonanza de ciertas coyunturas internacionales y lograr también un reparto de la riqueza lo más ampliamente posible, respetando los derechos sociales y laborales en el sector público y en el sector privado de los empresarios y de los obreros.

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– https://news.agrofy.com.ar/noticia/182600/que-fue-junta-nacional-granos-y-que-genera-polemica

[1]
Bonaudo, Marta. (1999) Liberalismo, Estado y Orden burgués. 1852 -1880, t.4, NHA, E.Sudam. pp.25.

[2]
https://news.agrofy.com.ar/noticia/182600/que-fue-junta-nacional-granos-y-que-genera-polemica