Participación ciudadana de Tintaya Marquiri y Huisa Ccollana en Estudios de Impacto Ambiental (Proyecto Antapaccay)

Pontificia Universidad Católica del Peru, maestría en gerencia social, Curso: Enfoques y Metodologías para la promoción de la participación social y las relaciones comunitarias, Profesora: Mariela Trelles Cabrera, alumnos: Rocio del Pilar Nuñez Delgado y Andrés Macedo Saboya

“Participación ciudadana Tintaya Marquiri y Huisa Collana en Estudio de Impacto Ambiental en el proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya de Espinar- Cusco”

Introducción

Participación ciudadana, como arma trascendental de la gerencia social, a todo nivel y en todos sus procesos, articulando actores sociales en gobernanza, para legitimizar democracia, ejerciendo ciudadanía en todos sus componentes económico, social, político, civil, haciéndole frente a la crisis civilizatoria en nuestro país, como son los estudios de impacto ambiental (EIA) por los trabajos extractivos de la empresa minera y su repercusión en el medio ambiente; problema vital, coyuntural; por lo que como equipo hemos tomado el caso de: “Participación ciudadana en el proyecto Antapaccay – Expansión Tintaya de Espinar- Cusco en el Estudio de Impacto Ambiental”; donde la crisis civilizatoria, mencionada por Feo (2020), muestra todas sus matices; suscitando un duro golpe en el seno de su capital social comunitario, con varios conflictos desde sus inicios, según manifiesta la Defensoría del Pueblo (2012a); que según Tovar (2025), corresponde a un tipo de participación subordinada en sus inicios y luego reivindicativa; es decir una participación que reclama derechos, desde una situación de exclusión, que se delimita entre la pobreza y exclusión, y democracia.

Utilizando información secundaria, de Rivera (2023) y Alata (2023), hemos colectado toda la data necesaria para nuestro informe: El problema se acrecienta desde la expropiación de 2368 hectáreas de tierra donde se asentaba la comunidad Tintaya Marquiri por el Gobierno de Belaunde Terry en 1982 e incumplimiento del convenio Marco del 2003 por parte de la empresa BHP Billiton Tintaya S.A. Afectando también a la comunidad Huisa Collana de la provincia de Espinar en Cusco; falta de transparencia sobre el impacto ambiental por parte de la empresa minera, que genero desconfianza; con una participación limitada de la población, con exclusión de beneficios a la población, falta de sinceramiento del grado de contaminación a la comunidad por parte de la empresa minera; y por otro lado un Estado débil, subyugado a la empresa minera, generando leyes a favor de la minería, propiciando mayor descontento y conflictos en la comunidad; cuya propiedad de la tierra era comunitaria y la cosecha era repartida en forma justa, inclusiva, en hermandad, agradeciendo a la Pachamama los recursos; conviviendo con ella en armonía en base a la ética del cuidado que menciona Camps (2021), cuidaban agua, tierra, bienes comunitarios que representaban el sostén para su desarrollo territorial a pesar de sus índices de pobreza 64.7%, de malnutrición infantil, 38%, que demuestran claramente la falta del Estado con políticas sociales y públicas adecuadas para mejorar su bienestar, su calidad de vida, sus capacidades, que generen su desarrollo equitativo, inclusivo en un marco de derechos con enfoque intercultural y conlleven oportunidades y sostenibilidad a largo plazo.

Crisis civilizatoria

Feo (2020) resume el concepto citando a “Leonardo Bott (2020) con el “grito de los pobres y el grito de la tierra””, por el grado de individualismo ocasionado por el capitalismo en países no europeos comandado por el colonialismo con una mentalidad jerárquica con explotación laboral y explotación de la Pachamama para satisfacer sus necesidades mediante la “modernidad” imponiendo una organización política, económica, social, cultural en forma multidimensional, por sometimiento a la dependencia y la depredación dañando la salud, generando pobreza y acabando con el planeta; ocasionando un terremoto en la civilización.

Esta concentración de riqueza, en unos sectores: aumenta el PBI y paradójicamente hay más pobres; donde la salud, la farmacéutica, las aseguradoras en salud, son la industria que genera más dinero; y la salud se torna una mercancía, cuando sabemos que es un derecho universal; que genera crisis económica; con crisis financiera por acumulación de ganancias en sectores más ricos y pérdidas en los más pobres en conjunto al Estado, un Estado sometido a los más ricos; crisis alimentaria con altos índices de malnutrición por falta de acceso y no por escasez de alimentos, catalogados como mercancía; crisis laboral con paupérrimas condiciones de trabajo que generan enfermedad, informalidad con exclusión, marginalidad; generando alta mortalidad por enfermedades sobre todo cardiovasculares condicionadas por trabajo inadecuado; estas crisis mencionadas por Feo (2020), ademas de la crisis energética, por consumo exagerado de petróleo con emisión de gases efecto invernadero, que genera guerras por su control, con deterioro ambiental; lo que nos lleva a la crisis ambiental por contaminación grave del agua, del aire; con desertificación, calentamiento global e impacto negativo en la biodiversidad del planeta, perdida de glaciares, incremento de “fenómenos naturales” incremento de enfermedades transmisibles por vectores como los mosquitos.

Todas estas crisis, ambiental, energética, laboral, económica, según Feo (2020), expone a un deterioro ético a todo nivel, político, con manipulación, privatización, corrupción, que manifiesta el fracaso del modelo capitalista; que ha convertido a la naturaleza también en una mercancía y hace un llamado a un nuevo modelo en forma perentoria.

Propiciado por consenso de Washington, según Feo (2020), con aceleración global y despojo de derechos fundamentales, destrucción de la pequeña economía campesina que producen alimentos básicos y ahora son para exportación como mercancía, con privatización del agua y “explotación salvaje” por la minería destruyendo redes sociales de comunidades, sindicatos, por ende destruyendo la democracia con pérdida del ejercicio ciudadano, que controlan mentes, controlan la información, la comunicación para mantener este modelo capitalista mercantil que es insostenible.

Este mundo utópico en base al buen vivir, como plantea Feo (2020), nos propone regresar a nuestras raíces a los pueblos originarios: “sumak kawsay o suma qmaña” del quechua y aymara respectivamente que significa una vida que satisfaga las necesidades de todos; estos pueblos originarios viven en equilibrio con la naturaleza, en forma colectiva, con valores colectivos, solidaridad, cooperación, critican al capitalismo que destruye al mundo. Necesitamos repensar la forma de convivir entre nosotros y con la naturaleza en base a una lucha social con participación para la construcción de este mundo utópico solidario, digno y más humano.

Etica del cuidado

Camps (2021), menciona que el hacer la comida, coser ropa, parir niños por las mujeres, no se considera un “trabajo productivo”, era despreciado por la economía, pero el padre del liberalismo, el economista Adam Smith, no considero ello y fue un error, ¿Quién preparaba la comida a Adam Smith? Para que él pueda realizar sus actividades; los hombres ganaban el pan y las mujeres daban cuidados y amor que no era remunerado, y ni ellas lo exigían, por su trabajo reproductivo; estos trabajos el productivo y reproductivo se complementan para el funcionamiento de la economía; ningún profesional médico, político, hubieran dedicado tiempo a ganar dinero sin el trabajo reproductivo de las mujeres; eso es lo importante; el cuidado genera prosperidad, cohesión social, es valioso; frente a una situación como esta es necesario la racionalidad, la moral y un sentido de justicia de pensamiento Kantiano.

Según Camps (2021), Carol Gilligan discípula de Kohlberg, a esa perspectiva moral del trabajo y cuidado por la mujer, le da el enfoque de género, en su libro “In a Differnt Voice” plantea que el cuidado es tan importante como la justicia y va más allá, habla de igualdad entre estos dos términos; se utiliza la justicia para las políticas públicas, protege el derecho; cuidar también es proteger, como la enfermera que muestra dedicación en el cuidado del paciente.

El ”homo económico” al que se refiere Camps (2021), racional, autónomo, egoísta sometido al Estado, con pérdida de su libertad, se contrapone a las ideas de John Rawls donde un hombre tiene un fin y debe perseguirlo toda la vida y a Habermas que postula a la democracia en la comunidad de dialogo, con participación y raciocinio, donde se gesta el sujeto de la ética; donde la vulnerabilidad y la dependencia según Alasdair MacIntyre es parte de todos y todos dependemos y necesitamos de todos en comunidad con interdependencia. Dónde es importante la reivindicación de los derechos de la mujer en su cuidado “invisible”.

La pandemia COVID 19 expuso nuestra vulnerabilidad a nivel mundial, tuvimos que cuidarnos entre nosotros para no contagiarnos, a eso se refiere la ética del cuidado de Brugere, que en conjunto con la ética de la justicia y la ética de la responsabilidad deben hacer frente al Liberalismo económico, en el campo de la medicina, de la investigación, del medio ambiente, donde cada caso debe ser individualizado sobre todo en aquellos que no pueden emitir su voz de protesta o que viven en condiciones precarias; que requieren del cuidado en comunidad, como población vulnerable.

Bienes comunes

Gonzales (2012), dictamina las características del bien común: es universal, democrático, colectivo, se mantiene a lo largo del tiempo, no es privado que indica exclusión y no es publico donde el Estado indica quien es el beneficiario del bien; son recursos como el agua, el conocimiento, que debe ser gestionado por la comunidad en base a normas, que dictaminen su disponibilidad para todos, donde no hay rivalidad. La piedra angular es la gestión, que garantice acceso a toda la comunidad al bien común, usado con independencia, donde todos contribuyen a su mantenimiento y protección y lo segundo, es la sostenibilidad a lo largo del tiempo del bien común, con uso limitado para su recuperación, la gestión no es fácil, y debe ser democrática, con uso de consensos, con inclusion de todos en pos de generaciones futuras para su inalienabilidad.

Otro punto mencionado por Gonzales (2012), es la lucha por los bienes comunes contra el capitalismo que privatiza todo desde la colonización de America, controla los medios de comunicación y controla la información con un continuo crecimiento económico individual. A través de la historia se evidencia la resistencia a la privatización de las comunidades, usado para la mercantilización; con enfrentamientos permanentes por esta privatización de servicios públicos, como la educación y la salud, que limitan su accesibilidad; privatización de recursos naturales escasos, como el agua, la tierra, donde pulula el acaparamiento; se requiere reconstruir una nueva economía en base al bien común.

Cuál es la importancia y utilidad de estos enfoques para los objetivos de la gerencia social

Aporte al desafío de desarrollo sostenible, la calidad de vida, el bienestar común y la creación de bien público.

Crisis civilizatoria: La crisis civilizatoria ha calado a todo nivel, económico, político, social, epistemológico, ambiental, en salud como menciona Feo (2020); lo que nos hace repensar en conjunto con la gerencia social, con la creación de políticas sociales y publicas en todos sus procesos, en una nueva forma de planificación estratégica que nos lleve a la gestión de los recursos que generen sostenibilidad, como menciona Tovar (2025), debido a que el modelo neoliberal ha fracasado, donde los recursos son mercancías; la gerencia social generara oportunidades, un llamado al cambio, un despertar, una transformación para revalorar rescatar nuestros orígenes, nuestros pueblos originarios que cuidaban y cuidan sus recursos que los usan en forma limitada en comunidad, que es la fórmula ganadora para la creación y fortalecimiento del bien común y mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes en forma justa equitativa e inclusiva.

Etica del cuidado: El trabajo reproductivo de la mujer, que combina la razón con el afecto según Camps (2021), es uno de los pilares importantes del que se sirve la gerencia social para lograr sus objetivos, este enfoque de genero vislumbra el poder de la ética del cuidado para mejorar las condiciones de todos, donde todos cuidamos de todos, todos necesitamos de todos, en forma interdependiente y se hace frente al modelo del homo económico donde prima el individualismo; porque desde que nacimos, nacimos vulnerables requiriendo el cuidado de nuestra madre; debemos entender nuestra vulnerabilidad y actuar con responsabilidad en pos del cuidado mutuo para desarrollarnos todos, transformarnos, empoderarnos en forma sostenible, mejorando nuestra nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, cuidando de la naturaleza entre todos, con la creación y mantenimiento del bien público.

Bienes comunes: La gestión social del bien común, en forma adecuada permitirá mantener sus características de acceso, pertenencia y cuidado de todos, como menciona Gonzales (2012); este fortalecimiento en su gestión con la gerencia social nos permitirá un desarrollo sostenible, debido a que los recursos se usaran en una forma limitada, respetando su recuperación, pensando en las futuras generaciones, la gerencia social permitirá articular con todos los actores sociales en gobernanza para este cuidado y mantenimiento genere sostenibilidad de todos los recursos como el agua, la tierra, el conocimiento, etc. Que mejore la calidad de vida de todos en forma justa, solidaria óptima para todos y que apunte al bienestar comunitario y acreciente el capital social comunitario, consolidando una nueva economía que no mercantiliza los recursos y llega solo a algunos grupos con enriquecimiento focalizado hacia provechos individuales.

Aporte al reto de lograr sociedades igualitarias. Aporte al reto de la construcción de sociedades democráticas.

Crisis civilizatoria: La crisis civilizatoria multidimensional: político, económico, político, ambiental, ha expuesto a todo nivel las brechas entre pobreza y riqueza, donde el modelo económico neoliberalista esta perpetuando estas desigualdades, cuyo modus operante, favorece a grupos privilegiados y desfavorece a la mayoría de la población, por lo que la gerencia social tiene el reto de mejorar estas desigualdades mediante políticas sociales, que beneficien a todos, en conjunto con participación social con una ciudadanía responsable, vigilante, con críticas constructivas hacia el Estado en forma permanente y cambiante apuntando a la mejora continua que fortalezca democracia como menciona Ramírez (2012).

Etica del cuidado: La ética del cuidado según Camps (2021) para cumplir los objetivos de la gerencia social, permitirá que el cuidado entre todos, en forma interdependiente, genere oportunidades y desarrollo de forma equitativa para todos con mejora de capacidades, donde todos cubran sus necesidades en un marco de derechos en forma justa, solidaria, que permitirá la creación de una sociedad que ejerza ciudadanía responsable, al exigir transparencia por parte del Estado con políticas sociales y públicas que sean útiles a todos en forma equitativa en base a la ética del cuidado que también beneficie a la naturaleza, con ella a los recursos, que les permita proteger y vigilar su cuidado y explotación limitada con robustecimiento de la democracia.

Bienes comunes: En base a una ciudadanía responsable evolutiva vigilante de los recursos para cubrir las necesidades de todos con un enfoque de equidad, de justicia, generando el bien común como menciona Gonzales (2012), a lo largo del tiempo, dentro del logro de los objetivos de la gerencia social permitirá la creación de sociedades igualitarias, con acceso al recurso no solo en forma equitativa también a un acceso universal, con respeto de los derechos y deberes de todos; vigilando su uso en forma limitada, con la cual se forje sociedades responsables de todos, tanto como de los seres humanos, como de la naturaleza, creando bienestar y el buen vivir en pos de la edificación de sociedades democráticas; que tienen presente a las generaciones futuras.

Aporte al reto de la construcción de una cultura cívica con valores éticos.

Crisis civilizatoria: La crisis civilizatoria, como menciona Feo (2020), ha expuesto a todo nivel y en todas las dimensiones: políticas, social, económica, ambiental; los peores comportamientos, donde impera el individualismo y su bandera es la corrupción, cometiendo actos de injusticia, de desigualdad; es evidente, que este modelo económico cuya base es el “capitalismo salvaje” no genera una cultura de valores éticos y de civismo; por lo que este desafío de cambio para generar solidaridad, veracidad, cooperación, cultura cívica, es imperioso y es una responsabilidad, un mandato universal para nuestro bienestar y el de nuestro prójimo y el de la naturaleza.

Etica del cuidado: En base a la ética del cuidado, donde cada ciudadano es de nuestra incumbencia, donde todos cuidamos de todos, como menciona Camps (2021), porque todos somos vulnerables, permitirá fortalecer la cultura cívica, con protección y cuidado entre todos y de los recursos para el bienestar común, para lo cual son de suma importancia los valores éticos como la solidaridad, la transparencia, confianza entre todos y tanto entre ciudadanos con el Estado en un ambiente articulando a todos los actores sociales en gobernanza como parte de la gerencia social y el logro de sus objetivos.

Bienes comunes: El cuidado, la protección, el acceso universal del bien común ademas de su vigilancia como recurso limitado permitirá robustecer una cultura cívica dentro de la gerencia social, que este cimentado en la práctica de valores éticos, confianza, veracidad, transparencia, solidaridad, cooperativismo, que den mayor sostenibilidad; esta construcción permanente permitirá utilizar adecuadamente y mantener el bien común para nuestro uso y para el uso de las futuras generaciones, a las cuales con el ejemplo de esta cultura de valores y de civismo perpetuaremos, este bien común con generación de valor público.

Presentación y contextualización sintética del caso, ubicarlo en el campo de las políticas y de la Gerencia Social y en el contexto de crisis civilizatoria.

• · ¿Cuál es el caso elegido?¿En qué consiste? Síntesis

Como menciona en la investigación de Rivera (2023), son dos comunidades (Huisa Ccollana (HC) y Tintaya Marquiri (TM) del distrito de Yauri, capital de la provincia de Espinar, en la región Cusco; que constituyen una porción de las zonas donde asienta la minera Antapaccay – Extensión Tintaya; TM a 4000 msnm con 83 hogares; HC a 4400 msnm, con 155 familias; los circunda el rio Cañipia con un sistema de canales, que son de gran utilidad como sistema de riego de sus tierras; tienen desnutrición en el 50% de estudiantes; cuentan con agua potable en el 54%, no cuentan con desagüe en el 65.5%; no tienen luz en el 79.4%; la desnutrición infantil es del 38% y la pobreza y pobreza extrema es de 64.7% y 26% respectivamente; estas comunidades se dedican a la agricultura familiar y a la pequeña ganadería; están asentadas en yacimientos de cobre; determinado por las primeras exploraciones en 1917 por Andes Exploration of Mine de USA, que luego a lo largo del tiempo fue cambiando de dueño tanto privado como estatal.

1997 Primeras perforaciones realizadas por Andes Exploration of Mine de propiedad estadounidense, se confirma la presencia de mineral de cobre.

1952 La empresa Cerro de Pasco Corporation adquirió los derechos de explotación

1971 Se produce la estatización de la economía peruana La minera Tintaya pasa a ser administrada por el Estado a través de la empresa Minera Peru

1980 Se constituyo la Empresa Estatal Minera Asociada Tintaya S.A. (Ematinsa)

1982 La expropiación de las tierras comunales de Tintaya Marquiri se efectúa a través de R.D. 01-82-EM, con fecha 1 de abril 1982, de una extensión superficial de 2,368 hectáreas Gobierno de Belaunde Terry.

1985 Con Decreto Legislativo N° 109 cambia su estatus legal y se convierte en la Empresa Especial Tintaya S.A. e inicia sus operaciones.

1994 En el Gobierno de Fujimori se privatizan las empresas públicas, se modifica su estatuto y se forma Magma Tintaya S.A.

1996 Magma Copper Corporation, propietaria del yacimiento de Tintaya, fue comprada por Broken Hill Propietary Inc. (BHP)

2001 BHP Ltda. Se fusionó con la compañía inglesa Billiton P.L.C., la empresa asumió el nombre de BHP Billiton Tintaya S.A.

2006 Después de un proceso de venta Xstrata, importante grupo minero diversificado, adquiere los activos de la actual Xstrata Tintaya S.A.

2012-2014 Glencore es actualmente el mayor accionista de Xstrata, con un 34% de participación. La actual empresa es CIA. MINERA ANTAPACCAY SA.

Fuente Rivera Mecanismos de participación ciudadana en el proyecto minero “Antapaccay-Expansión Tintaya”, para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Distrito Espinar-Cusco (2023 p. 53).

Según Alata (2023), estas comunidades a pesar del olvido del Estado, desde sus inicios como pueblos originarios de la cultura Kana, quechuas, eran propietarios y trabajan la tierra en forma comunal, y los productos de la cosecha eran repartidos en forma equitativa, hasta que empezaron los trabajos de extracción de la minera y causaron una especie de “terremoto” en su capital social comunitario, que desestabilizo su organización. Como indica Rivera (2023), en el año 1982, el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry firmó un convenio con algunos representantes de estas comunidades y, según este acuerdo, se procedió a expropiar terrenos comunales por la R.D.01-82-EM, con una extensión de 2,368 hectáreas a favor de la empresa minera Tintaya S.A., con el compromiso de reubicación.

Pero estos acuerdos firmados no se cumplieron, tampoco el convenio Marco del 2003, y no se le informo adecuadamente a las comunidades acerca del impacto ambiental por la extracción minera; no hubo transparencia; desde un comienzo, lo que genero mucha desconfianza, temor debido a que la población presenciaba muerte de sus animales, corderos, gallinas; y el agua de sus ríos no era igual hasta antes que asentara la minería, y mencionan los comuneros según Rivera (2023): “…desaparecieron las ranas, las truchas y aparecieron los ratones y las moscas…”; todo ello afecto gravemente su economía ya venida a menos y empeoro su situación de pobreza; que genero conflictos persistentes de la comunidad contra la minera y el Estado, debido a que se impusieron leyes a favor de la minería por parte del Estado y perjudicaron su modo de vivir.

• · ¿Cómo se ubica en el marco de la normatividad peruana?

Según Rivera (2023); las comunidades de Huisa Ccollana y Tintaya Marquiri de Espinar a lo largo de todos los acontecimientos mencionados y en el tiempo, se están tratando de organizar en forma óptima y con el apoyo de MINEN que ha creado una instancia de la participación social: la Oficina General de gestión Social (OGGS); Oficinas Nacionales de Dialogo y Sostenibilidad (ONDS), ademas OEFA y ANA por parte del Estado como menciona Alata (2023) y de la ONG Derechos Humanos sin fronteras con el municipio de Espinar; que en conjunto con la empresa minera realizando talleres, consultas, reuniones, en base a las siguientes leyes:

Organización Internacional del Trabajo
(OIT:1989:s/p. -art 15 inciso 1 y 2) «…Los derechos de los pueblos interesados, a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos»

Constitución política del Perú de 1993
(Artículo 2, numeral 17) (Constitución Política del Peru 1993:2). se reconoce el derecho de toda persona a participar en asuntos que le son pertinentes, que le incumben y que son necesarios para lograr bien común:“… toda persona tiene derecho: […] a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental: Articulo 14 (Congreso de la Republica 2001:9) Esta ley reivindica el papel de las comunidades del lugar

La Resolución Ministerial N° 596-2002-ED/DM: “…Reglamento de Aprobación de los Estudios Ambientales en el sector energía y minas, señalando como objeto normar la participación de las personas naturales, organizaciones sociales, titulares de proyectos minero y o energéticos y autoridades en el procedimiento por el cual el Ministerio de Energía y Minas desarrolla actividades de información y diálogo con la población involucrada en proyectos minero o energéticos así como en el procedimiento de los estudios ambientales del sector” (Normas Legales El Peruano 2008:372903)

Ley N° 28245, 2004, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Esta Ley, en su artículo 27, literal d) “La vigilancia, a través de, entre otros mecanismos, monitoreo de la calidad ambiental, intervención de asociaciones de contribuyentes, usuarios y consumidores y de las rondas urbanas campesinas, según sea el caso.”

Ley N° 28611, Ley General del Ambiente en el 2005 Artículo 49, postula que las entidades promueven mecanismos de participación de las personas naturales y jurídicas en la gestión ambiental: “seguimiento y monitoreo ambiental, incluyendo denuncias por infracciones a la legislación ambiental o por amenazas o violaciones a derechos ambientales”.

Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector minero en el 2008 La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas “…es la autoridad competente para orientar, dirigir y llevar a cabo los procesos de participación ciudadana”. (MINEM DS 2008a: 372904).

– Antecedente de actividades de participación desarrolladas.

– Mecanismos durante proceso de evaluación.

– Mecanismos durante implementación de proyecto.

[…] un proceso público, dinámico y flexible que, a través de la aplicación de variados mecanismos, y tiene por finalidad:

– Conocer y canalizar las opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones u aportes respecto de las actividades mineras.

– Promover el diálogo y la construcción de consensos.

– Poner a disposición de la población involucrada información oportuna y adecuada respecto de las actividades mineras proyectadas o en ejecución. (MINEM 2008a: 372904)

Ley de Transparencia, 2009, mediante DS N° 002-2009-MINAM, se aprueba el acceso a la información y Participación Ciudadana del Sector Ambiente – Comités de Vigilancia Ciudadana, registrados ante la autoridad competente.

-Seguimiento de indicadores que cumplen normativa ambiental.

-Denuncia de infracciones o amenazas de infracciones a la normativa ambiental.

-Publicación de normas de los proyectos

-Participación en otras actividades de gestión

Guía de participación ciudadana en el subsector minero. (Diciembre, 2010) Esta Guía no fue socializada adecuadamente, pero Diego García Sayán ex ministro de Justicia y Derechos Humanos (García Sayán 2010 s/p), habla de ella e informa que comprende:

-Acceso a los resúmenes ejecutivos y al contenido de los Estudios Ambientales.

-Publicación de avisos de Participación Ciudadana en medios escritos, radiales.

-Talleres, encuestas, entrevistas o grupos focales.

-Distribución de materiales informativos.

-Visitas guiadas a las áreas o las instalaciones del proyecto.

-Interacción con la población involucrada a través de facilitadores.

-Audiencia Pública.

-Presentación de aportes, comentarios u observaciones por parte de la población involucrada ante la autoridad competente.

– Oficina de información permanente.

-Vigilancia y monitoreo ambiental participativo.

-Uso de medios tradicionales.

5http://www.garciasayan.com/blog-legal/2010/12/21/guia-de-participacion-ciudadana-en-el-sub-sector-minero

Realizado con Rivera(2023) y Alata(2023)

Como podemos analizar en la tabla 2: La Organización Internacional de Trabajo en el año 1989, se pronuncia acerca de la participación en forma general, a nivel mundial; pero como vemos en la tabla 1, los trabajos de exploración en el Peru, en Cusco, en la provincia de Espinar empiezan desde 1917; exploraciones que no tenían una normativa adecuada y cuyos pobladores desconocían según menciona Alata (2023), en la Constitución del Peru en el año 1993 también se da una normativa de participación en forma general; recién en el 2002 con la Resolución Ministerial N° 596-2002-ED/DM: se da un Reglamento de Aprobación de los Estudios Ambientales; pero la expropiación por el Gobierno de Belaunde fue en el año 1982 de 2,368 hectáreas a la comunidad Tintaya Marquiri y luego se dictamina una Ley de importancia para nuestro trabajo de investigación en participación, en el año 2004 la N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que hace hincapié en mecanismos de monitoreo de calidad ambiental; a esta Ley antecede a una serie de movilizaciones sociales de estas comunidades de Huisa Collana, Tintaya Marquiri, desde 1990, que termina con la toma de la mina y negociaciones para electrificación y asfaltado de toda la provincia de Espinar declarando el día 21 de mayo 1990: “Dia de la Dignidad Espinarense” como menciona Alata (2023).

Luego la Ley N° 28611: Ley General del Ambiente en el año 2005, que no solo habla de monitoreo también hace mención a las denuncias por infracciones ambientales; después el Reglamento de Participación Ciudadana en el Subsector minero en el 2008 (MINEM 2008a: 372904), a cargo de La Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas, que v de la mano con la Ley de Transparencia DS N° 002-2009-MINAM, se aprueba el acceso a la información y Participación Ciudadana del Sector Ambiente en el año 2009 y la Guía de participación ciudadana en el subsector minero, en el año 2010 expuesta por el ex Ministro de Justicia Diego García Sayán (García Sayán 2010 s/p); pero el documento en si no fue adecuadamente socializado, hasta se podría decir que se mantuvo “oculto” como menciona Rivera (2023); documento necesario como herramienta para el proceso de participación en monitorizacion en Estudios de Impacto Ambiental de estas comunidades de Tintaya Marquiri y Huisa Collana.

• · ¿Cómo se ubica el caso dentro del contexto de crisis civilizatoria?

La situación de estas comunidades Tintaya Marquiri y Huisa Ccollana, al que hace referencia Rivera (2023), es un claro ejemplo de crisis civilizatoria como menciona Feo (2020); estas comunidades que son pueblos originarios fueron despojados de sus tierras mediante la R.D.01-82-EM, en el gobierno de Belaunde Terry en 1982, a favor de la empresa minera para extracción y comercialización de cobre, con un sistema económico capitalista; que no trajo beneficios a estas comunidades, todo lo contrario acrecentó más las brechas de pobreza en los pobladores, debido a que se les arrebataron sus tierras de cultivo, contaminaron el agua de sus ríos, que representaban su sustento, como menciona Rivera (2023); ademas critica sin embargo, este Estado político que deben establecer políticas en apoyo a los pobladores, pero el Estado ha favorecido a la minería, transversalidad con el tema ético y valores

Según Alata (2023) la participación fue de jóvenes pobladores, adultos varones y las mujeres adultas tuvieron mayor participación debido a que durante las movilizaciones, quienes se encargaban de cuidar a todos los pobladores que se movilizaban eran las mujeres que se organizaban para la comida, durante las movilizaciones, mostrando el cuidado hacia la comunidad con respecto a la ética del cuidado que menciona Camps (2020)

El Estado dio leyes favoreciendo a la empresa minera para mercantilizar el cobre sin importar el impacto ambiental que se producía en Espinar donde están estas comunidades, produciendo una crisis a todo nivel, económico, político, ambiental con respecto a su salud, que se vio resquebrajada por la contaminación con metales pesados a estas comunidades que cuidaban estos recursos tierra y agua, como bien común, porque son su sustento, ellos vivian en armonía con la naturaleza, eran parte del capital social comunitario como menciona Bautista (2014), a pesar que estaban desde mucho antes olvidados por el Estado con altos índices de pobreza, de malnutrición, donde las políticas sociales del Estado no llegaban pero estas comunidades según Rivera (2023) y trabajan en asociatividad y por desconocimiento de sus derechos no ejercían una adecuada ciudadanía como refiere Martínez (2020), sin apoyo del Estado, donde el Estado tiene el deber de otorgar el mínimo de capacidades, mediante políticas públicas, a toda la población para mejorar sus capacidades y generar desarrollo otorgándoles sus derechos como seres humanos dignos que son.

• ¿Cuál es su importancia para la gerencia social?

Como menciona Alata (2023), en sus inicios hasta antes de la expropiación de sus tierras de la comunidad de Tintaya Marquiri, y hasta antes del asentamiento de la empresa minera, tenían elementos rudimentarios de la gerencia social poco desarrollados, como la articulación de actores entre los representantes de las comunidades y los representantes de los municipios, pero el Estado, estuvo ausente con respecto a la dotación de políticas sociales adecuadas para otorgar las capacidades mínimas para generar el desarrollo de estos pobladores; los propios pobladores se organizaban, trabajaban sus tierras de propiedad comunitaria, cuidándose entre ellos y cuidando los recursos naturales: agua y tierra necesarios para sobrevivir, generando bien común y con ello sostenibilidad territorial.

Luego de todas las movilizaciones sociales debido a los trabajos de la minería en el año 1990, según Alata (2023), estas comunidades se constituyeron en organizaciones de base de Espinar: el Frente Único de Defenza de los intereses de Espinar (FUDIE) y Federación Unificado de Campesinos de Espinar (FUCAE), y aparecieron otros actores sociales como los representantes del Municipio de la provincia Espinar y la ONG Derechos Humanos sin fronteras (DHSF), fue esta última, la que dio las herramientas necesarias para que estas comunidades aprendan el lenguaje técnico que hablaban la empresa minera y dos entidades del Estado: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), creado en el año 2008 y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) creado en el año 2010, al explicar en sus Asambleas con todos los actores sociales, para dar a conocer los resultados de su monitorizacion, acerca de límites máximos permitidos (LMP), de metales pesados, tanto en agua, como en tierra y acerca del cumplimiento de los estándares ambientales de calidad (ECA) también en agua y en la tierra; y hasta con ayuda de la ONG DHSF monitorizar ellos mismos las muestras en agua y suelo; y comparar con los resultados que daban a conocer las entidades del Estado como de la empresa minera que según Alata (2023) había grandes diferencias, mientras OEFA y ANA informaban que no había contaminación con metales pesados, los resultados de la comunidad indicaban alta contaminación con metales pesados de agua y suelo.

Actualmente, la participación de estas comunidades según Rivera (2023) en un marco de derechos están reafirmando democracia, ejercen su ciudadanía, estas comunidades desean participar en todos los procesos de Estudios de impacto ambiental, pero aun la normativa dada por el Estado, no les permite debido a que determina que en ciertos procesos participen activamente, pero en otros solo sean observadores; pero se ha desarrollado a lo largo del tiempo la articulación entre actores sociales, creando gobernanza, lo cual ha mejorado la situación de los pobladores pero aún se requiere mejorar las normas para mayor participación y mejorar las políticas sociales y publicas por el Estado para mejorar sus capacidades y con ello desarrollo de la población, que recibe apoyo de la ONG DHSF.

· ¿Tiene conexión con el desarrollo territorial?

Como plantea Rivera (2023), las comunidades de Huisa Ccollana y Tintaya Marquiri, tenían una conexión con desarrollo territorial, más desarrollada, con enfoque multidimensional: económico, social, cultural, ambiental; en base a la gestión de recursos, construcción de capacidades; con búsqueda de sostenibilidad de recursos en base a la preservación del medio ambiente y equidad social; con la creación de identidad, que fomenta sentido de pertenencia y valorización de la cultura local, como menciona Tovar (2025) ;como capital social, cumplía ciertas características como menciona Kliskberg (2016), son comunidades forjadas en base a la confianza, valores éticos, inculcados desde el hogar, con un sentido de civismo, agradecidos y en armonía con la Pachamama, la tierra recurso natural, que cuidan porque es fuente de su economía; estas tierras donde vivian estas comunidades eran de propiedad comunal, las trabajaban en comunidad y el fruto de su cosecha era repartida entre todos, donde todos cuidan de todos y se necesitan unos de otros para seguir desarrollándose, no existía el individualismo como describe Bastos (2020) son un buen ejemplo de capital social comunitario; este desarrollo territorial era en base al trabajo que realizaban comunitariamente todos utilizando el agua de los ríos, otro recurso que también fue comprometido con los trabajos de la minería, que utilizaban para regar sus tierras, y servía para la manutención de sus animales de crianza, que aportaban en su desarrollo que también se afectaron por la contaminación de los trabajos de extracción minera como menciona Alata (2023). Estas características de estas comunidades creaban y construían conexión con desarrollo territorial.

Identificar los elementos del capital social, capital social comunitario y ciudadanía presentes en el caso y examinar el grado de consistencia de estos.

Preguntas referenciales:

· ¿Cuál es el nivel y consistencia de la asociatividad y construcción de formas de cooperación sinérgica?

Como menciona Rivera (2023) estas comunidades Tintaya Marquiri y Huisa Collana, desde antes que irrumpiera la empresa minera en su territorio de propiedad comunitaria, tenían una buena consistencia de asociatividad, el capital social así como describe Kliksberg (2016), la confianza, los valores y la construcción de capital social comunitario era optimo, cuando se produjo la expropiación en el año 1982 de 2,368 hectáreas de Tintaya Marquiri, se desestabilizó esta asociatividad, debido a que muchos pobladores por el temor y por el incremento de la pobreza, perdida de ganado vacuno por la contaminación del agua, decidieron vender algunas tierras, privatizando de esta manera una tierra de propiedad comunal, un bien común, otro problema que menciona Alata (2023), era la desconfianza en sus inicios de los dirigentes comunales que no mostraban transparencia en su actuar y generaban desconfianza en conjunto con la empresa minera y el Estado; poco a poco debido a las movilizaciones sociales ya descritas se ha ido recuperando poco a poco la asociatividad y el capital social comunitario.

· ¿Cuál es el nivel y consistencia del clima de confianza?

La confianza como menciona Rivera (2023) ha tenido etapas y ha comprendido a diferentes actores a lo largo de la historia, en sus inicios hasta antes de la expropiación de las 2,368 hectáreas de Tintaya Marquiri, en la comunidad había mucha confianza y entre sus dirigentes y sus presidentes municipales, pero cuando se dio la expropiación y se asentó la minería, empezó a pulular la desconfianza por doquier, hacia el Estado, hacia la empresa minera, hacia dirigentes comunales, hacia presidentes municipales y de alguna manera entre los pobladores; fue nuevamente, el apoyo de nuevos lideres, representantes comunales con actitud de liderazgo y una cultura de civismo y de valores éticos que nuevamente empezó a devolver la confianza en la comunidad hasta formar frentes de lucha como el FUDIE y FUCAE, con apoyo de la ONG DHSF y construir mayor confianza entre todos y lograr sus objetivos en la participación de la monitorizacion en Estudios de Impacto Ambiental.

· ¿Existe conciencia cívica, es decir, la capacidad de actuar considerando el interés colectivo o el bien común? ¿Se está buscando el bien común?

Actualmente si, con todo lo que se ha explicado líneas más arriba y ha acontecido; la conciencia cívica se ha robustecido, la organización de estas comunidades en conjunto con otros actores sociales en mesas de concertación, en conjunto con el Estado, la empresa minera, las ONG, sus presidentes municipales, dirigentes y AVMAE, como menciona Alata (2023), se están articulando para vigilar y cuidar sus recursos más preciados que son el agua y la tierra, cuya misión y visión es el bien común y que pueda ser utilizado en forma equitativa, inclusiva, limitada, para cubrir sus necesidades.

· ¿Están presentes valores éticos, relativos a la transparencia, la honestidad, la igualdad, la solidaridad?

Como menciona Rivera (2023), los actores sociales inmersos ya descritos, tienen sus características y gracias a los talleres y las mesas de concertación, los cabildos y reuniones para dar a conocer información en forma transparente en lenguaje técnico que también entienden los pobladores y representantes gracias a la ONG DHSF, ha mejorado la transparencia, la honestidad, entre la empresa minera y la población y entre el Estado y la población, pero aún falta mejorar; aun como menciona Rivera (2023) hay intereses individuales por parte de la Empresa con ayuda del Estado que requiere trabajar y en ello está apoyando la ONG DHSF para poder articular mejor entre todos los actores sociales, con enfoque de equidad, con enfoque de inclusion y con enfoque de valores éticos como la veracidad y la solidaridad y justicia.

· ¿Cuál es el vínculo con el territorio, los pueblos y/o la comunidad?

Son interdependientes entre el territorio y las comunidades; como bien describe Alata (2023), Huisa Collana y Tintaya Marquiri, desde sus antepasados, como pueblo originario que es de la cultura Quechua, se cuidan entre ellos y cuidan a la naturaleza a la Pachamama, que les provee de alimentos necesarios para sobrevivir, ellos viven en armonía con la naturaleza; ellos dependen de su territorio y su territorio depende de ellos, por ello, lo protegen, lo cuidan y generan desarrollo territorial, desde un inicio con sus conocimientos ancestrales y luego con apoyo de la ONG DHSF, para mejorar su calidad de vida y bienestar.

· ¿Existen elementos de historia, tradición, cultura y saberes propios? ¿Cuáles? ¿Qué relacion tienen con la identidad del colectivo?¿Existen formas de la organización comunitaria previas?

Si, estas comunidades Huisa Collana y Tintaya Marquiri, como alude Alata (2023) y Rivera (2023), son pueblos originarios, se autoidentifican quechuas, descendientes de la cultura Kana, propietarios comunitarios, cuya base de labor era el ayni, trabajaban la tierra en comunidad y repartían la cosecha entre todos en forma equitativa, justa, en forma solidaria, veraz y transparente, esa era su organización.

· ¿Se ha desarrollado un sentido de “nosotros” entre sus integrantes?

Si, como hace referencia Alata (2023) los pobladores de las comunidades entienden que todos estos procesos de participación y de monitorizacion participativa en Estudios de Impacto Ambiental trae un beneficio a toda la comunidad, ellos como comunidades que pertenecen a comunidades originarias saben, que toda su lucha es conseguir un beneficio comunitario, sus recursos, el agua y la tierra, que cuidaban desde sus ancestros como comunidad Quechua perteneciente a la comunidad Kana, ellos se cuidan entre ellos y cuidan la naturaleza porque saben que es beneficio para todos, por el bien común, generando valor público.

· ¿Las mejoras logradas se asumen como bienestar común y progreso compartido?

Si, los pobladores, conocen todo lo que han conseguido gracias a sus movilizaciones en apoyo con otros actores sociales, como la ONG DHSF, presidentes municipales, AVMAE, con lo que ha mejorado las condiciones del monitores del agua y de la tierra que son sus recursos y representan su bien común, que ha construido prosperidad, desarrollo y evolución en comparación a sus inicios, pero que según Alata (2023) aún siguen en pie de lucha, en forma dinámica, continua para mejorar aún más su realidad.

· ¿Existe un sentido de corresponsabilidad? ¿ Como se expresa?

Si, las comunidades no solo de Tintaya Marquiri y Huisa Collana, también otras comunidades de Espinar, se han organizado, tienen reuniones mediante el AVMAE, con sus 20 integrantes y representantes de cada comunidad, todos los fines de mes y asisten a capacitaciones por parte de la ONG DHSF, para el monitoreo participativo de los suelos y el agua; según Alata (2023), su asociación AVMAE cuenta con una visión y misión, objetivos, tienen un analisis FODA y han delimitado adecuadamente sus amenazas y debilidades con respecto su entorno e interior de la organización, por lo que comprenden su responsabilidad en su trabajo en equipo y en conjunto con la ONG, así como una adecuada articulación con las entidades del Estado, OEFA y ANA y la empresa minera para el logro de sus objetivos en beneficio de todos.

· ¿Existe un plan o planes para impulsar iniciativas conjuntas en el corto y mediano plazo?

Si, estas comunidades con su asociación AVMAE en conjunto con la ONG DHSF, ha planteado planes, corto plazo que es el monitoreo participativo de agua y suelo con LMP de metales pesados y ECA, también en agua y suelo, con el apoyo articulado tanto de la empresa minera como del Estado con entidades del OEFA y ANA; como planes a mediano plazo, se encuentran los proyectos de desarrollo social, planteados como parte del canon que la empresa privada designa a sus gobiernos locales, tanto en materia de educación, como salud, y proyectos de abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, alcantarillado y disposición de excretas como proyectos de mejora de sus productos pecuarios y calidad de agua, como menciona Alata (2023).

· ¿Se han establecido alianzas con otros actores y sectores?

Según Rivera (2023), estas comunidades Huisa Collana y Tintaya Marquiri, con otras comunidades de Espinar se han asociado en AVMAE y anteriormente en las movilizaciones sociales de 1990 en FUDIE y FUCAE, que fueron de gran apoyo para conseguir respeto a sus derechos, a los convenios y participación en Estudios de Impacto Ambiental; por otro lado tienen una gran alianza con la ONG DHSF, quienes ayudan a articular y fortalecer relaciones con el Estado y sus dos entidades OEFA y ANA para la monitorizacion del ambiente y con la empresa minera para llegar a acuerdos y mejorar la situación de las comunidades y generen desarrollo en un marco de derechos y de participación social en ciudadanía.

Identificar los elementos de ética del cuidado y bienes comunes presentes en el caso y examinar el grado de consistencia de estos.

En el caso del proyecto minero «Antapaccay – Expansión Tintaya», se identifican varios elementos relacionados con la ética del cuidado y los bienes comunes, su implementación es inconsistente y limitada. Es necesario fortalecer la participación ciudadana, garantizar el cumplimiento de compromisos ambientales y sociales, y adoptar un enfoque intercultural para lograr una gestión más ética y sostenible, estos elementos son:

ELEMENTOS DE ETICA DEL CUIDADO:

Preocupación por el impacto ambiental^[1]: ​

• La población expresa preocupación por la contaminación de los recursos naturales, especialmente el agua y la tierra, que son esenciales para su subsistencia. ​ Esto refleja una ética del cuidado hacia el medio ambiente y la vida comunitaria. ​

• La recomendación de realizar monitoreos ambientales permanentes y prevenir daños al ecosistema también se alinea con la ética del cuidado.

Protección de la salud y bienestar comunitario:

• Los pobladores mencionan los efectos de la contaminación en la salud humana y animal, lo que evidencia una preocupación por el bienestar colectivo. ​

• La Estrategia Sanitaria Nacional para atender a personas afectadas por metales pesados busca mitigar los riesgos para la salud, aunque su implementación parece insuficiente. ​

Reconocimiento de la cosmovisión andina:

• La tesis destaca la importancia de valorar la cosmovisión andina para facilitar el diálogo intercultural, lo que implica un enfoque ético hacia el respeto y cuidado de las culturas locales. ​

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS BIENES COMUNES:

Recursos naturales como bienes comunes^[2]:

• El agua, la tierra y el aire son bienes comunes fundamentales para la vida de las comunidades. La preocupación por su contaminación y uso sostenible refleja la importancia de proteger estos recursos. ​

• La exigencia de los pobladores para que la empresa minera cumpla con los compromisos ambientales y sociales también apunta a la defensa de los bienes comunes.

Participación ciudadana: ​

• La participación ciudadana en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) es un mecanismo para proteger los bienes comunes, permitiendo que las comunidades influyan en las decisiones que afectan su entorno. ​

• Sin embargo, la falta de información adecuada y metodologías interculturales limita la efectividad de este mecanismo. ​

Grado de consistencia:

Inconsistencias en la implementación^[3]:

• Aunque existen normativas y mecanismos para la participación ciudadana y protección ambiental, su aplicación es deficiente. ​ La población no recibe información clara ni participa desde el inicio de los proyectos, lo que genera desconfianza y conflictos.

• La empresa minera y el Estado no han logrado establecer relaciones de confianza ni garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, lo que afecta la percepción de cuidado hacia los bienes comunes.

​Falta de integración de la ética del cuidado:

• Las acciones de la empresa y del Estado no parecen estar guiadas por una ética del cuidado hacia las comunidades y el medio ambiente. ​ La prioridad parece ser el desarrollo económico, dejando en segundo plano la protección de los bienes comunes y el bienestar comunitario. ​

Preguntas referenciales:

¿Hay conciencia y conocimiento sobre los bienes comunes (materiales e inmateriales) que se deben cuidar y preservar?

Sí, hay conciencia sobre los bienes comunes materiales, como el agua, la tierra y el aire, que las comunidades consideran esenciales para su subsistencia y bienestar, esta preocupación se manifiesta en diversas formas, desde la conciencia sobre el deterioro ambiental hasta los esfuerzos por promover prácticas sostenibles y proteger la biodiversidad. Sin embargo, el conocimiento sobre cómo protegerlos y los mecanismos para hacerlo es limitado debido a la falta de información clara y accesible por parte del Estado y la empresa. ​ En cuanto a los bienes inmateriales, como la cosmovisión andina y la organización comunitaria, existe reconocimiento, pero su valoración y preservación no están plenamente integradas en los procesos de participación y gestión.

¿Hay estrategias para preservar los bienes comunes, con objetivos, consensos y reglas?

Sí, existen estrategias normativas y propuestas para preservar los bienes comunes, como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), los mecanismos de participación ciudadana y las normativas ambientales. ​ Sin embargo, estas estrategias carecen de objetivos claros, consensos efectivos y reglas adecuadamente implementadas. ​ La falta de información accesible, metodologías interculturales y cumplimiento de compromisos por parte del Estado y la empresa limita su eficacia y genera desconfianza en las comunidades. ​

​ ¿Hay preocupación común por la preservación de la vida (de los seres humanos y de la naturaleza)?

Sí, existe una preocupación común por la preservación de la vida humana y de la naturaleza, especialmente entre las comunidades afectadas por la actividad minera. ​ Los pobladores expresan inquietud por la contaminación del agua, la tierra y el aire, así como por los impactos en su salud y en sus animales. ​ Sin embargo, esta preocupación no siempre se traduce en acciones efectivas debido a la falta de información, apoyo estatal y cumplimiento de compromisos por parte de las empresas mineras. ​

¿Existe conciencia de la interdependencia entre los seres humanos? ¿Se ha desarrollado un sentido de pertenencia entre las personas y la naturaleza?

Sí, en las comunidades altoandinas existe una clara conciencia de la interdependencia entre los seres humanos y un fuerte sentido de pertenencia hacia la naturaleza. Esto se refleja en su preocupación por la contaminación ambiental y en su cosmovisión andina, que valora profundamente la relación armoniosa con la tierra, el agua y los animales. ​ Sin embargo, esta conexión no siempre es comprendida ni respetada por las empresas mineras y el Estado, lo que genera conflictos y desconfianza en los procesos de participación ciudadana. ​

¿Existen y/o se están construyendo formas y estrategias de cooperación y colaboración permanente?

Sí, existen formas y estrategias de cooperación y colaboración, aunque su implementación es limitada y enfrenta desafíos. ​ Por ejemplo, se han establecido mesas de diálogo entre las comunidades, el Estado y las empresas mineras para abordar conflictos socioambientales. ​ Además, se promueven mecanismos como el monitoreo ambiental participativo y los talleres informativos. ​ Sin embargo, estas estrategias no siempre son efectivas debido a la falta de confianza, el incumplimiento de compromisos y la ausencia de metodologías adecuadas que consideren la cosmovisión y las necesidades de las comunidades. ​

¿Se están tejiendo y construyendo redes y estrategias de la solidaridad?

Sí, en las comunidades altoandinas se están tejiendo y construyendo redes de solidaridad, especialmente a través de sus organizaciones sociales tradicionales, como las comunidades campesinas, rondas campesinas y asociaciones locales. ​ Estas redes buscan defender sus derechos, proteger el medio ambiente y exigir el cumplimiento de compromisos por parte de las empresas mineras y el Estado. ​ Sin embargo, estas iniciativas enfrentan desafíos debido a la desconfianza hacia las instituciones, la falta de información adecuada y la fragmentación organizativa en algunos casos. ​

Caracterizar la consistencia de la participación social en el caso estudiado, según su conexión con los objetivos de Desarrollo-Buen Vivir y de Democracia-Ciudadanía

La participación social en el caso estudiado presenta una consistencia limitada y enfrenta varios desafíos en su conexión con los objetivos de Desarrollo-Buen Vivir y Democracia-Ciudadanía¸ aunque la participación social tiene el potencial de contribuir al Buen Vivir y a la Democracia-Ciudadanía, su efectividad está condicionada por la necesidad de mejorar los mecanismos de inclusión, información y diálogo intercultural.

Conexión con el Desarrollo-Buen Vivir^[4]:

Fortalezas: La participación social busca proteger los recursos naturales, garantizar la sostenibilidad ambiental y mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Esto está alineado con los principios del Buen Vivir, que priorizan la armonía con la naturaleza y el bienestar colectivo. ​

Debilidades: La falta de información clara, la exclusión de las comunidades en las etapas iniciales de los proyectos mineros y el incumplimiento de compromisos por parte de las empresas y el Estado limitan el impacto positivo de la participación social en el desarrollo sostenible. ​

Conexión con la Democracia-Ciudadanía:

Fortalezas: La participación social permite a las comunidades expresar sus preocupaciones y demandas, promoviendo el ejercicio de sus derechos ciudadanos y el diálogo con las instituciones. ​

Debilidades: La asimetría de poder entre las comunidades, las empresas y el Estado, junto con la falta de metodologías interculturales, dificulta una participación efectiva y equitativa. ​ Esto debilita la confianza en las instituciones y limita el fortalecimiento de la ciudadanía activa. ​

Desarrollo de las Preguntas referenciales

De acuerdo con los indicadores del cuadro 7, ¿señale cuáles están presentes en el caso?

Participación Reivindicativa:

• Reclama derechos básicos desde posiciones de exclusión.

• Posee organización colectiva y niveles de reconocimiento para las personas y colectivos que intervienen.

• Son demandas económicas o sociales inmediatas o parciales, que no implican un cambio del modelo económico.

• Involucra acciones y movilizaciones corporativas y gremiales. Fortalece a los participantes y a sus instituciones corporativas, gremiales y sectoriales.

• Establecen redes de cooperación, construyen lazos de solidaridad y alianzas.

• Recoge experiencias y cultura de pueblos y comunidades.

Participación Emancipadora:

• Los sujetos y actores participantes desarrollan sentido y conciencia crítica frente a la desigualdad, la injusticia, el colonialismo y la crisis civilizatoria.

• Su agenda, acciones y propuestas involucran objetivos de desarrollo, bien común, buen vivir y vida digna. Incluyen la defensa irrestricta de los derechos humanos y de la naturaleza.

• Su agenda, acciones, propuestas coadyuvan a la democratización, el reconocimiento de la diversidad, la construcción de sociedades horizontales y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

¿Considera que el caso tiene elementos de varios de los cuadrantes? ¿De cuáles?

Si.

1. Participación Reivindicativa:

Conflicto. Existe demandas insatisfechas

Conciencia. Reconocen la injusticia y la necesidad de cambio.

Organización. Se movilizan de manera organizada para defender sus intereses

Demanda. Están claras y bien definidas

Presión. Usan la estrategia en las protestas y negociación

Resultados visibles. Se busca resultados tangibles y beneficios concretos para la comunidad

2. Participación Emancipadora

Conciencia Crítica. Profunda comprensión de las raíces de la opresión y la necesidad de transformar las estructuras sociales.

Autonomía. Búsqueda de la autonomía y el control sobre las propias vidas y decisiones.

Empoderamiento Colectivo. Fortalecimiento de la capacidad del grupo para actuar colectivamente y transformar su realidad.

Solidaridad. Construcción de alianzas con otros grupos y movimientos sociales que comparten objetivos similares.

Sostenibilidad. Búsqueda de cambios duraderos y transformaciones profundas en la sociedad.

Considerando sus características predominantes, ¿en cuál de los 4 cuadrantes de la tipología del Cuadro No. 2 se puede ubicar el caso analizado? ¿Por qué?

El caso que se analiza denominado “PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROYECTO ANTAPACCAY-EXPANSIÓN TINTAYA DE ESPINAR-CUSCO EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL”, referente a la participación social tiene dos etapas, inicialmente (1985) se relaciona con el tipo de PARTICIPACIÓN SUBORDINADA. Los monitoreos participativos realizados por el Estado (OEFA y ANA) y la empresa minera (BHP, Xtrata, Glencore) en Espinar, si bien buscan involucrar a la sociedad civil, reproducen desigualdades de conocimiento y participación. Estos monitoreos presentan una estructura jerárquica donde el Estado y la empresa lideran, mientras que la sociedad civil participa de manera subordinada. Posterior a ello cuando a partir de 2013 Los monitoreos de AVMAE logran resignificar el rol político de la sociedad civil, dándoles voz en la discusión sobre la calidad del agua y promoviendo su participación en la toma de decisiones, situación que hace que el tipo de participación social sea de PARTICIPACION REINVINDICATIVA, dado que los monitoreos comunitarios representan una innovación institucional donde la sociedad civil se apropia y transforma las reglas de la vigilancia ambiental, asumiendo un rol protagónico.

7. Aportes y propuestas para fortalecer la participación social.

Preguntas referenciales:

¿Qué propondría para que las estrategias de participación social en el caso estudiado coadyuven al fortalecimiento del capital social, la ciudadanía y la democracia?

Para fortalecer la participación social en el proyecto minero Antapaccay – Extensión Tintaya, en las comunidades de Huisa Ccollana y Tintaya Marquiri, se propone los siguientes aportes:

1. Fortalecimiento de la información y comunicación^[5]: ​

• Información clara y accesible: Garantizar que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y otros documentos sean explicados en términos sencillos y en el idioma local (quechua), utilizando metodologías interculturales.

• Transparencia: Proveer información completa y actualizada sobre los impactos ambientales, medidas de mitigación y beneficios del proyecto.

• Visitas guiadas: Organizar recorridos para que los pobladores conozcan las instalaciones y actividades mineras, reduciendo la desconfianza. ​

2. Inclusión y empoderamiento comunitario:

• Participación desde el inicio: Incluir a las comunidades en todas las etapas del proyecto, desde la planificación hasta la ejecución y monitoreo. ​

• Capacitación: Implementar programas de formación en temas ambientales, derechos ciudadanos y mecanismos de participación. ​

• Comités de vigilancia: Crear comités comunitarios para el monitoreo ambiental y social, con activa participación de los pobladores. ​

3. Fortalecimiento organizacional:

• Reforzar las organizaciones locales: Apoyar a las comunidades en la recomposición de su tejido organizacional y en la formación de nuevos líderes. ​

• Promoción de la equidad de género: Incluir a mujeres en roles de liderazgo y toma de decisiones.

4. Mejora de los mecanismos de participación:

• Audiencias públicas efectivas: Asegurar que las audiencias sean inclusivas, con espacios para el diálogo y la resolución de dudas. ​

• Metodologías interculturales: Diseñar estrategias que respeten la cosmovisión andina y las formas de aprendizaje de las comunidades. ​

5. Inversión social y desarrollo sostenible:

• Proyectos de inversión social: Utilizar los fondos del canon minero para mejorar servicios básicos (agua, salud, educación) y promover actividades productivas como la agricultura y ganadería. ​

• Desarrollo de capacidades: Implementar programas para fortalecer habilidades técnicas y productivas de los pobladores. ​

6. Mayor presencia del Estado:

• Supervisión constante: Garantizar que el Estado supervise el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales por parte de la empresa. ​

• Espacios de diálogo: Promover mesas de diálogo permanentes entre el Estado, la empresa y las comunidades. ​

7. Cumplimiento de compromisos^[6]:

• Responsabilidad empresarial: Exigir a la empresa minera el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Convenio Marco y otros compromisos sociales y ambientales. ​

¿Qué propondría para que las estrategias de participación social en el caso estudiado coadyuven a la gestión social en pro del bienestar común y del buen vivir?

Para que las estrategias de participación social coadyuven a la gestión social en pro del bienestar común y del Buen Vivir, se proponen las siguientes acciones:

1. Implementación de un enfoque intercultural:

• Respeto a la cosmovisión andina: Diseñar estrategias que valoren las prácticas culturales, creencias y formas de organización de las comunidades. ​

• Uso del idioma local: Garantizar que las actividades de participación se realicen en quechua, facilitando la comprensión y el diálogo. ​

• Metodologías adaptadas: Utilizar herramientas pedagógicas que se alineen con las formas de aprendizaje de las comunidades rurales. ​

2. Fortalecimiento de la participación ciudadana: ​

• Involucramiento desde el inicio: Asegurar que las comunidades participen en todas las etapas del proyecto, desde la planificación hasta el monitoreo. ​

• Capacitación comunitaria: Brindar formación en temas ambientales, derechos ciudadanos y mecanismos de participación, empoderando a los pobladores. ​

• Creación de comités de vigilancia: Establecer comités comunitarios para el monitoreo ambiental y social, con representación equitativa de hombres y mujeres. ​

3. Promoción del diálogo y la confianza:

• Mesas de diálogo permanentes: Crear espacios de diálogo entre el Estado, la empresa y las comunidades para resolver conflictos y tomar decisiones conjuntas. ​

• Transparencia en la información: Proveer datos claros y accesibles sobre los impactos ambientales, beneficios del proyecto y medidas de mitigación. ​

• Visitas guiadas: Facilitar recorridos por las instalaciones mineras para que los pobladores conozcan las actividades y medidas de control ambiental. ​

4. Inversión en desarrollo sostenible:

• Proyectos productivos: Utilizar los fondos del canon minero para fortalecer la agricultura, ganadería y otras actividades económicas locales. ​

• Mejora de servicios básicos: Priorizar inversiones en agua potable, salud, educación y saneamiento en las comunidades. ​

• Fomento de capacidades: Implementar programas para desarrollar habilidades técnicas y productivas en los pobladores. ​

5. Mayor presencia del Estado:

• Supervisión activa: Garantizar que el Estado supervise el cumplimiento de los compromisos sociales y ambientales por parte de la empresa. ​

• Políticas inclusivas: Promover normativas que fortalezcan la participación ciudadana y protejan los derechos de las comunidades. ​

6. Cumplimiento de compromisos:

• Responsabilidad empresarial: Exigir a la empresa minera el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el Convenio Marco y otros compromisos sociales. ​

Evaluación continua: Realizar auditorías periódicas para verificar el impacto ambiental y social del proyecto.

Referencias Bibliográficas

Alata, E. (2023). Monitoreos hídricos comunitarios y desigualdades de conocimiento en contextos de minería a gran escala: el caso del proyecto minero Tintaya – Antapaccay [Tesis de maestría no publicada]. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Bastos, S. (2020). La comunidad y lo comunitario en el siglo XXI: Propuestas de análisis a partir del estudio de Mezcala, México. Runa, Archivo para las Ciencias del Hombre, 41(1), 91–106. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Sureste.

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/12597/12851

BAUTISTA, R. (2014). La descolonización de la política: Introducción a una política comunitaria (Cap. 9, pp. 191-206). AGRUCO.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Bolivia/agruco/20170927035252/pdf_224.pdf

Camps, V. (2021). El valor invisible del cuidado. Revista Aleph. https://www.revistaaleph.com.co/index.php/component/k2/item/970-el-valor-invisible-del-cuidadoç

1. Complexus. (12 de agosto de 2016). Capital Social – El Informe Kliksberg – Escándalos Éticos . YouTube.
   

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ (Congreso)1993 Constitución Política del Perú. Lima. https://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/constitucion.pdf

Feo, Ó., Rodríguez, A. M., Saavedra, F., Quintana, J. y Alcalá, P. (2020). Crisis Civilizatoria: Impactos sobre la Salud y la Vida. Pensar la pandemia. Observatorio Social del Coronavirus. CLACSO. https://www.clacso.org/crisis-civilizatoria-impactos-sobre-la-salud-y-la-vida/

García Sayán (20210). Guía de participación ciudadana en el subsector minero http://www.garciasayan.com/blog-legal/2010/12/21/guia-de-participacion-ciudadana-en-el-sub-sector-minero

1994 Ley N° 26300. Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos. https://pdba.georgetown.edu/Electoral/Peru/participycontrol.pdf

Ley 29785, Ley de Consulta Previa.

https://consultaprevia.cultura.gob.pe/sites/default/files/pi/archivos/Ley%20N%C2%B0%2029785.pdf

2001 Ley N° 27446. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental. Lima, consulta 10 de abril. https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-27446.pdf

2005 Ley N° 28611. Ley General del Ambiente. Lima. https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-28611.pdf

Leyva, A. (2018). Consúltame de verdad. Aproximación a un balance sobre consulta previa en el Perú en los sectores minero e hidrocarburífero. OXFAM. https://peru.oxfam.org/latest/policy-paper/cons%C3%BAltame-de-verdad

Martínez, P. (2020). Ciudadanía social y económica como desarrollo. Consideraciones desde el enfoque de Martha Nussbaum. Veritas, (47). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-92732020000300031

MINISTERIO DEL AMBIENTE (MINAM) 2013 Los Motivos de Conflicto en Espinar [Boletín informativo #3] Lima. Consulta http://sinia.minam.gob.pe/documentos/dialogo-gestion-descentralizada-conflictosboletin- informativo-no-03#sthash.jTXUguwx.dpuf

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) 2002 R.M. N° 596-2002-EM/DM, Aprueban el Reglamento de Consulta y Participación Ciudadana en el Procedimiento de Aprobación de los Estudios Ambientales en el Sector Energía y Minas. Lima, 21 de diciembre. http://biblioteca.unmsm.edu.pe/redlieds/recursos/archivos/MedioAmbienteMinero/R M596-2002-EM.pdf

Mokate, K. y Saavedra, J. (2006). Gerencia social: un Enfoque Integral para la Gestión de Políticas y Programas. Serie de Documentos de Trabajo I-56. https://publications.iadb.org/es/publicacion/16492/gerencia-social-un-enfoque-integral-para-la-gestion-de-politicas-y-programas

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 1989 Convenio Número 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ginebra. https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_ CODE:C169

Ramírez, J. M. (2012). Dimensiones constitutivas y ejes estructurales de la ciudadanía. Estudios Políticos, 9(26), 1 22 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=426439547001

Rivera, M. (2023). Mecanismos de participación ciudadana en el proyecto minero “Antapaccay-Expansión Tintaya”, para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. Distrito Espinar-Cusco [Tesis de maestría no publicada]. Pontificia Universidad Católica del Peru.

Shack, N. y Arbulú, A. (2021). Una aproximación a los mecanismos de participación ciudadana en el Perú. Contraloría General de la República del Perú. https://doc.contraloria.gob.pe/estudios-especiales/documento_trabajo/2020/Documento_de_Trabajo_Una_aproximacion_a_los_mecanismos_de_participacion_ciudadana_en_el_Peru.pdf

Tovar, M. (2025) Enfoques y Metodologías para la Promoción de la Participación Social y las Relaciones Comunitarias. Pontificia Universidad Católica del Peru – Escuela de Posgrado, Maestría en Gerencia Social – modalidad semipresencial.

Velásquez, V., Villalobos, J. y Marquina, M. (2021). Participación ciudadana en el Perú. Fundación Konrad Adenawer e Instituto Peruano de Derecho Electoral. https://www.kas.de/documents/269552/0/Participaci%C3%B3n+Ciudadana+en+el+Per%C3%BA.+De+A+a+la+Z+.pdf/eddaaefa-7f19-fce8-88f3-c58a9259640b?version=1.0&t=1640033954326

[1] Rivera Calle, M. I. (2023). Mecanismos de participación ciudadana en el proyecto minero “Antapaccay – Expansión Tintaya”, para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. ​ Distrito de Espinar-Cusco [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. ​p.p 78, 92; Repositorio Institucional PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe

(…) “En casi en todos los entrevistados un tema reiterativo era la preocupación por el tema de la contaminación al medio ambiente.” (…) p. 78

(…) “Si bien es cierto reconocen que la actividad minera les brinda trabajo, también afecta sus tierras y el agua, su preocupación es el tema de la contaminación ambiental”. (…) p.92

[2] (…) “Los pobladores exigen: una distribución más equitativa de los beneficios de la explotación minera, una gestión transparente, la necesidad de que exista un mecanismo de consulta previa y un control riguroso de los impactos ambientales que tal explotación produce.” (…). P. 93

[3] Rivera Calle, M. I. (2023). Mecanismos de participación ciudadana en el proyecto minero “Antapaccay – Expansión Tintaya”, para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. ​ Distrito de Espinar-Cusco [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. ​p.96; Repositorio Institucional PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe

(…) “Así mismo las normas y compromiso referidos a la empresa privada frente al impacto ambiental y participación ciudadana tampoco son cumplidos.” (…) p.96

[4] Rivera Calle, M. I. (2023). Mecanismos de participación ciudadana en el proyecto minero “Antapaccay – Expansión Tintaya”, para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. ​ Distrito de Espinar-Cusco [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. ​p.p.9.30.86.101; Repositorio Institucional PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe

[5] Rivera Calle, M. I. (2023). Mecanismos de participación ciudadana en el proyecto minero “Antapaccay – Expansión Tintaya”, para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. ​ Distrito de Espinar-Cusco [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. ​p.57; Repositorio Institucional PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe

(…)

“Comunicación e información:

Existe mucho interés y necesidad por obtener de manera certera, información continua y actualizada sobre el Proyecto para que puedan tomar decisiones sobre su futuro.” (…) p.57

[6] Rivera Calle, M. I. (2023). Mecanismos de participación ciudadana en el proyecto minero “Antapaccay – Expansión Tintaya”, para la evaluación de los estudios de impacto ambiental. ​ Distrito de Espinar-Cusco [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Católica del Perú]. ​p.28; Repositorio Institucional PUCP. https://repositorio.pucp.edu.pe

(…)

Participación social a través del control y seguimiento de las medidas, acciones, obligaciones y compromisos adoptados por el titular minero respecto a los aspectos ambientales y sociales relacionados con su actividad. (…) p.28