El juez Helbert Llerena no alzó la voz. En la sala acostumbrada al eco de los alegatos, su tono grave y parejo cayó como una losa de hormigón sobre los rostros expectantes. Afuera, una Lima de marzo se deshacía en una llovizna pertinaz, pero dentro del penal de máxima seguridad, donde la audiencia se realizaba por videoconferencia, el clima era el de una cripta sellada.
—Se declara fundada la acusación fiscal por el delito de homicidio calificado contra Vladimiro Montesinos Torres —dijo Llerena, y sus palabras, transmitidas por una pantalla de resolución mediocre, encontraron a su destinatario en una sala contigua.
El condenado, de 92 años, observaba la imagen con la mirada fija, inerte, que había perfeccionado durante décadas de comparecencias. A su alrededor, la defensa técnica se removía en sus asientos, pero él permanecía inmóvil, como una estatua de cera con traje azul marino. Sus manos, manchadas de vejez, descansaban sobre una Biblia que, según los cronistas de la sala, no había abierto en toda la sesión. Al escuchar los veinte años de prisión que se sumaban a la condena perpetua que ya arrastraba, un músculo en su mandíbula se tensó apenas. Fue el único gesto. Luego, el rostro volvió a ser aquella máscara impenetrable que durante los noventa había manejado los hilos del Perú con la eficiencia de un titiritero que sabía que sus marionetas, los generales, los jueces, los periodistas, no eran más que madera y trapo.
Fue la periodista que cubría la audiencia para un medio digital, Daniela Ponce, quien notó el detalle que se perdería en los titulares. Mientras la sala leía el monto de la reparación civil: quinientos mil soles para las familias de la periodista Melissa Alfaro y del ciudadano Víctor Hugo Ruiz León, Montesinos inclinó ligeramente la cabeza. No era un gesto de sumisión. Daniela, que había estudiado sus vídeos de la época del SIN, reconoció el movimiento: era el mismo que hacía cuando recibía un informe de inteligencia que consideraba incompleto. Era un gesto de decepción. Como si el condenado, ante la contundencia del fallo, estuviera pensando: ¿Con esto me creen vencido?
La sentencia era un hito. Casi tres décadas después de que unos sobres de manila color canela, fabricados con un papel especial que no dejaba rastros de pólvora, comenzaran a llegar a los domicilios de quienes consideraba enemigos del fujimorato, la justicia había establecido lo que Lima susurraba desde entonces: que él, el hombre que había construido un sistema de corrupción tan perfecto que parecía un país paralelo, también había ordenado la muerte con sus propias manos. No las suyas, claro. Siempre usaba intermediarios.
Para la opinión pública, la noticia sería un párrafo más en la crónica de una sentencia anunciada. Pero para los pocos que recordaban los nombres, el caso Sobres bomba era el abismo al que la transición democrática del 2001 nunca se había atrevido a asomarse del todo. Melissa Alfaro no fue una víctima abstracta. Fue una reportera que, en 1998, investigaba los vínculos del Servicio de Inteligencia Nacional con el narcotráfico en el VRAEM. Abrió su puerta, recogió un sobre con membrete del Ejército, y el infierno la alcanzó. No hubo explosión, dijeron los peritos. Fue una combustión química controlada, un diseño casi artesanal que le arrancó la vida en el umbral de su casa, frente a su hijo de ocho años.
Daniela Ponce apagó la grabadora al salir del penal. La humedad le caló los huesos mientras caminaba hacia su auto. No era la primera sentencia contra Montesinos que cubría, pero esta la había dejado con una opresión en el pecho. Al llegar a la redacción, encontró el ambiente tenso. El director, un hombre de sesenta años con ojeras perpetuas de periodista de raza, la llamó a su oficina.
—¿Viste la cara del viejo? —preguntó, sin preámbulos.
—No parpadeó cuando leyeron los 20 años. Pero hizo un gesto… como si le hubieran cobrado mal una cuenta.
—Ese hijo de puta nunca va a pagar. Su condena es simbólica. Murió en vida hace años, solo que su cuerpo no lo sabe. —El director se quitó los lentes y frotó sus ojos cansados—. Lo que me interesa es la historia de fondo. No la sentencia. La conexión. El juez absolvió a Víctor Peña Sandoval. ¿Recuerdas quién era Peña?
—Uno de los agentes del SIN. Se mencionó en la investigación de la CVR. —Daniela trató de evocar los archivos.
—Era el jefe de logística de la muerte, Daniela. El que elegía los sobres, el tipo de papel, la dirección. Era el artesano. Y la Sala lo deja libre. Mientras que a Montesinos le dan años que no cumplirá. ¿Te parece que eso es justicia o es un acuerdo debajo de la mesa para cerrar un expediente que apesta?
—¿Qué insinúa?
—Que hay quienes todavía tienen mucho que perder si se sigue desenrollando la madeja de los sobres. Que la sentencia de hoy no es un punto final, sino una cortina de humo.
El director le entregó una carpeta manila. No era un sobre bomba, sino un expediente físico, una rareza en tiempos de archivos digitales. Contenía copias de declaraciones judiciales, transcripciones de intervenciones telefónicas desclasificadas y una foto de Melissa Alfaro sonriendo, con un micrófono de radio en la mano, en una fecha que no figuraba.
—Hay un nombre que aparece en estos documentos —dijo el director, señalando un párrafo subrayado—. Un general retirado que entonces era comandante de la región militar donde ocurrieron los hechos. Nunca fue investigado. Ahora es accionista mayoritario de una empresa de seguridad privada que acaba de ganar una millonaria licitación para proteger las instalaciones del nuevo puerto de Chancay. El nombre es el mismo que aparece en la cadena de custodia de los explosivos utilizados en los sobres.
Daniela leyó el nombre en voz baja. Era un apellido que sonaba con eco de poder en las páginas de los diarios económicos. Un apellido que, hasta hacía un mes, aparecía en las fotografías de la recepción del nuevo ministro de Defensa.
—¿Qué quiere que haga?
—Que le cuentes al país que la justicia, a veces, no es más que el arte de poner un broche de oro a un archivo que alguien quiere cerrar. Y que hay muertos, como Melissa, que siguen esperando que su asesinato no sea solo un renglón en una condena de trámite.
Daniela pasó la noche revisando los archivos. La carpeta contenía más de lo que el director le había dicho. Había un testimonio de 2002, de un agente del SIN arrepentido, que mencionaba la existencia de un décimo tercer sobre. Los doce primeros fueron los que llegaron a sus destinatarios entre 1998 y 1999, dejando dos muertos, tres heridos y un país aterrorizado. Pero el décimo tercero, según el testimonio, fue enviado a una dirección que nunca apareció en los expedientes oficiales. Estaba dirigido a un juez superior que llevaba un caso de lavado de activos que involucraba a una empresa textil vinculada a Montesinos.
El sobre nunca explotó, según el testimonio. Fue desactivado por los mismos agentes que lo fabricaron porque, en el último momento, el juez cambió su fallo. A cambio, el magistrado recibió un ascenso y un departamento en Miami. Daniela buscó el nombre del juez. Murió en 2019, en Florida, en un accidente doméstico que la policía local cerró como “muerte accidental por caída”. El caso de lavado de activos, archivado por “falta de mérito”, nunca se reabrió.
Mientras ordenaba las hojas, la pantalla de su computadora parpadeó. Un correo sin remitente, solo una dirección IP que supo rastrear hasta un servidor en Estonia. El asunto decía: “El sobre que no explotó”. El mensaje contenía un archivo de audio de 35 segundos. Daniela se puso los audífonos.
La voz era grave, con ese timbre cavernoso que los años y la prisión no habían logrado erosionar. Era la voz de Vladimiro Montesinos, pero no la de la audiencia de esa mañana. Era una grabación antigua, probablemente de una de las miles de horas de interceptación telefónica que el propio SIN grababa.
—“El sobre a Alfaro fue un mensaje. Pero el que no explotó, ese fue una inversión. Las inversiones, a veces, rinden más cuando no se hacen efectivas de inmediato.”
La grabación se cortaba en un clic metálico, como si hubieran colgado un teléfono público.
Daniela sintió el mismo vacío en el estómago que debió sentir Melissa Alfaro al ver el sobre color canela en el umbral de su puerta. Pero ella, a diferencia de la periodista, tenía la oportunidad de elegir si abrirlo o no. Sabía que lo que sostenía en sus manos —la carpeta, el audio, la conexión con el presente— era un artefacto peligroso. No contenía explosivos, pero podía detonar algo mucho más inestable: la versión oficial de que el caso estaba cerrado.
Miró por la ventana de su departamento en Miraflores. La llovizna de marzo se había convertido en un aguacero silencioso que borraba las luces de la ciudad. En algún lugar de Lima, pensó, un sobre anónimo estaba a punto de ser abierto. Tal vez era el que ella misma tenía que redactar con sus artículos, o tal vez era otro, más tangible, que alguien como el general devenido en empresario estaría recibiendo en ese momento, con la certeza de que en el Perú de 2026, la impunidad no era un accidente del sistema, sino su más refinada ingeniería.
Apretó el teléfono. Marcó el número del director.
—Voy a necesitar un par de días —dijo—. Y un contacto en el Ministerio de Defensa que no le tenga miedo a los archivos del SIN que aún no han sido destruidos.
—¿Encontraste algo?
—Encontré la pieza que le falta al rompecabezas. Pero hay alguien que no quiere que nadie la vea.
—Siempre es así, Daniela. Por eso nos pagan.
—No, jefe. Por esto nos matan.
Colgó. En la pantalla de su computadora, el audio seguía congelado en el segundo 35. Decidió no apagarlo. Quería que esa voz, la del hombre sentenciado esa mañana a una muerte simbólica, se convirtiera en el zumbido de fondo de su investigación. Porque, pensó mientras abría un bloc nuevo y escribía el titular provisional —“El general, el sobre y la licitación: las conexiones incómodas del caso Sobres bomba”—, había voces que el poder podía encerrar, pero no silenciar del todo.
Afuera, la lluvia arreciaba. Como si la ciudad, al fin, intentara lavar una herida que llevaba abierta desde aquel año en que un sobre de manila destrozó la vida de una reportera que solo quería hacer su trabajo. Daniela no sabía si terminaría publicando algo. Pero sí sabía, con la certeza de quien ha decidido asomarse al borde, que no iba a cerrar la carpeta. Al menos, no hasta descubrir qué o quién había puesto el décimo tercer sobre a salvo de la justicia, y por qué, veintiocho años después, sus mecanismos seguían funcionando con la precisión de un reloj militar.
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