«La formación del Estado Nacional argentino» (1862-1880) – Martínez, Ramiro E.

                                                                INDICE:

INTRODUCCIÓN: ………………………………………………………………………….. Pp. 3

• 1) Pavón: el fin de la Confederación Argentina. Características del proceso de construcción de un Estado e inicio de la formación del Estado argentino.
• Motivos que llevaron a la guerra de Pavón, características de la guerra y la necesidad de liderazgo bonaerense en el proceso de construcción del Estado Nacional. …….. Pp.3-9.
• Proceso de construcción de un Estado e inicio de la formación del Estado argentino. Aparato institucional, alianzas políticas y organización nacional. La conquista del Estado: construcción del poder centralizado e intervenciones provinciales. … Pp.9-22.
• Formación del poder político y administrativo en la provincia de Entre Ríos. .. Pp.22-27
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• 2) Presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento y Nicolás Avellaneda: rebeliones provinciales, Cruzada Libertadora, Guerra de la Triple Alianza y Campaña al Desierto.
• Gobierno de Bartolomé Mitre
  (1862-1868). ……………………………… Pp.28-47.
• – A.a: Distintas versiones historiográficas de su figura y sucesos característicos de su gobierno. ……………………………………………………………………… Pp.28-41.
• – A.b.: Guerra de la Triple Alianza. ………………………………………… Pp.41-47.
• B) Gobierno de Domingo Faustino Sarmiento
  (1868-1874). …………………… Pp.47-58.
• – B.a: Distintas versiones historiográficas de su figura y sucesos característicos de su gobierno. ……………………………………………………………………… Pp.47-53.
• – B.b: Asesinato de Urquiza y abatimiento de López Jordán: fin del federalismo entrerriano y persecución del federalismo en las demás provincias del interior. ………………………………………………………………………………… Pp.53-56.
• – B.c: Fin del gobierno de Sarmiento: candidatura de Avellaneda y levantamiento militar de Mitre. ……………………………………………………………… Pp.56-58.
• C) Gobierno de Nicolás Avellaneda (1874-1880). ……………………………… Pp.58-68.
• – C.a: Distintas versiones historiográficas de su figura, sucesos característicos de su gobierno y crisis económica. ………………………………………………… Pp.58-63.
• – C.b: Campaña al desierto. …………………………………………………… Pp.63-68.
• Guerra Civil entre Buenos Aires y el Interior, la cuestión Capital e inicio del gobierno de Julio Argentino Roca en 1880. ……………………………………………… Pp.68-69.

CONCLUSIÓN: ……………………………………………………………………………… Pp.69.

BIBLIOGRAFÍA: …………………………………………………………………………… Pp.70.

INTRODUCCIÓN: En el siguiente trabajo monográfico se abordarán 18 años cruciales en nuestra historia, en los cuales se configuraron los andamiajes institucionales, legales, políticos y económicos que sentaron las bases del Estado moderno en Argentina. Será explicado entonces el devenir de este complejo proceso.

En primera instancia se desarrollarán las causas, características y consecuencias de la guerra de Pavón, luego se hará un desarrollo teórico intensivo a fin de conocer las características de construcción de un Estado y lo que ello conlleva, y luego centrar el desarrollo en el caso argentino y el de la provincia de Entre Ríos en el marco nacional.

En segunda instancia se abordarán los gobiernos de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás de Avellaneda, caracterizando sus políticas de gobiernos y coyunturas particulares y desarrollando acontecimientos que marcaron para siempre nuestra historia nacional y latinoamericana como la Guerra de la Triple Alianza, las guerras en el interior, crisis y endeudamientos, proyecto político-económico agro-exportador favorable a una minoría terrateniente en comunión con los intereses de Inglaterra y toda la estructuración de un sistema alrededor de esto, campaña al desierto, etc.

En tercera y última instancia se abordará la última guerra civil entre Buenos Aires y el interior en este período, la resolución definitiva del problema capital en nuestro país y la llegada a la Presidencia de Julio Argentino Roca en 1880.

Los autores que serán consultados para la redacción de la misma serán: Lorenzo, Celso; Oszlak, Oscar; Bonaudo, Marta; Schmit, Roberto; Sábato Hilda; Galasso, Norberto; Míguez, Eduardo; Puiggrós, Adriana; y de la Editorial Grudemi (2018) Batalla de Pavón (https://enciclopediadehistoria.com/batalla-de-pavon/).

1) PAVÓN: EL FIN DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN ESTADO E INICIO DE LA FORMACIÓN DEL ESTADO ARGENTINO.

• Motivos que llevaron a la guerra de Pavón, características de la guerra y la necesidad de liderazgo bonaerense en el proceso de construcción del Estado Nacional:

Antes de comenzar con el desarrollo teórico e histórico del período que será analizado, es conveniente mencionar los aportes historiográficos y teóricos de la autora Marta Bonaudo. Ella expone que reconstruir esta etapa histórica requiere una complejidad absoluta, en el sentido de que existen muchas miradas al respecto, y como ella menciona, al recorrer las fuentes de la época existe una «(…) visión antitética que algunos de los protagonistas centrales del mismo tienen al respecto» (Bonaudo, M. 1999 pp.11).

En este sentido, para el Presidente Julio Argentino Roca, el período que iba de Caseros a su asunción, poco había aportado a un verdadero orden nacional y poco también son los aportes al progreso que puede rescatarse, sino que más bien debe ser analizarlo como una continuidad revolucionaria de los sucesos anteriores. Por eso esbozaba que, a partir de su gobierno: «ha llegado la hora de la consagración del imperio de la nación sobre el de las provincias» (Bonaudo, M. 1999 pp.11).

A tres años de su asunción, tanto Sarmiento como Alberdi, los cuales habían sido rivales intelectuales durante décadas, entendían que el orden capitalista o burgués se había asentado en el espacio argentino, al igual que en el mundo. Sarmiento decía, citado por Bonaudo: «‘Escuelas, colegios, universidades, códigos, letras, legislación, ferrocarriles, telégrafos, libre pensar, prensa en actividad, diarios más que en Norteamérica, nombres ilustres… todo en treinta años, y todo fructífero en riqueza, población, prodigios de transformación, a punto de no saberse en Buenos Aires si estamos en Europa o en América'» (Bonaudo, M. 1999 pp.11). Pero Sarmiento poseía una mirada en las antípodas de Roca, ya que entendía que el gobierno que manejaba los destinos de Argentina desde 1880 sería un retroceso de lo logrado desde 1851 a aquel tiempo, no confiaba en la estabilidad que Roca aseguraba ni en la fortaleza estructural de la democracia.

A partir del siglo XX nacieron otras corrientes que analizaron el período desde otra mirada, redescubriendo los intereses económicos que repercutieron en el marco de lo social y político, las dificultades para consolidar la democrática y valores como la igualdad, libertad y la aceptación del disenso. Estos intereses económicos, de corte liberal o burgués, pujaron para transformar una sociedad cultural y económicamente colonial a una sociedad que logre integrar (subordinar) su actividad a los intereses internacionales o mundiales, dirigido por las principales potencias, a la cabeza Inglaterra y luego Estados Unidos. Criollos, inmigrantes, pueblos originarios, negros, etc. todos tuvieron que adaptarse a este nuevo orden internacional proyectado en este territorio. La autora menciona, como será expuesto también por Oszlak, las estrategias cooptativas de las burguesías provinciales y las estrategias materiales a través de créditos o subsidios, obra pública, mercado de tierras, etc. Todo esto, como expone, recurriendo a: «(…) ocupar y controlar los niveles de decisión, pugnando -en el espacio público— por el beneficio de sus intereses privados, generalmente en detrimento de un interés general» (Bonaudo, M. 1999 pp.14). Esto también apelando a conexiones del mundo rural con el manufacturero para el consumo interno o a la exportación, también la cuestión de la renovación portuaria o ferroviaria y la dinámica editorial con una función propagandística-ideológica servil al sistema, cuestiones que más adelante serán detalladas también. Colonias agrícolas de inmigrantes, estancias ganaderas y cerealeras en la pampa, el noroeste y Cuyo articulándose al mercado de bienes primarios, etc. son distintas formas de organizar el territorio para ser útil al orden económico que se intentaba imponer y que será expuesto desde su perspectiva teórico-política, económica e histórica.

Es así que los diversos estados paulatinamente irían dejando sus disputas internas en pos de la unidad de gobierno, pero veremos que no será un proceso sencillo. Bonaudo expone: «La Constitución, que otorgó un marco jurídico a las libertades y creó las condiciones para la construcción de una estructura de representación de nuevo cuño, dio vida a un Estado a través del cual se expresaba prescriptivamente una soberanía nacional única. Luego de casi una década de coexistencia de dos entidades estatales en pugna, comenzó a definirse el perfil del Estado pautado por las normas constitucionales. El mismo dio continuidad a las bases sentadas por la Confederación en relación con los tres poderes. El Ejecutivo se estructuró en torno a la figura presidencial apoyada en su gestión por funcionarios que en los espacios ministeriales redefinieron sus esferas de injerencia: relaciones exteriores, hacienda, guerra y marina, relaciones interiores y justicia. Del conjunto de ministerios, particularmente en las presidencias de Sarmiento y Avellaneda, uno de ellos cumplió roles muy activos al ocuparse simultáneamente del manejo y la coordinación de las complejas y cambiantes relaciones con las instancias provinciales o municipales así como de funciones atinentes al desarrollo: el Ministerio del Interior. Paralelamente se diagramaron y se pusieron en marcha las actividades legislativas a cargo de las Cámaras de Senadores y de Diputados y se alcanzó la definitiva integración de la Corte Suprema y de las cortes de circuito» (Bonaudo, M. 1999 pp.21).

Centrándonos ahora en el marco de los hechos históricos, precisamente en el año 1860, Mitre se convirtió en Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y Santiago Derqui presidente de la Confederación Argentina. Según teoriza Oszlak, hacia 1861 «(…) se fueron agotando las instancias de conciliación entre Buenos Aires y el gobierno nacional» (Oszlak, O. 1997 pp.82). Esto ya que Buenos Aires, gobernada por Mitre, demoraba toda instancia de unión con la Confederación argentina que no fuera en el marco del liberalismo y el liderazgo de ella en el proceso. Los dirigentes porteños cada vez tenían los ánimos más caldeados para con las normas que requería imponer la Confederación Argentina en cuanto a lo que tenía que ver con la nacionalización de la aduana porteña, el cobro de impuestos diferenciales a los productos que provinieran de Buenos Aires y la elección de los diputados porteños al Congreso Nacional. Además, la Confederación Argentina poseía una gran crisis económica y «no le quedaba ya otro recurso que la guerra» (Oszlak, O. 1997 pp.82). Pero además de esto Urquiza y el Litoral, el líder y el epicentro político-económico de la Confederación Argentina, fueron perdiendo apoyo de algunas provincias, en este marco, Oszlak afirma: «Por estas razones, la Guerra iniciada a mediados de 1861 no contaba con la concurrencia incondicional del Litoral, a lo cual se sumaba la cada vez más estrecha vinculación de gobiernos del interior mediterráneo con Buenos Aires» (Oszlak, O. 1997 pp.82).

El 21 de octubre Buenos Aires, ya con Bartolomé Mitre como gobernador, juró la Constitución Nacional reformada y llamó a elecciones para elegir a los diputados nacionales por Buenos Aires. Pero durante 1861 el Congreso Nacional rechazó la incorporación de los diputados porteños, ya que habían sido elegidos siguiendo las reglas electorales de la provincia y no las establecidas por la Constitución Nacional. Este conflicto condujo a un nuevo enfrentamiento armado entre Buenos Aires y la Confederación[1].

Ante esto, el presidente Santiago Derqui convoca a Urquiza, en aquél momento Gobernador de Entre Ríos, y sus ejércitos compuestos por 18.000 hombres para ir a la batalla en 1861, en la cual se enfrentaría a Mitre y sus 15.000 hombres en Pavón, al sur de Santa Fe, el 17 de septiembre.

En el preludio de la batalla, sucedió un hecho poco conocido pero que impactó de sobremanera en Urquiza y repercutiría en los sucesos de la Batalla de Pavón. Galasso teoriza tomando a Victorica, sobre un empleado de Urquiza: “(…) mientras el General estaba reunido con Derqui, halla por casualidad unos papeles en el sobretodo del presidente y al pasárselos al General, esta estalla: ‘estoy traicionado’. Se trataría, por parte de Derqui, de reducir la influencia de Urquiza, y para este, confirmaba las vacilaciones de Derqui y su trato conciliar con los enemigos. Según Victorica ello deprimió sumamente a Urquiza: ‘ya iba contrariadísimo a la guerra, es muy extraño que continuase la marcha sirviendo a un gobierno que se manifestaba tan ajeno a la alta y noble misión que le correspondía desempeñar'» (Galasso, N. 2011 pp.357).

Pero Urquiza decide llevar igualmente a sus ejércitos a la batalla y Galasso narra los sucesos de la misma: «La caballería entrerriana arrolla a todo un flanco de las fuerzas mitristas. En cambio, en el centro la infantería urquicista sufre muchas pérdidas» (Galasso, N. 2011 pp.358). En este marco, Galasso toma a Juan Coronado quien expone que Urquiza había perdido la capacidad de mando de sus ejércitos en aquella batalla y esto no le permitía conocer lo que estaba acaeciendo con la otra ala de su ejército a su izquierda. Esa ala había derrotado a los tenientes serviles a Bartolomé Mitre y todo estaba dado para una rotunda victoria por retirada de los enemigos, con lo cual tendrían que perseguirlos como narran en un escrito a Urquiza sus lugartenientes Benjamín Virasoro y López Jordán.

A pesar de esto, y sorpresivamente, Urquiza toma la decisión de retirarse y dejar el campo en manos del enemigo, dando por perdida la batalla. En su coartada, Urquiza alega que carecía de sentido exponer a sus hombres a una guerra estéril en que habían sufrido cuantiosas pérdidas y que mejor era llevar a cabo la retirada. El autor Coronado se encargó de refutar este argumento de Urquiza, teorizando que el General había recibido varios partes en donde claramente se exponía que el ejército de la Confederación era el absoluto ganador, con lo cual la retirada del caudillo entrerriano no se debió a los motivos que expuso.

Su retirada causó mucha controversia y dio origen a diversas interpretaciones desde aquella época hasta el presente. Juan Bautista Alberdi, a quien tomo de Galasso, expone desde Europa que Urquiza «(…) sólo puede caer porque no quiere defenderse» y Julio Victorica da su explicación del caso: «Urquiza se dio cuenta de que los dispersos de la infantería cordobesa habían hecho saqueos hasta de su propio equipaje, por lo que sostenía que para continuar la lucha debía fusilar a unos cuantos. Por otra parte, la desconfianza entre urquicistas y derquicistas había ido en aumento» (Galasso, N. 2011 pp.359).

Asimismo, Juan Coronado ratifica que el mismo Urquiza se había percatado de que Santiago Derqui se comunicaba con Mitre y tomaba acciones contrarias a su voluntad como designar general en jefe del ejército del centro a Juan Saá y Virasoro. Con todo esto «el veinticinco de noviembre, Urquiza comunica al gobernador de Entre Ríos que ya nada podía hacerse a favor del gobierno nacional y que, por otra parte, Mitre había garantizado el cumplimiento de la Constitución y el respeto a Entre Ríos» (Galasso, N. 2011 pp.359).

El autor Galasso menciona una teoría menos factible pero real y que intentó dar respuesta a este hecho, como la intervención de la Masonería, la cual había decidido que Mitre sea el nuevo gobernador. Pero la contrasta con la explicación económica, bastante más racional, la cual teoriza que los estancieros entrerrianos enfrentaban a Buenos Aires ya que la oligarquía de esta provincia no proyectaba reconocer sus partes en las rentas aduaneras de aquél puerto, pero todo se solucionaría con una alianza de las oligarquías del interior y un revés de la causa nacional para optar por la pro-oligárquica ya que ambas tenían una vocación agro-exportadora en el marco de la división internacional del trabajo. Esto también le evitaría seguir prolongando las batallas con Buenos Aires en el tiempo y no obtener ninguna ventaja económica a pesar de las victorias sin después llegar a un acuerdo que los beneficie con el puerto de Buenos Aires, el único en condiciones para encarar un proyecto nacional.

Ante esto, Míguez expone: «Casi libre de resistencia militar, en los días siguientes Mitre pudo desarrollar el plan que se había trazado, y superó la pobre defensa que opondrían Derqui y otros sectores de la Confederación y la pasiva resistencia de sus propios parciales».

“Buenos Aires ocuparía Santa Fe. Por un momento pensó en dejar en su puesto al gobernador Pascual Rosas, muy allegado a Urquiza; pero como este se mostró firme en la defensa de la Confederación, rápidamente adoptó la idea de desplazarlo. Avanzaría luego sobre Córdoba, cuyo gobierno consideraba ilegítimo, ya que emergía de la reciente intervención federal llevada a cabo por Derqui y, sobre todo, porque era la llave del interior de la República. En Cuyo, Nazar de Mendoza y, sobre todo Saá debían ser desplazados, por considerárselos enemigos irreconciliables «de la situación que (…) emergió en Pavón». No había planes claros sobre San Juan. Allí la intervención de Saá había hecho triunfar a un Federal; pero, apoco de abandonar el puntano la provincia, un movimiento había reimpuesto a Francisco Diaz, exgobernador Federal que se había aproximado a los Liberales y que había sido desplazado del gobierno por el viejo caudillo Benavídez en 1857.El asesinato de Benavídez al año siguiente se recordará, abriría el cruento ciclo sanjuanino. Mitre esperaba que esta provincia se alineara sola con el más fuerte.

Tucumán y Santiago del Estero eran las únicas provincias que al momento de Pavón estaban gobernadas por hombres próximos a Buenos Aires, y podía esperar una actitud favorable de Jujuy. Respecto de las demás del norte, Mitre no pensaba intervenir en ellas si se avenían a sus propuestas: efectuar nuevas elecciones de acuerdo con la Constituci6n reformada, y enviar diputados a un congreso que debía reunirse en Buenos Aires. El congreso convocaría a comicios nacionales para presidente y vice, y de esta forma se reconstruirían las autoridades nacionales. Entretanto, Mitre esperaba que se delegaran en el gobernador de Buenos Aires ciertas funciones del Ejecutivo Nacional» (Míguez, E. 2018 pp.201-202).

Sea como sea, los Federales interpretaron la acción de Urquiza como una defección, una deslealtad. Luego de Pavón, el gobierno nacional cae. Derqui renuncia y toma su cargo su vicepresidente, el General Pedernera. Mitre intercambia cartas con Urquiza y logra que este último se repliegue con sus fuerzas en Entre Ríos a dedicarse a sus empresas: invertir en negocios como la yerba mate, la mensajería o la exportación de textil y derivados del ganado desde Santa Cándida, según menciona Galasso, y además al fomento de la inmigración en conjunto con la fundación y sustento de Colonias en Entre Ríos, como el caso de la Colonia San José fundada en 1857, a fin de no intervenir más en los destinos políticos de la Nación, que conduciría a partir de aquél momento el Partido Liberal. Pedernera declara en receso a las autoridades nacionales. Finalmente, Galasso teoriza el terrible final de tropas Federales:»Poco después, el mitrismo ratifica su barbarie: se producen los degollamientos Cañada de Gómez (22 de noviembre de 1861). El jefe oriental Venancio Flores sorprende a tropas federales dispersas y las aniquila, en el sur santafesino. Trescientos soldados la Confederación son degollados. Entre los pocos que logran salvarse se encuentra José Hernández, cuya muerte nos habría privado del Martín Fierro» (Galasso, N. 2011 pp.360). Este último lo criticaría a Urquiza diciendo que “Urquiza era el Gobernador Tirano de Entre Ríos, pero era más que todo el jefe traidor del Gran Partido Federal», frase que tomo de Galasso, quien termina este apartado exponiendo: “Replegado Urquiza a sus negocios y a su fastuoso palacio, la oligarquía porteña se consolida en el poder y, a sangre y fuego, instalará el modelo que beneficia y sus intereses y a su socio, el Imperio Británico” (Galasso, N. 2011 pp.362).

Luego de la guerra, Sarmiento presionaba para que se ocupe Entre Ríos y se elimine definitivamente la figura de Urquiza: «Urquiza debe desaparecer do la escena, cueste lo que cueste, Southampton o la horca»,
decía. Pero Mitre no aceptó esto. Míguez expone: «No se trataba, ni mucho memos, de retribuir una gentileza. Pero, así como Urquiza había comprendido que era inútil intentar forzar el brazo de Buenos Aires para obligarla a integrarse a la Confederación, Mitre pensaba que sería estéril prolongar una guerra de resultado incierto para forzar aquellas provincias en las que el Federalismo estaba más arraigado a someterse a Buenos Aires y los Liberales. Y una incursión a Entre Ríos sin duda prolongaría la guerra, y esta, a su vez, estimularía la resistencia de otras provincias Federales. Si Urquiza aceptaba circunscribir su poder a su propia provincia, Buenos Aires debería tolerar a su enemigo. Continuar la guerra implicaba Gastos materiales que excedían los que podían aceptar ser razonablemente y, lo que era aún peor, promover el desorden social que retrasaría la posibilidad del desarrollo de la nación unificada: como vimos, esta idea era compartida por Urquiza. Era importante, entonces, hacer todo lo posible por circunscribir la guerra lo menos posible» (Míguez, E. 2018 pp.202).

Míguez expone el arsenal diplomático que Mitre colocó sobre la mesa a fin de consolidar su proyecto luego de Pavón: «Junto al acuerdo con Urquiza, como parte de su estrategia, Mitre concibió la idea de enviar como agentes a las provincias a personas que tuvieran allí buenas relaciones y, de ser posible, que fueran de la propia región. Su primer proyecto fue reiterar la misión del tucumano Marcos Paz al norte, y enviar a Cuyo a Sarmiento, que desesperaba por un lugar más activo y por salir de Buenos Aires por motivos personales. La idea de Mitre era que los primeros fueran con una expedición militar a Córdoba, que estaría al mando de su allegado Wenceslao Paunero, y que desde allí operaran sobre las provincias, aunque tanto Paz como Sarmiento buscaban que las armas de Buenos Aires los acompañaran en sus incursiones. Mitre le anunciaba la misión de Paz a Manuel Taboada el 5 de noviembre. Algo más tarde, enviaría al viejo y prestigioso Federal constitucionalista Pedro Ferré a cumplir similar función en su Corrientes natal. Ferré, varias veces gobernador de Corrientes, había alcanzado notoriedad por su defensa de los derechos federales frente al centralismo rosista, contra quien había luchado. Más tarde fue una de las figures expectables de la política de la Confederación, hasta apartarse de ella en 1860.

El año posterior a mayo de 1861 fue la etapa decisiva en la vida política de Mitre. Las infructuosas negociaciones de paz, los preparativos para la guerra, el desconcierto generalizado tras el triunfo, la firmeza con que debió y logró defender su proyecto fueron momentos de enorme tensión, pero en los que adquirió un protagonismo en la conformación de la nación con el que sin duda siempre había soñado y que difícilmente hubiera imaginado posible. Si antes de Pavón eran tres los actores políticos cruciales en aquellas provincias del Plata, ahora, con Derqui cayéndose de la escena y Urquiza reducido por los hechos, como él mismo lo reconocería, a un papel secundario -muy importante, sin duda, pero no ya con el protagonismo anterior a Pavón-, Mitre tuvo en aquellos meses una centralidad en la escena rara vez alcanzada. Si Mitre ocupa el lugar que tiene en la historia política argentina, es ante todo por su papel en aquellos meses» (Míguez, E. 2018 pp.209).

Finalmente, más allá de que Urquiza pudo beneficiarse con la nueva estructura económica agro exportadora de carácter liberal internacional y no nacional como menciona Galasso a diferencia del caso de Estados Unidos o Alemania, es importante reflexionar sobre la imposibilidad de llevar a cabo la construcción del Estado Nacional si era encarado solamente por parte de la Confederación Argentina, para lo cual volverá a ser tomado Oszlak. El autor teoriza que: «no fue la falta de vocación hegemónica de la burguesía litoraleña que controlaba el gobierno de Paraná lo que produjo el fracaso del proyecto confederal. Más allá del hecho de armas y derrota militar, Pavón demostró la inviabilidad de la Confederación como Estado nacional. (…) sin Buenos Aires, la Confederación habría continuado siendo un conglomerado acéfalo; pero con Buenos Aires, el gobierno nacional difícilmente podría haberle impuesto una política que contrariara sus poderosos intereses» (Oszlak, O. 1997 pp.84).

«En consecuencia, imponer la ‘solución porteña’ a la vieja cuestión de la nacionalidad argentina fue posible no tanto por el desenlace de una batalla, sino más bien porque con este episodio culminaba un largo proceso de fracasos y frustraciones, sin que la Confederación hubiera conseguido proponer o imponer una solución alternativa viable»
(Oszlak, O. 1997 pp.85).En síntesis, sólo Buenos Aires podía capitanear la organización nacional y dar estructura y estabilidad al mercado interno para así asegurar su progreso material.

La capitanía llevada a cabo por Buenos Aires puede ser juzgada luego como correcta e incorrecta, pero lo cierto es que, así concretados los hechos, el liberal-nacionalismo tomó el proceso de organización nacional y triunfó en el sentido de que logró que el proceso fuera liderado por las fuerzas bonaerenses en nombre de la «unidad de la nación» apoyados por las fuerzas localistas de Buenos Aires y con sus recursos. Míguez expone en esta línea: «En la práctica, (…) la ola arrolladora de Pavón terminaría imponiendo en casi todas las provincias gobiernos que se declaraban Liberales. En Entre Ríos, después de resistir presiones y tentaciones, Mitre terminaría respetando el poder de Urquiza, quien con paciencia y habilidad sobrellevó a su vez las presiones internas por enfrentar a los porteños, y las presiones que buscaron hacerlo reaccionar» (Míguez, E. 2018 pp.211). Así, no sólo logró unirse Buenos Aires al territorio nacional, sino que, en palabras del autor «pasó a ser entonces la escena y el principal agente de la política nacional» y esto ya que «(…) el gobierno nacional, establecido en 1862, nació cautivo de las fuerzas políticas porteñas y dependiendo institucional y financieramente de la administración provincial» (Oszlak, O. 1997 pp.86). Esto es claro ya que el gobierno provincial bonaerense mantuvo bajo su jurisdicción al Banco de la Provincia de Buenos Aires, con lo cual controló el crédito interno y la emisión y circulación monetaria a pesar de los intentos de nacionalizarlo. Es así como el gobierno nacional fue deudor permanente de la provincia durante veinte años hasta la federalización de Buenos Aires en 1880.

Pero finalmente, como teoriza también Oszlak: «(…) durante las dos décadas siguientes tendría lugar la formación y consolidación de un sistema de instituciones nacionales relativamente independientes de alianzas actuales o potenciales con poderes locales» (Oszlak, O. 1997 pp.86). Así, nacerían otros mecanismos de representación como el Congreso Nacional, los partidos de la oligarquía y el ejército nacional.

• Proceso de construcción de un Estado e inicio de la formación del Estado argentino. Aparato institucional, alianzas políticas y organización nacional. La conquista del Estado: construcción del poder centralizado e intervenciones provinciales:

Una vez expuestas las cuestiones históricas que hicieron de Buenos Aires la provincia que lidere el proceso de construcción del Estado Nacional luego de la batalla de Pavón, es importante, antes de analizar el proceso argentino, exponer las características centrales de la construcción de los Estados en general, para lo cual tomaré al autor Oszlak Oscar. El autor teoriza que la construcción del Estado es parte constitutiva del proceso de construcción social, es decir, del proceso por el cual se definen los componentes que darán andamiaje o estructura a la vida social organizada. Este es un proceso muy complejo en el que intervienen variables como el desarrollo de las fuerzas productivas, recursos naturales, relaciones de producción, relaciones de clase, inserción en la economía internacional, etc. Pero además, como continúa teorizando el autor: «este orden social no es simplemente el reflejo o resultado de la yuxtaposición de elementos que confluyen históricamente y se engarzan de manera unívoca. Por el contrario, el patrón resultante depende también de los problemas y desafíos que el propio proceso de construcción social encuentra en su desarrollo histórico, así como de las posiciones adoptadas y recursos movilizados por los diferentes actores-incluido el Estado- para resolverlos». (Oszlak, O. 1997 pp.15-16).

Pero además en este proceso de construcción social, Oszlak expone que la conformación del Estado nacional supone también la construcción de una instancia política que articula la dominación para con la sociedad y se logra o se materializa la misma a través de un conjunto de instituciones que se relacionan entre sí y permiten el ejerció del poder. Entonces para ser ejercido el poder, antes debe ser organizado a través de un conjunto de atributos que definen la «estatidad», es decir, aquello por lo cual el Estado es lo que es. El autor teoriza que esos atributos o propiedades son: «Capacidad de externalizar su poder, obteniendo reconocimiento como unidad soberana dentro de un sistema de relaciones interestatales. Capacidad de institucionalizar su autoridad, imponiendo una estructura de relaciones de poder que garantice su monopolio sobre los medios organizados de coerción. Capacidad de diferenciar su control, a través de la creación de un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas con reconocida legitimidad para extraer establemente recursos de la sociedad civil. Capacidad de internalizar una identidad colectiva, mediante la emisión de símbolos que refuerzan sentimientos de pertenencia y solidaridad social y permiten el control ideológico como mecanismo de dominación». (Oszlak, O. 1997
pp.16-17). Los atributos mencionados serán detallados en la medida en que se desarrolle el trabajo.

Oszlak indica también que el surgimiento del Estado Nacional es resultado de luchas por la redefinición del marco institucional considerado apropiado para el desenvolvimiento de la vida social. Este es un complejo proceso que comienza en la década del 10´s del siglo XIX en Argentina y culminaría en el proceso analizado en la presente monografía (1862-1880) cuando el Estado argentino se organiza a través de ciertas pautas que contaron con el aceptado u obligado quórum de todos los territorios que irían a estar bajo el poder del Estado. Es por esto que, para lograr legitimidad con respecto a la sociedad civil, el naciente Estado Nacional debía hacer que la sociedad se sienta parte de una «nación». Y el concepto de «Nación» o «nacionalidad» posee dos raigambres o pilares: materiales e ideológicos. En cuanto al primero está vinculado a los intereses económicos dentro de un territorio delimitado en donde surge un mercado que es dominado por una clase, la «burguesía», la cual, a través del Estado, articula las relaciones sociales para que la población se sienta parte de un «espacio común» de mercado y estando allí esté dispuesta a producir, consumir, etc., dentro de estructuras productivas que se definen de acuerdo a los intereses de clase que se van homogeneizando, en síntesis, según palabras del autor: «(…) la formación de una economía capitalista y de un Estado nacional son aspectos de un proceso único, aunque cronológica y espacialmente desigual»
(Oszlak, O. pp.18). En cuanto al segundo pilar, teorizado anteriormente como pilar de «estatización» por el cual se crean instancias simbólicas o ideas mediante las cuales las clases se unen más allá de sus intereses a fin de pertenecer a un «lugar común» y por el cual se desarrollan «solidaridades» que permiten las relaciones entre clases para la generación de las condiciones materiales antes referidas, el autor las detalla de la siguiente manera: «difusión de símbolos, valores y sentimientos de pertenencia a una comunidad diferenciada por tradiciones, etnias, lenguaje y otros factores de integración, que configuran una identidad colectiva (…)» (Oszlak, O. 1997 pp.18)

En fin, según Oszlak, el Estado no surge por un acto fundacional o ritualístico, sino mediante un proceso histórico en el cual, en la medida en que avanza, va adquiriendo los atributos ya detallados, y evolucionando en su nivel de desarrollo.

Pero para expandir su aparato, el autor teoriza que el Estado y sus instituciones se involucran en áreas problemáticas de la sociedad en el marco de legitimidad que tiene como institución para articular las relaciones sociales que garanticen el orden del conjunto y la materialización de los «intereses comunes» de la sociedad. Entonces, para conocer la evolución de la institución del Estado es imprescindible analizar las cuestiones sociales que exigieron su intervención a través de una toma de posición y el orden social que se quiere instituir.

En este marco, la creciente internacionalización de la economía hizo que las burguesías nacionales vean como necesarias las relaciones entre nuestros territorios y los extranjeros. Es aquí que el Estado es tomado por la clase burguesa para materializar un orden que le sea funcional a los intereses económicos que ansiaban proyectar, que demandaba, según esta clase, la organización de los recursos y la mano de obra, sector al que había que disciplinar bajo la pauta de «orden y progreso». Esto implicaba el doblegar cualquier otra organización que sea contraria a los bastiones ideológicos y materiales que requería la burguesía desde el Estado nacional: caudillismo, rebeliones campesinas e indígenas, movimientos secesionistas, resistencias en cuanto a un aparato judicial, productivo, educacional y monetario uniforme en nuestro país. El orden entonces, en palabras de Oszlak, implicaba: «(…) una drástica modificación del marco habitual de relaciones sociales. No implicaba el retorno a un patrón normal de convivencia sino la imposición de uno diferente, congruente con el desarrollo de una nueva trama de relaciones de producción y dominación social». (Oszlak, O. 1997 pp.28)

En este sentido el Estado, además de proveer inversiones locales y recibir extranjeras para la construcción de infraestructura (caminos, puentes, ferrocarriles, puertos, sistemas postales y telegráficos) y así asegurar el abaratamiento de los costos de transporte y demás servicios implicados en la producción, tuvo que perfeccionar su sistema legislativo y regulatorio de las transacciones. Oszlak expone: «A través de la inversión directa, el crédito oficial, la legislación y la creación de unidades administrativas a cargo de la producción de bienes, regulaciones y servicios, el Estado pudo ofrecer seguridad a personas, bienes y transacciones, facilitó las condiciones para el establecimiento de un mercado interno, extendió los beneficios de la educación y la preservación de la salud y contribuyó a poblar el territorio y a suministrar medios de coacción extraeconómica para asegurar el empelo de una fuerza de trabajo a menudo escasa» (Oszlak, O. 1997 pp.31). Pero para asegurar el orden institucional y socio productivo, el Estado necesitaba de recursos, los cuales no eran suficientes si sólo se contaba con impuestos ordinarios locales. Es por esto que los Estados recurrieron a empréstitos internacionales que generaron una rueda financiera: con el capital de los empréstitos se dinamizaban los circuitos económicos, el estado se apropiaba de una buena parte de los excedentes con los que atendía a la deuda pública y cuando se afianzaba la expansión económica, se volvía a recurrir al endeudamiento externo y con ese nuevo capital el aparato estatal crecía cada vez más, etc.

Como fue mencionado, en el caso argentino, la construcción del Estado comenzó a darse luego de medio siglo de luchas entre dos proyectos de Estado-nación diferentes: Unitarios y Federales, desde 1810 en adelante y hasta 1862, los cuales se resolvieron mediante las armas. Este fenómeno no se dio antes de Pavón y los sucesos posteriores que serán analizados, por las razones que el autor Oszlak teoriza: «Así como no puede hablarse de un Estado nacional al hacerse referencia a las precarias coaliciones y aun más débiles instituciones «nacionales» existentes durante el período analizado (1810-1862), tampoco puede afirmarse que existiera una nación antes de haberse desarrollado tanto las atributos ideales de la nacionalidad como sus fundamentos materiales, es decir, la pertenencia a una organización económica capaz de articular y satisfacer los intereses de los integrantes de una comunidad en tanto agentes económicos»
(Oszlak, O. 1997 pp.48). Y es por este motivo que el Estado nacional tuvo que destruir los localismos políticos y económicos para asentarse y acaparar el poder, no porque estaban destinadas a perpetuar el poder de los caudillos, sino porque esta, como teoriza el autor: «(…) respondían sobre todo a la modalidad que habían adquirido las relaciones de producción y los circuitos económicos en el territorio de las Provincias Unidas». (Oszlak, O. 1997 pp.48). En este sentido, Buenos Aires se organizó alrededor de las estancias de producción pecuaria para la exportación a través del puerto y la importación de bienes industrializados. Con esto, formó un circuito económico dinámico y desarrolló un sistema institucional diversificado y ampliamente superior al interior ya que la Estancia organizó la vida de la campaña, producía para el consumo interno y externo y dentro de ella se trabajaba para aprovechar integralmente al ganado, lo cual tenía como contraparte una remuneración salarial. En este sentido se pensó la construcción del Estado y del orden nacional, articulando los intereses de las provincias a los intereses de Buenos Aires: una economía portuaria de exportación de bienes pecuarios e importación de bienes manufacturados bajo la doctrina del “librecambio”, imperante en el mundo occidental. En este sentido, Sábato expone sobre el librecambio: “(…) se apoyaba firmemente en la convicción de que el comercio libre, sin trabas ni restricciones, era el mejor camino para el progreso económico de las naciones. Bajo la hegemonía de Inglaterra, que sostenía ese principio, los países de Europa y de América que se incorporaban al mercado internacional no siempre respetaron ese mandato, y tanto Alemania como los Estados Unidos diseñaron políticas para proteger su producción de la competencia externa. La Argentina se había incorporado a ese mercado como productor de materias primas y alimentos y como consumidor de manufacturas, y había orientado toda su economía en función de ese esquema de división internacional del trabajo, que implicaba la especialización de cada país en aquellas actividades (llamadas “industrias naturales”) en las que supuestamente tenía “ventajas comparativas”. Según esta teoría, no tenía sentido propender al desarrollo de otras industrias (“artificiales”) a través de mecanismos de protección que sólo redundarían en un perjuicio para el progreso general” (Sábato, H. 2009 pp.246).

Esto también aplicó para las provincias del interior, las cuales poseían un escaso desarrollo desde las desvinculación con Potosí, y las de la región del Litoral que, si bien tenían un desarrollo anterior a Buenos Aires, se vieron relegadas a un segundo plano por ésta, la cual poseía el puerto. Es así que Bonaudo expone: “Del mismo modo, para las economías de las provincias del norte y cuyanas, tradicionalmente vinculadas con los centros mercantiles andinos y del Pacífico, la salida fue —como consecuencia de las modificaciones sufridas por estos espacios y la búsqueda de nuevas oportunidades— una más operativa articulación interior y su reorientación atlántica. Si en esta etapa la lógica del capital mercantil, consolidó en Mendoza un modelo de ganadería comercial —cuyo centro giraba en torno a la producción de forrajeras y al que se vinculaban subsidiariamente cereales y frutas—, en Tucumán gestó una alternativa mercantil-manufacturera alimentada por la producción de azúcares, aguardientes y cueros. Operando como nexos entre mercados distantes, una y otra provincia salieron fortalecidas de este proceso, proyectando entre los setenta y los noventa —a través de sus grupos burgueses más consolidados— dos experiencias agroindustriales: la azucarera y la vitivinícola”. (Bonaudo, M. 1999 pp.25).

Pero para conformar entre las provincias y con Buenos Aires un sólo Estado Nacional con relaciones económicas uniformes, se debía tener una moneda, fomentar las vías de comunicación interprovincial eliminando aduanas, etc. un conjunto de procesos que requerían de instituciones nacionales y que sólo podrían concretarse a partir de los recursos que poseía la provincia porteña. Es así, que luego de Caseros, las burguesías provinciales fueron dejando sus raíces localistas para unirse paulatinamente a los intereses comunes de las burguesías de las demás provincias lideradas por Buenos Aires desde 1861.

De esta manera, en la mencionada década, comienza el proceso que los hombres de la «Organización Nacional» teorizaban como «Regularizar» o «Regenerar» que no era más que, en palabras de Oszlak: «(…) imponer un nuevo marco de organización y funcionamiento social, coherente con el perfil que iban adquiriendo el sistema productivo y las relaciones de dominación» (Oszlak, O. 1997 pp.58). Por esta razón, como ya fue expuesto, se buscaría eliminar a todos los elementos que se oponían al «Orden y Progreso» o a la «civilización» ya fueran indios, montoneros, etc. El fiel reflejo de este proyecto es la obra de Sarmiento «Facundo». Es así que “a partir de entonces, a lucha política se entabló desde posiciones diferentes. De un conflicto «horizontal», entre pares (caudillos o bloques entre alianzas provinciales), se pasó a una confrontación «vertical», entre desiguales. Toda movilización de fuerzas contrarias al orden establecido por los vencedores sería calificada, de ahí en más, como «levantamiento» o «rebelión interior”. (…) una alianza de sectores sociales con aspiraciones hegemónicas pretendía resolver definitivamente un pleito de medio siglo asumiendo por la fuerza el control político del país» (Oszlak, O. 1997 pp.96).

Como fue expuesto también, el «orden» poseía una proyección externa: dar certezas de la estabilidad institucional y económica del país a fin de recibir capitales e inmigrantes. Aún así, desde 1862 en adelante, Oszlak expone: “transcurrirían todavía dieciocho años hasta que se consolidara un «pacto de dominación» relativamente estable. A lo largo de este período, también se irían consolidando los atributos materiales del Estado, es decir, un sistema institucional con alcances nacionales» (Oszlak, O. 1997 pp.97). Es así que el Estado nacional, va a convertir los intereses «comunes» según dice el autor, en intereses generales y basándose en ellos va a originarse y expandirse legítimamente. Es así que, en la medida en que este proceso avanza, la sociedad civil va perdiendo competencias y ámbitos de acción que había resuelto en comunidad llevándolos a cabo a través de diferentes mecanismos colectivos, instituciones provinciales o la Iglesia.

El Estado va a enajenar entonces a estas instituciones de sus facultades para legitimar su dominio. En síntesis, el Estado va a tomar para sí acciones que antes eran de particulares, va a convertir ciertos intereses particulares en «públicos» y va a hacerse cargo de otras acciones que a su naturaleza y a su caudal de recursos le correspondían.

En este marco, la organización jurídica nacional reemplazó los códigos jurídicos amorfos por un código moderno. Estos códigos eran, según Oszlak: «inspirados en la tradición jurídica europea, pero adecuándose a la idiosincrasia de la sociedad argentina y a los requerimientos que el nuevo orden imponía, estos códigos anticiparon y regularon minuciosamente los más diversos aspectos de la vida civil y la vida económica» (Oszlak, O. 1997 pp.101). Aquí el autor cita el ejemplo del Registro Civil, los matrimonios civiles o la administración de cementerios, funciones que realizaba la Iglesia y pasaron al Estado; o también ciertas cuestiones como la educación y la obra pública, telégrafos y correos que pasaron del sector privado al Estado o mixtos, promoción de la inmigración, delimitación y destino de las tierras públicas, control sanitario, registro estadístico de comercio y navegación, formación docente, exploraciones mineras y geológicas, etc. En este punto coincide Bonaudo, quien expone: “(El estado) disputó con ella (Iglesia) y las comunidades étnicas en el plano educativo; se introdujo en la cotidianeidad y la domesticidad a través de la autoridad médica, apoyándose en un saber higiénico que pretendía imponerse a un pueblo considerado menor de edad”. (Bonaudo, M. 1999 pp.24).

La autora Bonaudo también agrega que el capitalismo tuvo que imponer sus lógicas jurídico-legales en nuestro país para penetrar como sistema político-económico, expone: «Fue necesario desbrozar un terreno plagado de privilegios, en el que el capitalismo debía imponer su lógica de modificación profunda de las relaciones sociales, asentado sobre dos valores básicos: propiedad y trabajo. Ninguna de las variables de la vida económica pudo escapar a dicha lógica: los bienes, los capitales, la tierra, la fuerza de trabajo». Y sigue: «Mientras se clarificaban los contenidos y límites de una propiedad privada que tendía a imponerse desestructurando antiguas legalidades consuetudinarias, avanzando sobre prácticas y tradiciones de usufructo, se difundía la salarización como mecanismo para establecer relaciones de equivalencia entre empresarios y trabajadores y a universalizar pautas contractualistas. Sin embargo, lo nuevo que pugnaba por imponerse debió coexistir aún con el privilegio o la desigualdad gestados en la propia interacción entre las esferas estatales en vías de organización y los núcleos burgueses» (Bonaudo, M. 1999 pp.15). También agrega: «Del mismo modo, los vínculos laborales regulados por una jurisprudencia renovada debieron coexistir con fórmulas adscriptivas previas y una multiplicidad de relaciones que iban desde la domesticidad al peonazgo o desde la tenencia a la propiedad»
(Bonaudo, M. 1999 pp.16).

Es decir, el Estado tomo ciertas actividades para sí de forma coactiva y represiva para lograr el monopolio de la violencia y el control territorial, lo cual le hizo sufrir resistencias en el interior, también tuvo que ir a la búsqueda de pactos con los líderes provinciales y consensuar ciertos puntos para lograr lo que antes fue expuesto como «estatidad». Todos estos atributos Oszlak los denomina «Penetraciones» del Estado Nacional para lograr el poder y legitimarse en la construcción del orden legal, jurídico y político-económico y los clasifica de diferente manera.

En primera instancia la Penetración Represiva. Oszlak la describe de la siguiente manera: «implica la aplicación de violencia física o amenaza de coerción, tendientes a lograr el acatamiento a la voluntad de quien la ejerce y a suprimir toda eventual resistencia a su autoridad. En la experiencia argentina, el instrumento clave empleado por el Estado para imponer esta forma de control coercitivo fue la institucionalización de un ejército nacional»
(Oszlak, O. 1997 pp.104). Es decir, luego de 1862 la conducción del aparato represor dejó de ser compartido entre estado nacional por un lado y por otro las provincias, para pasar exclusivamente a la competencia del Estado Nacional. Es Bartolomé Mitre quien organiza el ejército regular en el marco de su segundo año en la presidencia, pero al no haber legislación clara en este asunto, el cuerpo bélico no poseía soldados instruidos y divididos jerárquicamente, con lo cual el Estado Nacional no le fue fácil al principio acabar con las guardias nacionales, es decir, los ejércitos que protegían las autonomías provinciales. Esto provocó levantamientos en el interior por más de una década, en el marco de las presidencias de Bartolomé Mitre y Domingo Faustino Sarmiento. Los mismos eran, lógicamente, contrarios al orden centralizado que intentaba imponer el Estado Nacional desde Buenos Aires. No fue sino hasta 1876 que, luego de ser doblegadas las últimas insurrecciones en Entre Ríos y Buenos Aires, sucedió el licenciamiento de la Guardia Nacional, cuerpo que había asumido la responsabilidad militar de la nación a través de cuadros con tropas voluntarias, y que ahora despedía a miembros involuntarios, extranjeros mercenarios o destinados a estar por sus crímenes y, con la situación económica más que creciente del gobierno de Sarmiento, crecieron los aprovisionamientos, vestuario, sueldos, institutos militares de formación, avance tecnológico (ferrocarril, telégrafo y nuevo armamento) hicieron más fuertes la capacidad de penetración del Estado Nacional al posterior presidente Nicolás Avellaneda, quien además se dedicó a ganar territorio extensos de los indios con el fin de incorporarlos al sistema de producción. Hasta la década de 1880, la mayor parte del presupuesto del Estado Nacional se dirigió a sostener el ejército nacional y sus guerras, con lo cual las rentas subieron y la toma de empréstitos de capital extranjero también. Recién con la presidencia de Julio Argentino Roca de 1.898 a 1.904 se consolida la institución militar de forma definitiva, surgiendo un ejército con características verdaderamente profesionales y modernas, se separa el ejército de la marina, se fundan la Escuela Superior de Guerra y la Escuela de Suboficiales y se adquieren los terrenos de Campo de Mayo.

En segunda instancia, una Penetración Cooptativa. Según Oszlak, esta se basa en “(…) la captación de apoyos entre los sectores dominantes locales y gobiernos provinciales, a través de alianzas y coaliciones basadas en compromisos y prestaciones recíprocas tendientes a preservar y consolidar el sistema de dominación impuesto en el orden nacional» (Oszlak, O. 1997 pp.120). Es así como el Partido Liberal pudo quebrar los localismos y realizar alianzas, el autor explica las razones: «Urquiza representó la continuidad de una práctica de dominación personalista que al no contar con el sustento de una alianza política estable ni haber impuesto la estructura formal de la Constitución, fue incapaz de oponer resistencia eficaz a la acción disolvente de Buenos Aires. Su gobierno, así como el de su sucesor Derqui, demostraron la incapacidad de la Confederación para subsistir sin la provincia porteña. Para ser viable, el Estado nacional debía contar con una clase social capaz de articular la economía a nivel nacional y desequilibrar la correlación de fuerzas políticas a nivel regional» (Oszlak, O. 1997 pp.121). Es así como desde el ocaso de la Confederación argentina hasta Pavón, Buenos Aires intentó «(…) socavar la adhesión de las provincias al gobierno de Paraná o para comprar la lealtad de jefes y oficiales confederales». Luego de Pavón y la asunción de Mitre como presidente Constitucional sucedió que Buenos Aires asumió «de hecho» el gobierno nacional. «A partir de allí, como ocurrió después de la Revolución de Mayo, (…) el gobierno debió enfrentarse una vez más al mismo dilema: diferenciarse de su matriz porteña sin traicionar los intereses asociados al Puerto; pero a la vez, lograrlo sin convertirse en una mera excrecencia del autonomismo provincial». En este sentido, se intentó con las provincias «(…) desplazarlas como eje de articulación de relaciones sociales y sustituirlas por una instancia territorial y socialmente más abarcativa» (Oszlak, O. 1997 pp.121-122).

Pero sucedía que tampoco se tenía el poder suficiente para apartar del ejercicio del poder a las provincias tan fácilmente. La Constitución de 1853 había creado el Senado como un mecanismo que posea independencia total de las futuras fluctuaciones políticas del país y que le otorgue a las provincias del interior mayoría por sobre Buenos Aires (dos tercios: 20 senadores del interior y ocho del litoral, a los que se le sumarían dos más de la Capital Federal una vez creada). El Estado nacional debía encontrar mecanismos paralelos que sirvan de contrapeso a la balanza que estaba del lado del interior. Para Mitre, Sarmiento y sus partidarios la soberanía emanaba de un Estado Nacional y antecedía las autoridades provinciales; posición que fue negada y propuesta a la inversa por varios representantes de las provincias, cuyos protagonistas fueron Valentín Alsina y Carlos Tejedor. Aún así, como indica Oszlak: «la autonomía y jurisdicción funcional de las provincias se irían desdibujando al ritmo de la múltiple acción penetradora del Estado nacional» (Oszlak, O. 1997 pp.123). En este marco, sigue diciendo: «(…) se trataba de incorporar a los sectores dominantes del interior, no tanto como representantes de intereses regionales o locales sino más bien como componentes de un nuevo pacto de dominación a nivel nacional. (…) el Estado nacional jugó a dos puntas: a veces, usando la fuerza y los recursos de Buenos Aires para someter a las provincias interiores; otras, valiéndose de pactos y coaliciones con las burguesías provinciales, para contrarrestar la influencia ejercida sobre el gobierno nacional por la burguesía porteña» (Oszlak, O. 1997 pp.123).

Además, otra de las estrategias del Estado nacional para la cooptación fue el facilitar a las provincias de subvenciones ya que sufrían grandes déficits fiscales provocados por las constantes guerras civiles. Pero esto se utilizó como mecanismo político estratégico, en este sentido, Oszlak teoriza: «Por lo tanto, la súbita suspensión de las subvenciones a provincias cuyas situaciones no eran favorables, o el refuerzo de partidas a aquellas otras en que los sectores dominantes eran adictos al gobierno nacional, constituía in instrumento de acción política que, hábilmente manejado, permitía consolidar las posiciones de sus aliados en el interior» (Oszlak, O. 1997 pp.124).

Otra estrategia era la utilización de cargos públicos. El autor expone: «La declinación de las economías del interior, acentuada con escasas excepciones a partir de la organización nacional, convirtió al empleo público en un importante factor compensador, pero a la vez en un preciado instrumento para la captación de apoyos al gobierno nacional» (Oszlak, O. 1997 pp.124). Entre estos se hallaban profesores y maestros para los llamados «colegios nacionales», miembros del ejército y del poder judicial, etc. y las capitales de provincia se convirtieron paulatinamente en centros administrativos. Las negociaciones de cargos públicos post-elecciones se volvieron algo recurrente en todos los niveles administrativos. En este sentido, los números reflejan esta realidad: «(…) para el año 1876, sobre la dotación total de 12.835 funcionarios, 10.956 se hallaban afectados de uno y otro modo a funciones desarrolladas en las provincias» (Oszlak, O. 1997 pp.126).

Como último mecanismo, se recurrió a la intervención federal, atributo otorgado constitucionalmente por las provincias al Poder Ejecutivo Nacional y cuyo fin es descripto por el autor: «restablecer la forma republicana de gobierno cuando ésta se hallare amenazada» (Oszlak, O. 1997 pp.127). Aun así, la misma no tenía una modalidad de acción clara a causa de la vaguedad del texto constitucional y la falta de legislación sobre la cuestión, con lo cual fue variando de acuerdo a las circunstancias existentes y sus características (personas involucradas, reacciones y ejército a disposición). Algunas de las estrategias tomadas por el Estado nacional fueron: «empleo de la fuerza armada, la suspensión de subvenciones de la provincia insurrecta, la retirada estratégica del interventor para no legitimar con su presencia elecciones indeseables para el gobierno nacional, el pedido de auxilio o de no intervención a gobiernos de provincias vecinas, la amenaza de sanciones a provincias aliadas o movimientos insurrectos operantes en otras que demandaban la intervención» (Oszlak, O. 1997 pp.128). Finalmente, es importante aclarar otra de las funciones que tuvo esta estrategia: «su utilización selectiva apuntó más bien a la conformación de un sistema político en el que los ‘partidos’ provinciales dominantes se someterían a las orientaciones fijadas desde el gobierno nacional» (Oszlak, O. 1997 pp.129). Estas orientaciones fueron fluctuando por los personalismos y la debilidad doctrinal de los partidos que iban naciendo, compitiendo, aliándose por intereses cambiantes, desapareciendo, etc. Sucedía entonces que «(…) esta misma fluidez permitía al presidente de turno combinar y manipular sus variados recursos a fin de mantener y afianzar las situaciones provinciales que le eran favorables y volcar en su favor las contrarias» (Oszlak, O. 1997 pp.131).

En tercera instancia, la Penetración Material. Oszlak la describe como «(…) aquellas formas de avance del Estado nacional sobre el interior, expresadas en obras, servicios, regulaciones y recompensas destinados fundamentalmente a incorporar las actividades productivas desarrolladas a lo largo del territorio nacional al circuito dinámico de la economía pampeana. Esta incorporación producía dos tipos de consecuencias: 1) ampliaba el mercado nacional, multiplicando así las oportunidades y el volumen de los negocios; y 2) extendía la clase social de la alianza que sustentaba el nuevo Estado, al suscitar el apoyo de los sectores económicos del interior beneficiados por dicha incorporación. La penetración del Estado se hacía efectiva en la medida en que los recursos movilizados permitían la articulación de actividades e intereses, conformando nuevas modalidades de relación social» (Oszlak, O. 1997 pp.132-133).

Hasta este período, el país se dividía entre las tierras provinciales, conformado por las ciudades de la época colonial y las que se iban fundando, las cuales se encontraban esparcidas y aisladas entre sí. Por otro lado estaba el desierto, aún territorio del indio, como se decía en aquél tiempo, o territorio inhabitado/inexplorado y que paulatinamente fue quedando bajo la jurisdicción nacional ya que no estaba dominado por los gobiernos provinciales.

Esta situación de distancia provocaba que los sentimientos de pertenencia y sentimientos comunitarios no florezcan en el territorio argentino y también había impedido la conformación de un mercado interno nacional ya que las antiguas rutas coloniales eran precarias para lograr la conexión de la producción de los diversos territorios entre sí. De esta manera, las provincias que lindaban con Bolivia o Chile estaban unidas comercialmente con estos países y el Litoral pampeano se dedicaba a los mercados ultramarinos por la cada vez más grande demanda exterior y la posibilidad que le brindaban sus condiciones climáticas y puertos. Entonces había que lograr ensamblar los factores de producción interprovinciales y los mercados entre ellas. Como reza el dicho «poblar es gobernar», había que poner a trabajar mano de obra en las bastas tierras ociosas si se quería generar riqueza y unificar comercialmente al país. Había que invertir capital en la producción, en la construcción de infraestructura (caminos, puentes, mensajerías, obras portuarias, hasta fundación de ciudades) y tecnología a fin de que logre circular articuladamente. En fin, había que romper los localismos y la mediocridad material que asolaba en el país. Saladeros entrerrianos, productores de lana bonaerenses e importadores, viñateros de cuyo, etc. sabían de la importancia que tenía llevar a cabo este proceso, como también lo sabían los funcionarios públicos e intelectuales.

En este sentido, fue la institución del Estado la cual se encargó de crear oportunidades, generar intereses y satisfacer necesidades. Es decir, como explica el autor, en la medida en que el Estado penetró a la sociedad civil, la fue creando, la fue uniendo, en otras palabras, el Estado, fiel a su acción de articuladora de las relaciones sociales, creó a la nación y en su acción creadora aseguró su reproducción y su legitimidad y viabilidad institucional. Es así que la penetración Material comparte con la Cooptativa y la Ideológica el hecho de que, para ser llevadas a cabo, es necesario lograr entre la sociedad civil y el Estado uniones a través de contraprestaciones, promesas, solidaridades y homogeneización de intereses; lo que no sucede con la Penetración Represiva, que es coerción y violencia para lograr el acatamiento a una institución y suprimir voces disidentes.

Aún así, todas comparten el hecho de desplazar ciertos sectores y formas de producir, todos caracterizados bajo el letrero de «barbarie»: Oszlak menciona al boyero, el rústico tejedor, el indio de la toldería, el gaucho errante, entre otros; para imponer el sistema de producción capitalista a todo un territorio que iría a unificarse bajo las normas del Estado argentino y sus objetivos políticos y económicos. Las sociedades anteriores fueron desmembradas, homogeneizadas y reinventados sus lazos y redes de relación. Algunos conformaron nuevos sectores, otros se vieron relegados, etc. pero todos pasaron a formar una sola nación, bajo un modo de producir y amparados bajo el objetivo de resolver el «desorden» y la miseria con «orden» y con «progreso» uno y el otro de la mano, uno y otro causa y consecuencia del siguiente. El autor lo explica: «Es decir, el progreso era un factor legitimante del orden, por lo que la acción del Estado debía anticiparse a resolver un amplio espectro de necesidades insatisfechas que ‘agitaban los espíritus’ y amenazaban destruir una unidad tan duramente conseguida» (Oszlak, O. 1997 pp.141). Por este motivo, el Estado nacional tuvo que tomar contacto con los gobernadores provinciales, a fin de saber cuáles eran las necesidades materiales de la sociedad y cómo resolverlas. Así, se averigua cuáles son las producciones predominantes en cada una, el estado de sus rutas, su disposición y facilidades otorgadas a la inmigración, situación de la educación, capacidad de convocar ejércitos, etc. De este modo es como el Estado concretó su papel de articulador a través de interacciones diversas y complejas entre «empresarios» estatales e individuos y sectores que poseían intereses. Así, comenzaron a movilizarse a lo largo y a lo ancho del país empresarios, profesionales, intermediarios políticos y unidades estatales encargadas de explorar y explotar toda oportunidad que vaya presentándose en el «proceso institucionalizador» y poniendo en juego todos sus recursos.

Este proceso fue llevado a cabo con mecanismos claros, Oszlak teoriza: «(…) 1) la provisión de medios financieros y técnicos para la ejecución de obras o el suministro de servicios; 2) el dictado de reglamentos que introdujeron regularidad y previsibilidad en las relaciones de producción o intercambio; 3) la concesión de beneficios y privilegios para el desarrollo de actividades lucrativas por parte de empresarios privados; y 4) el acuerdo de garantías-tanto a empresarios como a usuarios- sobre la rentabilidad de los negocios emprendidos con el patrocinio estatal, la ejecución de las obras y la efectiva prestación de los servicios» (Oszlak, O. 1997 pp.142).Sobre la obra pública y la regulación de actividades, el autor postula: «En general, y sobre todo antes de que comenzaran a afluir los empréstitos directos al gobierno nacional, los recursos financieros movilizados por el Estado se orientaron hacia la ejecución de pequeñas obras de infraestructura y el establecimiento de ciertos servicios regulares. Durante la presidencia de Mitre se suscribieron numerosos contratos con empresarios privados para la construcción de caminos, la erección de puentes, el transporte de correspondencia, la mensura de tierras, etc. Habitualmente, las contrataciones eran precedidas por estudios técnicos a cargo de ciertos funcionarios (…), funciones que serían más tarde asumidas por unidades burocráticas especializadas.» «También fue evidente la influencia de estos ‘Adelantados’ estatales en la confección de los diversos reglamentos que intentaron introducir orden en ciertas transacciones y actividades sometidas, como tantos otros aspectos de la vida del país, a la anarquía y el abuso. Por ejemplo, mediante el decreto del 30 de octubre de 1862, el flamante gobierno reglamentó el servicio de postas garantizando la regularidad de su prestación y la propiedad de los empresarios. De la misma manera, expidió una serie de importantes disposiciones tendientes a organizar un servicio de correos, reglamentando el funcionamiento de oficinas, la seguridad de la correspondencia y las responsabilidades emergentes del desempeño de funciones vinculadas a este ramo. También se requirieron informes a los gobernadores sobre los patrones de pesas, medidas lineales y de capacidad empleadas en cada provincia, en previsión de que su falta de uniformidad dificultaría la delineación de tierras públicas, el establecimiento de ferrocarriles o la rectificación y mensura de caminos. Algunos años más tarde se reglamentaría un sistema uniforme de pesas y medidas para todo el país»
(Oszlak, O. 1997 pp.143).

Además, expone: «Cuando los recursos financieros y técnicos de que podía disponer el Estado resultaban insuficientes para encarar ciertos proyectos; o cuando la iniciativa privada descubría nuevas áreas de actividad económica potencialmente lucrativas, se apelaba habitualmente al mecanismo de la concesión estatal para la disposición de bienes o la explotación de servicios» (Oszlak, O. 1997 pp.144). Esto es claro con el Ferrocarril Central Argentino, en donde los capitales privados de empresarios ingleses ofrecían la construcción de los mismos pero exigiendo a cambio muchos beneficios que al país le salía caro entregar, como tierras al costado de las vías para colonizarlas y generar más ganancias con las cuales se disminuiría el importe de las garantías que debía asegurarles el gobierno, gran parte de los ingresos iniciales, etc. dando los argumentos de que, por un lado, no eran muchas las opciones de contratación que tenía el Estado para que le provean estas obras y que, en cuanto a las tierras, otros particulares irían a especular con ellas, lo que haría que puedan quedárselas sin asegurar su colonización.

De esta manera, la extensión de las vías férreas creció vertiginosamente, modificando la estructura del país en el plano espacial y económico. Si bien son pocos los efectos negativos que trajo, sí lo hizo, como en Santiago del Estero donde nunca se integró la población ya que las vías cruzaban por zonas desérticas lejanas para generar estaciones. Además en el Cuyo sucedía que las tarifas poseían varias restricciones y el precio de los fletes era muy caro para generar ganancias con la vendimia. En este sentido, Oszlak concluye: «Puede sostenerse, entonces, que el impacto del ferrocarril fue desigual, jugando en el Litoral un rol articulador que contrasta con el disímil papel cumplido en el interior. Los ferrocarriles crearon, sin duda, un mercado interno nacional, pero sobre todo posibilitaron la explotación de la Pampa húmeda, generaron un alza inédita en el precio de la tierra y contribuyeron, de este modo, a la consolidación de los terratenientes pampeanos como clase hegemónica» (Oszlak, O. 1997 pp.147). Pero más allá de las críticas que se desarrollaron en cuanto a la desigualdad u otras que aparecieron desde una visión actual, las cuales calificaron las políticas de asociación con los capitales ingleses como «entreguismo» o «vendepatrias» y las cuales serán abordadas también desde otros autores en los siguientes apartados, las mismas poseen una visión parcializada en el sentido de que el contexto del país en el ocaso decimonónico restringía la capacidad de acción de agentes estatales y al mismo tiempo la necesidad de formar un mercado nacional y hacer sentir como articulador de las relaciones sociales al Estado nacional era urgente ya que, de no llevarse a cabo efectivamente el proceso, el Estado nacional podía perder su legitimación institucional. Es claro que también presionaron intereses inmediatos, como también funcionarios que no vacilaron en anteponer intereses personales a los de la Patria, pero en líneas generales y sin reduccionismos ni visiones sesgadas, este era el contexto y las decisiones que debieron tomarse. Además, el Estado también tuvo participación activa como garante del éxito material para la real articulación socioeconómica, y en este sentido suministró bienes, servicios y regulaciones para que las empresas privadas puedan cumplir con lo acordado.

Por último, el Estado comenzó a ser empleador de fuerza de trabajo y formador de un extenso sector de contratistas e intermediarios. Aquí se encontraba el personal del Estado y los trabajadores asalariados no permanentes pero retribuidos por el Estado. En este sentido, el Estado también aportó directamente en la generación de nuevas oportunidades laborales y extendiendo las relaciones de producción capitalistas ya que la mayoría de ellos trabajaba en diferentes rubros para la expansión de infraestructura y servicios que generaran progreso en ésta lógica.

En cuarta y última instancia, la Penetración Ideológica. El autor Oszlak aclara lo siguiente sobre la misma: «A diferencia de las modalidades consideradas hasta ahora, la penetración ideológica apeló a mecanismos mucho más sutiles, a veces subliminales». Y haciendo una definición del mismo, postula que son: «Mecanismos que, operando sobre un campo de percepciones, valores, actitudes, representaciones y comportamientos sociales claramente asociados a los sentimientos de pertenencia a una comunidad nacional, tendieron a legitimar el nuevo patrón de relaciones sociales que se venía conformando» (Oszlak, O. 1997 pp.150). Comparándola con otras formas de Penetración teoriza: «(…) contribuyeron a crear la base consensual sobre la cual podía construirse un sistema de dominación. (…) Después de todo, combinaciones variables de coerción y consenso han sido siempre las bases de sustentación de cualquier esquema de dominación política» (Oszlak, O. 1997 pp.150).

Pero el autor divide este proceso en dos partes: «Por una parte, la creación de una conciencia nacional, es decir un sentido profundamente arraigado de pertenencia a una sociedad territorialmente delimitada, que se identifica por una comunidad de origen, lenguaje, símbolos, tradiciones, creencias y expectativas acerca de un destino compartido. Por otra, la internalización de sentimientos que entrañan una adhesión «natural» al orden social vigente y que, al legitimarlo, permiten que la dominación se convierta en hegemonía». «Así como en el primer caso, la penetración ideológica procura crear una mediación entre Estado y sociedad basada en el sentido de pertenencia a una nación, en el segundo promueve el consenso social en torno a un orden capitalista, un modo de convivencia, de producción y de organización social que aparece adornado de ciertos atributos y valores deseables, tales como la libertad e iniciativa individual, la aparente igualdad ante la ley de empresarios y asalariados, la promesa del progreso a través del esfuerzo personal o la equidad distributiva que eventualmente eliminará el conflicto social. En ambos casos, sin embargo, lo que está en juego es la capacidad de producción simbólica del Estado (…) que apela al control ideológico como mecanismo de dominación» (Oszlak, O. 1997 pp.150-151).

En esta Penetración, comenzaron a estructurarse los principales mecanismos desde la década de 1880 y, aunque no es el período analizado por el presente trabajo, es interesante mencionarlos. En este marco, jugó un rol clave la Educación primaria. La misma tenía un papel integrador por la difusión de valores nacionales tradicionales, pero más que ellos de valores seculares y pautas de tipo universalista como lo fue el Laicismo.

La educación poseía el objetivo de garantizar el orden, en este sentido en 1.884 se sanciona la Ley 1.420 que aseguraba la educación común, gratuita y obligatoria en el marco de la escolaridad primaria. Esta educación tenía como finalidad crear población fiel al sistema jurídico-político y económico que intentaba imponer el Estado, no crear obreros, ya que la mayoría ya tenía conocimientos para las actividades laborales. Es así que se aprendía a leer y escribir, las operaciones matemáticas básicas y moral desde un punto de vista católico. Pero al ser un régimen político oligárquico, era en consecuencia también elitista, con lo cual la creación de escuelas medias y «colegios nacionales» era para miembros de la clase alta y se preparaba a éstos para el manejo de las funciones administrativas del estado. En este marco, la educación paulatinamente comenzó a ser controlada por el poder político, el cual fue erosionando la influencia de la Iglesia en la misma, pero no totalmente, ya que la visión filosófica positivista que impregnaba las mentes de los intelectuales y políticos del siglo XIX y la cual proponía racionalizarlo todo, organizarlo según un método empírico, no escapaba a la organización del Estado y de la educación como instrumento servil a los intereses de éste. En este marco, en la época no se proponía dejar de lado la religión, sino controlarla a través del Estado para que le sea útil en términos instrumentales, la nomenclatura era la siguiente: si la Iglesia controlaba las conciencias, el Estado controlaba a la Iglesia. Es así como el laicismo, el Normalismo y enciclopedismo comenzaron a reinar como paradigmas educativos, pero la Iglesia siguió con influencia y actividades dentro del sistema ya que le era servil a los objetivos del Estado en líneas generales.

Otra institución que jugó un rol clave fue el Matrimonio Civil. Así, el Estado comenzó a instrumentar mecanismos de control que la Iglesia ya no podía garantizar por su falta de condiciones. Oszlak plantea: «La ley de matrimonio fue aprobada en 1888. Pese a que establecía definitivamente el control civil de esta institución, la ley presentaba claras limitaciones. Por ejemplo, no se apartaba en lo sustancial de las concepciones tradicionales sobre la familia, en particular con respecto al rol de la mujer, a la que se negaba facultades para disponer de sus bienes, para celebrar contratos y contraer obligaciones, ratificando así la autoridad del pater». En este marco, la concepción del Matrimonio civil comenzó a ser la siguiente: «(…) institución cuya función básica era ‘darle hijos al Estado’. El debate de fondo giraba en torno a la familia, concebida como célula social básica, como el sólido pilar de un ordenamiento social considerado deseable» (Oszlak, O. 1997 pp.154).

Po último, la institución del Servicio Militar Obligatorio fue fundamental. Así, el autor expone: «(…) en 1895, en el contexto de los conflictos limítrofes con Chile, se dictaron normas que imponían la convocatoria obligada a todos los argentinos nativos que hubieran alcanzado los 20 años de edad. Finalmente, en 1902, la Ley 4031 (también llamada Riccheri) estableció el servicio militar obligatorio». (Oszlak, O. 1997 pp.155). Este organismo tenía la tarea de dar mejor efectividad a los mecanismos represivos que tenían como finalidad ulterior asegurar la soberanía nacional, pero además controlar los diversos focos que el Estado y los sectores dominantes consideraban grupos subversivos ya que cuestionaban el ordenamiento político en el marco de la rápida transformación de la sociedad argentina. Con la conscripción obligatoria, el Estado se aseguró un control ideológico fuerte sobre estos grupos que comenzaban a crecer. De este modo: «Luego de pasar por las filas del ejército, el proyecto oficial preveía que los jóvenes conscriptos serían ‘devueltos’ a sus hogares expurgados de todo sentimiento contestatario y convertidos en ‘elementos de moralización pública'» (Oszlak, O. 1997 pp.156). Además, y como último objetivo, el pasaje por las filas del ejército tenía el objetivo de ser un instrumento de homogeneización étnica en el marco de la inmigración masiva que experimentaba el país. Había que «argentinizar» y colocar bajo una sola bandera y un sólo sentir nacional a locales y inmigrantes de orígenes, lenguas y tradiciones heterogéneas. Y en esto jugaron un rol destacable los rituales y símbolos: la divulgación de la pertenencia a un destino común, la sacralización de la familia como célula social básica y ámbito natural de convivencia, la homogeneización del discurso bajo el «nosotros» y obviamente la adhesión a los «símbolos patrios»: juramento de la Bandera, entonación del himno nacional, lucimiento de escarapelas en festividades patrias, etc.

Estas Penetraciones pudieron observarse en las «Cristalizaciones Institucionales» según indica Oszlak. El Aparato burocrático y normativo del Estado estaba en constante transformación en el marco de su cada vez mayor intervención social. De este modo, fueron naciendo un conjunto funcionalmente diferenciado de instituciones públicas relativamente autónomas respecto de la sociedad civil, con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y de control centralizado sobre sus actividades. Este aparato comenzó a crecer muy rápidamente y en cuestión de veinte años desde la presidencia de Bartolomé Mitre estaba más que consolidado. Ejército y diversas fuerzas, escuelas, juzgados, oficinas postales, ferrocarril, sucursales del Banco Central, médicos y cuerpos de sanidad, cuadrillas de obreros para las diversas obras públicas, hoteles y colonias que recibían inmigrantes, etc. estaban distribuidos por todo el territorio nacional. Es así como: «El Estado nacional se había convertido en el núcleo irradiador de medios de comunicación, regulación y articulación social, cuya difusión tentacular facilitaba las transacciones económicas, la movilidad e instalación de la fuerza de trabajo, el desplazamiento de las fuerzas represivas y la internalización de una conciencia nacional» (Oszlak, O. 1997 pp.158). Pero esto fue un proceso paulatino y no lineal. El Estado nacional comenzó esparciendo sus instituciones y su control soberano lentamente ya que no contaba con personal y recursos materiales para abarcar el vasto territorio del país. Esto produjo lealtades contradictorias y desobediencia, altercados, corrupción como por ejemplo con la cuestión del contrabando al expandirse aduanas y receptorías, etc.

Además el Estado, al no tener tradición cultural propia y rechazar la herencia cultural española, se inspiró en otros países europeos y en Estado Unidos para dar ordenamiento a su aparato burocrático, judicial, económico, etc. Particularmente el orden constitucional, la organización social e institucional norteamericana; prácticas presupuestarias francesas y organización administrativa y comercial inglesa. Esto si bien no siempre fue lo más adecuado para las demandas locales y los recursos materiales que se poseía, sí fue útil para afianzar su autoridad y dar una imagen positiva de Estado garante del orden para recibir inversiones extranjeras.

Tres Ministerios fueron fundamentales para lograr la Penetración del Estado: «En primer lugar, el Ministerio de Guerra y Marina, organismo dentro del cual se fueron creando e integrando las diferentes unidades que asumieron la conducción del aparato represivo del Estado. En segundo lugar, el Ministerio del Interior, articulador de los distintos mecanismos de penetración cooptativa, cuya (…) misión era: establecer un modus vivendi entre el Estado nacional y las provincias, delimitar sus respectivas jurisdicciones, ganar aliados entre los sectores dominantes locales. Pero algo más: movilizar los recursos e instituciones disponibles para producir adelantos materiales que, a la par de afianzar la labor de cooptación, permitiera un mayor control sobre las situaciones locales. (…) actividades (…): desde la administración de correos y telégrafos hasta la centralización del registro estadístico; desde la canalización de las corrientes inmigratorias hasta la planificación y administración de las obras públicas o la promoción de la agricultura. En tercer lugar, el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, órgano fundamental de penetración ideológica en sus diversas expresiones: el derecho, la religión y la cultura. Tres vehículos de formación de conciencias, de internalización de nuevos valores, de legitimación de nuevos patrones de interacción social» (Oszlak, O. 1997 pp.163-164).

Además: «Estos tres ministerios, y sus diversas unidades, se vieron apoyados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Hacienda cuya misión consistía, respectivamente, en: 1) la gestión diplomática tendiente a afirmar la soberanía del Estado nacional y consolidar los vínculos que permitieran la integración de la economía argentina a los mercados mundiales; y 2) la organización y administración de un eficaz aparato de extracción y captación de recursos internos y externos; sobre cuya base pudiera asegurarse la normal gestión del conjunto de unidades estatales» (Oszlak, O. 1997 pp.164).

En este marco, sobre las acciones que le comenzarían a corresponder al Estado nacional y a las provincias, Oszlak expone: «(…) los gobiernos provinciales pronto perderían a manos del Estado nacional el poder de reunir ejércitos, emitir moneda, decretar el estado de sitio, administrar justicia en ciertos fueros o instancias o recaudar determinados gravámenes. Su intervención se concentraría en asegurar el normal desenvolvimiento de las relaciones sociales en el ámbito local de la producción y el intercambio, fundamentalmente mediante el disciplinamiento de la fuerza de trabajo (educación, justicia, cárceles) y la provisión de algunos servicios. A su vez, las instituciones civiles y los particulares se enfrentarían a situaciones dispares. En ciertos terrenos, como la enseñanza, la beneficencia o el registro civil, sus actividades se verían circunscriptas, invadidas o expropiadas por el Estado, mientras que en otros (v.g. ejecución de obras civiles, prestación de ciertos servicios públicos) encontrarían oportunidades de desarrollar nuevas actividades bajo los auspicios y la garantía de ese mismo Estado. Quedaría reservado al gobierno nacional un ancho abanico de funciones: desde enfrentar al indio extendiendo el control territorial hasta atraer la inmigración y asegurar el empleo productivo de la fuerza de trabajo, conducir las relaciones exteriores, atraer capitales y orientar su inversión productiva, o regularizar las relaciones económicas introduciendo reglas de previsibilidad y sanción. Es decir, aquellos aspectos de la problemática del “orden” y el “progreso” cuya resolución difícilmente podía quedar librada a la iniciativa o los recursos de algún sector de la sociedad civil» (Oszlak, O. 1997 pp.164-165).

Además, agrega: «No obstante, durante el período que estamos considerando la acción del Estado tendió a concentrarse sobre todo en aquellas actividades que demandaban más su iniciativa y capacidad de gestión que sus recursos materiales, por entonces todavía escasos. Caben dentro de esta categoría de actividades la promoción de la inmigración, que en los años sesenta y setenta adquirió un auge considerable; la contratación de empréstitos y otras formas de financia- miento extraordinario, destinados en gran parte a solventar los gastos militares pero también a financiar la construcción y garantía estatal de los primeros ferrocarriles e, indirectamente, la concesión de crédito a empresarios privados; y, en general, las obras de infraestructura más urgentemente requeridas para acelerar la integración de los diferentes mercados regionales» (Oszlak, O. 1997 pp.165). Y finaliza: «A pesar de todo, las vicisitudes de los conflictos armados, la vulnerabilidad estructural de la economía a las coyunturas externas y las periódicas crisis fiscales, contribuyeron a que la acción del Estado se desplazara erráticamente de uno a otro rubro, en función del surgimiento de demandas que los recursos no siempre permitían satisfacer adecuadamente» (Oszlak, O. 1997 pp.166).

Sobre los movimientos comerciales y financieros puestos en la balanza y sus objetivos, postula: «Si bien los ingresos ordinarios del Estado siguieron aproximadamente el movimiento del comercio exterior —resultado lógico dado que la estructura tributaria estaba estrechamente ligada a ese mercado— los egresos presupuestarios efectivos, en cambio, experimentaron un incremento muy superior como consecuencia de la capacidad de gasto creada por el flujo de capitales externos ingresados en forma de empréstitos. Fueron estos mayores recursos los que permitieron extender y garantizar las obras y servicios públicos, sofocar las rebeliones de los últimos caudillos e, incluso, facilitar el crédito a particulares a través de bancos oficiales»
(Oszlak, O. 1997 pp.167).

Estos movimientos comerciales trajeron desigualdades de ingresos en las provincias, es por esto que: «Aquellas que consiguieron incorporarse a la economía agroexportadora vieron aumentada la capacidad contributiva de su población, dado que el incremento de los negocios y la valorización de la propiedad inmueble que acompañaron esa incorporación constituían las fuentes de los principales recursos que habían quedado reservados a la jurisdicción provincial. Ello aumentó en consecuencia las posibilidades financieras de los gobiernos provinciales localizados en esas regiones. En cambio, las provincias marginadas del proceso de expansión “hacia afuera”, o aquellas que no consiguieron generar un mercado nacional para su producción primaria — como lo hicieron hacia el final del período Tucumán y Mendoza— hallaron mayores dificultades para recomponer sus ya débiles finanzas y cayeron en una dependencia cada vez más estrecha de los subsidios y el empleo proporcionados por el gobierno nacional» (Oszlak, O. 1997 pp.167). En este marco, fue Buenos Aires la provincia líder política y económicamente y la que más beneficios logró, Ozlak expone: «A través de su privilegiado acceso al gobierno nacional, movilizó los recursos e instituciones que suprimirían los diversos focos de cuestionamiento al nuevo sistema de dominación y acercarían al puerto unidades productivas y mercados interiores creados a impulsos de una vasta actividad de promoción, garantía de la inversión y construcción de grandes obras de infraestructura»
(Oszlak, O. 1997 pp.169).

Pero, aún así, el autor advierte lo siguiente: «(…) es importante sustraerse a la visión maniquea que considera al sistema de dominación surgido de Pavón como simple prolongación de la burguesía porteña en el Estado. Simétricamente, tampoco debe caerse en el otro extremo de atribuirle total autonomía» (Oszlak, O. 1997 pp.171). Esto ya que Buenos Aires resistió los intentos del Estado nacional de coartar su autonomía y atribuciones, debido a que esto llevaría a la reducción y pérdida de sus recursos, los cuales eran gestionados por los sectores dominantes en su exclusivo beneficio desde el gobierno provincial. Por este motivo el Partido Liberal se dividió en “nacionalista” y “autonomista” y tuvo el desenlace que el autor narra: «Las relaciones del gobierno nacional con el de la provincia de Buenos Aires —controlados respectivamente por estas dos fracciones— pasó así de un deshonroso “concubinato” a una inestable convivencia, para luego manifestarse en un creciente distanciamiento a medida que las concesiones y compensaciones efectuadas a las provincias por un Estado que buscaba afirmar su propia personalidad institucional, fueron produciendo un reflujo del avance inicial y una paulatina inserción en el Estado de las burguesías del interior. En este proceso, los sectores dominantes de Buenos Aires comenzaron a tomar conciencia de que si bien la “delegación” de algunas atribuciones provinciales constituía una condición necesaria para viabilizar su propia fórmula política, también implicaba una efectiva pérdida de poder (v.g. el directo control de las relaciones con el exterior y el interior del país). Ello dio lugar a conductas recelosas y agraviantes, fuente de no pocos conflictos. La elección de Avellaneda y el inmediato levantamiento de Mitre fueron la primera manifestación elocuente de que se había producido un cambio de sentido en la relación nación-provincias, y la “caída de Buenos Aires”, en 1880, su más dramática expresión. Por eso es posible afirmar que el Estado nacional interiorizó en su seno el conflicto que durante décadas había dividido a Buenos Aires y el interior». Es así como el Estado nacional tomó un rol imprescindible para los destinos históricos de un proyecto administrativo nacional que heredamos hasta la actualidad: «Esta mediatización del conflicto convirtió al Estado en una arena de negociación y enfrentamiento, pero al mismo tiempo contribuyó a constituirlo en un actor diferenciado de las partes en pugna. Sólo cuando este “tercer personaje” entró en escena —como diría J. Alvarez-, cuando el Estado pudo definir su propia personalidad y convertirse en árbitro de la situación nacional, fue posible resolver el secular conflicto definitivamente» (Oszlak, O. 1997 pp.172).

• Formación del poder político y administrativo en la provincia de Entre Ríos.

Para describir el caso de la provincia de Entre Ríos, podría argumentarse que es un caso diferente a otras provincias que conformaron Argentina. El autor Schmit teoriza que «(…) Entre Ríos con la creación de la soberanía provincial en 1821 lo que caracterizo a sus emergentes grupos dirigentes fue un sesgo de persistencia local de fragmentación y competencia entre las ciudades principales que contenía su territorio, la cual se plasmó por varios años una notable dificultad para negociar la administración de un poder político sólido dentro de las nuevas instituciones republicanas, impidiendo que se pudiera estabilizar la gestión de gobierno al interior del emergente espacio provincial» (Schmit, R. 2010 pp.4). De esta forma, si bien fue cuna de importantes referentes del Federalismo como Francisco Ramírez, José Ricardo López Jordán y Cipriano Urquiza; los mismos siempre compitieron por el poder local que se hicieron cruentas entre 1820 y 1830. Todo esto, como explica Schmit: «(…) implicó la inexistencia de consenso interno, la precaria centralización política y sostenimiento de la legalidad institucional fruto de los permanentes enfrentamientos armados, los cuales representaron una significativa inestabilidad en el seno de la joven soberanía política entrerriana»
(Schmit, R. 2010 pp.4).

Fue recién con el gobierno de Echagüe, en 1836, cuando se logró un clima de mayor convivencia en el universo político de la provincia. Esta estabilidad nacida de la negociación de los cargos públicos y la ganancia de beneficios comunes, permitió la consolidación de nuevos caudillos líderes y dentro de ellos, surgió el nombre de Justo José de Urquiza. El prócer entrerriano logró consolidar la unidad a través de alianzas interpersonales y negocios que le valieron la subordinación administrativa y militar de las familias notables y del pueblo en general a lo largo de la provincia.

Es así que la estabilidad política de Entre Ríos no tuvo que ver con diversas mutaciones institucionales o nuevas capacidades doctrinarias, sino que provinieron de las nuevas prácticas de gestión y negociación del consenso a través de relaciones entre los líderes y entre estos y sus subalternos distribuidos por los territorios (relaciones de negocios mercantiles y rurales, intercambios clientelares de recursos, campañas militares, etc.). Schmit lo teoriza de la siguiente manera: «En aquel entramado de relaciones operó la extensión de una serie de nexos primarios de parentesco, de negocios conjuntos y de acción compartida en la administración pública y en la guerra que fueron dando a los miembros del grupo dirigente una racionalidad unificada de mando político y militar, que resultaron las fuentes principales del éxito. Por ello el elenco de actores durante los gobiernos de Urquiza entre 1841 y 1853, lejos de competir por el gobierno dentro del espacio electoral internobiliar, respondieron a un sistema de reparto del poder recíproco y desigual liderado por el Gobernador (…)» (Schmit, R. 2010 pp.5). En este marco, puede decirse que el orden logrado en Entre Ríos fue por un gobierno de carácter personalista o «unanimista», de gran prestigio y capacidad militar, el cual no se basó en igualdad con los componentes de poder económico y los del Poder político-Administrativo como la Legislatura, los cuales se subordinaron cada vez más al líder, el cual, en ciertos períodos, tuvo las facultades extraordinarias y pudo tutelar como le parecía conveniente las rentas públicas, la justicia y las decisiones más altas en cuanto a los administrativo y lo bélico. Estos atributos, sumados a la fidelidad de sus hombres y su carácter paternalista que le otorgaron la ascendencia sobre sus Comandantes Militares, crecieron y se hicieron más profundos a través del tiempo y hacia mitad de siglo llevaron a Urquiza, luego de un crecimiento económico pecuario extensivo en la provincia y los éxitos en los campos de batalla, a erigirse como un líder del Federalismo en un marco interprovincial de la confederación de provincias. Esto lo llevó a disputar el poder con Rosas, el pronunciamiento, la victoria en Caseros en 1852 y la sanción de la Constitución de 1853.

Una vez logrado el orden institucional, como postula Schmit, se abre un período nuevo de “modernización” institucional y económica en la provincia, lo cual implicaba en el mediano plazo un desafío mayúsculo de gestar los nuevos lazos que forjaran el espacio nacional y provincial y de ejercer el poder recreando un nuevo republicanismo y, este sentido, un nuevo tipo de liderazgo hasta entonces desconocido.

Es así que el primer paso fue la sanción de la Constitución provincial en marzo de 1860 a fin adaptarse a las normativas elaboradas en 1853 que regulaban al Estado y el sistema político nacional. Este reordenamiento no iba a ser fácil, y como expone Schmit: «(…) se abría una nueva etapa de convivencia compleja entre las normativas, las prácticas políticas y los poderes en la provincia. Asimismo también el nuevo encuadre doctrinario afectaba la relación entre las instituciones públicas y los ciudadanos, los cuales emprendían una etapa de interacciones más conflictivas»
(Schmit, R. 2010 pp.7). Una de las cuestiones que iba a traer controversia por las prácticas caudillistas tradicionales tan arraigadas era el principio de «El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición”, en el sentido de que se prohibían los levantamientos espontáneos y las luchas internas de facciones dentro de la provincia y/o de éstas con el Estado provincial o Nacional. Otra cuestión es la siguiente: «El gobernador es el Jefe de las milicias de la Provincia con sujeción a la Constitución Nacional”, la cual regulaba la autocracia de los caudillos, los cuales a partir de ese momento estaban sujetos a una Ley Suprema a la que le debían obediencia en sus acciones. A partir del orden Constitucional, las desavenencias políticas y administrativas entre la sociedad civil y los estados provinciales/Estado nacional o de algún estado provincial con el Estado nacional ya no podía ser resuelta por las armas, y debía serlo mediante un medio formal y por el Poder que corresponda: Ejecutivo, Legislativo o Judicial; y de lo contrario, quien subvierta el orden, debía comparecer ante este último.

Además, el Orden Constitucional otorgaba derechos a los ciudadanos como el derecho a la Propiedad Privada, el Derecho a un juicio justo realizado por los jueces debidamente instalados y de carácter anterior a las penas, derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, de peticionar a las autoridades, de comerciar, entrar, permanecer, transitar, salir del territorio; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, etc. Pero además de otorgarle facultades a los ciudadanos, también limitaba el poder de sus gobernantes y autoridades, las cuales, según el Artículo 4 «(…) ninguna tiene facultades extraordinarias, ni puede pedirlas, ni se les concederán por motivo alguno”, lo mismo con la administración de los recursos públicos, Artículo 10, el Legislativo debía “Decretar el presupuesto de gastos anuales para la Provincia y aprobar o rechazar la inversión de las cantidades votadas” y Artículo 11 “Exigirá anualmente del Gobierno la cuenta del tesoro para examinarla y juzgarla”. En cuanto a las alianzas interprovinciales, Artículo 12: “Aprobar o rechazar los tratados que el Ejecutivo celebre con las demás Provincias de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución Nacional”. Esto no sería fácil de imponer a una sociedad y sus autoridades acostumbradas al ejercicio del poder autocrático.

Por último, en las siguientes secciones también se daba un nuevo ordenamiento: «(…) en la sección segunda de la Constitución, sobre el poder legislativo, se disponía la elección directa de dos Diputados por Departamentos, quienes una vez investidos en la Legislatura elegirían al Gobernador por mayoría simple. De manera que se ampliaba el número de Diputados de manera homogénea en los Departamentos abriendo mayor espacio para la dispersión de las voluntades políticas. Por otra parte, se reglamentaban los Presupuestos fiscales lo que limitaba la capacidad del Gobernador de manejar a discreción las rentas públicas. Finalmente, sin duda otra cuestión clave resultaba el estipular que el gobernador ‘durara en el cargo por un período de cuatro años y no podrá ser reelegido sin intervalo de otro…’”. Esto daba fin a las famosas reelecciones indefinidas y obligaba a la negociación de la sucesión de gobierno, terminando con el personalismo, base del éxito de Urquiza. Y «(…) en la sección diez de la Constitución se introducía el poder Municipal que daba un nuevo ordenamiento para los Departamentos de la provincia lo cual significaba en la práctica que podría quedar totalmente afectada la red de poder de los Jefes Políticos y de los Comandantes Militares en torno a sus departamentos, que hasta entonces habían cumplido una función esencial en la sujeción del territorio entrerriano al poder concentrado en manos del Gobernador» (Schmit, R. 2010 pp.9).

Luego de Pavón, Urquiza volvería a su provincia para ser electo gobernador nuevamente entre 1861 y 1864, pero con un contexto nacional desfavorable. Dentro de Entre Ríos comenzaban a erigirse también nuevos líderes Federales para una competencia electoral más abierta ya que con el Orden Constitucional no podía existir la reelección indefinida y alguien debía ir por el puesto de Gobernador. Asimismo, Urquiza, luego de veinte años en las funciones públicas o militares, debía buscar un sucesor que resguardara sus vínculos de poder en la coyuntura de inestabilidad regional existente.

En cuanto al Poder Legislativo de la Provincia: su conformación, miembros y atribuciones, Schmit teoriza: «Las autoridades de la provincia luego de 1860 surgían para el poder legislativo de una votación directa realizada en cada Departamento a razón de un Diputado representante por cada tres mil habitantes. Ellos como Diputados conformaban la Cámara Legislativa, que se renovaría por mitades cada dos años. Para ser electo Diputado se imponía una edad mínima de veinticinco años, ser ciudadano argentino y vecino de la provincia, además de tener un capital que no bajara de los tres mil pesos, o arte, profesión u oficio que de una renta equivalente.

La Cámara estaría reunida en pleno todos los años de enero a abril, y para el resto del año se preveía que funcionará un Comisión Permanente de cinco miembros, cuyo presidente e integrantes serían nombrados por la Cámara. Esta tendría atribuciones para vigilar la observancia de la Constitución y sus leyes, haciendo indicaciones al gobierno si fuera conveniente. Instruiría a la Cámara de lo ocurrido durante su receso. Redactaría proyectos de ley o de Reglamentos. Auxiliaría al Gobierno en caso de conflicto interior o exterior. Recibiría las actas de las elecciones. Daría cuenta de las vacantes que hubiera tenido la Cámara. Convocaría a la Cámara en caso de necesidad urgente y sólo cuando el Gobernador estuviera imposibilitado de hacerlo.

Las atribuciones principales de la Cámara eran juzgar y calificar las elecciones de sus miembros, elegir al Gobernador, elegir a los Senadores provinciales para integrar el Congreso Nacional, sancionar las leyes para la administración de la provincia, imponer contribuciones y podía pedir empréstitos, crear o suprimir empleos públicos, acordar jubilaciones, pensiones y sueldos, establecer los jueces y tribunales de justicia. Controlar el manejo de las rentas provinciales en manos del Gobernador. Decretar los presupuestos de gastos anuales de la provincia. Aprobar o rechazar los tratados celebrados por el Gobernador con otras provincias. Realizar expropiaciones. Juzgar a los Secretarios de gobierno y miembros de la Cámara de Justicia. Disponer del uso y enajenación de las tierras y demás propiedades de la provincia. Modificar los límites de los Departamentos y crear ciudades y villas. Pedir informes verbales al Gobernador cuando lo juzgara necesario»
(Schmit, R. 2010 pp.10).

Schmit cuenta las particularidades de la normativa electoral que rigió desde 1861 y que regulaba a esta actividad: «En ella se determinaba que en cada ciudad, villa o pueblo cabecera de Departamento de la provincia se formaría una sección electoral. Asimismo en ellas se elaborarían los registros cívicos de los ciudadanos que estuvieran habilitados a votar. Esta normativa abría la posibilidad de componer una Legislatura más robusta y al mismo tiempo más representativa de los ciudadanos de los distintos Departamentos que se habían creado en la provincia a lo largo de las décadas de 1840 a 1860.

Las elecciones se harían cada dos años en el atrio de la iglesia parroquial de cada Departamento, presidida por un Presidente y dos vocales. Las mesas se habilitarían desde las ocho de la mañana tan pronto como se encontraran reunidos 40 ciudadanos en las ciudades, 20 en las villas y pueblos. Presidiría la asamblea electoral el juez de primera instancia en lo civil o si no hubiera por el juez territorial, acompañado por dos vocales vecinos del lugar. En tanto que la mesa electoral tendría un presidente y cuatro escrutadores, elegidos por pluralidad de sufragios entre los ciudadanos presentes en la asamblea.

Las atribuciones de la Mesa Electoral eran múltiples, desde decidir sobre todas las dificultades que ocurrieran a fin de no suspender la elección, rechazar el sufragio de todo el que no estaba en ejercicio de la ciudadanía, ordenar el arresto de los que pretendieran votar ilegalmente o con engaño, hacer retirar los que no guardasen el comportamiento debido.

La Mesa debía hacer cumplir la ley en: recibir los votos de los sufragantes por escrito o de manera verbal, en caso de ser por escrito el voto sería leído en voz alta por un miembro de la mesa, en caso oral sería proclamado en voz alta por el votante. Sólo se recibirían votos emitidos personalmente por cada ciudadano, si era por escrito se prohibía el uso de papel de colores. El voto de cada ciudadano sería por el número de Diputados que correspondiera a cada Departamento.

La Asamblea electoral cerraría a las cuatro de la tarde, y luego se procedería a hacer el escrutinio y cotejos de Registros, estos se firmarán por todas las autoridades que formaron la Mesa. En el acta final debería constar el resultado del escrutinio, poniendo los nombres de los que hubieran sido electos con el número de votos. Una vez cerrada el acta debía leerse en voz alta ante los concurrentes al escrutinio.

Las actas se guardarían en una caja cerrada con dos llaves distintas, quedando las mismas en poder del Presidente y la otra de un ciudadano elegido por la Mesa. Esa caja se depositaba en la iglesia con una guardia de ciudadanos para su custodia. A las nueve de la mañana del día siguiente a las elecciones por medio de los mismos individuos se abría nuevamente la Asamblea, se abría la caja con las actas verificando que no había habido fraude, se volvería a realizar el escrutinio de los votos y se firmarían los registros. De aquellos registros, uno se remitía directamente a la Cámara legislativa de la provincia y otra quedaba en el archivo del Juez de primera instancia o juez territorial de cada departamento»
(Schmit, R. 2010 pp.15-16).

Pero tanto el rigor del control del proceso electoral que se buscaba lograr como también las legislaciones acerca de la división de poderes y sus atributos, no fueron cumplidas en la realidad, como bien detalla Schmit. En este sentido, sobre la división de poderes realmente ausente, en el período 1861-1864 el Gobernador concentró bajo su poder casi todos los recursos públicos y en este marco se realizaron grades reformas mediante una nueva legislación en cuanto a las tierras públicas. Se puso en marcha el arriendo público y la venta de tierras, y junto a ello una reforma impositiva que creaba una cantidad nunca antes vista de impuestos directos. El autor dice que en ambos casos, una vez dictadas las leyes, el Poder Ejecutivo se encargó de administrar sin restricciones la asignación, confirmación y concesión de los recursos. Asimismo este Poder se adjudicó la gestión de los empleos públicos y sostuvo una gran injerencia sobre la aplicación de la justicia como parte de su tradición autocrática del poder político. Todo esto lo pudo hacer por la aparición de los Jefes Políticos, figuras subordinadas al Gobernador, con las cuales él contaba para supervisar los conflictos sobre las tierras públicas y las políticas fiscales de la provincia y controlar las expresiones de la prensa en todo el territorio, desconociendo con algunas de estas medidas al Poder Legislativo. Esto además atentaba contra el atributo de «igualdad ante la Ley» de todos los ciudadanos, un dogma liberal consagrado en la Constitución Nacional, pero no cumplido en Entre Ríos.

En el período 1864-1868 asume José M. Domínguez, el cual fue electo por la Legislatura como sucesor impuesto por Urquiza en la gobernación. Su gestión no fue fácil, tuvo que lidiar con la crisis económica y financiera de la provincia y crecientes debates sobre el mando político por una creciente oposición en la Legislatura. Opositores como Ocampo, Carriego y López Jordán habían comenzado a criticar a los partidarios de Urquiza y sus políticas a través de la cada vez más creciente prensa a lo largo y ancho de la provincia y comenzaron a consolidar candidaturas para disputar el poder. Pero nada pudieron hacer ya que en 1864 los resultados de las elecciones legislativas, habiendo o no fraude en las mismas, daban victoriosos en los principales Departamentos a un conjunto de candidatos que, además de su experimentado manejo de las milicias y su ascendencia sobre los Jefes Políticos, eran fieles al liderazgo de Urquiza y llevaron al gobierno al mencionado gobernador Domínguez. Esto hizo que, dos años más tarde en 1868, a pesar de las crudas críticas, emerja en la Legislatura una nueva candidatura de Urquiza el cual logró triunfar una vez más, manteniendo el status quo de sus políticas en línea con la tradición gobernador-caudillo y siendo para esta época, según lo califica Schmit tomando a Cordero, un «Señor» con todas las atribuciones del poder concentradas en su persona y para quien el pueblo trabajaba y acrecentaba sus riquezas. Pero igualmente no le fue fácil gobernar ya que desde 1862 en adelante el contexto político-económico dentro de Entre Ríos y en el país era de extremada agitación, Mitre comenzaba a imponer gobiernos liberales en lugar de federales en varias provincias (Córdoba, Santa Fe y Corrientes) y Urquiza se mantenía pasivo ante este avance y ante las críticas de sus opositores internos y desde la provincia de Buenos Aires. De allí en adelante hasta su deceso en 1871, a pesar de que siguió triunfando y sosteniendo su poder, las facciones Federales contrarias a su liderazgo comenzaron a crecer sostenidamente.

En conclusión, como expone Schmit, más allá del Orden Constitucional que se dio a la Nación y a la provincia, Urquiza logró mantener concentrado el poder en sus manos hasta que muere, pero «(…) ello no impidió que las facciones políticas federales -dentro del complejo espacio de participación pública- provocaran una creciente disputa inédita y erosión del poder concentrado dentro del escenario entrerriano». Es decir: «(…) el gobierno no pudo impedir que a través de los comicios y las expresiones del espacio público fueran cada vez más visibles las expresiones de las tensiones o de oposición de numerosos actores en la arena electoral. Ello se puede corroborar en la emergencia y la consolidación de varias facciones federales en muchos Departamentos de la provincia. Aquellos contaban con sus propios medios de expresión de la prensa y los clubes, y a pesar de su fracaso electoral coyuntural ya para fines de la década de 1860 no estaban dispuestas a sostener el “unanimismo”, el poder concentrado personalista y la obediencia hegemónica, que hasta entonces había dispuesto el gobernador-caudillo entrerriano» (Schmit, R. 2010 pp.23).

2) PRESIDENCIAS DE BARTOLOMÉ MITRE, DOMINGO SARMIENTO Y NICOLÁS AVELLANEDA: REBELIONES PROVINCIALES, CRUZADA LIBERTADORA, GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA Y CAMPAÑA AL DESIERTO.

En este apartado se abordarán cuestiones históricas de cada una de las presidencias, sus procesos de ordenamiento político y administrativo-institucional y sus hechos más importantes, además de las tensiones con el interior y las guerras que marcaron la historia argentina de finales del siglo XIX.

Analizando el marco político, como expone la autora Bonaudo, a fin de asentar el orden económico capitalista, se debía asentar también como estructura sostén del anterior, un sistema político en base a los principios consagrados en la Constitución de 1853 y sus modificaciones, no siempre respetadas en el período analizado. La autora expone: «El juego electoral que debió desplegarse para configurar el nuevo orden político, si bien cumplió un importante papel, fortaleció en su dinámica la construcción de una representación asentada sobre relaciones asimétricas, formalizada desde redes políticas que a través de la manipulación y la cooptación incorporaron a diferentes actores.

Tales redes, con diversos grados de estructuración, cohesión y continuidad, constituyeron una pieza importante en la conformación de partidos o facciones políticas. Ellas nuclearon a grupos y personas, reunidos por lazos desiguales en torno a figuras fuertes. Se convirtieron en lugares de constitución de intercambios materiales y tramas simbólicas que definieron tradiciones políticas. Desde los espacios locales provinciales, federales o unitarios-liberales, autonomistas o nacionales, fueron construyendo por la vía de acuerdos de cúpula estructuras de representación formales que alcanzaron dimensión nacional y a través de las cuales pretendieron dirimir su puja por el poder.» (Bonaudo, M. 1999 pp.16-17). La autora menciona casos menos comunes pero reales de representaciones políticas asociativas o también la deformación del poder político hacia intereses personalistas, una característica que será clave para entender los gobiernos analizados.

Veremos también que, con el triunfo de Mitre y el comienzo de su gobierno, si bien había prometido dar espacio a Urquiza y el federalismo en las construcción nacional, nada de eso se vio en los hechos, donde el Estado nacional de corte liberal a través de la Guardia Nacional de Buenos Aires con los núcleos confederales y a través del Ministerio de Guerra y Marina —utilizando la estructura bonaerense de la Inspección y Comandancia General de Armas-, se encargó de perseguir a las «montoneras» a fin de disolverlas y lograr «el orden nacional», sin tener en cuenta que sus participantes también se creían legítimos para discutir el orden sociopolítico y territorial y que luchaban, como dice Bonaudo: «en ‘nombre de la ley, y la nación entera’, y de la ‘más bella y perfecta Carta Constitucional democrática republicana federal'» (Bonaudo, M. 1999 pp.19). Se ocuparon tierras de los pueblos originarios, sin importar que si tenían que destruir y desplazar al “otro”, lo irían a hacer en pos de la «civilización» de los pueblos, llevando a ellos el conocimiento científico: cartográfico, topográfico, etc. También tenemos los hechos de la guerra del Paraguay, los cuales no permitieron que Mitre recupere su prestigio y en adelante vendrían los gobiernos de Sarmiento y Avellaneda. Veremos también que dentro del partido liberal se dividió entre «mitristas» (nacionales) y «alsinistas» (autonomistas) por la capitalización de Buenos Aires, etc. entre otros hechos que marcaron el rumbo del período 1862-1880.

• Gobierno de Bartolomé Mitre (1862-1868):

A.a: Distintas versiones historiográficas de su figura y sucesos característicos de su gobierno:

En cuanto a las visiones historiográficas de Mitre, existe primeramente la visión «oficial» u «ortodoxa», la cual, como teoriza Galasso «(…) reverencia a Mitre, junto a Rivadavia, como figuras centrales que promovieron nuestro progreso. Mitre es «el organizador» del país, quien lo unifica-concluyendo con ‘el desorden y la anarquía’- y lo encamina hacia su gran destino ‘blanco y civilizado’, a semejanza de Europa. Con Pavón y especialmente a través de su presidencia, se pone fin a la presencia de caudillos ‘bárbaros y desorganizadores’, para dar paso a ‘instituciones modernas y a un gran crecimiento económico'» (Galasso, N. 2011 pp.363). El diario La Nación ayudó a convertir su figura en una prominencia, exponiendo su talento como escritor, político y militar y llevando todas estas ponderaciones a las escuelas. Ciudades, calles llevaban su nombre y monedas, bustos y estampillas con su rostro podían verse en aquella época donde comenzó a gestarse esta visión historiográfica del período y su presidencia.

Pero hubo quienes lo criticaron en su época como Carlos D’Amico y Vélez Sársfield, ambos por no ver con tanta admiración sus capacidades para escribir y el segundo criticando su obras históricas más importantes, las biografías de Belgrano y San Martín, por no mostrar los hechos que implicaban al pueblo y hacer de este una masa servil que obedece y se mueve siguiendo el progreso nacional liderado por los grandes próceres, sin que podamos vislumbrar su propia evolución, terminando por ser un cúmulo de hechos bien resumidos que se relacionan entre sí. El primero, como muchos otros, criticó sus dotes militares diciendo que no merecía ser tan laureado, alegando en esto sus batallas perdidas y hubo otros que criticaron su forma despótica de gobernar, sancionando constantemente el estado de sitio y usando la fuerza y pisoteando libertades constitucionales, ni hablar de las críticas por lo que sería las guerra del Paraguay, que más adelante serán teorizadas.

Existen versiones de izquierda y marxistas sobre la historia oficial, como la de Aníbal Ponce, Álvaro Yunque o Rodolfo Ghioldi, que nada cambian de la visión estructural ya que sostienen a Mitre como constructor de la nación en contra de la organización de la barbarie feudal en las provincias a través del trazado de caminos y la construcción de vías férreas que lograron la unidad socioeconómica del país.

La Historia Social y sus representantes como José Luis Romero, también lo reivindican como el constructor de la unidad nacional y su organizador, aunque este autor criticó luego su falta de conocimiento sobre el interior.

El Revisionismo rosista tradicional (nacionalismo católico) criticó mucho más la figura de Sarmiento que la de Mitre debido a su fomento del laicismo. En sí muchos evitaron nombrarlo y otros autores rescataron cuestiones nacionales en sus políticas como Irazusta y otros reivindicaron la defensa de argentina que llevó a cabo Mitre en la contienda contra el Paraguay, como Juan Pablo Oliver. Ramón Doll fue el único de esta corriente que lo criticó férreamente, teorizando que su gobierno fue una dictadura.

Por último, el revisionismo peronista, cuyos mayores representantes son José M. Rosa y Fermín Chávez, criticaron las políticas mitristas a través de sus obras, la del primero «las montoneras y la guerra del Paraguay» y la del segundo «Alberdi y el mitrismo». En cuanto al revisionismo socialista latinoamericano, Galasso teoriza: «(…) fustiga severamente al mitrismo, como expresión de la oligarquía porteña y responsable del connubio entre esta y Gran Bretaña, basándose en testimonios de importantes argentinos de aquella época, como José Hernández, Olegario Andrade, Juan B. Alberdi, Felipe Varela y otros» (Galasso, N. 2011 pp.369).

Una vez finalizada la batalla de Pavón, como ya fue explicado y es ratificado por Hilda Sábato, Buenos Aires tomó el liderazgo para la unificación definitiva de la República Argentina. En 1861 Justo J. de Urquiza y Bartolomé Mitre sellan un acuerdo aunque sus fuerzas estaban en contra. De esta forma, como explica Sábato sobre Buenos Aires: «los liberales influyeron sobre el resto del país para favorecer o imponer a sus aliados y, con.la excepción del gobernador Urquiza en Entre Ríos, los federales fueron desplazados del poder en todas las provincias. En ese contexto, con la elección de Bartolomé Mitre para la presidencia (1862-1868), quedó constituido el primer gobierno con jurisdicción nacional»(Sábato, H. 2009 pp.95)

Y continúa sobre Mitre: «Su proyecto era claro: organizar la república sobre las instituciones y los principios establecidos por la Constitución nacional, pero sobre bases políticas propias, lo que implicaba librarse del predominio de los federales para asegurar el de los liberales. En los meses que siguieron, mientras Mitre negociaba con Urquiza y discutía con sus socios porteños, el plan se fue cumpliendo en casi todas las provincias» (Sábato, H. 2009 pp.96).

Es así como bien teoriza Sábato, mediante una combinación de amenaza militar, coacción política y algunos sangrientos enfrentamientos armados, todo el país se subordinó a la hegemonía porteña. Hilda teoriza que la dinámica fue diferente en cada provincia. Primeramente se llegó a Corrientes, en noviembre de 1861, donde hubo una alianza de liberales de filiación mitrista en la ciudad, los cuales terminaron con el gobernador Rolón sin necesitar del ejército porteño. Días más tarde fueron hacia Santa Fe, donde las fuerzas porteñas avanzaron y provocaron la huida del gobernador Pascual Rozas y se designó al liberal Patricio Cullen a cargo del ejecutivo.

Mientras tanto, Córdoba también tuvo su propia revolución liberal, la cual desplazó a las autoridades impuestas por el Presidente Derqui en mayo. Cuando los ejércitos bonaerenses viajaron de Santa Fe a Córdoba vieron que los liberales estaban divididos, lo cual obligó al general Paunero, a arbitrar entre las partes para asegurar la paz que permitiera un gobierno efectivo y luego se dio la designación de Justiniano Posse como gobernador, así Córdoba quedó pacificado y alineado con Buenos Aires.

De allí se dirigieron a Cuyo entre 1861 y 1862 al mando del coronel Ignacio Rivas, donde no encontraron resistencia. En San Luis el gobernador Rodríguez (Saá) abandonó la ciudad y la Legislatura colocó en su puesto a Justo Daract y luego a Juan Barbeito, ambos liberales. En Mendoza, Laureano Nazar huyó a Chile y también su escolta Juan de Dios Videla, mientras Sarmiento se autoproclamó «dictador» y designó en el poder a Luis Molina como gobernador. Exactamente lo mismo sobre la huida y la dictadura sucedió en San Juan, pero esta vez Sarmiento fue confirmado por la Legislatura como gobernador definitivo.

En cuanto a la situación del Noroeste, fue más compleja, Sábato teoriza: «Un foco decisivo del poder liberal era Santiago del Estero, donde los hermanos Taboada, aliados de Mitre, habían sido desplazados del gobierno gracias al apoyo de Derqui. Ante la derrota de la Confederación, el gobernador Nazar abandonó la provincia y se refugió en la vecina Catamarca, dejando el campo libre para el retorno de los Taboada. Una vez recuperada su provincia, estos se ocuparon de Tucumán, donde contribuyeron a desplazar al federal Celedonio Gutiérrez, quien fue reemplazado por José María del Campo, otro aliado de Mitre; Por otro lado, parte del ejército porteño se dirigió de Córdoba hacia el norte, para presionar a las demás provincias y, de paso, controlar a los Taboada. Así lograron que el gobernador de Jujuy se declarara a favor de Buenos Aires y que en Salta el federal José María Todd fuera depuesto para designar a Anselmo Rojo, primero, y algo más tarde, a Juan N. Uriburu, ambos liberales»(Sábato, H. 2009 pp.99).

Sobre la Rioja, otra provincia compleja para ser doblegada, expone: «En La Rioja, el liberalismo tenía escasísimo arraigo y los federales contaban allí con uno de sus hombres fuertes, el general de la Confederación Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza. Dirigente que gozaba de gran apoyo popular en la zona de Los Llanos de esa provincia, Chacho comandaba las denominadas “montoneras”, que a la manera de las tradicionales milicias reunían civiles armados organizados para combatir. Contaba, además, con algunos aliados, que respondieron a su llamado y avanzaron sobre Catamarca y Tucumán para intentar revertir el triunfo liberal, Tras el rechazo sufrido allí, sus fuerzas retornaron a La Rioja, tomaron la capital y derrocaron al gobernador, que durante su ausencia había abandonado toda resistencia. Pero el ejército porteño no daba tregua y derrotó nuevamente a los federales, que luego avanzaron con éxito sobre San Luis. Así, los sucesivos reveses sufridos en manos de las tropas del ejército, rematados por actos de extrema represión, no alcanzaban para disolver a las fuerzas chachistas, que se volvían a organizar y seguían hostigando a los regulares en toda la región. Ante una situación que amenazaba prolongarse sin resultados definitivos, mientras seguían combatiendo, las dos partes se dispusieron a negociar. El 30 de mayo de 1862 firmaron la Paz de la Banderita, mediante la cual Chacho aceptaba subordinarse a las nuevas autoridades nacionales y estas le encomendaban la tarea de pacificar La Rioja» (Sábato, H. 2009 pp.99).

Pero todavía hacía falta dar orden Republicano definitivo al gobierno nacional, es por esto que Mitre toma acción, Míguez expone: «Medio año después de aquella confusa batalla en las riberas del arroyo Pavón, Mitre estuvo en condiciones de convocar a las provincias para que efectuaran la elección de sus representantes en el Congreso Nacional. Aunque con diferentes formulas, todas habían facultado al gobernador de Buenos Aires a reorganizar los poderes de la nación, y todas, salvo Entre Ríos y Buenos Aires, le encargaron funciones del ejecutivo Nacional (en tres casos, sólo las relaciones extremas). Se reiteraba, en cierta forma, lo ocurrido con el acuerdo de San Nicolás. Mitre no sometió a las cámaras porteñas una iniciativa para que Buenos Aires también le cediera formaciones nacionales más allá de la convocatoria al Congreso, porque sin duda podía prever que la discusión que generaría lo dañaría seriamente. Él había encabezado -como se recordaría- la resistencia a las cláusulas de San Nicolás que otorgaban facultades nacionales a Urquiza, con el argumento de que era un poder sin contrapeso y, que más allá de que él confiaba en que su detentador no haría abuso de ese poder, era por su propia naturaleza despótico» (Míguez, E. 2018 pp.211). Y agrega: «Una vez reunido el Congreso el 25 de mayo, y con la situación en las provincias bajo control, dos temas sobresalían en la agenda: la formación del Ejecutivo Nacional y el lugar de su residencia. La acción inicial del Congreso fue otorgar a Mitre las facultades que ya había asumido, convocando luego a la elección presidencial. Cada provincia debía elegir electores y, según una tradición que duraría medio siglo, los gobernadores tendrían, en general, el control de este proceso en sus jurisdicciones. Más allá de ello, no había duda alguna de quién sería designado presidente: Mitre reuniría la totalidad de los votos del Colegio Electoral» (Míguez, E. 2018 pp.224).

Sábato narra lo anterior de la siguiente manera: «Finalmente, en abril Mitre fue autorizado a ejercer a la vez como gobernador de Buenos Aires y encargado del poder ejecutivo nacional. De inmediato, el flamante mandatario llamó a elecciones para diputados al Congreso, celebradas en todo el país bajo la tutela de los liberales. Pronto siguieron los comicios para designar los electores de presidente y vice, que tuvieron lugar en septiembre, y el 12 de octubre asumieron en esos cargos Bartolomé Mitre y Marcos Paz»
(Sábato, H. 2009 pp.101-102).

Una vez Presidente, Mitre debía encargarse de dar forma a los poderes del estado y generar una genuina administración central. Pero lograr este ordenamiento institucional, como ya fue expuesto con Oszlak, no fue una tarea lineal e incuestionable. Es así que Sábato expone: «De esta manera, la unificación nacional no se tradujo en un régimen ni en un orden político centralizados, sino en una articulación de regímenes provinciales, en el primer caso, y en posturas diversas, en el segundo, respecto de cuál debía ser la relación entre el estado y las autonomías locales. En este contexto, durante el gobierno de Mitre las disputas políticas estuvieron a la orden del día y llegaron a su máxima expresión de violencia durante la guerra contra el Paraguay». Igualmente, el proceso ya estaba en marcha y no iba a ser detenido: «Esta situación no frenó, sin embargo, los trabajos tendientes a construir un aparato estatal, y si bien los conflictos armados restaron recursos, al mismo tiempo apuraron la consolidación de una organización militar que a su vez contribuyó a la afirmación del estado» (Sábato, H. 2009 pp.104).

Además, en la misma línea que Oszlak, la autora postula que la provincia de Buenos Aires fue el andamiaje sobre el cual se construyó la organización nacional, lo que posteriormente trajo ciertos conflictos. Es así que indica: «El punto de partida para esa construcción era relativamente menos precario que en 1852. La nueva dirigencia se apoyó inicialmente en el capital político e institucional de la provincia de Buenos Aires para dar forma a un orden nacional articulado en torno a la red constituida alrededor del porteño Partido de la Libertad y sus aliados liberales en otras provincias. Al mismo tiempo, desde el punto de vista institucional, el incipiente aparato estatal se basó, sobre todo, en la infraestructura administrativa y militar de la provincia, apenas reforzada por las nuevas atribuciones nacionales. El presidente Mitre operó desde ese centro para subordinar al país en torno a su proyecto, aunque pronto surgieron tensiones con la dirigencia porteña, cuando intentó soltar las amarras que lo ligaban tan estrechamente a Buenos Aires para ganar autonomía» (Sábato, H. 2009 pp.104).

Otra cuestión que generaba preocupación era la cuestión de la residencia del Gobierno nacional. El Congreso aprobó la Ley de Federalización del Territorio Bonaerense por tres años (cinco años según Míguez), pero la Legislatura provincial lo rechazó y declaró a Buenos Aires una «residencia temporaria» de las autoridades de la nación hasta que se sancionara la ley capital, con lo cual ésta quedó en una precaria situación de huésped de la provincia. Y luego de mucho debate, Miguez expone que se resolvió también lo siguiente: «Finalmente se llegó a un compromiso transitorio, por el cual las autoridades nacionales y provinciales corresidían en el municipio porteño, y se deslindarían los derechos y las responsabilidades de cada uno. Las autoridades de la provincia seguirían residiendo en la ciudad, y muchos de los bienes del Estado seguirían perteneciéndole, como la universidad, el banco, etc. Por cinco años la jurisdicción, sin embargo, seria nacional, y tanto el presupuesto como las elecciones municipales serían controlados por el Congreso de la Nación. Pero los habitantes porteños seguirían participando en los comicios provinciales y en los nacionales como ciudadanos de la provincia»
(Míguez, E. 2018 pp.228). Mitre no estaba de acuerdo, pero aceptó para finalizar las disputas y ser elegido Presidente en la fecha que ya fue expuesta.

Aún así, los Poderes Ejecutivo y Legislativo pudieron comenzar a funcionar. En cuanto a su situación edilicia, Sábato narra: «En 1864, se inauguró el nuevo edificio del Congreso (en la esquina actual de Hipólito Yrigoyen y Balcarce), mientras que el presidente y sus ministros ocuparon la vieja Casa de Gobierno en el sitio del antiguo fuerte, a la que hicieron algunas refacciones» (Sábato, H. 2009 pp.106). También había que dar ordenamiento al Poder Judicial, conformado por la Corte Suprema y los Juzgados Federales. Sobre este ordenamiento, la autora expone: «El gobierno, de mayoría mitrista, optó por designar para el máximo tribunal a juristas reconocidos, con independencia de su filiación partidaria. Dado que no existía una carrera judicial autónoma, la mayor parte de los jueces integraban los elencos políticos, por lo cual, a fin de asegurar la independencia al poder judicial respecto del ejecutivo un ideal que algunos defendían-, en la Corte se designó a figuras no vinculadas con el partido gobernante, incluidas algunas que habían pasado por el gobierno de la Confederación o por el de Valentín Alsina, Este intento de prescindencia partidaria encontró poco eco en las provincias, donde los nuevos jueces federales o de sección con frecuencia fueron designados por sus simpatías partidarias con las administraciones de turno» (Sábato, H. 2009 pp.106). Lógicamente el aparato judicial tuvo que aprender a coexistir con los de cada provincia, pero también entendía que se debía modernizar los códigos judiciales y apartar la legislación y jurisprudencias que pertenecían al orden institucional de las provincias anterior a la conformación del Estado nacional. Es por esto que Sábato teoriza: «Para ello, además de dictar nueva legislación sobre jueces y juzgados, se decidió avanzar en el proceso de codificación que había sido intentado ya por Urquiza, sin éxito. El Congreso sancionó como Código de Comercio de la nación el que regía para la provincia de Buenos Aires, redactado la década anterior por Eduardo Acevedo y Dalmacio Vélez Sarsfield. A este último se le encomendó, en 1864, la preparación de un proyecto de Código Civil, y a Carlos Tejedor, el de un Código Penal, que fueron sancionados varios años más tarde»
(Sábato, H. 2009 pp.106).

Sobre el ordenamiento fiscal, el cual se veía como una necesidad más urgente y el cual se estructuró en base a la doctrina liberal y las necesidades reales del Estado, expone: «el ejecutivo, se procedió a reglamentar y dar forma al sistema de recaudación, cuya principal fuente de recursos siguieron siendo los impuestos al comercio exterior, sobre todo a las importaciones. En este punto, el nuevo gobierno nacional tenía ventajas evidentes en comparación con el de la Confederación, pues contó desde el principio con los ingresos de la principal aduana del país. Además, se propuso recuperar el control del resto de las aduanas y, para ello, se enviaron inspectores a las localidades donde estas funcionaban para organizar y asegurar la recaudación. Una nueva legislación sobre tarifas aduaneras dispuso bajar un poco las tasas vigentes, fijándose un derecho general de 15% sobre el valor de la mayoría de las mercaderías importadas, aunque algunos productos pagaban el 20%, y otros, entre el 5 y el 8%. En cuanto a las exportaciones, debían tributar entre el 5 y el 10%, según los años. Si bien el gobierno sostenía firmemente la doctrina del librecambio para el comercio internacional y rechazaba el papel de la protección de la producción local a través de barreras tarifarias, a la vez dependía de la recaudación aduanera para financiar los gastos del estado; por lo tanto, debía establecer un equilibrio entre sus principios y sus necesidades» (Sábato, H. 2009 pp.106-107).

Igualmente, como bien expone la autora, las tarifas duplicaron su valor entre 1863 y 1868 a causa de la expansión de las importaciones que subsanaban las demandas de la expansión económica, el abaratamiento de los bienes de consumo importados por las tarifas de menor costo y el crecimiento demográfico. En conjunto con esto, los egresos de lo recaudado eran cada vez mayores también a causa de las guerras, las cuales significaron entre el 40 y el 66% del presupuesto de esos años, y los pagos de los intereses y amortizaciones de la deuda heredadas de la Confederación y de Buenos Aires, que oscilaron entre el 40 y el 20% del total y a la que se sumó la nueva deuda emitida para cubrir sus propios déficits.

Como si de poco se tratara, se sumaba también otro de los rubros en que el gobierno nacional destinaba su recaudación: el subsidio a las provincias. Sábato expone: «Mediante el acuerdo alcanzado después de Cepeda, Buenos Aires tenía garantizado el total de su presupuesto por un período de cinco años. En cuanto a las demás provincias, durante esta década recibieron subsidios regulares y auxilios extraordinarios, que en algunos casos tuvieron peso significativo en sus respectivos presupuestos. De todas maneras, la mayoría de las administraciones provinciales siguieron sufriendo estrechez financiera, sólo parcialmente compensada por las transferencias desde el gobierno nacional» (Sábato, H. 2009 pp.107).

Y esto sucedía en un contexto en donde el país aún no tenía una política monetaria definida ya que en Buenos Aires circulaba el peso moneda corriente, fiduciario, es decir, en papel, emitido por el banco provincial, y también se utilizaba metálico: plata y oro para transacciones más complejas. En las demás provincias se usaban monedas de plata de Bolivia y de otros orígenes. Mitre tuvo que encargarse de este problema y las medidas tomadas fueron las siguientes: «Para resolver esta cuestión, el gobierno propuso nacionalizar el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para convertirlo en emisor de papel moneda de alcance nacional, pero Mitre nuevamente se encontró con la resistencia de las dirigencias porteñas, que se negaron a aceptar la medida. Ante esa dificultad, la administración ensayó otro camino: creó una unidad de cuenta —el peso fuerte-, con un valor determinado en relación con el oro, que no tenía existencia material pero servía para fijar las obligaciones y la contabilidad estatal en moneda constante. La relación entre el peso fuerte y los pesos moneda corriente o las monedas provinciales fluctuaba según la oferta y la demanda en el mercado. No obstante, los pagos y las cuentas oficiales no se veían afectados por esas fluctuaciones, en la medida que estaban expresados en una moneda de valor estable, atada al metálico» (Sábato, H. 2009 pp.108).

En cuanto a otro de los elementos de su gobierno, como ya fue expuesto, el progreso material del sistema capitalista en el país dependía en gran medida de la construcción ferroviaria. Como expone Galasso, Inglaterra buscaba en América las tierras fértiles que les faltaban a sus geografías a fin de aumentar la producción agropecuaria que logre la reducción de la renta y los costos de la producción del trigo. La Pampa húmeda era el lugar perfecto, en el marco de la división internacional del trabajo que ya fue expuesta. Una vez puesto en marcha el ordenamiento jurídico-político necesario para el éxito material y puestas a trabajar las tierras, iban dándose las condiciones para la inversión en un vasto sistema de transporte que conecte la producción con el puerto a fin de lograr la exportación agropecuaria que demandaba Inglaterra y que beneficiaría a la oligarquía terrateniente argentina. Fue Mitre quien comenzó con la tarea, Sábato expone: «El gobierno de Mitre contrató técnicos y creó mecanismos burocráticos para impulsar y supervisar la mejora de obras y servicios de comunicación, cuya ejecución se adjudicó —por contrato directo o licitación a empresarios privados que llevaban adelante las tareas. El cambio fundamental en esta materia lo introdujo el ferrocarril, en una geografía que no ofrecía serios obstáculos para su trazado, en comparación con otras regiones de América Latina». Pero advierte que el proceso no fue inmediato y que el gobierno de Mitre sólo sería el comienzo para una fuerte inversión futura: «Sin embargo, las primeras experiencias no fueron sencillas, pues se requería una importante inversión inicial para la construcción de los caminos de fierro y la instalación de los equipos, cuyos rendimientos sólo se apreciarían una vez que estuvieran en funcionamiento. Los riesgos de la operación eran muchos, sobre todo en zonas que no mostraban una actividad económica que prometiera una demanda inmediata. Por lo tanto, (…) la acción estatal fue decisiva para que su construcción se convirtiera en un negocio rentable capaz de atraer al capital privado, en particular en aquellas líneas que buscaban promover una región poco desarrollada. A ello contribuyeron también empresarios de tierras, comerciantes y productores de lana, así como otros capitalistas locales -muchos de origen británico con conexiones en las islas— interesados en facilitar y valorizar sus negocios, aunque no en arriesgar su capital en la aventura del riel. Sólo más tarde la inversión en ferrocarriles se convertiría en un negocio atractivo por su alta rentabilidad, en un país en pleno crecimiento» (Sábato, H. 2009 pp.111).

Es por esto que durante la década del sesenta, como expone Sábato, el Estado se encargó mayormente de disminuir los riesgos implicados en la construcción y administración de los ferrocarriles por parte de las empresas privadas. Las primera líneas ferroviarias pioneras fueron Ferrocarril del Oeste y Ferrocarril del Sur, ambas en Buenos Aires, la primera construida por capitalistas locales y la segunda por ingleses, encargado de este proyecto Edward Lumb, según H.S. Ferns “uno de los principales representantes de la burguesía imperialista británica” (Galasso, N. 2011 pp. 373) y siendo ayudado por la Baring Brothers y otros funcionarios. Esta última se construyó atravesando la zona lanera de la provincia y asegurándole un 7% anual de ganancia en garantía lo cual, de no cumplirse, el gobierno debía abonar la diferencia. Estas ventajas eran las que obtuvieron los capitales extranjeros para hacer sus negocios, como ya fue expuesto también. Igualmente el negocio fue rentable y la garantía se pagó sólo los primeros cuatro años. Para el caso del Ferrocarril Central, otra obra concesionada desde 1863 al norteamericano William Wheelwrigth y al inglés Thomas Amstron, con experiencia en los barcos de vapor y en la banca y otro, Thomas Fair, comerciante descendiente de los ingleses establecidos en Buenos Aires desde 1810. Este uniría el puerto de Rosario y Córdoba, pero la situación no fue tan favorable, Sábato expone: «Por entonces, la zona afectada no mostraba población ni una producción abundante, y no prometía réditos inmediatos, de modo que, para compensar y a la vez estimular una ocupación de la tierra que generara futura demanda, los inversionistas extranjeros exigieron y obtuvieron la concesión en propiedad de una franja de una legua de tierra a cada lado de las vías, en casi toda la extensión de la línea (en total, 360 000 hectáreas). Asimismo, obtuvieron la garantía estatal del 7%, que en este caso se mantuvo durante años»
(Sábato, H. 2009 pp.112).

Luego, como teoriza Galasso «En 1863, el gobierno de Mitre también autoriza la construcción del Ferrocaril de Entre Ríos, así como luego se autoriza la del Ferrocarril Noreste Argentino, ambos dirigidos a completar el tráfico fluvial a partir de la zona de Concordia hacia Corrientes, sorteando así las dificultades originadas por los saltos del río Uruguay. Sin embargo, zona del litoral se vio convulsionada en esos años tanto por la Guerra del Paraguay como por las posteriores insurrecciones de la montonera de López Jordán, por lo cual su concreción se difirió hasta los años ochenta» (Galasso, N. 2011 pp.376).

En 1862 y 1863 se inició la construcción entonces del ferrocarril del Norte (que iba desde el puerto hacia San Fernando) y en 1889 la empresa del Ferrocarril del Oeste fue privatizada y pasó a manos de la «Western Railway» de George Drabble. Con todo esto, como expone también Galasso: «(…) el trazado ferroviario, en forma de abanico, comunicaba las zonas agropecuarias del interior con la boca de salida por el Río de la Plata hacia Europa o más específicamente hacia Londres, mediante las empresas marítimas inglesas». «Se gestaba así la infraestructura que sugería David Ricardo para asegurarle alimentos baratos al imperio y además ofrecerle, de regreso, un mercado importante a los industriales ingleses»
(Galasso, N. 2011 pp.376).

Aún así, la autora Sábato teoriza la existencia de un paulatino crecimiento económico, pero también expone que la producción y el comercio no obtenían aún apoyo suficiente de parte del Estado para su crecimiento e inserción plena en el mundo. Esto ya que, como indica Sábato, la acción del Estado era «(…) decidida pero relativamente débil, y poco sistemática, sujeta a los vaivenes de un aparato de estado precario y sometido a demandas de diversa índole». Es así que las características del crecimiento fueron las siguientes: «(…) dependió mucho más de la dinámica privada que de la iniciativa oficial, aunque su incidencia no fue despreciable en algunas coyunturas» (Sábato, H. 2009 pp.114).

La autora, coincide con Galasso al postular que Argentina adoptó desde la década del sesenta un sistema capitalista agrario de exportación: «El motor de esa expansión se encontraba, cada vez más, en la producción y exportación de derivados de la ganadería, sobre todo la lana, que la Argentina enviaba a Europa (Francia, Bélgica) y los Estados Unidos en crecientes cantidades. Una rápida transformación de la estructura agraria en extensas zonas del norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y partes de Entre Ríos, y su adaptación a la cría de ovinos permitieron el crecimiento sostenido de los rebaños y su mejoramiento en función de los requerimientos del mercado internacional». Entonces, en este marco, expone que el Estado tuvo que intervenir también y poner en marcha un conjunto de políticas económicas para acelerar la productividad, sigue exponiendo la autora: «Estos cambios vinieron de la mano de las transformaciones en los mercados de tierra, capital y trabajo, aunque estas tuvieron ritmos y formas que no siempre fueron funcionales a las necesidades de la industria ovina. Así, por medio de políticas de venta y distribución de tierras públicas, de afirmación de la propiedad privada, de mejora de caminos, de control de la fuerza de trabajo potencial y de incentivación de la inmigración, entre otras medidas, el gobierno de la Nación y el de las provincias afectadas favorecieron el capitalismo agrario en marcha». Pero este proceso tampoco fue lineal y tuvo que convivir con otros: «En ocasiones, otras necesidades o preferencias interferían con ese compromiso general y llevaban a las administraciones de turno a orientar sus esfuerzos en otras direcciones. La guerra fue una de ellas, y obligó al gobierno nacional a desviar brazos hacia los ejércitos, descuidar la frontera con las sociedades indígenas y canalizar los limitados recursos el esfuerzo bélico» (Sábato, H. 2009 pp.115).

Aún así, esta actividad tenía como epicentro a Buenos Aires. Sobre las otras provincias y regiones, Sábato teoriza: «Mientras esta región se erigía en polo económico, con la ciudad de Buenos Aires como centro del comercio y las finanzas, el resto del país formaba un mosaico muy heterogéneo, con producciones locales de diferente grado de dinamismo, vinculadas entre sí y con mercados regionales y de países vecinos. En el Litoral, en tanto Santa Fe lograba insertarse en los circuitos productivos y comerciales impulsados por la expansión de la economía atlántica, Corrientes y Entre Ríos, en cambio, quedaban relativamente marginadas de esa tracción, aunque la guerra contra el Paraguay generaría cierta reactivación productiva en ambas provincias. En cuanto al resto del país, la dinamización de los circuitos comerciales con Chile y Bolivia favoreció a Cuyo, principalmente a Mendoza, que engordó y exportó ganado al otro lado de los Andes, y desarrolló la agricultura del trigo, y a una Salta centralmente ganadera, mientras que Tucumán, beneficiada por su posición geográfica y su densa población, comerciaba diversos productos y empezaba a especializarse en el azúcar. Las demás provincias debieron sobrellevar el relativo estancamiento a que las reducía el renovado esquema productivo agroexportador» (Sábato, H. 2009 pp.115-116).

Galasso, tomando a Roberto Ferrero, teoriza que los ferrocarriles en Europa servían para el progreso de carácter industrial, sobre todo en las ramas metalúrgicas, mecánica y la industria carbonífera. En cambio «En nuestro país -como en otros del mundo periférico- el ferrocarril aparece (…) en gran medida, impuesto por una necesidad exterior: por la necesidad británica de transportar a bajo costo las carnes, las lanas y los cereales de las llanuras litorales que precisaba el impetuoso avance del capitalismo europeo, inglés en primer término» (Galasso, N. 2011 pp.377).

En sus orígenes, el Ferrocarril Oeste y el Ferrocarril andino poseían realmente un sentido nacional ya que se propusieron fortalecer los nexos entre las provincias y activar el comercio y producción para el intercambio. Galasso dice que «este ferrocarril estimuló la industria azucarera; en Misiones y el Chaco aumentó la actividad de la industria maderera y puso al Norte a un paso de Buenos Aires, como lo hizo el Andino con todo Cuyo (…)»
(Galasso, N. 2011 pp.377). Pero sucedió que, al ser vendido en 1887 a capitales ingleses, las redes fueron extendidas a las provincias alineadas al proyecto agro-exportador (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Pampa), perdiéndose lo que otras provincias podían aportar a la economía industrial del país. Es así que Ferrero, tomado por Galasso, teoriza: «toda otra actividad que no fuese esa y que pudiera hacer competencia a las mercancías europeas que desde los puertos y por esos mismos ferrocarriles se precipitaban sobre nuestras industrias artesanales, o que aspirase a rivalizar con la producción de las grandes empresas establecidas alrededor del puerto de Buenos Aires, era ahogada sin contemplaciones. Las empresas de ferrocarril utilizaban para ello el régimen tarifario: se elevaba el costo del flete y la producción indeseable se volvía imposible de vender por su alto precio. (…) las provincias criollas del Norte y del Oeste (…), (donde estaban) ausentes las condiciones que hacían la fortuna de la pampa húmeda, las compañías inglesas no tenían interés en extender sus ferrocarriles, los que existían era obra de los gobiernos argentinos (…) (al centralizar todas sus líneas terminales en Buenos Aires, estas empresas inglesas) contribuyeron decisivamente a la deformación macrocefálica típica del país; privaron de un gran mercado capaz de impulsar el desarrollo de ciertas industrias al adquirir en el exterior todos los insumos necesarios para la explotación de sus ferrocarriles (…). Así quedaron bloqueadas las posibilidades de un desarrollo minero, industrial y petrolífero de las provincias denominadas ‘pobres'» (Galasso, N. 2011 pp.377).

También toma a Vázquez Presedo para referirse a las críticas corrientes que se formulaban a los ferrocarriles, narra: «1) Las líneas estaban ubicadas de tal modo que no facilitaban la comunicación entre Aires áreas interiores excepto pasando por Bueno Aires. 2) Eran operadas como monopolios no reglamentados, sus tarifas eran elevadas, discriminaban contra las industrias nacientes; 3) Se oponían activamente a la construcción de carreteras, excepto con fines de enlace ferroviario; 4) No existía suficiente material rodante para atender un elevado tráfico estacional; 5) Las compañías que recibían tierras en concesión no las usaban para promover pequeñas explotaciones rurales, sino que las tenían a disposición en grandes parcelas a precios inflados; 6) Las cuentas de capital estaban sobrevaluadas; los costos de administración en Londres eran excesivos; las compañías disimulaban sus utilidades de otras maneras» (Galasso, N. 2011 pp.378).

Sobre las políticas económicas provinciales, Sábato dice: «En el ámbito provincial, los gobiernos en general intervinieron en la medida de sus posibilidades— para orientar sus economías, a la vez que buscaban negociar con la administración nacional los recursos y algunas inversiones que les permitieran un margen de acción más amplia. El reclamo de mayor protección para las producciones locales y de una política aduanera que contemplara sus necesidades no logró, por entonces, el favor oficial, y el librecambio siguió siendo la doctrina de referencia» (Sábato, H. 2009 pp.116).

Pero además el gobierno de Mitre se preocupó por la incorporación de empresas financieras, demanda que supo cubrir rápidamente el capital inglés. Así, finalizando 1862, el Presidente firmaba el decreto por el cual se daba autorización al Banco de Londres, Buenos Aires y Río de la Plata para ejercer sus funciones en el país. A cuatro años de su establecimiento, se expandió a la provincia de Santa Fe (Rosario) y al quinto año se expandió a Córdoba. La mayor cantidad de inversiones las hacían en la financiación de exportaciones e importaciones.

De allí en adelante se instalarían otros bancos de Gran Bretaña, como el Banco Británico de la América del Sud, fundado en 1863 y el Banco Anglo-Sudamericano, fundado en 1888. Como expone Galasso tomando a los autores Ezequiél Gallo y Roberto Cortés Conde «(…) el monto de los depósitos de personas residentes en el país superó ampliamente el de los capitales originales de los bancos extranjeros». A esto, agrega Alberto Martínez, también tomado por Galasso: «(…) Así, por virtud de este hecho viene a resultar que los bancos extranjeros trabajan con capital del país obteniendo crecidas utilidades».
También toma a Mariano Fragueiro para decir que «(…) como los Bancos financian la mayor parte de sus préstamos, no en base al capital propio, sino a los saldos que dejan en sus cuentas corrientes los depositantes, estaban prestando ahorro nacional y por tanto, deberían ser servicios públicos (…)». (Galasso, N. 2011 pp.379).

Esto resultaba un gran negocio para los capitales ingleses ya que, como exponen Gallo y Conde «(…) En su mayor parte los bancos más importantes se dedicaron al comercio de exportación, adelantando dinero letras al exterior” y esto hizo que «la acumulación de capital la hicieran los bancos extranjeros en base a los depósitos de los argentinos y que orientaron esa masa para financiar el modelo económico dependiente» (Galasso, N. 2011 pp.380). Lo mismo sucedía con la empresa ferroviaria antes mencionada, para lo cual toma a Scalabrini Ortiz y su «Historia de los ferrocarriles argentinos», que indica lo anterior «probando que la inversión fue escasa y que utilizó para sus objetivos el ahorro nacional, quebrando así uno de los mitos claves de la Argentina semicolonial que consagra al imperialismo inglés como factor fundamental de nuestro progreso». «Por otra parte, como puede observarse, las fechas de radicación coinciden con los ferrocarriles y como ya se ha señalado, resulta común que haya directores de empresas ferroviarias ocupando cargos en el directorio de estos Bancos, lo que corrobora que se trata de una política implementada por la burguesía inglesa, de naturaleza imperialista» (Galasso, N. 2011 pp.380).

Y sobre la cuestión de la Deuda Externa, durante el Gobierno de Mitre, se sanciona una ley por la cual se transfiere la deuda externa de la provincia de Buenos Aires, la cual se originó por la negociación de los rivadavianos con la Casa prestamista de los Baring Brothers, en la década del veinte, al Estado nacional. Esta fue la Ley 206, del 3 de octubre de 1866. Al mismo tiempo de este suceso, como cuenta Galasso: «por otra ley, del 27 de mayo de 1865, el Congreso Nacional autoriza al Poder Ejecutivo, la contratación de un empréstito externo por 12 millones de pesos fuertes que, por supuesto, Mitre encarga a De La Riestra». Sigue diciendo el autor: «El empréstito se concreta, poco después, con Baring Brothers, por 2.500.000 libras, con un 6% de interés y 2,5% de amortización anual, colocándose los títulos de este modo: la mitad al 75% de su valor nominal y la otra mitad, al 72,5%. El importe neto que se percibe solo alcanza a 1.735.703 libras, es decir, el 69% del endeudamiento». (Galasso, N. 2011 pp.381). Además, de la Riestra compra con dinero del empréstito baterías Krupp y evita que quiebre el Ferrocarril Central Argentino a través de acciones que puso a su nombre en los créditos. Finalmente, al concluir Mitre su mandato, el monto total de la deuda externa era de 4.777.660 libras esterlinas.

Otro rubro inglés que hizo fortunas en el país fueron las empresas aseguradoras. La primera, en 1865, fue «La Estrella», y hacia fines del siglo llegaban a veinte y tenían en sus manos completamente este negocio. Por último, cabe mencionar dos cuestiones: una la política de libre importación mitrista, lo que hizo que la competencia desigual con los productos internacionales no permita el desarrollo de la industria local, y en el marco de la exportación marítima, la carencia de una flota propia, lo cual hizo que dependamos también de las empresas inglesas como la «Blue Star Line», lo cual traía prejuicios a la economía nacional por el pago de los fletes y por la débil capacidad de negociación de los precios.

En cuanto a la política educativa de Mitre, tomare a la autora Puiggrós, quien expone que el interés principal de Mitre, a diferencia del que tendría Sarmiento de extender el sistema de instrucción pública en la mayor medida en que las posibilidades lo permitan, era desarrollar una educación secundaria dirigida a una minoría ilustrada a fin de que su formación intelectual sea provechosa para gobernar el país y vencer definitivamente a la “barbarie”. Expone la autora: “Interpretó la Constitución Nacional de manera que a las provincias tocaba ocuparse de la educación primaria y a la Nación solamente de la general (que asimilaba a secundaria) y la universitaria. (…)

Su obra comenzó con la fundación del Colegio Nacional sobre la base del antiguo Colegio de Ciencias Morales. En 1864 se decretó la creación de los Colegios Nacionales de Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan y Salta. Los planes de estudios y los reglamentos serían semejantes a los vigentes en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Entre 1863 y 1898 se crearon 17 colegios nacionales”. (Puiggrós A.1996 pp.57).

Y agrega: “Pero al mismo tiempo, la elección de José María Torres para la Inspección de Colegios Nacionales en 1865 mostró la orientación que sería predominante entre la clase dirigente respecto a la formación de sus hijos: enciclopédica, dirigida hacia los estudios profesionalísticos universitarios o a la actividad política y separada del trabajo”. (Puiggrós A.1996 pp.58).

Pero además de todo este conjunto de políticas territoriales, institucionales-administrativas y económicas, a Bartolomé Mitre le preocupaba la violencia que reinaba en el país como método de de imposición de proyectos políticos y destrucción de otros. Su mismo partido, el Partido Liberal, había llegado al poder y avanzado sobre las provincias por la fuerza, pero aún así entendió que debía fortalecer la milicia para asegurar el poder central y así saber que ante cualquier intento de levantamiento que intentara impugnar su poder, el mismo iba a ser doblegado militarmente sin mayores complicaciones.

Es en este sentido que crea el Ministerio de Guerra y Marina, del cual encargó sus funciones al veterano general y fiel liberal, Juan Andrés Gelly y Obes, y creó también la Inspección y Comandancia General de Armas, que en 1864 pasó a manos del general Wenceslao Paunero. Además, como ya fue expuesto en el marco de la penetración represiva teorizada por Oszlak, en 1864 fue creado el Ejército nacional de línea (profesional), el cual se fundó a base de los militares de la Guardia nacional de Buenos Aires que doblegaron a los opositores mitristas del interior y sumaban 6.000 hombres; y por otro lado la Guardia Nacional, cuerpo de reserva de carácter miliciano con base en las provincias.

Concluyendo la década de los sesenta, la Democracia electoral iría consolidándose definitivamente como sistema político a nivel nacional, dejando de lado las imposiciones por vía de las armas. Así, Sábato teoriza como surgían las candidaturas y su nivel de competencia: «Los nombres de los candidatos surgían de las negociaciones entre los hombres fuertes de cada grupo, que armaban las listas, aunque con frecuencia debían atender también la opinión de dirigentes menores que manejaban recursos y ejercían presión para sumar o sacar nombres. La etapa de las negociaciones podía dar lugar a listas únicas, un resultado que se consideraba, en la época, cercano al ideal de la selección de los mejores, a la vez que evitaba la incertidumbre de los resultados. Cuando había más de una lista -algo frecuente—, podía ocurrir que una de ellas no tuviera ninguna chance de ganar frente a la oficial o “canónica”, lo que a veces llevaba a los seguros perdedores a la abstención. No obstante, buena parte de las elecciones del período fueron competitivas, y en esos casos, los comicios se convertían en un momento fundamental para ganar o perder el control político» (Sábato, H. 2009 pp.122).

En cuanto a las características del sufragio y quien accedían a él, teoriza: «El sufragio masculino universal habilitaba para votar a todos los hombres adultos nacidos o naturalizados argentinos, pero no todos ellos concurrían a las urnas. Como no era obligatorio, la cantidad de votantes oscilaba mucho entre elección y elección, y en el mediano plazo no se observa una tendencia sostenida al alza o a la baja. En las elecciones más movidas, difícilmente el número de votantes efectivos superaba el 25% de los habilitados (aunque a veces llegara al 40%). Aunque constituían una proporción minoritaria de la población, los votantes provenían de un amplio espectro social y ocupacional, con una mayoría perteneciente a las clases trabajadoras: peones y jornaleros, carreros, reseros, ovejeros, domadores, albañiles, pintores, sastres, carpinteros y otros oficios urbanos y rurales, con y sin calificación, a lo largo de toda la Argentina. También participaban, en menor medida, profesionales (en particular abogados), militares, estudiantes, algunos hacendados y propietarios rurales, pequeños empleados públicos y gente vinculada al comercio» (Sábato, H. 2009 pp.123).

Luego indica que la prensa fue un actor muy importante en este sistema, en sus palabras: «la prensa era un actor central en el escenario político. En sus páginas desplegaba el discurso de personajes y grupos partidarios, y tenía lugar el diálogo y la discusión entre ellos. Los dirigentes y los aspirantes a serlo solían escribir en los periódicos, y así su palabra e incluso su imagen (en retratos o. caricaturas) llegaban a sectores más amplios que los involucrados en las altas esferas de la política. Cada diario generaba su comunidad de lectores —reforzaba entre ellos una identidad política previa o contribuía a crearla— e intervenía directamente en la disputa política, pues promovía candidatos, organizaba movilizaciones o inventaba intrigas, y contribuía así a poner la política en la escena pública.

De esta manera, la prensa se convirtió en un instrumento insoslayable, no sólo para los gobiernos (y sus diferentes sectores), sino también para cualquier personaje, grupo o partido que quisiera ocupar un lugar en la vida política. Todos ellos hacían enormes esfuerzos para editar su propio diario, a la vez que presionaban y cultivaban otros editores para conseguir espacios y apoyos en otros periódicos. Durante décadas, los subsidios oficiales y las suscripciones fueron dl sostén económico de la mayor parte de estas publicaciones, lo que contribuía a atar su suerte a la capacidad de relacionarse con los grupos partidarios»
(Sábato, H. 2009 pp.128).

Por último, destaca el surgimiento y la expansión de las asociaciones civiles, de las cuales postula lo siguiente: «(…) como las sociedades de ayuda mutua establecidas por colectividades de inmigrantes o las de promoción de las letras y las ciencias, comenzaron a formar una densa trama cívica que tuvo -inicialmente en Buenos Aires- un papel relevante en la creación de una opinión pública con consecuencias políticas y de una esfera de acción colectiva donde ahora circulaban nuevas opiniones y se expresaba intereses diversos» (Sábato, H. 2009 pp.128).

Pero aún así, en los años sesenta no puede afirmarse que la costumbre de imponerse por las armas había cesado definitivamente, aún promediando y pasando la mitad de la década. Es así que el gobierno nacional, amparado en el delito de sedición nombrado en la Constitución nacional del 1853, se veía legitimado a lanzarse y doblegar cualquier resistencia; y los «rebeldes del interior» actuaban por la fuerza legitimándose en la defensa propia contra el despotismo.

En este sentido, luego de los ya mencionados levantamientos en Cuyo y parte del NOA, los cuales tuvieron como protagonista central al «Chacho» Peñaloza, quien había instado a las demás provincias argentinas a no olvidar y defender sus derechos, libertades e instituciones consagradas en mayo y en Caseros, y si era necesario hacerlo por las armas a través de las Guardias Nacionales, pero además a no olvidar que también el enemigo era un compatriota con quien se debía aprender a convivir; los conflictos continuaron. Las Ejércitos nacionales avanzaron decididos a derrotar definitivamente a los federales de las mencionadas regiones, los cuales no obtuvieron ningún apoyo de su líder Urquiza y tuvieron que huir y vivir en las serranías y bosques, hasta que decidieron ir a por Córdoba, donde les salieron al encuentro los Ejércitos Nacionales y los derrotaron en la batalla de las Playas (28 de junio de 1.863). Pero Peñaloza decidió no terminar con sus acciones y así encontró su cruel final, Sábato narra: «Con el resto de sus hombres, Peñaloza inició un largo rodeo para dirigirse de nuevo a Los Llanos riojanos, mientras Chumbita, Ontiveros y otros jefes hacían incursiones sobre San Luis y Mendoza. Diversos intentos de negociar una amnistía entre Chacho y Paunero fracasaron, y aquel inició una marcha sobre San Juan, con 1200 hombres. Derrotado en Caucete, Peñaloza finalmente escapó con un pequeño grupo de custodia, pero sus perseguidores lo alcanzaron en Olta, donde fue asesinado de un lanzazo por el oficial a cargo, el mayor Irrazábal, el 12 de noviembre de 1863. Su cabeza fue separada del cuerpo y expuesta en una pica en la plaza del pueblo» (Sábato, H. 2009 pp.138). Esta acción, para todos hoy repudiable por la toma de conciencia histórica y ética, fue loada por Sarmiento en aquél contexto, el cual, siendo aún Gobernador de San Juan, recibió con honores al asesino de Peñaloza y en una carta a Mitre, la cual tomo de la obra de Sábato, página 139, manifestó: «No sé lo que pensarán de la ejecución de Chacho. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, aquí he aplaudido la medida, precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en seis meses”.

Esta opinión funesta no fue esbozada por parte de Mitre que, si bien entendía que sofocar estas rebeliones era positivo para la conservación del orden y la paz que requería la nación, expresaba lo siguiente, nuevamente tomado de Sábato en la misma página: «sin embargo, no he podido prestar mi aprobación a tal hecho. Nuestro partido ha hecho siempre ostentación de su amor y respeto a las leyes a las formas que ellas prescriben, y no haya mi juicio un solo caso en que nos sea permitido faltar a ellas sin claudicar de nuestros principios”. Y esto ya que el orden Constitucional daba el carácter de ciudadano a Peñaloza, como a cualquier otro, y por lo tanto debía comparecer con la justicia ordinaria, según postula la Constitución, y no hacerse más justicia por mano propia como si del orden pre-constitucional se tratara. Es así que Irrazábal mismo, al año siguiente, solicitó la baja del ejército porque entendía que su acción manchó el honor del ejército nacional. Y es importante hacer mención de estos hechos ya que, a pesar vivirse épocas aún violentas como ya fue expuesto, épocas donde el poder central, tomado por el Partido Liberal, avanzaba sobre los Federales que oponían resistencia, comenzaba de todas formas a darse preponderancia al ejercicio institucional y legal del tercer poder del Estado, el Poder Judicial, el cual se encargaba de velar por los derechos ciudadanos de los prisioneros y de darle procesos legales con la menor presencia posible de arbitrariedades, lo que comenzaba a ser el principio de un orden de Estado de derecho moderno en nuestro país.

Ángel Vicente el “Chacho” Peñaloza (1798-1863).

Otras disputas se dieron entre los mismos miembros del Partido Liberal los cuales, luego de afianzar su poder en las provincias, comenzaron a disputarse los puestos sobre todo del poder Legislativo, y sus confrontaciones hacia 1864 y 1865 incluso llegaron a las armas en provincias como Catamarca, Salta, Córdoba, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán. El Estado nacional decidió no intervenir directamente en estos conflictos y se encargó de dar órdenes desde Buenos Aires y dejar a sus autoridades resolver los problemas. Además, en Buenos Aires comenzaban disputas también entre Liberales «nacionalistas», la línea mitrista que legitimaba al Estado nacional por sobre las soberanías provinciales; y Liberales «autonomistas», la línea de Valentín Alsina, quienes legitimaban las soberanías provinciales por sobre la del Estado nacional y por eso encontró ayuda en la burguesía porteña; los cuales llevaron sus rivalidades por el lado electoral, el debate público y la búsqueda de influencias en el interior.

Pero todas estas disputas quedaron virtualmente congeladas ante la disputa mayor y de carácter internacional, comenzada hacia fines de 1865 y principios de 1866, conocida como la «Guerra de la Triple Alianza».

A.b: GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA:

La misma fue un conflicto bélico internacional que abarcó el período 1865-1870 y que enfrentó a Paraguay contra Argentina, Brasil y Uruguay; los tres unidos por el Tratado de la Triple Alianza.

Sábato caracteriza a este enfrentamiento como «(…) posiblemente la contienda más larga y destructiva de todas las que tuvieron lugar en Sudamérica durante el siglo XIX y, en el plano internacional, se cuenta entre los más sangrientos enfrentamientos entre estados en el período comprendido entre las guerras napoleónicas y la Primera Guerra Mundial. A pesar de la enorme disparidad de recursos a favor de los aliados, el conflicto se prolongó más de cinco años, durante los cuales se perdieron alrededor de 300.000 vidas -las tres cuartas partes de ellas, paraguayos varones-. Las muertes por enfermedades y por hambre superaron en todos los casos las producidas en los campos de batalla». Además nos dice: «En segundo lugar, se trató de una guerra ‘moderna’, en la que se desplegaron nuevos métodos y tecnologías, tanto en relación con el armamento como con la infraestructura y organización»
(Sábato, H. 2009 pp.142).

Sobre las consecuencias de la guerra, Hilda Sábato narra: «La guerra fue, en tercer término, un momento clave en la definición de la geografía política de la región: el Brasil y la Argentina se consolidaron como potencias regionales; se fijaron los límites interestatales, que hasta entonces estaban en disputa y que beneficiaron a los vencedores; se dispuso la libre navegación de los ríos; y el Paraguay, por décadas, quedó subordinado a sus Poderosos vecinos, con lo cual se gestó un nuevo equilibrio político entre los estados sudamericanos. (…) ninguno de los cuales salió indemne de esta guerra». “En cuarto lugar, el conflicto resultó en la ruina del Paraguay. Ocupado militarmente, su territorio fue arrasado por las tropas propias y ajenas, la población quedó reducida a menos de la mitad (se calcula una caída del 60%, la gran mayoría compuesta por hombres en edades activas), las fronteras se vieron contraídas y el estado fue desmantelado» (Sábato, H. 2009 pp.144).

Pero al abordar las causas que llevaron a esta trágica contienda, las interpretaciones historiográficas han variado a lo largo del tiempo y han intentado brindar diversas tesis acerca de lo ocurrido. Según Hilda Sábato, en la actualidad se han desechado a través de estudios más rigurosos el papel central que se le daba al imperialismo de Inglaterra para la gestación y desarrollo del conflicto. Las teorías modernas apuntan a una dinámica regional como causalidad, aunque sin dejar de lado la influencia del contexto internacional. En este sentido, hoy se entiende que las causas de la guerra fueron la cuestiones de las soberanías territoriales que eran motivo de disputa desde el desmembramiento del Virreinato del Río de la Plata, como la navegación de los ríos (Paraná, Uruguay y Paraguay); y también la competencia de poder de los estados involucrados; las alianzas políticas que trascendían las fronteras e influían en la construcción del poder en cada uno, etc. Además, en esta época, en el escenario rioplatense, hacía sólo unas décadas que los estados se habían organizado internamente y habían solidificado su autonomía para con los demás, pero aún así persistía la costumbre de antaño de buscar aliados de los otros países a fin de perseguir enemigos, debilitarlos y modificar ecuaciones políticas internas poco confiables para sus propios fines.

Haciendo un análisis de las corrientes historiográficas argentinas que interpretaron el hecho, Galasso hace un resumen de todas ellas. Dejados atrás los argumentos de la vocación expansiva de López en Paraguay que legitimaba la guerra, entre otras tan difíciles de comprobar como ésta, la Historia Oficial lo interpreta como un «hecho maldito» y prefiere no darle centralidad en sus explicaciones alegando que no son claras las causas que llevaron a la guerra, otros más osados dan honor a la República Argentina por este hecho. Asimismo, los historiadores rosistas, al ser nacionalistas, también les cuesta criticar a su Patria, aunque algunos se animaron a criticar a Mitre como Scalabrini Ortíz y claramente desde el revisionismo rosista-peronista, José María Rosa junto a Fermín Chávez y otros. La Historia Social prefiere omitir e ignorar el hecho, Halperin Donghi no abunda en explicaciones sobre el mismo y dice que las ambiciones paraguayas pesaron mucho para el desenlace y otros como José Luis Romero, favorecen la política mitrista y que la guerra, como la cita suya que toma Galasso: «contribuyó eficazmente a asentar el principio de la unidad nacional (…)»
(Galasso, N. 2011 pp.404). El mitromarxismo, como el caso de Álvaro Yunque, explica que Paraguay, con rasgos aún feudales, debió ser combatida por los países que se alineaban al capitalismo detrás de Inglaterra, la cual los presionó para llevar la contienda bélica. El Revisionismo federal provinciano, a través de una mirada más latinoamericanista, como la de Enrique Rivera, da una interpretación condenatoria ya que Paraguay se estaba desarrollando con los ideales del «Plan de Operaciones» de Mariano Moreno. Luego vinieron libros con muchos datos que terminaron de condenar el genocidio, como el de León Pomer.

Sucedía en Paraguay que a partir de 1840 asume al gobierno Carlos Antonio López, el cual había comenzado a tener una política de mayor apertura fronteriza para la comunicación internacional. Sábato teoriza: «En 1856, López firmó un tratado con el Brasil y la Confederación para asegurar la libre navegación de los ríos, y comenzó un acercamiento al Uruguay, que le podía ofrecer un camino alternativo de salida al mar. En ese marco, fue su hijo y sucesor en la presidencia, Francisco Solano López, quien se dispuso a intervenir más activamente en las relaciones regionales, entre otras cosas, para ampliar las posibilidades de expansión económica de su país y la defensa de las fronteras, que aspiraba consolidar» (Sábato, H. 2009 pp.146-147). Pero acaecía que las relaciones internacionales eran inestables debido a que la situación de los estados internamente también lo era. Así, a partir de 1862, la situación en los países que estarían involucrados en la guerra cambió por completo. Sábato narra: «en el Brasil, los liberales desplazaron a los conservadores en el gabinete del emperador Pedro II; en la Argentina, se produjo la unión definitiva entre Buenos Aires y la Confederación, bajo la hegemonía de la primera y la presidencia de Mitre; y en el Paraguay, fue designado presidente Francisco Solano López. Esta modificación de la ecuación política regional repercutió en el Uruguay, donde pronto se reactivó la larga disputa entre los dos partidos rivales: los blancos -en el poder- y los colorados» (Sábato, H. 2009 pp.147).

Como es sabido, la rivalidad entre ambos partidos del Uruguay no era nada nuevo, existía desde principios del siglo XIX y en Argentina los miembros del Partido Liberal apoyaban a los Colorados, como los Federales a los Blancos. Es más, como cuenta Sábato, el liberalismo porteño había contado con la ayuda militar de del partido colorado en Pavón, y varios de los jefes del ejército formado después de Pavón eran orientales y colorados. Por lo tanto Mitre estaba en deuda con ellos y sucedió que, al ascender al Gobierno nacional, la Presión de los generales y del caudillo colorado Venancio Flores, lo llevarían a apoyarlo en la campaña militar que iniciaría contra el gobierno vecino en 1863. Además, las relaciones de Brasil con el gobierno de Berro fueron tensas desde que éste último decidió no renovar el tratado de comercio y navegación que daba privilegios comerciales al Brasil. Pero el detonante fue en 1863 cuando asume el hijo López, Francisco Solano López quien, a diferencia de su padre que siempre estuvo al margen, decidió intervenir activamente para apoyando a los blancos después ante la invasión de los colorados en 1863.

Galasso teoriza que Argentina, al optar como modelo un sistema semi-colonial de provisión de materias primas a las grandes potencias, tuvo que asegurar que todas las provincias estén alineadas a su proyecto. Lo mismo sucedía en América Latina ya que, como se tomo el mismo modelo, había que eliminar a aquellos focos sociopolíticos que vayan en contra a este proyecto y que signifiquen, como se denomina en literatura liberal a este tipo de proyectos: «economías cerradas» o «autocentrada»; como lo eran el Partido Blanco en la Banda Oriental y el Paraguay presidido por Francisco Solano López.

Es así que la política de los López en Paraguay, como explica Galasso: «(…) había convertido al Paraguay de 1860, en el país más desarrollado de Centro y Sud América. El nacionalismo defensivo del primero y la vocación progresista de sus sucesores había generado un fuerte crecimiento económico y una intensa modernización, en una sociedad donde no existían marcadas diferencias sociales. (…) el proyecto frustrado de Moreno, con ese Plan de Operaciones que tenía al Estado como centro del crecimiento (…) alcanzaba a experimentarse con mayor intensidad en el pequeño país guaranítico». El autor toma como posible tesis que explique estas lógicas al siguiente argumento: «algunos historiadores interpretan que estas peculiaridades de la región guaranítica obedecen a la política de las misiones jesuíticas, Los jesuitas habrían obstaculizado la formación de una clase terrateniente dueña de latifundios y el Dr. Francia, a su vez, se habría apoyado en una base social de pequeños y medianos productores agrarios y artesanos, asumiendo el Estado un rol cada vez más protagónico. Así habrían surgido ‘las estancias o campos de la patria’, es decir, plantaciones estatales de yerba mate, algodón, tabaco y explotaciones madereras» (Galasso, N. 2011 pp.406).

Luego toma al historiador y teórico febrerista Anselmo Jover Peralta, el cual dice que el Paraguay fue el primer país que tuvo explotaciones de hierro, industrias de fundición de machetes, arados, palas, picos, cañones, cerrajería, etc. Paraguay desde 1861 tenía su primer ferrocarril y al poco tiempo su línea telegráfica y una marina mercante que poseía once barcos. En Ibicuy se instalaron hornos para la industria metalúrgica. En cuanto a la Educación, superaba con creces al resto de Latinoamérica y llegaba a competir con Europa y su enseñanza obligatoria era la mayor de sus países limítrofes, además de que el Estado ayudaba con elementos necesarios a los alumnos (alojamiento, ropa, útiles, etc.). A todo esto, como teorizaba Edwars Thornto, quien toma Galasso, «nadie posee ni siquiera una fortuna moderada, que los derechos de importación son enormes, lo que perjudica la introducción de mercaderías del exterior (…)» (Galasso, N. 2011 pp.407).

Francisco Solano López (1827-1870).

Los gobiernos de corte Liberal, encabezados por Inglaterra, ansiaban que el mercado paraguayo se abriera para que importe su manufactura cara y la provea de algodón a bajo costo. En Uruguay querían erradicar este modelo ya que el Partido Blanco ansiaba establecerlo allí y le servía como ejemplo el Paraguay. Brasil también, en la misma línea deseaba eliminarlo, por lo tanto se da la guerra.

Sábato expone que toda esta coyuntura previa desencadenaría un proceso extremadamente complejo de analizar ya que también intervienen en él intereses regionales y específicos de cada país. Es así que sólo puede ser expuesto una suerte de preludio para poder comprender las acciones primordiales que darían lugar a la guerra, aunque las mismas no son ni la menor parte del análisis. En este marco, Sábato expone: «(…) lo cierto es que el desembarco del caudillo colorado en la Banda Oriental para luchar contra el gobierno puso en movimiento a todos los actores de la región. Los porteños apoyaron a Flores, aunque públicamente el gobierno de Mitre —preocupado por el frente interno y desconfiado de los brasileños proclamó su neutralidad y entró en tratativas diplomáticas para hallar una salida consensuada al conflicto. El imperio, por su parte, en nombre de la protección de sus súbditos amenazados, presionó al gobierno de Berro para negociar un acuerdo de paz con todas las partes involucradas. El fracaso de esos intentos derivó en la invasión de fuerzas brasileñas en territorio oriental, que luego se plegaron a las de Flores, en lucha abierta contra los blancos. El gobierno argentino, si bien no se sumó a la ofensiva, nada hizo para impedirla». «Entretanto, Solano López había decidido intervenir para frenar el avance brasileño y advertir al gobierno imperial que no toleraría una invasión militar al Uruguay. Ocurrida esta en octubre de 1864, el Paraguay rompió relaciones con el Brasil e invadió y ocupó militarmente el Mato Grosso. Pocos meses más tarde, las fuerzas imperiales derrotaron a los blancos y ocuparon Montevideo, e impusieron al jefe colorado en la presidencia. Así, el conflicto cambiaba de escala» (Sábato, H. 2009 pp.149).

Es así que la guerra entre el Paraguay y el Brasil ya estaba decretada. El gobierno de Mitre intentó ser neutral al comienzo aunque la empresa bélica a la que estaba siendo tentada por Brasil, donde asumieron los liberales, y por los uruguayos donde estaban ya los colorados, no iba a durar demasiado. Lo que resultó el quiebre definitivo entre Argentina y Paraguay fue la solicitud que Mitre denegó al presidente Paraguayo de pasar con sus tropas por territorio nacional para dirigirse a invadir Rio Grande do Sul. Sábato narra: «Con el argumento de sostener la neutralidad, y convencido de la debilidad paraguaya, Mitre denegó ese permiso y desató la reacción del Congreso paraguayo, que el 19 de marzo de 1865 declaró la guerra la Argentina. Unos días después, vapores del Paraguay atacaron a navíos estacionados en el puerto de Corrientes y un ejército de 3000 soldados ocupó la ciudad».»Ante la llegada de los invasores, las autoridades provinciales abandonaron la ciudad, pero la mayor parte de los correntinos no intentó resistirse, en buena medida porque existían vínculos de larga data entre ambos pueblos, mientras que el Brasil era considerado con recelo por su carácter expansionista y su organización monárquica. En Buenos Aires, en cambio, la invasión exacerbó los ánimos guerreros y tanto nacionalistas como autonomistas, a través de los diarios y otras expresiones públicas, clamaron por una alianza con el Brasil contra el ‘tirano Lopez’. El gobierno movilizó al ejército y la Guardia Nacional, y ordenó la marcha del general Paunero y su regimiento hacia el nordeste. En este escenario, Urquiza —con cuya adhesión contaban los paraguayos- optó por enviar señales inequívocas de lealtad y apoyo a Mitre» (Sábato, H. 2009 pp.150).

Es así que, como narra la autora, el 1ro de mayo de 1865, la Argentina firmó, junto al Brasil y el Uruguay, el Tratado de Triple Alianza, en el cual los tres países llevaron a cabo una alianza ofensiva y defensiva “en la Guerra provocada por el Gobierno del Paraguay”, con el objetivo explícito de derrocar e su Gobierno y establecer las condiciones para la paz y la posguerra. Sobre las condiciones del tratado, narra: «En sus artículos principales, acordaba la composición del mando de los ejércitos; estipulaba que ninguna de las partes podría firmar la paz o la suspensión de las hostilidades en forma unilateral, ni depondría las armas sino de común acuerdo y una vez logrado el objetivo central; garantizaban respeto a “la independencia, soberanía e integridad territorial de la República del Paraguay”; convenía que, una vez derrocado el gobierno y elegidas las nuevas autoridades por su pueblo, se harían “los arreglos necesarios […] para asegurar la libre navegación de los ríos Paraná y Paraguay”; se refería a las deudas e indemnizaciones de guerra y fijaba condiciones sobre las cuales se exigiría al gobierno paraguayo la celebración de tratados definitivos de límites con los demás países. Además, en cláusulas que más tarde despertarían numerosas controversias, afirmaba que la guerra no se hacía contra “el pueblo paraguayo sino contra su gobierno” y establecía que el tratado debía mantenerse “secreto”, hasta lograr su objetivo»
(Sábato, H. 2009 pp.151).

En cuanto a la contienda bélica, Hilda Sábato narra una serie de datos que nos permite analizar el nivel de participación de cada país de la Triple Alianza y el escaso poder de respuesta que tuvo Paraguay en la medida en que la contienda avanzaba: «El conflicto duró cinco años e involucró decenas de miles de hombres y mujeres, en un esfuerzo bélico de trágico saldo. El Brasil fue la principal pieza del triángulo aliado, tanto por la cantidad de hombres y recursos que aportó como porque la Argentina retiró buena parte de sus fuerzas a partir de 1868, en tanto que el Uruguay tuvo siempre una participación menor. En total, a lo largo del conflicto, el Brasil envió 140.000 hombres al frente, los argentinos sumaron 30.000 y los uruguayos, unos 5.500, de los cuales 50.000, 18.000 y 5.000, respectivamente, no retornaron (la mayor parte, muertos en combate o por enfermedad»
(Sábato, H. 2009 pp.152).

«Al comienzo del conflicto, el Paraguay estaba mejor preparado que sus enemigos, pues había fortalecido su aparato de defensa y tenía una larga tradición de ciudadanía en armas. Por lo tanto, rápidamente movilizó a casi toda su población, incluidos mujeres y niños, ya sea para actuar como soldados o para las tareas de mantenimiento y apoyo del ejército o de hostigamiento a los invasores. Hacia el final de la contienda, peleaban en el frente niños y adolescentes recién entrenados e incorporados a las diezmadas tropas» (Sábato, H. 2009 pp.152-153).

Cándido López (1840-1902) Cuadro sobre la Guerra de la Triple Alianza, Museo Nacional de Bellas Artes. Buenos Aires.

Sobre las relaciones de los países firmantes del tratado y las partes en que hoy se divide en períodos la Guerra en que Paraguay estuvo enfrente de la misma, narra: «Las relaciones entre los jefes aliados nunca fueron armónicas; había mucha desconfianza, suspicacias respecto de las intenciones de cada una de las partes, competencia y celos profesionales. Estos problemas entorpecieron la acción aliada, y en buena medida contribuyen a explicar, junto con otros factores, la prolongación del enfrentamiento». «En la guerra se han distinguido tres etapas. La primera fase, hasta abril de 1866, corresponde a la ofensiva paraguaya en los estados brasileños de Mato Grosso y Rio Grande do Sul y en la provincia de Corrientes, en la Argentina. Tropas paraguayas, bajo el mando del coronel Estigarribia, ocuparon parte de esos territorios, la ciudad de Corrientes sobre el río Paraná y la villa de Uruguayana, en la margen izquierda del río Uruguay. Los encuentros con las fuerzas aliadas se resolvieron inicialmente en contra de estas, y la exitosa recuperación de la primera ciudad por parte de las tropas argentinas al mando de Paunero no pudo sostenerse en el tiempo. La suerte de los paraguayos se revirtió en la batalla de Yatay, en el encuentro naval del Riachuelo y luego en Uruguayana, que, cercada por los ejércitos aliados, pautó su rendición en octubre de 1865».Luego de este período, Paraguay se replegó: «Solano López ordenó a sus hombres abandonar el territorio enemigo (con excepción de parte del Mato Grosso) y retornar para defender el suelo patrio. Unos. 65.000 aliados se dispusieron a seguirlos, pero avanzaron con lentitud, y recién en abril del año siguiente penetraron en Paso de la Patria para enfrentar al reorganizado ejército paraguayo, de unos 30.000 hombres» (Sábato, H. 2009 pp.153).Luego de esto viene una segunda fase, la cual dura hasta la toma de Humaitá en julio de 1868, la cual es considerada la más larga y sangrienta ya que, como narra Sábato: «(…) los aliados se encontraron en un territorio desconocido, con poca capacidad y muchas dificultades para avanzar debido a los obstáculos del terreno, el hostigamiento permanente de las guerrillas enemigas, las enfermedades y epidemias que diezmaban las tropas, las desavenencias entre los mandos aliados, la resistencia de las defensas paraguayas y la valerosa tenacidad de sus soldados» (Sábato, H. 2009 pp.154). Aún así, avanzaron y lucharon en Estero Bellaco, Tuyutí, Boquerón, Sauce y Curuzú, todas consideradas derrotas paraguayas. Luego vino en 1866 un intento de cese de la guerra y paz de Solano López con Mitre, pero al no aceptar la renuncia el paraguayo, continuó la guerra y se dio la contienda más sangrienta: Curupaytí, el 22 de septiembre del mismo año.

Recién en julio del próximo año el ejército Paraguayo logró retornan a la guerra, la cual no cesaría hasta la toma de la fortaleza de Humaitá, abandonada a ésa altura por las fuerzas paraguayas, que iniciaron su retirada hacia el norte. Inicia la tercera y última fase de la guerra con el repliegue definitivo de López y su ejército, hasta la derrota final en 1870. Los aliados vencían mientras avanzaban hacia Asunción y dejaban pérdidas irrecuperables: batallas de Itororró, Avaé. Los paraguayos dejaban las ciudades totalmente abandonadas y huían hacia territorio inhóspitos, la única alternativa que les quedaba y que practicaron por más de un año. Como período final, Sábato narra: «Los aliados reducidos prácticamente a las tropas brasileñas— avanzaban sobre el territorio y ocupaban los poblados abandonados, venciendo paso a paso a los restos del ejército paraguayo, compuesto casi únicamente por niños y ancianos. López fue alcanzado y asesinado en Cerro Corá, el 1ro de marzo de 1870.

Ese trágico final daba por cumplidos los objetivos de la Triple Alianza, El Paraguay quedó devastado y debió soportar la ocupación brasileña hasta 1876, mientras se ponía en funciones un gobierno local débil y subordinado. La negociación de los límites llevó varios años más, pues en-este punto afloraron las rivalidades entre los propios aliados, El país vencido cedió el 40% del territorio que pretendía antes de la guerra, y durante décadas fue fuertemente dependiente de sus dos poderosos vecinos, Para los vencedores, los réditos fueron muchos, aunque también los costos (…)» (Sábato, H. 2009 pp.157).

Es importante mencionar, como lo expone Hilda Sábato, que Inglaterra, si bien desde el inicio intentó mostrar una posición oficial de neutralidad, en medio de la contienda optaron por la causa aliada y apoyaron financieramente a estos países por la vía de los empréstitos. En este sentido, Galasso toma a León Pomer (capítulo VIII de su libro «La guerra del Paraguay, estado, política y negocios»), el cual aborda la cuestión del financiamiento de la guerra, y por el cual narra: «Allí hace referencia al empréstito de 2.500.000 libras otorgados por la Casa Baring Brothers, al gobierno de Mitre, a través de la intermediación de Norberto Riestra. Asimismo, señala los préstamos otorgados al gobierno por la Casa de Moneda y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, como así también por el Banco de Londres. Asimismo, señala algunas interesantes donaciones como la de Tomás Amstrong (…) quien donó 50.000 pesos oro por cada año que durase el conflicto. Gran Bretaña otorga además importantes préstamos al Brasil, sin los cuales este no hubiese podido costear los gastos del largo conflicto» (Galasso, N. 2011 pp.410-411). «Por otra parte, familias importantes de la elite porteña se constituyeron en proveedores y financiadores de los gastos de guerra, entre otros, José Gregorio Lezama, Cándido Galván, Anacarsis Lanús, Ambrosio Plácido Lezica y José G. Balcarce» (Galasso, N. 2011 pp.411).

En los países involucrados el conflicto provocó fuertes disputas políticas entre los distintos grupos y partidos a través de debates intensos en la prensa. Además, existió una férrea resistencia de una parte considerable de la población al reclutamiento militar (sobre todo del interior por cuestiones políticas e ideológicas heterogéneas), motines y rebeliones como las de Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Mendoza y los soldados de Urquiza en Basualdo siendo junio de 1865 ya que él mismo quiso proveer de sus ejércitos a los nacionales en la guerra y además era uno de los mayores proveedores de caballos y reses al frente aliado. Las montoneras Federales llegaron a un ordenamiento y hostilidad tal desde Cuyo y el Noroeste que el mismo Mitre volvió de la batalla contra el Paraguay a dirigir ejércitos desde Rosario. Así, los Ejércitos nacionales vencieron a los rebeldes en San Ignacio (San Luis, 1867) al mando de José Miguel Arredondo contra Juan y Felipe Sáa y Juan de Dios Videla, y en la batalla de Pozo de Vargas (La Rioja, 1867), donde Taboada derrotó a Felipe Varela. (Sábato, H. 2009 pp.160-168).

Pero sobre todo sucedió un gran desprestigio de las dirigencias gubernamentales por parte de la Prensa desde que se conocieron las condiciones del Tratado de Triple Alianza hasta el final de la guerra. Sábato expone: “Se editaron varios escritos, que se sumaron a los que la prensa publicaba: Atrás el imperio, de Navarro Viola; Las dos políticas, de Olegario Andrade; y El gobierno y la alianza, de Carlos Guido y Spano, entre otros. Desde París, Juan Bautista Alberdi se pronunciaba con severidad sobre lo que acontecía en el Plata, situación que lo inspiraría a escribir, más tarde, El crimen de la guerra” (Sábato, H. 2009 pp.171). Esto provocó instancias negativas, sobre todo en cuanto a los cambios en las más altas cúpulas del poder, más allá de las instancias que podrían catalogarse como “positivas” para los intereses del gobierno: la profesionalización del ejército, su mejora presupuestaria y de su estructura y el jaque mate definitivo al federalismo. A las instancias negativas se sumaban, según teoriza Galasso: «(…) la represión constante ejercida durante seis años en el poder, (…) la política económica libre importadora que atenta contra los intereses de la producción nacional, así como por los desastres cometidos como jefe militar en la guerra contra el Paraguay» (Galasso, N. 2011 pp.429). Sucedió entonces que Mitre perdió el liderazgo del Partido Liberal y su delfín, Rufino de Elizalde, también criticado por ser el lacayo de Brasil en la guerra del Paraguay, fue derrotado en las elecciones presidenciales de 1868 por Domingo Faustino Sarmiento, quién se había unido en su fórmula al fundador del Partido Autonomista, Adolfo Alsina.

• B) Gobierno de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874).

B.a: Distintas versiones historiográficas de su figura y sucesos característicos de su gobierno:

En cuanto a la visión con que cada corriente historiográfica califica a Sarmiento, Galasso entiende que no es fácil calificarlo de una sola manera ya que fue un hombre multifacético y de varias caras en la lucha, en sus escritos periodísticos, obras literarias, correspondencia, etc. Expone: «El más conocido es el Sarmiento ideólogo, que ofrece a sus contemporáneos un cuerpo de ideas, centrado en la alternativa ‘civilización o barbarie’, que conforma durante largo tiempo el pensamiento más representativo de la clase dominante» y continúa: «(…) él le entrega a la clase dominante una herramienta poderosísima para hegemonizar ideológicamente al resto del país, especialmente a la clase media. (…) esta concepción permite legitimar el orden semi-colonial. A través de esas ideas, la oligarquía ‘azonza’ a los argentinos, implanta la ‘colonización pedagógica’ (en el idioma de Jauretche), es decir, logra el consenso, impone, como diría Gramsci, ‘el sentido común’ de la sociedad argentina o, como sostenía Marx, logra que ‘las ideas de la clase dominante sean las ideas dominantes de la sociedad'» (Galasso, N. 2011 pp.429). «Por esta razón, la Historia Oficial le rinde homenaje junto a Rivadavia y Mitre, en agradecimiento no a su gestión presidencial, ni a su literatura, sino a su lema ‘civilización o barbarie'» (Galasso, N. 2011 pp.429-430). Por los mismos motivos la corriente “Historia Social” evita criticarlo y desvían su atención a otros como a José Hernández.

Dentro de quienes lo critican, está el nacionalismo clerical, pero no por el hecho mencionado, sino por haber sido defensor de la Ley 1.420 de enseñanza laica que le quitó el monopolio de educación a la Iglesia. También está el revisionismo nacional y popular del FORJA, donde Jauretche lleva acabo la crítica más fuerte, reconociendo sus virtudes, pero advirtiendo del peligro del «sarmientismo» como concepción de la oligarquía y los «sarmientudos», quienes rendían pleitesía a esas ideas. El trabajo de este último lo tomó el revisionismo federal provinciano, pero se ocupó también de reivindicar algunas facetas de Sarmiento, haciendo énfasis en su gestión presidencial y mostrando que él no era un representante neto de la oligarquía, como sí lo era Mitre, ya que no tenía una relación tan estrecha con los ingleses, su familia no pertenecía a la burguesía comercial, ni tampoco tenía un gran patrimonio personal que le permitiera fundar un partido o poseer un Diario que lo legitime.

Galasso enfatiza en el Sarmiento ideólogo ya que ve en él las características con que Jauretche define a una persona así: «‘quien ama la idea como idea’, como abstracción, pero no ‘la cosa en sí'». Complementa esta explicación con la definición que el General Roca hizo de Sarmiento: «‘Amaba a la Patria, pero no a sus compatriotas; a la educación, pero no a los maestros; a la humanidad, pero no a sus semejantes'» (Galasso, N. 2011 pp.430). Es así que Sarmiento se manejaba con el binomio dual que fue expuesto «civilización o barbarie», Galasso explica el significado que Sarmiento poseía de esto: «Supone que la ‘civilización» está en Europa y la ‘barbarie’, en América. Por tanto, la América bárbara no puede desarrollarse, crecer desde ella misma, porque es incapaz, iletrada, abúlica, racialmente inferior. Para progresar, debe importar lo europeo. Cuanto más importe de Europa, más civiliza, más destruye la barbarie. Civilizar es implantar lo europeo, eliminar lo propio. Luego -concluye Jauretche- ‘civilizar es desnacionalizar’. Es decir, en términos concretos: aniquilar al indio, al gaucho, al negro, al mestizo, aniquilar las leyendas y tradiciones, las costumbres, las industrias propias, las experiencias, las expresiones de las multitudes autóctonas y los caudillos, nacidos como expresión de la realidad ‘bárbara'» (Galasso, N. 2011 pp.430-431). Por último, repudia también las raíces hispánicas «(…) suponiendo que todo lo español es necesariamente autoritario y reaccionario, óptica que lo conduce a idealizar lo anglosajón» (Galasso, N. 2011 pp.431). También a Artigas, Rosas y demás caudillos federales y sus seguidores, a todos los insultaba despectivamente y deseaba haber sido invadidos por los ingleses en 1806, por la cual para su época el país ya sería una potencia comercial, pero al mismo tiempo no deseaba que el país se engrandezca en el plano industrial o naviero, sino en lo agropecuario, para vender materia prima por el clima favorable del país y no desviarnos produciendo manufacturas, las cuales convenía importarlas, y todo esto con el objetivo ulterior de asegurar los intereses terratenientes que nos subordinaban al imperialismo inglés.

Es por la defensa de los intereses de las clases pudientes, que éstas se encargaron de fabricar una imagen suya como «(…) del Gran Educador, colmado de virtudes, pensador profundo y equilibrado, sociólogo avanzado, nutrido en Europa de las principales teorías de la época. (…) Se escamotaron sus disidencias con Mitre y los perfiles singulares de su presidencia. Se elevó el Facundo al nivel de la ‘Biblia nacional'»
(Galasso, N. 2011 pp.433-434). Así, las ideas de Sarmiento legitimaron a la clase dominante en el poder político y erigió al modelo agro exportador subordinado al interés británico.

Aún así, Galasso dice en cuanto a Sarmiento que «Su vida y obra aparecen signadas por ambas influencias contradictorias, siempre en turbulenta pugna y quizás podría concluirse que de ahí vienen aciertos y desaciertos, estallidos imprevistos y declaraciones descomedidas, que le ganan la fama de ‘loco'»
y sigue: «Es un bárbaro, de la barbarie que él atribuye a Facundo. (…) Es profundamente nacional en su literatura en cuanto a la forma”. (Galasso, N. 2011 pp.434). Y toma nuevamente a Jauretche, quien dice sobre Sarmiento: «‘Tiene apuro por hacer el país y lo quiere hacer fácil. Quiere evitar las dificultades que impone la realidad. Es una puerilidad de niños que están jugando a la historia y lógicamente los ayudan los grandes que tienen intereses en que esa historia se juegue: ahí está la mano del extranjero'»
(Galasso, N. 2011 pp.435). Luego Galasso expone acerca de su condición más humana, concluyendo que era una personalidad muy temperamental, conflictiva, pero contradictorio en lo que escribía y en la personalidad que tenía, ya que él no fue criado en la clase alta y tenía hábitos más bien de la clase media.

Sobre la base social que llevó a Sarmiento a la presidencia, Galasso expone: «(…) se encuentra en el interior, que le da sustento a través de la fuerza militar y en el alsinismo en la provincia de Buenos Aires. Se podría afirmar que, en última instancia, si bien continúa al mitrismo -en la medida en que no revierte su política pro-inglesa- por otra parte, adopta diversas medidas que expresan un camino distinto y son de importancia tal que el mistrismo constituye la mayor oposición al gobierno del sanjuanino» (Galasso, N. 2011 pp.443). Es así que la clase oligárquica, quien tomaría su lema para legitimarse en el poder como ya fue mencionado, le tuvo una gran animadversión a Sarmiento y mucho más a Alsina, acérrimo enemigo de Mitre. Esto pudo notarse, como expone Sábato, en el Congreso, ya que “Como presidente surgido de un acuerdo entre grupos, pero que no pertenecía cabalmente a ninguno de ellos, Sarmiento gozó de las ventajas de la autonomía pero no contó con fuerzas propias que le permitieran pasar fácilmente sus iniciativas por el Parlamento o frenar aquellas que, surgidas del legislativo, fueran contrarias a sus políticas” (Sábato, H. 2009 pp.214). En este marco, las batallas eran arduas pero poco fructíferas ya que las Cámaras estaban repartidas para el lado mitrista, quien era definido por el mismo Mitre, Senador por Buenos Aires, y para el lado de Sarmiento, defendido por ministros como Vélez Sarsfield (interior), Nicolás Avellaneda (Justicia, Culto e Instrucción Pública) y Mariano Varela (exterior), entre otros. Al hablar sobre las causas del distanciamiento entre Mitre y Sarmiento, Sábato aporta que se provocaron durante el mandato presidencial del primero, ya que en ese período no coincidieron en cómo resolver la problemática de la lucha contra las rebeliones en el noroeste y las relaciones interamericanas, en especial durante el conflicto que mantuvieron Perú y España. En la carrera presidencial, estas diferencias se hicieron una rivalidad más profunda, y por eso Sarmiento completó su gabinete sin presencia de ministros del ala mitrista del liberalismo.

Galasso teoriza a cerca del contexto en que Sarmiento comienza su presidencia, estando el proyecto agro-exportador en pleno auge: «Los estancieros presionan para ganar tierras que aún se hallan en poder de las comunidades originarias y al mismo tiempo se ocupan de desplazar al criollo de las tierras libres y someterlo como peón» (Galasso, N. 2011 pp.444). Con esto, se sepultó el trabajo en las minas ya que se agotaban rápido los metales preciosos y el país no era capaz de llevar a cabo el transporte de los mismos. En este sentido, los nativos que trabajaban allí quedaron sin nada, además que iban perdiendo las tierras ya que, aunque regía un estado que garantizaba la igualdad ante la ley, se crearon mecanismos para que se titularice la tenencia de la tierra y existan cercamientos, con lo cual comerciantes y aristócratas se lanzaron a ocupar tierras y luego tramitar los títulos correspondientes, dejando sin oportunidad ante la ley a sus anteriores dueños como criollos y gauchos, además de indios. Esta es la temática del canto del Martín Fierro. De esta manera, se concentró la tenencia de la tierra en pocas manos.

Sigue contando Galasso sobre Sarmiento: «No bien asume, destituye funcionarios y empleados de la anterior administración. Asimismo, su primer año de gobierno transcurre bajo la crítica del diario La Nación» (Galasso, N. 2011 pp.445). Enfrentó varios conflictos desde que asumió, como en San Juan donde los partidarios de los bandos políticos no paraban de enfrentarse y tuvo que intervenir para liberar legisladores encarcelados, las amenazas de los blancos para invadir Entre Ríos, las conspiraciones correntinas para con Urquiza, la guerra del Paraguay que continuaba, la opción de Salta y Santiago del Estero a su gobierno y los fusilamientos de Arredondo a las montoneras en Santos Guayama, esto último festejado por el Presidente.

Aún así, en medio de estos conflictos, se llevó a cabo un censo en 1869. Este reveló un aumento poblacional, sobre todo en la zona Pampeana, con una gran afluencia de población inmigrante. Sábato narra: «A mediados de enero de 1870, por invitación del entrerriano y con la mitad de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no había nacido en suelo argentino y, entre los varones adultos, la proporción ascendía a cuatro de cada cinco. La inmigración europea había llegado a las provincias de Santa Fe y Buenos Aires y, en menor medida, a Mendoza y Entre Ríos, pero no así al resto del país»
(Sábato, H. 2009 pp.205).Es así que la modernización social y económica repercutió de manera diferente en aquellas zonas que se alinearon directamente al proyecto agroexportador y las que no lo hicieron, las cuales fueron quedando marginadas del «progreso».

Hacia finales de ésta década comienza también un crecimiento sostenido de asociaciones voluntarias de todo tipo, en mayor medida con fines de cooperación o ayuda mutua en cuanto a la cuestión económica y otras además con fines comunicativos o periodísticos. En cuanto a las primeras, la mayor parte de ellas fueron fundadas por colectivos de inmigrantes y otras por trabajadores de un solo rubro que se unían (panaderos, zapateros, etc). Otro tipo de asociaciones fueron las conformadas por sectores empresarios locales, los cuales servían como espacios de intercambio de información, contactos y también para presionar a los gobiernos para conseguir beneficios (Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sociedad Rural Argentina, etc.). Entre otras instituciones, Sábato menciona: «(…) Clubes sociales, culturales y deportivos, logias masónicas, círculos literarios y científicos, asociaciones filantrópicas y de beneficencia, agrupaciones festivas y carnavalescas, sociedades profesionales, comités de solidaridad, comisiones y otras iniciativas destinadas a reunir voluntades en torno a algún proyecto o causa común» (Sábato, H. 2009 pp.206).

De esta manera, como indica Hilda Sábato, el asociacionismo comenzó a ser un baluarte para gran parte de la población ya que las veían como instituciones dedicadas a fomentar y trabajar por una sociedad libre, moderna, democrática y solidaria. Es así que los mismos gobiernos las alentaron, ya que si bien algunas tenían finalidades específicas, gran parte de ellas sirvieron al objetivo del Estado de ser articuladoras sociales y fomentar actividades colectivas. Además, las mismas se conectaron con la prensa periódica, actor en constante crecimiento y cada vez más central en la esfera pública. Así, como expone Sábato: «Prensa y asociaciones se erigían en representantes de la “opinión pública”, instancia que —como vimos- constituía una referencia obligada para la construcción y legitimación del poder político». En este marco fomentaban actividades como las siguientes: «(…) fiestas patrióticas, recepciones o funerales de hombres de estado, homenajes e inauguraciones eran todas ocasiones para reunir a un público amplio en teatros y plazas, y para promover manifestaciones en las calles. También tomaban parte activa en la organización de movilizaciones de protesta convocadas para peticionar o presionar a las autoridades» (Sábato, H. 2009 pp.208).

Así, los funcionarios políticos comenzaron a ser socios de estos comités, a ir a espacios como teatros, calles y la “barra” de las legislaturas y el Congreso para reunir miembros seguidores de cada partido; además comenzaron a aliarse con ciertos sectores de la prensa partidaria que comenzaron a generar editoriales, folletines y diarios que se repartían en las calles para que lleguen a un público mayor y dar prestigio o desprestigiar a los funcionarios en actividad (como Mitre con Sarmiento en el Diario «La Nación») y también cada funcionario debía tener una cordial relación con la prensa independiente para dar confianza y así imponer sus estrategias y objetivos en el poder. Además tuvieron que comenzar a lidiar con un fenómeno cada vez más creciente: las movilizaciones populares en las calles, como las que se amotinaron en oposición a la pena de muerte en 1870, protestas por la falta de protocolos para combatir la fiebre amarilla en 1871 (dejó un saldo de 15.000 víctimas aunque se cerraron edificios públicos, según Galasso página 446), las idas y vueltas en cuanto a los tratados de paz con el Paraguay y la inauguración del monumento a Belgrano en 1873. En estos crecientes movimientos comenzaron a medir el nivel de legitimidad de sus gobiernos: en cuanto a las expresiones del público con cánticos, aplausos, abucheos, etc.

Galasso teoriza que durante toda la década del cincuenta y del sesenta, los ataques de pueblos originarios, sobre todo de araucanos y teuelches, a las tierras de criollos, gauchos y terratenientes de la Argentina (sur de Buenos Aires), robando cabezas de ganado y secuestrando personas, llevaron a sangrientas guerras (Sierra Chica, Tres Arroyos, Villa Mercedes, etc). El autor expone: «Al asumir Sarmiento -no obstante sus reiteradas declaraciones contra los pueblos originarios- intenta una política de acuerdos, especialmente con los ranqueles, más débiles en ese momento, aunque, como bien señala Martínez Sarasola, esas gestiones no prosperaron» (Galasso, N. 2011 pp.447). Es así que continuaron las guerras: en 1870 los araucanos invadieron Tres Arroyos al mando de Calfucurá, luego Namuncurá atacó Bahía Blanca y el gobierno contraatacaba. En 1872 se produjo una gran invasión de Calfucurá a los partidos de Alvear, etc. Con esto puede verse que, más allá de que en los dos lados existían intereses, era realmente difícil conciliar ambas partes, siempre terminaba en sangrientas guerras, robos, violencia, etc. Además, como bien expone Galasso, analizar esta cuestión desde la perspectiva actual de los derechos humanos cuando en aquella época no existía, es un error histórico. Otros se equivocan al apelar a «(…) un falso humanitarismo o simplemente operan de un modo demagógico respecto a los sectores medios con fines de celebridad personal (…)» (Galasso, N. 2011 pp.448). También existen debates acerca de si los pueblos originarios de nuestro actual territorio eran autosuficientes o no, y por eso recurrían al «malón». De ser cierto eso, y de negarse acuerdos por desconfianzas mutuas y demás, la guerra iba a ser el recurso constante para la defensa y el ataque.

Aún así, Galasso expone que el peor enemigo del gobierno de Sarmiento no fueron los pueblos originarios, sino el bloque de las clases dominantes (estancieros de la Pampa húmeda y el gran comercio portuario) alineados con Mitre y encargados de erosionar su gobierno a través de la prensa, como ya fue mencionado, y a través de las cámaras: el mismo Mitre en Senadores y Manuel Quintana en Diputados. Es que el bloque liberal mitrista no soportaba, según el autor, que Sarmiento mire hacia el interior del país, cita a Galván Moreno para postular un ejemplo «‘Llega el 31 de diciembre de 1868 y ya se están construyendo caminos troncales en San Juan, Mendoza, Córdoba, Salta y La Rioja'» (Galasso, N. 2011 pp.450). Es así que el Presidente, para resistir el embate, tiene que realizar nuevas alianzas, como ya había hecho con el alsinismo, y a quien decide visitar para concretarla es al General Justo José de Urquiza en 1870. Sarmiento creyó consolidar una relación sólida con Urquiza que le serviría para sostener su gobierno, sin saber que este hecho causaría el final fatal que tuvo el segundo y que será descripto en el siguiente apartado.

En cuanto a los ferrocarriles, Galasso expone que el Presidente se dedicó a la construcción de vías férreas para la conexión interprovincial sin oír demasiado los intereses de Inglaterra y a los lugares donde le interesaba llegar. Por eso trabaja en la construcción del ferrocarril transandino, el ferrocarril que conecta Córdoba-Tucumán y el ferrocarril Pacífico (Buenos Aires-Cuyo). En 1872 crea una línea de Buenos Aires hasta San Juan, pasando por Rojas, Junín, Mercedes, San Luis, La Paz y Mendoza. Esto le trae fuertes críticas ya que contrata capitales extranjeros y compite con la empresa nacional que tenía sus vías de Buenos Aires a Mercedes. (Galasso, N. 2011 pp.452).

En cuanto a los telégrafos, Galasso expone: «Resulta importante destacar, entre las medidas adoptadas por Sarmiento el tendido de líneas telegráficas que permite achicar las distancias en un país poco poblado y de enormes extensiones. Señala Galván Moreno: ‘En esa época no se contaba con un solo kilómetro de líneas telegráficas nacionales’ (…) Al terminar su administración las cifras son las siguientes: en 1874 hay 6672 km por los cuales se cursaron 262.000 despachos» (Galasso, N. 2011 pp.452).

En el marco de la Educación, junto a su Ministro de Instrucción Pública Nicolás de Avellaneda, fue una de las principales preocupaciones. Se destinaron muchísimos recursos al interior del país para construir escuelas primarias y superiores, Colegios Nacionales, bibliotecas populares, etc. Galasso expone: «En cuanto a la instrucción secundaria el incremento había sido de 1.006 en 1.868 a 2.628 en 1.871. En 1.873, el total de escuelas primarias albergaba a 97.000 alumnos» (Galasso, N. 2011 pp.453). También expone: «(…) había 344 escuelas en 1869 y alrededor de 1550 en 1874 y el total de alumnos era superior a 80.000 al concluir el mandato de Sarmiento” (Galasso, N. 2011 pp.454). Existen debates acerca de si fue Sarmiento o Avellaneda quien impulsó más esta área, que no están resueltos. También una realidad es que en la presidencia de Roca se hicieron más escuelas que en las de Sarmiento y Avellaneda, pero fue en este mandato que se dio la primera gran aceleración en materia educativa, cuando el Censo de 1869 daba un nivel de analfabetismo del 71%. Además, teoriza Galasso: «En esta materia, el sanjuanino disiente también con Mitre, pues privilegia la educación primaria y, aunque se ocupa de colegios secundarios, censura el afán de crear colegios nacionales porque ellos solo dan ‘una minoría privilegiada que se aleja del pueblo sin mejorarlo'» (Galasso, N. 2011 pp.454). En este sentido, Puiggrós teoriza: “En 1870 Sarmiento fundó la Escuela Normal de Paraná, sobre la base del Colegio de Paraná. Desde 1870 hasta 1896 se fundarían en el país 38 escuelas normales, acordes al modelo paranaense.

Amante de la liberación femenina, admirador de las mujeres educadoras, trabajadoras y liberales, Sarmiento trajo al país a 23 maestras norteamericanas. También fundó el Colegio Militar y la Escuela Naval”. (Puiggrós A.1996 pp.56). Además, en 1.871 se sancionó la Ley de Subvenciones Nacionales, que significó el primer hito en la centralización del sistema educativo durante la presidencia de Sarmiento. Esta ley facultaba al Tesoro Nacional para financiar las iniciativas provinciales de Instrucción Pública.

En lo que respecta a la cuestión agraria, Galasso teoriza que Sarmiento tenía una posición progresista ya que «(…) propiciaba la defensa del pequeño productor y se opone a la concentración en latifundios». Y continúa: «Otros consideran que su estadía en Estados Unidos, durante los años sesenta, le permitió comprender la importancia del ‘farmer’ como protagonista de un capitalismo agrario más beneficioso para el país que el latifundio rentístico y parasitario»
(Galasso, N. 2011 pp.454). También el autor cita a Sarmiento en un discurso a la Sociedad Rural, donde los terratenientes se oponían a la sugerencia de Sarmiento de crear colonias agrícolas: «‘Las generaciones presentes no tienen un palmo de terreno donde pararse pues sus propietarios las adquirieron hace un siglo por distribuciones gratuitas'» (Galasso, N. 2011 pp.455). Los criticaba también por no querer imposiciones de derechos, impuestos, etc. y querían que todo el sistema económico y tributario sea funcional a la mantención de sus riquezas. Galasso también menciona: «En 1873, poco antes de concluir su período presidencial, impulsa un proyecto de colonización basado en la experiencia que en materia agraria detentaba la pionera provincia de Santa Fe -y que él mismo había impulsado para Chivilcoy- pero el Senado lo rechaza» (Galasso, N. 2011 pp.456). En este sentido, Galasso toma a Florencia Pagni y Fernando Cesaretti, quienes exponen: «‘Sarmiento no pudo superar la barrera de un Senado opositor. En realidad, las causas del fracaso eran más profundas. Sarmiento se fue quedando solo, aún en el ejercicio formal del Poder Ejecutivo Nacional. Cada vez menos líderes de influencia seguían compartiendo sus puntos de vista sobre la necesidad de desarrollar alternativas de riqueza productiva en la agricultura y en una incipiente industria, para equilibrar los intereses de la poderosa oligarquía pampeana. Avanzada la década de 1870, la clase dirigente tenía como visión común para el futuro del país, un escenario donde el sector ganadero tradicional (y no los pequeños productores agrícolas) desempeñarían el papel de clase rectora en unión a los intereses comerciales y financieros europeos. Pero al panorama negativo, Sarmiento continuó bregando a favor de una política de tierras progresista e igualitaria después de abandonar la presidencia'» (Galasso, N. 2011 pp.456). Aún así, se siguió consolidando la gran tenencia concentrada de la tierra agro-ganadera como también la política librecambista, que favorecía la importación sobre la exportación y que generaba déficit y futuro endeudamiento. Aún así, se preocupó por el fomento de actividades como la minería y la investigación en este sector, pero fue sofocado por la oligarquía ya que la minería no era el plan para el que estaba destinada Argentina en la división internacional del trabajo, con lo cual no era demandado en el exterior y no generaba ganancias a la clase pudiente.

Entre otros proyectos impulsados por Sarmiento para modernizar Argentina, Galasso menciona: «(…) el Observatorio de Astronomía de Córdoba, el Censo Nacional realizado desde el 15 al 17 de septiembre de 1869, la intención colonizadora en materia de tierras, la sanción de los códigos Civil y de Comercio, la creación del Museo Paleontológico y del Parque 3 de febero. (…) Asimismo, otorga importancia a la inmigración produciéndose, bajo su período presidencial, la incorporación de alrededor de 300.000 personas» (Galasso, N. 2011 pp.458).

Por último, en cuanto a la deuda externa, el autor dice: «(…) de 4.777.660 libras esterlinas, al inicio del gobierno alcanza en 1874 a casi 14.500.000 libras esterlinas. Este ingreso de divisas se aplica en parte a gastos militares (guerra contra el Paraguay y represión de los levantamientos de López Jordán en el litoral) y a cubrir déficits comerciales. Sin embargo, debe reconocerse que parte de esas divisas se destinan al crecimiento de la red ferroviaria estatal y muy especialmente, a la política de construcción de escuelas en el interior del país» (Galasso, N. 2011 pp.458-459). Todo esto mientras lidió con las epidemias de cólera y fiebre amarilla ya mencionadas, los enfrentamientos contra los pueblos originarios y montoneras, etc.

B.b: ASESINATO DE URQUIZA Y ABATIMIENTO DE LÓPEZ JORDÁN: FIN DEL FEDERALISMO ENTERRIANO Y PERSECUSIÓN DEL FEDERALISMO EN LAS DEMÁS PROVINCIAS DEL INTERIOR.

Habiendo expuesto la existencia de hostilidades en el sector Liberal bonaerense, las mismas no se reducían solamente a este sector sino que también existían en el Federalismo del interior. Sábato narra: «Los Federales, por su parte, se habían debilitado como consecuencia de la derrota de las rebeliones en el interior y los desgajamientos producidos por la decisión de Urquiza de apoyar la guerra contra el Paraguay, desconocer los pedidos de apoyo de los dirigentes rebeldes y finalmente reconciliarse públicamente con el presidente Sarmiento» (Sábato, H. 2009 pp.215). Esto iba a concretarse con la visita del mismísimo Presidente al Palacio San José. Sábato expone los detalles de este hecho histórico: «A mediados de enero de 1870, por invitación del entrerriano y con la intermediación del ministro Vélez Sarsfield, Sarmiento emprendió un viaje a Entre Ríos para reunirse con Urquiza. Con una comitiva que incluía ministros, periodistas, diplomáticos extranjeros y otras personalidades, se embarcó en el vapor de guerra llamado nada menos que «Pavón”, que, escoltado por cañoneras extranjeras, remontó el Paraná para arribar primero a Rosario y luego a Concepción del Uruguay, donde lo esperaba el general Urquiza. En el puerto, formaban dos batallones de infantería y un regimiento de caballería, vestidos con los uniformes de la batalla de Caseros. Era el día 3 de febrero, aniversario de esa batalla, y la comitiva fue huésped del entrerriano en su palacio de San José, donde hubo banquetes, brindis, discursos y expresiones de mutuo reconocimiento. El viaje se extendió luego a la ciudad de Colón y a la colonia San José, donde inmigrantes suizos, italianos y españoles recibieron a ambas figuras y sus comitivas, con salva de cohetes y vivas, desfile de carros y de batallones con sus escopetas y banderas, y un banquete preparado en una gran ramada decorada para la ocasión. La reconciliación quedó así sellada»
(Sábato, H. 2009 pp.215).

Pero esto no le iba a salir barato al general Urquiza ya que, los Federales co-provincianos suyos montaron en cólera al saber del recibimiento de Sarmiento en el Palacio, y comenzaron a tramar su deceso. Teoriza Sábato: «Dos meses más tarde, el 11 de abril de 1870, Urquiza caía asesinado por Federales que habían militado en sus filas hasta poco tiempo antes. Sus antiguos partidarios lo consideraban un traidor y decidieron librarse de su figura, así como alzarse en armas contra el poder central, en nombre del federalismo y bajo las órdenes de Ricardo López Jordán» (Sábato, H. 2009 pp.215-216). López Jordán no fue un líder que surgió de forma espontánea, sino que fue forjando su poder con el descontento del pueblo y del ejército año tras año para con la figura de Urquiza. Esto ya que Urquiza se seguía comportando como un caudillo, aunque la Constitución se lo impidiera. En 1860 esta se había modificado y se creó la figura del jefe político, un delegado del Poder Ejecutivo en cada uno de los departamentos, lo que le permitió a Urquiza supervisar férreamente a todo el territorio y los resultados se manifestaban a la hora del sufragio, donde las legislaturas resultaban mayoritariamente oficialistas. Los ánimos se caldearon aún más cuando, siendo electo gobernador Urquiza en 1868, solicitó un empréstito a la firma de Antonio Fragueiro, a la que le aseguró como garantía los beneficios de la recaudación tributaria y el arrendamiento de tierras fiscales. Además, como si fuera poco, los Federales vieron como ignoraba los pedidos de apoyo del gobernador federal de Corrientes frente a una revuelta de los liberales, así como también se negó a la protección de los Blancos uruguayos para invadir la Banda Oriental que estaba bajo la tutela de los colorados. Todo esto hizo que los Federales, convencidos bajo el dogma de combatir a los tiranos y déspotas, tomen las armas y asesinen no sólo al mismo Urquiza frente a su familia, sino también unas horas después a sus hijos Justo Carmelo, que era comandante de Concordia, y Waldino, coronel de milicias.

Los hechos que siguieron fueron que, ante la acefalia del Poder Ejecutivo, el presidente de la Legislatura convoque al cuerpo que, luego de realizar las exequias y pompas fúnebres a Urquiza, eligió a López Jordán como gobernador provisorio. Así, la provincia se alineó con el nuevo jefe, pero al gobierno nacional no le fueron suficientes las promesas paz que les fueron ofrecidas por parte de los adherentes al nuevo gobierno entrerriano. Es así que, como acto siguiente, se intervino militarmente Entre Ríos y López Jordán respondió con una proclama a sus seguidores, convocándolos a la guerra en defensa de la autonomía de la provincia. Las guerras fueron intermitentes, así que buscó apoyo en Corrientes donde sufrió su derrota definitiva en la batalla de Ñaembé (26 de enero de 1871) contra los ejércitos nacionales comandados por el coronel Baibiene y el teniente coronel Julio A. Roca. De allí, muchos soldados terminaron presos y otros exiliados como el mismo López Jordán quien terminó en Santa Ana do Livramento, en Brasil.

Igualmente, la resistencia no terminó, pero tuvo que esperar dos años luego de la derrota de Ñaembé. De esta manera, el 1º de mayo de 1873, ejércitos comandados por López Jordán invadieron la provincia, a ellos se le sumaron varios adeptos y volvieron a instalarse en una considerable parte del territorio de la provincia, menos en Concepción del Uruguay, Concordia, Paraná y Gualeguaychú (defendidas por tropas nacionales o por tropas vecinales).

Ante este nuevo intento de sublevación, el gobierno central no vaciló en tomar acción y su primera decisión fue decretar el estado de sitio en esa provincia y en Santa Fe. Seguidamente movilizó la Guardia Nacional de la región y envió tropas de línea. Pero las contiendas iban a prolongarse nuevamente con contiendas aisladas y sin resultados claros. La situación iba a finalizar definitivamente con la llegada de nueva tecnología para los ejércitos nacionales. Fusiles Remington y ametralladoras Krupp comprados por el gobierno de Sarmiento arribaron y el mismo presidente decidía embarcarse hacia Paraná para diseñar secretamente con el ministro de Guerra, Martín de Gainza, la estrategia que acabe con las rebeliones. Sábato narra el final: «El traslado de nuevos regimientos de línea a Entre Ríos, la utilización del moderno armamento y otras medidas adoptadas en el plan reservado imprimieron un vuelco a la guerra. Las fuerzas de López Jordán fueron abatidas en las batallas de El Talita y Don Gonzalo, y su jefe partió nuevamente al exilio brasileño». «Las famosas milicias entrerrianas, que habían sido la fortaleza de Urquiza, quedaron así desmembradas para siempre. La provincia, por su parte, pasó a la Órbita de influencia oficial» (Sábato, H. 2009 pp.219-220).

Pero Sarmiento estaba decidido a culminar con todo vestigio de federalismo en el interior del país y por eso diseñó un plan de acción claro. En este sentido, Sábato relata: «El gobierno central buscó decididamente disciplinar a los gobernadores y subordinarlos políticamente al poder ejecutivo nacional. En esa dirección, operó con éxito para desarticular las redes regionales de poder, fundadas sobre tramas de acción política que abarcaban varias provincias, y consiguió imponer una relación directa y vertical con cada uno de los gobiernos. Para lograrlo, desde la presidencia, Sarmiento utilizó los recursos disponibles a fin de debilitar lo que quedaba del andamiaje montado por su antecesor —a favor de los liberales mitristas en las provincias— y neutralizar los restos del federalismo. En adelante, su respaldo estaría orientado a quienes podían asegurar, más que cualquier representación partidaria, la subordinación al poder central» (Sábato, H. 2009 pp.220). Esto lo hizo a través de diversas estrategias en línea con la tesis de Oszlak sobre las Penetraciones Represivas y Cooptativas y que Sábato también aborda: «Por una parte, estaban los recursos militares, que el gobierno utilizó de manera reiterada. La figura del general Arredondo fue fundamental, tanto en el apoyo a los grupos afines como en la represión de los rivales. Cuando su adhesión política a Sarmiento flaqueó, este lo desplazó de la comandancia general de frontera y designó en su lugar al coronel Iwanowski, que cumpliría un papel similar. Otros jefes, como Julio Roca, Napoleón Uriburu e Ignacio Rivas, también operaron en la misma dirección, y junto con ellos, los cuerpos de línea correspondientes, además de los regimientos afines de la Guardia Nacional». «Por otra parte, los funcionarios de las dependencias federales desempeñaron un papel creciente en la vida política. Jueces de sección, jefes de oficinas de correo, los encargados de las oficinas de enganche que reclutaban soldados, los profesores y directores de los colegios nacionales, entre otros empleados, podían convertirse en operadores del poder ejecutivo. Más aún, esos cargos eran utilizados por este como prendas de favor político, de manera que se premiaba con ellos a los amigos locales que, desde allí, podían sumar fuerzas». «Finalmente, las provincias, sobre todo las más pobres, recibían subsidios federales que podían utilizarse como mecanismo de premio y de castigo, y que en casos como La Rioja, por ejemplo, más que duplicaban los fondos propios para el funcionamiento estatal. Otros aportes llegaban a través de inversiones en obras públicas y otras mejoras necesarias y difíciles de financiar localmente. En la medida en que el estado se fortalecía, los gobiernos contaban con mecanismos más eficientes para ejercer presión sobre las administraciones provinciales, en especial en las regiones menos prósperas» (Sábato, H. 2009 pp.221).

Con todo esto, el gobierno nacional alentó o desbarató revoluciones, manipuló elecciones y desplegó un vasto abanico de estrategias para favorecer a sus aliados y desplazar a todo aquél que se erigiera como rival o ponga en duda la subordinación al poder federal. Esto sucedió por ejemplo en Santiago del Estero donde la influencia de los Taboada era muy grande, incluso lo era en otras provincias, y el general Arredondo intervino en ellas en el marco de las elecciones de 1868 para desviar votos a favor de los partidos que estaban en línea con Sarmiento y una vez como Presidente éste, envió oficiales del Ejército de Línea a fin de que custodien el orden en el noroeste. Con esto se aseguró que los gobiernos de Salta y Tucumán pasaran a manos de dirigentes amigos. Finalmente, reemplazó a Antonino Taboada en la comandancia de fronteras del Chaco, nombrando en su lugar a Napoleón Uriburu. Luego se desbarató su poder a través de la Prensa y su influencia culminó definitivamente.

Asesinato del General Justo José de Urquiza, 11 de abril de 1870.

FIN DEL GOBIERNO DE SARMIENTO: CANDIDATURA DE AVELLANEDA Y LEVANTAMIENTO MILITAR DE MITRE:

En el último período de su gobierno, Sarmiento fue presionado por viejas declaraciones en favor de Chile, las cuales en aquél fin de mandato parecían legitimar el avance de este país en el sur. También la fuerte represión y fusilamientos en el interior fueron utilizados por «La Nación» para quitarle prestigio. Ante esto, Mitre pretende volver a postularse para recuperar el poder, mientras Sarmiento pensaba a quién proponer como candidato.

Sábato teoriza que a parir de 1871 la prensa y el ambiente político en general comenzó a gestar la candidatura de Nicolás de Avellaneda, la cual se haría pública en octubre. Hombre siempre distinguido en el Congreso, a quien el Presidente Sarmiento siempre le encargaba la defensa de los más importantes proyectos, su fama comenzó a crecer siendo ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. Además, ya tenía gran experiencia en la administración estatal, ya que entre otros puesto había sido ministro del gobernador Alsina en la provincia de Buenos Aires, en cuya capital residía, y además se había desempeñado como legislador y periodista en diarios importantes, como El Nacional y El Comercio del Plata, etc. Sábato relata: “Fue en ocasión de la inauguración de la Exposición Nacional en Córdoba, en octubre de 1871, cuando el rumor de su candidatura creció hasta convertirse en noticia que se hizo pública a través de la prensa. Á partir de ese momento, los tiempos se aceleraron. El propio Avellaneda se abocó a consolidar sus apoyos en varias de las provincias donde lo alentaban a presentarse. Las cartas estuvieron a la orden del día, y pronto también las reuniones en su casona de la porteña calle Moreno, donde se juntaban sus simpatizantes y amigos para diseñar la estrategia de campaña. A poco de andar, el entonces coronel Julio Roca se convirtió en un corresponsal clave, que podía operar a su favor desde su rol militar y a través de sus conexiones políticas” (Sábato, H. 2009 pp.223).

Es así que en los primeros meses de 1873, su postulación fue oficialmente proclamada en Córdoba, bastión de su candidatura. Se sumarían a competir contra él Bartolomé Mitre, quien había conseguido un buen tratado con Brasil tras la guerra del Paraguay y tenía apoyo en Buenos Aires y algunas provincias del interior; Adolfo Alsina, vicepresidente de Sarmiento y Carlos Tejedor, quien se retiraría y se postularía Manuel Quintana.

Se veía venir una elección reñida y el reflejo de ello eran las movilizaciones populares a favor de cada candidato y la agitación que provocaban los periódicos a favor y en contra de los candidatos. Mientras tanto, tenían a reconocidos militares en las provincias encargándose de recolectar votos y hacer proselitismo, como Roca, Mansilla e Iwanowski.

La primera prueba electoral el 1º de febrero de 1874 dio un amplio triunfo a Avellaneda: diez de los catorce distritos, menos Catamarca y La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires. En esta última hubo controversia porque primero había ganado Mitre, pero luego se dio la victoria a Alsina y se alzaron los primeros al grito de «fraude». Ante esto Alsina, viendo que no tendría fuerza en el interior, se bajo de la candidatura y dio su apoyo a Avellaneda. Este último creo el «Partido Nacional», el cual «estaría por encima de cualquier espíritu localista y abarcaría a todas las provincias» (Sábato, H. 2009 pp.226). Con esto se cerró el acuerdo con los autonomistas. Fueron a la búsqueda de las provincias desfavorables, La Rioja cedió tras la intervención militar de Iwanowski y la sanción de la ley marcial; y la intervención política de Lucio Mansilla. En Catamarca, la unión con Alsina les aseguró los votos; no pudieron recuperar en cambio a Santiago del Estero y San Juan. Aún así, se llegó a abril y la fórmula Avellaneda-Acosta obtuvo 146 electores frente a los 79 de su rival, oriundos de las provincias de San Juan, Santiago del Estero y Buenos Aires. Los nuevos mandatarios asumirían sus cargos el 12 de octubre de 1874.

Pero los partidarios de Mitre seguían insistiendo con el fraude de febrero y lo dieron a consideración en el Congreso. Insistían además que, con su retundo triunfo en Buenos Aires, la provincia los había elegido, y en febrero los resultados no fueron los verdaderos. Cuando esto se demostró, los partidarios de Mitre decidieron levantarse en armas y llevar a cabo una Revolución. Mitre mismo se alzó en armas cuando vio que en el Congreso no irían a revertir el resultado de las elecciones de febrero. Es así que, como cuenta Sábato: «Mitre pidió la baja en el ejército y partió hacia Montevideo, desde donde encabezaría el movimiento. El 24 de septiembre estalló la revolución» (Sábato, H. 2009 pp.228). La autora, tomando a Eduardo Miguez, narra los focos desde donde se reunieron los partidarios de Mitre y sus ejércitos para la Revolución: «(…) Montevideo fue sede del comité revolucionario; allí se reunían armas y dinero, y se editaban El Pueblo Argentino y otras publicaciones favorables a la revolución. Los otros dos focos estaban en territorio Argentino: el primero, en el sur de la provincia de Buenos Aires, comandado por el general Ignacio Rivas, y el segundo, en la frontera sur de Córdoba y San Luis, bajo el mando del general Arredondo (vuelto al campo mitrista). Ambos procedieron a armar sus respectivos ejércitos, compuestos mayoritariamente por guardias nacionales, algunas tropas voluntarias, los “indios amigos” de Catriel en Buenos Aires y varios cuerpos de línea, sobre todo en Cuyo. A fines de octubre, Mitre se sumó al ejército constitucional luego de desembarcar en el Tuyú, proveniente del Uruguay» (Sábato, H. 2009 pp.230).

Mientras tanto, el mismo 24 de septiembre, el presidente Sarmiento se valió del uso intensivo del telégrafo para comunicarse con gobernadores y comandantes de todo el país. El ministro del interior daba la noticia en una sesión secreta al Congreso, la declaración de estado de sitio por sesenta días en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, y autorizó al ejecutivo a movilizar la Guardia Nacional.

Es así que en la provincia de Buenos Aires, las tropas nacionales estarían al mando de Luis María y Julio Campos, los cuales avanzaron hacia el sur, mientras que las de Mitre y Rivas, con la intención de eludir el combate directo, pasaron por Tandil, Azul, Tapalqué y Olavarría. No podía evadirse la existencia de una inconmensurable superioridad técnica y organizativa de los ejércitos nacionales para con los de Mitre y esto quedo en evidencia absoluta al darse los enfrentamientos. Hasta el mes de noviembre sólo hubo guerras intermitentes, hasta que las fuerzas al mando de José Inocencio Árias lograron doblegar en la Batalla de “La Verde” al ejército liderado por Mitre el cual, si bien era mucho más numeroso, no resistió, y con la derrota quedó definitivamente debilitado.

Al mismo tiempo, en el oeste del país, Arredondo intentaba sumar apoyo y hasta logró instalarse en la ciudad de Córdoba, lo que no duraría demasiado. Además consiguió dominar brevemente San Luis y parcialmente sobre Mendoza. Pero como pasó con Mitre, no lograría resistir a la supremacía de los ejércitos nacionales. Sábato narra: «Si bien un primer triunfo de los rebeldes en Santa Rosa, cerca de Mendoza, había favorecido la ocupación de la ciudad, así como de la vecina San Juan, poco después, el 6 de diciembre de 1874, el coronel Roca obtuvo una victoria decisiva en la segunda batalla de Santa Rosa, que dio el golpe de gracia a la revolución».

«Cuatro días antes, Bartolomé Mitre había firmado la capitulación en Junín. De esta manera, el gobierno nacional, ya con Avellaneda a la cabeza, logró afirmar su autoridad en todo el territorio de la república»
(Sábato, H. 2009 pp.231).

• C) Gobierno de Nicolás Avellaneda (1874-1880).

C.a: Distintas versiones historiográficas de su figura, sucesos característicos de su gobierno y crisis económica.

A partir de 1874 comienza entonces la gestión del tucumano Nicolás Remigio Aurelio de Avellaneda en el Gobierno nacional a sus 37 años. Galasso expone que la historia oficial intentó no dramatizar las arduos conflictos partidarios y bélicos antes, durante y después de su gobierno y, como lo dice el autor en sus palabras «(…) se limita a mostrarlo como un presidente más, suponiéndolo en la misma línea de Mitre y Sarmiento, quienes, por otra parte, mantuvieron posiciones antagónicas». Y agrega: «Sin embargo, esa historia solo cree conveniente destacar que Avellaneda dio ejemplo de conducta al mantener en alto el honor de la Nación, en lo que respecta al pago de los servicios de la deuda externa» (Galasso, N. 2011 pp.469). Aunque olvidan que los argentinos tuvieron que pagar con su propia hambre y sed los compromisos para que otros se llenen los bolsillos. Además, esta corriente lo destaca como un político «conciliador» colocando como valor supremo la unidad, más allá de las ideologías de cada uno, es decir, intentar llevar la relación con la oligarquía mitrista lo mejor que pueda, aunque estos querían derrocarlo.

La Historia Social, con su principal representante José Luis Romero, no cambia demasiado la visión de la Historia Oficial y muestra a Avellaneda, al igual que los presidentes anteriores, como personalidades prestigiosas, cultas y responsables que lograron la unidad nacional a través de políticas austeras y con principios, es decir, gobernaban siendo la «aristocracia», pero no convirtiendo el sistema político en una «oligarquía».

El revisionismo rosista no desarrolló demasiado sobre este período, pero criticó el pago de la deuda externa sobre la base de la pobreza del pueblo.

El revisionismo socialista distingue dos cosas de su gobierno: primeramente la consolidación de la tenencia de los terratenientes, el crecimiento inmigratorio y la ampliación de las vías ferroviarias inglesas; estas tres políticas a fin de consolidar el orden agro exportador o semi-colonial en palabras de Galasso. En segundo término, esta corriente expone que la oligarquía mitrista no logró manejar el poder ya que Avellaneda expresaba a la burguesía del interior de base popular, con lo cual pudieron ser llevadas a cabo muchas experiencias industriales protegidas por las barreras de importación. (Galasso, N. 2011 pp.470).

Sábato teoriza que, en línea con los gobiernos anteriores, continuó con las políticas de asentamiento y expansión del Estado nacional, modificación de la demografía y cultura del país (educación e inmigración), control y disciplinamiento del territorio, consolidación de alianzas políticas que le dieran legitimidad y desestructuración de las que no les fueran funcionales (como por ejemplo los Taboada en Santiago del Estero y partidarios de Mitre), expansión de las comunicaciones para fomentar también el crecimiento agropecuario por medio de la colonización y el reparto de tierras, expansión fronteriza, etc.

En cuanto a la consolidación de su poder político, Hilda Sábato teoriza: «(…) Mitre había perdido buena parte de su influencia en el interior como consecuencia de sus propias dificultades luego de la guerra y de las acciones del gobierno de Sarmiento destinadas a renovar las dirigencias provinciales. Estas, por su parte, constituyeron el principal sostén de la candidatura de Avellaneda, quien como ministro del ejecutivo había cultivado sus propias relaciones en varias provincias —especialmente en: Córdoba, Tucumán y Catamarca— y había tejido cuidadosamente una densa trama de apoyos electorales. Finalmente, la adhesión de Alsina y su partido terminó por darle también una base en Buenos Aires, donde no contaba con aparato propio» (Sábato, H. 2009 pp.234).

Galasso coincide en este punto con Sábato, al exponer que fue » (…) sostenido por la Liga de Gobernadores que expresa a las mayorías provincianas de extracción federal -por sobre todo contrarias a que Mitre regrese al poder- y en especial por el autonomismo de Adolfo Alsina e inclusive, por Roca, un joven militar que ya está emergiendo en el escenario político (…)» (Galasso, N. 2011 pp.472). Además, agrega: “El rasgo más importante de su gobierno estaría dado, según la prensa de le época, por la influencia de Alsina, más duro y fuertemente anti-mitrista, en relación al Presidente, hombre más bien inclinado al acuerdo». «Como en el caso de Sarmiento, Avellaneda no es ‘la oligarquía en el poder’, sino que precisamente, ‘la oligarquía es su oposición’. No sólo Avellaneda manifiesta inquietudes industrialistas y mineras -contrarias al modelo agro exportador que se está gestando- sino que en su ensayo sobre la tierra pública plantea evitar el latifundio, posición en nada coincidente con la visión oligárquica respecto a la tenencia de la tierra. En dicho libro -Estudio sobre las leyes de tierras públicas- sostiene la necesidad de la propiedad territorial fácil y barata, para vencer al desierto, y lograr que sea accesible al trabajador, definiéndose a favor de limitar las extensiones y en contra del arrendamiento que torna insegura la explotación» (Galasso, N. 2011 pp.472).

Pero a pesar del apoyo liberal y federal en numerosas provincias, donde no le fue fácil es en Buenos Aires por los antagonismos que le traía su posición. Su peor enemigo fue la prensa, la cual criticó su forma de ser: suavidad al hablar y una baja estatura, con lo cual fue apodado como “el chingolo”. Otra cuestión que criticaban eran sus inclinaciones clericales. Su formación no fue militar, como la de la mayoría de los funcionarios políticos de la época, sino en filosofía y derecho, lo que Sarmiento alabó ya que todos los demás tuvieron que saber usar un arma para consolidar su poder y él no necesitó violencia alguna.

Sus funcionarios en el primer gabinete fueron: Simón de Iriondo, fuerte dirigente de la provincia Santa Fe, en Interior; Onésimo Leguizamón, entrerriano, en Justicia, Culto e Instrucción Pública; Santiago Cortínez, de San Juan, en Hacienda; Pedro Pardo, salteño, como interino de Relaciones Exteriores; y Adolfo Alsina, el caudillo porteño, en Guerra y Marina. Tuvo de aliados a Bernardo de Irigoyen, miembro del partido autonomista que llegaría a ser canciller, y también y muy importante, Julio Argentino Roca, miembro que le permitió el control militar y el armado político en el interior.

En cuanto a los militares involucrados en la revolución de Mitre, fueron sometidos al poder del consejo de guerra el cual penó con el destierro a la mayoría y otros fueron indultados luego de algunos años. En este sentido, una de las cuestiones que comenzó a desmantelar en su presidencia fue el principio de «rebelión contra el despotismo» lo cual legitimaba cualquier levantamiento con intereses personales y el cual no tenía sentido en una república cuyos lineamientos se sostenían según el Orden Constitucional y las leyes.

Otra tensa cuestión que significó una fuerte oposición en Buenos Aires fue la disidencia de numerosos líderes políticos jóvenes que comenzaron a formar sus círculos y clubes para exigir sus demandas, en los cuales comenzaron a aparecer Aristóbulo del Valle, Leandro Alem, Carlos Pellegrini, Dardo Rocha, etc. Sábato expone que estos jóvenes reclamaban: «(…) reformas de índole político-institucional en la provincia, en materia de elecciones, justicia de paz, organización municipal, administración de Justicia y reparto de tierras públicas, entre otras» (Sábato, H. 2009 pp.238).

Lidió también con otro levantamiento de López Jordán en Entre Ríos. Como teoriza Sábato, rápidamente el Gobierno lanzó un decreto de estado de sitio en las provincias del Litoral y movilizó al ejército. Hubo una rápida y eficaz represión y en pocas semanas las fuerzas del caudillo fueron derrotadas y el mismo cayó prisionero y fue puesto a disposición de la justicia. Aún así, habiendo pasado tres años del suceso, el caudillo se fugó de la cárcel de Rosario para terminar radicado en Uruguay.

Nicolás de Avellaneda (1837-1885).

Pero lo más tortuoso con lo que tuvo que lidiar en su gobierno, fue con la crisis económica. Como teoriza Sábato, la expansión económica que vivió Argentina desde la década de 1860 fue de «corto alcance». Aún así, sus causas fueron: «Resultado del crecimiento productivo agropecuario y de las exportaciones de lana, cuyos precios estaban en ascenso en los mercados europeos, y de la afluencia de capital internacional se generó inicialmente una euforia expansiva que dio lugar a una dinámica típica de la economía argentina de ese período, El auge exportador sumado al aumento de los ingresos de capitales incrementaron de manera notable el dinero disponible y las expectativas futuras, lo que se tradujo en una expansión del crédito y de los gastos, tanto privados como estatales, así como de las importaciones, requeridas por la producción y los servicios, pero también por el consumo de la población.

La afluencia de dinero desbordó las necesidades efectivas del aparato productivo y se volcó a la compra de tierras, dando lugar a un boom inmobiliario y a un incremento de los precios, que fueron favorecidos, además, por el crédito disponible en el recientemente creado Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires. Por esos años, también creció el valor total de las exportaciones, aunque no al mismo ritmo que lo hicieron las importaciones, lo que dio lugar a saldos negativos en la balanza comercial. Esos saldos se compensaron inicialmente con capitales que ingresaban por inversiones y préstamos, alimentando un mecanismo que parecía no tener límites» (Sábato, H. 2009 pp.240).

Pero la realidad es que sí tuvo límites ya que la situación próspera comenzó a cambiar desde 1873 no sólo en Argentina, sino en el mundo entero a través de una crisis generalizada. Sábato narra: «Como consecuencia de una crisis financiera que, originada en Austria, afectó a los países de Europa y a los Estados Unidos, se generó un clima de restricción en los mercados de capitales, de signo opuesto a la bonanza anterior, que frenó las corrientes de préstamos e inversiones y, a su vez, afectó los precios de las exportaciones argentinas. Las repercusiones se hicieron sentir de inmediato en el ámbito local. El crédito se contrajo, se multiplicaron las quiebras y hubo una contracción en el nivel de actividad en casi todos los sectores y, seguidamente, desocupación, sobre todo en el ámbito urbano».

«En el campo, las consecuencias fueron menos drásticas pues, salvo en los años más duros de 1873 y 1874, la producción de lana siguió en aumento. A pesar de la caída de los precios internacionales, las mejoras técnicas y tecnológicas incorporadas al sector en los años previos permitieron incrementar la productividad y exportar mayores cantidades, lo cual compensó, parcialmente, la baja del precio. Pero, en el conjunto, la crisis fue profunda y larga, y sólo hacia 1877 comenzaron a revertirse sus peores síntomas» (Sábato, H. 2009 pp.240).

En cuanto a la cuestión de la recaudación y el gasto estatal, expone: «Sus efectos fueron, además, muy graves en el sector estatal. Recordemos que los ingresos para el financiamiento del gasto público provenían de dos fuentes principales; la recaudación aduanera, sobre todo a través de los aranceles a las importaciones, y el crédito, interno y externo. En los dos casos, la contracción fue drástica. Las rentas ordinarias (aranceles, entre otras contribuciones menores) descendieron de 20 millones de pesos fuertes en 1873 a 13,5 en 1876, en particular por la disminución de las importaciones. Y sólo se consiguió dinero fresco vía el crédito interno, luego de arduas negociaciones, que se resumen más adelante.

Los gastos del estado, por su parte, también cayeron en este período, de 31 a 22 millones de pesos fuertes. Las erogaciones relacionadas con los gastos militares habían mermado en relación con las épocas anteriores, pero todavía rondaban entre el 30 y 35% del total, pues hubo que solventar la represión a la revolución de 1874 y a la invasión de López Jordán. El rubro que más dinero demandaba —casi el 45% del gasto público eran los servicios de la deuda externa»
(Sábato, H. 2009 pp.241).

Galasso agrega: “Asimismo, no solo la crisis mundial origina estas desgracias: los gobiernos de Mitre y Sarmiento, signados por la concepción del librecambio, han provocado una situación de grave deterioro. Las importaciones crecieron de 22 millones de pesos fuertes para 1861 a 37 millones para 1866, a 49 millones para 1870 y a 73 millones para 1873. La balanza comercial ha arrojado permanentes resultados negativos, desde 8 millones de pesos fuertes para 1861 hasta 26 millones para 1873″ (Galasso, N. 2011 pp.473).

Para hacer frente a la situación, el gobierno decidió llevar a cabo ajustes en el gasto público que afectaron a las clases menos privilegiadas para cuidar los mercados extranjeros y las obras en el país. Es así que, como cuenta Sábato, el Estado tomó la decisión de continuar con los pagos de los intereses y amortizaciones de la deuda. Además, continuó con la construcción del ferrocarril a Tucumán, una de las obras públicas más importantes para el gobierno, y con la campaña de avance en la frontera. Para llevar adelante estas políticas, el Estado recurrió al recorte de empleos estatales y disminuyó en un 15% los sueldos y las pensiones de la administración, entre otras medidas de ajuste que trajeron mucho descontento en la población y debates en el Congreso.

Además de esto, se hizo que el Banco Porteño, hasta ese momento la principal institución financiera del país, ya no sea el único, con la creación del Banco Nacional en 1872. El banco de Buenos Aires, además de actividades tales como albergar depósitos y brindar préstamos, estaba encargada de la emisión de papel moneda en la provincia y fuera de ella y era depositaria de fondos públicos y fuente decisiva de crédito para el gobierno nacional. Con la creación del mencionado Banco en 1872, este le trajo problemas serios al primero, ya que el gobierno nacional retiró sus fondos para depositarlos en la nueva institución, la cual también comenzó a emitir dinero convertible a oro con una tasa fija, a la vez que creó sucursales en diversas localidades del país.

La existencia de la «convertibilidad», la cual había comenzado en 1867, terminó en 1876 ya que el oro aumentó su valor en relación con el peso en papel. Esto se debió a la demanda del mismo ante la crisis de desequilibrio en el comercio exterior y la restricción del ingreso de capitales. Ante esto, hubo una corrida hacia el Oro, lo que hizo que la Oficina de Cambios pronto agotara sus reservas. Al mismo tiempo, los particulares retiraban fondos de cuentas para invertir en esas operaciones, lo que afectaba la cartera de los bancos públicos y privados. Ante esta inestabilidad, la Legislatura de Buenos Aires suspendió la convertibilidad, lo que provocó la devaluación instantánea de la moneda. Seguidamente, el Banco Nacional tomó la misma decisión y el Gobierno intentó buscar fondos para pagar los vencimientos de deuda, lo que le trajo mucha más oposición de sus adversarios políticos y de los encargados del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Finalmente, para solucionar definitivamente la cuestión, el Estado nacional tuvo que dar el brazo a torcer para con Buenos Aires. El desenlace lo teoriza Sábato: «(…) Avellaneda debió aceptar las condiciones impuestas por el banco pará conseguir su apoyo financiero al gobierno nacional, acuerdo que fue aprobado -después de mucho debate— por la Legislatura y el Congreso de la Nación. De esta manera, el gobierno recibió en préstamo un monto de 10 millones de pesos fuertes emitidos por el Banco de la Provincia, a cambio de lo cual tanto esos billetes como otros 12 millones que ya estaban en circulación fueron declarados de curso legal en toda la república. Esto es, se los recibiría por su valor nominal (sin atender la devaluación posible) en todas las oficinas públicas, con excepción de la Aduana, donde sólo Podrían usarse para cubrir la mitad de los pagos, mientras que la otra mitad debía hacerse en oro.

Al mismo tiempo, se establecieron restricciones para la circulación de los billetes del Banco Nacional, lo que terminó de debilitar a la ya frágil institución. En suma, la institución provincial salió fortalecida, su moneda asegurada y su lugar en el financiamiento estatal recuperado, A través del banco, la provincia reafirmó su potencia económica y su poderío político en relación con el estado nacional» (Sábato, H. 2009 pp.245).

Además de esto, a fin de incrementar el tesoro nacional, el Estado decidió aumentar los aranceles a las importaciones y así, luego de que el proyecto de ley recibiera la aprobación del Congreso, se duplicó la tarifa general al 30% y al 40% para los productos manufacturados similares a los que se hacían en el país, como el vino y los licores, el tabaco, los naipes, las armas, muebles, harinas, ropa, conservas, etc. Esto por la presión de los sectores críticos del librecambio y defensores del proteccionismo, se destacaron aquí Vicente Fiel López y Carlos Pellegrini y luego esos sectores fueron agrupados con la creación del “Club Industrial” en 1875, una asociación que visibilizaba la existencia de sectores interesados en el fomento de la actividad manufacturera y que presionaba a favor del proteccionismo desde su periódico «El Industrial», el cual terminó rivalizando con el Diario La Nación, el cual protegía el librecambio y la actividad agro ganadera, la cual supuestamente nos correspondía, bajo la concepción de la división internacional del trabajo y por la cual debíamos desechar actividades como la minera, metalúrgica, textil, etc. Igualmente, estas medidas nuevamente repercutirían en los bolsillos del conjunto de la población, la cual demandaba en gran cantidad productos importados, muchos de ellos de primera necesidad, pero también obtuvo resultados como narra Sábato: “Aunque no existe una evaluación precisa de los efectos del arancel en el desarrollo de las actividades protegidas, en la década que siguió a la sanción de la ley se observa la instalación de nuevos establecimientos en diversos rubros, en especial los vinculados a la alimentación y la confección, cuyos productos sustituyeron en parte la importación para el consumo local” (Sábato, H. 2009 pp.248).

Igualmente, existe un caso generalmente desconocido que Galasso expone y que es importante destacar ya que es un ejemplo de política exterior independiente durante el presente Gobierno. Sucedió que en la provincia de Santa Fe existía un «Banco inglés» que competía con el Banco de la Provincia de Santa Fe. Siendo el gobernador Servando Bayo, en el año 1876, a causa de la situación ruinosa que le causaba al crédito interior y exterior de la provincia, ordena quitar el derecho al banco extranjero para emitir billetes y crea el impuesto a la actividad bancaria. Ante esto, el Banco inglés contraataca a través de una corrida bancaria (apropiándose de valores del Banco Provincial y exigiendo la conversión, para ponerlo en liquidez). Por esto, Bayo decide la liquidación de la sucursal de Rosario, ordena cerrar las puertas del Banco y llevar a cabo un embargo de 50.600 pesos oro y encarcelar a su gerente.

Por este motivo, el asesor legal del Banco de Londres, Dr. Manuel Quintana, le expresa al canciller Bernardo de Irigoyen que el jefe de las fuerzas navales de Gran Bretaña en el Río de la Plata dio la orden de ir a disparar sus cañones a Rosario, con lo cual el canciller se negó a seguir con la reunión. Quintana renuncia a su banca como senador nacional y viaja a Londres, donde logra que Mr. George Drabble, presidente del Banco de Londres, viaje hacia Argentina. Junto a De la Riestra planearon intervenir Santa Fe, pero Avellaneda rechazó su maniobra. El conflicto termina de la siguiente manera como explica Galasso: «Finalmente, el gobierno deja sin efecto la liquidación del Banco Inglés, que ya había sido sancionada por el gobernador Servando Bajo, pero el Banco no recupera los privilegios con que operaba antes y que perjudicaban al Banco Provincial de Santa Fe (emisión de billetes, exención de impuestos y otros privilegios)» (Galasso, N. 2011 pp.477).

Fuera del marco de lo estrictamente económico, el Estado tuvo también ciertas tensiones con el Brasil por las condiciones del Tratado luego de la guerra del Paraguay. Pasaron tres años de gestión, de 1873 a 1876, donde diplomáticos como el mismísimo Barolomé Mitre, o Carlos Tejedor y Bernardo de Irigoyen gestionaron para que Argentina saliera beneficiada; pero sin conseguir un tratado definitivo. No fue sino hasta el año 1878 que, luego de decidirse la búsqueda de un árbitro para la resolución del litigio, el presidente de los Estados Unidos, Rutherford Hayes, árbitro designado, emitió su fallo y otorgó el territorio en disputa al Paraguay, y luego la Villa Occidental fue entregada por las autoridades argentinas que la ocupaban.

Otro conflicto lo tuvo con Chile por los límites en la Patagonia y el estrecho de Magallanes. Desde 1875 en adelante comenzaron las negociaciones diplomáticas, las cuales, luego de grandes tensiones y hechos que estuvieron a punto de desencadenar una guerra como los apresamientos de barcos extranjeros por parte de Chile los cuales tenían la autorización de Argentina para navegar, se llegó al acuerdo Echeverría-Irigoyen en 1881, el cual adjudicaba la Patagonia a la Argentina y las dos costas del Estrecho de Magallanes y parte importante de Tierra del Fuego e islas vecinas a Chile. El estrecho quedaba, como expone Sábato «(…) abierto a la libre navegación de buques de todo el mundo» (Sábato, H. 2009 pp.252).

C.b: CAMPAÑA AL DESIERTO.

A modo de introducción a este hecho, y como expone el autor Galasso, en las antiguas posesiones del Imperio Español, comprendidas por la mayor parte de Latinoamérica, España permitió o «toleró» el cruzamiento entre europeos o criollos e indios. Es por eso que el autor cita un informe del Servicio de huellas digitales genéticas de la Universidad de Buenos Aires hecho en 2004, y en 11 provincias se dieron los siguientes resultados: «De la población actual de la Argentina sólo el 44% desciende de ancestros europeos mientras que el 56% restante tiene linaje parcial o totalmente indígena»
(Galasso, N. 2011 pp.496). Es decir, con la mayor cantidad de pueblos, a través de la violencia o con modos de cooptación, se pudo llevar a cabo relaciones sociopolíticas y económicas, como culturales y étnicas. Pero en el caso de los pueblos del sur, araucanos y ranqueles en mayor medida, nunca aceptaron y resistieron la dominación blanca. Estos pueblos habitaban las zonas del sur de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, como sucedía también en el Chaco. Esto llevó a décadas de enfrentamientos reiterados, especialmente desde 1810 en adelante. En este marco, al ser batallas donde los pobladores autóctonos se defendían del invasor, Galasso teoriza que «(…) resulta una incongruencia sostener que el Ejército, comandado por el Gral. Roca, en 1879, concretó ‘la conquista del desierto’. Del mismo modo, constituye un error centrar en esa campaña aquello que fue una larga historia de enfrentamientos (…)» (Galasso, N. 2011 pp.496). También dice que es un error hablar de «desierto» cuando estaban habitados por pueblos que, si bien eran distintos a la cultura europea y eso era la razón del desprecio de estos últimos para con los primeros, eran pueblos al fin y su dignidad merece ser respetada.

Es así que, apelando al objetivo de seguir fomentando la «civilización» en el país, y a pesar de las fuertes disputas con sectores opositores, el Estado nacional continuó con firmeza, y sancionó en 1876 la Ley Nacional de Inmigración y Colonización la cual, según Sábato: «sistematizó algunos de los instrumentos en vigencia, creó nuevos en materia inmigratoria y se propuso promover la colonización a través de la distribución de tierras públicas en los territorios nacionales o de aquellas cedidas por las provincias a tal efecto» (Sábato, H. 2009 pp.257-258). Pero, como menciona la autora, los resultados que se lograron con la misma fueron bastante modestos, sobre todo en lo que respecta a la colonización.

Pero el punto central en este proyecto “civilizador” fue el avance sobre la frontera, en palabras del mismo Avellaneda expuestas por Sábato: el «alfa y el omega» de sus políticas a fin de «poblar el desierto» (Sábato, H. 2009 pp.259). En este sentido, hacia 1870 el territorio que Argentina poseía bajo su soberanía era aproximadamente la mitad del que reclamaba como suyo, pero que todavía no tenía en su poder. En esos territorios habitaban naciones indígenas, las cuales habitaban allí desde antes de la invasión española, o se habían instalado en esas tierras desde los tiempos coloniales y a lo largo del siglo XIX. Estos pueblos fueron denominados «indios» en su conjunto aunque, como teoriza la autora, eran sociedades heterogéneas con distintas formas de organización social y política, y con complejas relaciones entre sí. Es así que la disputa se daba en lo que llamamos «Frontera», definido por Mónica Quijada, quien es tomada por Hilda Sábato, como “un área de interrelación”, un mundo de «criollos, indígenas y mestizos cruzado por múltiples líneas de interacción, aculturación e influencias recíprocas”, la autora sigue exponiendo: «La frontera era, así, un escenario de intercambios pero a la vez de violencias. La sociedad criolla presionaba para expandir su poderío (su territorio, su economía, su cultura), mientras que las naciones indígenas resistían y también realizaban operaciones de avance sobre los poblados y establecimientos más próximos al límite, de donde se llevaban ganados y cautivos, bienes clave para sus relaciones comerciales y de poder» (Sábato, H. 2009 pp.260). Aún así, también existieron contactos formales a través de de contratos, y otros informales a fin de regular el vínculo entre 1860 y 1870, además de la existencia de «indios amigos», pobladores que se sumaron a los ejércitos de unas y otras facciones políticas argentinas y hasta caciques que solicitaban la ciudadanía. Al mismo tiempo, el Estado argentino mantenía militarizada a la frontera, atacando en ciertas ocasiones y defendiéndose de ataques de los indios en otras.

Pero hacia mediados de la década de 1870, el Estado argentino comenzó a planear un avance efectivo sobre la frontera y los territorios. Sábato expone las razones: «Hacia mediados de la década de 1870, esa visión estaba muy arraigada e indisolublemente asociada a la figura del “desierto”, espacio al que la “civilización” no había llegado. Tocaba al estado argentino, como señalaba Avellaneda, abordar esa cuestión, que, además de esos motivos de tipo ideológico y cultural, involucraba otras razones de peso. La crisis había mostrado la urgencia de incorporar nuevas tierras al proceso productivo y terminar con la inseguridad en la amplia faja de la frontera, que generaba incertidumbre y recurrentes pérdidas para el sector agropecuario, desde los grandes estancieros hasta los más pequeños productores. Por otra parte, consolidar el dominio territorial en el sur podía desalentar la permanente amenaza de ocupación por parte de Chile, a la vez que podía dar al estado nacional autoridad efectiva sobre espacios que estaban en conflicto y fuera de su control» (Sábato, H. 2009 pp.262).

Dos etapas caracterizaron la «campaña al Desierto», los mismos fueron: «En la primera, se ejecutó el plan diseñado por el ministro de Guerra Adolfo Alsina, que consistía en ocupar progresivamente el territorio comprendido entre la frontera vigente y la nueva línea fijada en los ríos Negro y Neuquén, e inducir la asimilación gradual de los indígenas a la sociedad argentina. Esto implicaba incorporar 2000 leguas a la actividad productiva, a partir de la instalación de población y de la integración de los indígenas convertidos, el trazado del ferrocarril y el tendido del telégrafo, entre otras medidas civilizatorias”.

Para lograr ese objetivo, se propuso llevar adelante una campaña militar destinada a crear fuertes y fortines en la nueva frontera al sur de la provincia de Buenos Aires y hacia el oeste, hasta la cordillera, unidos por una zanja de tres metros de ancho y dos de profundidad, para detener o retrasar los ataques de aquellos indígenas que no aceptaran incorporarse» (Sábato, H. 2009 pp.262). Pero esta estrategia fue muy criticada por su carácter defensivo, entre otros por el general Roca, quien era partidario de la idea de perseguir a los indígenas hasta terminar con ellos, su modo de vida y su capacidad de acción. Además de esto, los indios reaccionaron: «El cacique Namuncurá organizó una confederación de grupos que se lanzaron a una invasión, con más de 4.000 indígenas de pelea: avanzaron sobre los partidos de Azul, Tapalqué y Tandil, arriaron numerosas cabezas de ganado y caballadas, llevaron cautivos y se enfrentaron en varios combates con las tropas del ejército nacional» (Sábato, H. 2009 pp.262).

Pero en 1876 el plan se puso en marcha y avanzaron cinco columnas militares y se instalaron fuertes en una línea que unía Puán, Carhué, Guaminí, Trenque Lauquen e Italó; donde el ejército argentino se afianzó. Sucedió entonces que en 1877 falleció el ministro Alsina y lo reemplazó el general Roca, comenzando con la segunda etapa de la «Campaña al Desierto», la cual, como narra Sábato: «implicó un giro tanto en la táctica militar como en la estrategia respecto de los indígenas. (…) Militarmente, proponía incursionar en territorio indígena a través de partidas volantes que llevaran la guerra hasta el corazón de los asentamientos, a fin de minar sus fuerzas, y luego avanzar con todo el peso del ejército para terminar con cualquier resistencia y producir la ocupación efectiva hasta la nueva línea de frontera» (Sábato, H. 2009 pp.264). El Congreso convirtió su proyecto en Ley y comenzó a trabajar en su estrategia: «Así, creó la gobernación de la Patagonia, designó una comisión para establecer los límites efectivos de las-provincias que se verían favorecidas por la expulsión de los indígenas (Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza Santa Fe) y dispuso la financiación de la campaña militar con los fondos provenientes de una suscripción de acciones que daban derecho a la posesión de tierras entre la vieja y la nueva frontera, en lotes de hasta 10.000 hectáreas.

Tal como estaba previsto, en 1878 se despacharon, a lo largo de la línea de frontera, numerosas partidas militares —que contaban en sus filas con algunos “indios amigos”-, que penetraron en el territorio asestando duros golpes a los indígenas (…)»
(Sábato, H. 2009 pp.265).

Una vez cumplido este primer avance exitoso, se dio el segundo: «(…) en 1879 el ejército encaró la segunda parte de la campaña, comandada por el general Roca. Sus fuerzas, compuestas por unos 6.000 hombres, divididos en cinco columnas, al mando de los coroneles Villegas, Levalle, Racedo y Lagos, y del comandante Uriburu, avanzaron simultáneamente a lo largo de toda la frontera, desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta Mendoza, y en unos meses arrasaron con lo poco que quedaba en pie del mundo indígena al norte del río Negro» (Sábato, H. 2009 pp.265-266).

Con esta campaña, gran parte de las naciones indígenas fueron diezmadas y desarticuladas. Otros grupos sufrieron la expulsión hacia el sur de la nueva línea de frontera, donde también continuarían siendo objeto de persecución hasta lograr su total desaparición identitaria. De esta manera, como menciona Sábato, se dio el «(…) dominio absoluto de una sociedad sobre las demás y sobre el conjunto del territorio» (Sábato, H. 2009 pp.266).

Estadísticamente, según cifras del Ministerio de Guerra y Marina, las cuales son mencionadas por la autora tomando a Enrique Mases, el saldo de víctimas indígenas de la operación, entre agosto de 1878 y mayo de 1879, fue el siguiente: 1.271 indios de lanza (guerreros) prisioneros, 1.313 indios de lanza muertos en combate, 10.539 no combatientes prisioneros y 1.049 indios reducidos voluntariamente.

Finalmente, las conclusiones y resultados de la feroz campaña fueron: «(…) la incorporación de más de 15.000 leguas de tierra al capitalismo argentino en expansión, la afirmación de la soberanía territorial de la república sobre un territorio disputado por Chile, la consolidación del poder del estado nacional -que no sólo contabilizaba ese triunfo como propio, sino que sumaba territorios a su control directo, dado que apenas una porción menor quedó bajo jurisdicción de las cinco provincias limítrofes- y el fortalecimiento del ejército como institución, que tuvo un papel rector tanto en la campaña inicial como en el proceso posterior de ocupación de la Patagonia y del Chaco. También contribuyó al afianzamiento de las concepciones que asociaban la modernización de la nación a la-eliminación de todos aquellos que podían desafiar el patrón civilizatorio dominante, una idea que seguiría predominando en las décadas posteriores» (Sábato, H. 2009 pp.267).

Conquista al desierto.

El autor Galasso teoriza acerca de las diversas interpretaciones historiográficas sobre este hecho. En primera instancia, la Historia Oficial, mitrista y liberal-conservadora sostuvo que el sometimiento de los pueblos originarios era necesario ya que eran razas inferiores que no estaban dispuestas a ser “civilizadas”, se negaban a mestizarse y además no tenían derecho sobre las tierras porque venían de Chile y comerciaban con ellos ganado robado, como así también procedían como una nación distinta con su propio idioma, cultura y embajadores. Dicen que la campaña debe ser vista como una “Gesta” ya que se acabó con la “barbarie” y sobrevino la “Civilización”, además de adquirir a la Argentina territorios útiles desde el punto de vista productivo para el ganado vacuno. Una tesis racista y propia de la oligarquía que se benefició de la concentración de la tenencia de estas tierras. El revisionismo histórico de corte Tradicional no cambió esta visión, más bien la idealizó como una «misión evangelizadora» y exaltó los acuerdos de Rosas con los indios, omitiendo las represiones.

En las últimas décadas, al ir desviando la visión pro-inglaterra y Estados Unidos, desde Latinoamérica comenzaron a realizarse proyectos más autoctonistas, en el marco del viejo proyecto bolivariano-sanmartiniano de la Patria Grande, y comenzó a reivindicarse a los pueblos originarios que fueron dominados y exterminados. Aquí surgen también las tesis indigenistas, las cuales tienen sus facetas menos extremas y solicitan la reivindicación de los derechos de los pueblos y el cambio de mentalidad histórica hacia ellos, y versiones más extremas que solicitan que les sean devueltos sus territorios ya que conforman una nación diferente a la nuestra por costumbres, idioma, etc. como Liborio Justo y otro menos radical Osvaldo Bayer. También Hugo Carrasco Muñoz que dice que el indigenismo actual no quiere separarse de los estados (en su caso habla del Estado chileno), pero sí poseer independencia económica, política y cultural; mas en este caso también afectaría a territorio argentino. Estos proyectos son imposibles ya que si todos los pueblos originarios reclamasen esto, deberían mudarse del continente millones de descendientes de europeos o establecer un apartheid invertido.

Hay tesis también, como la de Terzaga, que expone que los pueblos indígenas de esta época se encontraban en retroceso ya que, al encontrarse con el caballo y el vacuno, esto los condujo nuevamente al nomadismo y no podían conseguir alimento para sobrevivir si no era dado por la sociedad blanca o a través del malón y la guerra constante de ambos lados.

Es así que Galasso tomo como visión más coherente a la de Roberto Ferrero, a quien cita: «‘Éramos un país violento y de aquella violencia participaban todos, indios y blancos, civiles y militares. Quizá no haya existido otra alternativa que la que se dio en las relaciones del Estado argentino y las parcialidades indígenas del desierto. De aquí que concluye: la conquista era necesaria. No, por supuesto, los abusos contra los vencidos que siguieron a ella» (Galasso, N. 2011 pp.517-518). Sigue: «No era necesario que los indígenas derrotados fueran incorporados por la fuerza a las filas del ejército o de la marina, o enviados como peones serviles a los ingenios de Tucumán y a los quebrachales de Santiago, ni que las ‘chinas’ capturadas se distribuyeran como sirvientes en las familias acomodadas de Buenos Aires o Río Cuarto, o que los valerosos jefes indios fueran encerrados por años en Martín García, rodeados de agua en vez de pampa. No era necesario despojarlos de las tierras que precisaban para desarrollar una vida digna ni que se los considere como argentinos de segunda clase». Y finaliza: «Por supuesto, si se analiza lo ocurrido con los ocupantes de los territorios libres, desde la perspectiva actual de los Derechos Humanos, la condena por genocidio debe ser contundente. Pero también es cierto que el historiador, para alcanzar un relativo grado de justicia y seriedad, debe colocarse en la época que está analizando y proceder, al evaluar, como si fuera él mismo quien hubiese debido optar entre las alternativas que se le ofrecían en ese momento»
(Galasso, N. 2011 pp.518).

Por último, tenemos a la corriente historiográfica latinoamericana o federal-provinciana. Galasso teoriza: «Esta corriente celebra la reivindicación de nuestras raíces indias, pues ellas nos conducen a reconocer nuestra condición latinoamericana y a concluir con la fábula de que somos ‘europeos desterrados’ y que descendemos de ‘los barcos’, como se ha dicho con pretendida ironía». «Por otro lado, sostiene que aquello fue indudablemente un genocidio cometido por la raza blanca, iniciado con la llegada de invasores europeos siglos atrás, continuado luego a través de la conquista y colonización, proseguido más tarde a partir del momento en que la Revolución de Mayo pierde su rumbo inicial con sucesivos gobiernos desde 1820 en adelante hasta los fines del siglo XIX» (Galasso, N. 2011 pp.518). Pero también sostiene que no hay que reducir este hecho a la sola responsabilidad de Roca ya que ello «(…) constituye una tergiversación histórica de oportunismo hacia el mitrismo oligárquico». Esto porque Mitre y Sarmiento también despreciaban al indio y enviaron campañas, Galasso dice: «Si toda la sociedad blanca venía reprimiendo al indio, si el 74% de los indios muertos lo fueron antes de que Roca asumiese el ministerio de Guerra, ¿cuál es la razón para que los furibundos impugnadores de Roca silencien todo lo relativo a ese período y enfilen su artillería contra el general tucumano?» (Galasso, N. 2011 pp.519).

Por último, es importante describir las cuestiones básicas del Prólogo del documento de 1987 que realizó Raúl Scalabrini Ortíz, perteneciente a esta corriente historiográfica, y que Galasso comparte en las páginas 520, 521 y 522. En resumidas cuentas, el documento entiende que la lucha no tiene que ser entre la «indianidad» y la «cultura occidental» española. Esta grieta es la que fomenta el imperialismo académico y político-económico filo-británico y filo-estadounidense, a fin de fragmentar los países y fomentar riñas y odios étnicos entre miembros de una misma sociedad, mezclados desde el punto de vista étnico y homogeneizados culturalmente. Exponen que, creando estos falsos conflictos, alejan aquél preciado proyecto de unidad latinoamericana en la «Patria Grande» que poseían San Martín, Bolivar, etc. y nos dividen para esclavizarnos financieramente, a través del FMI principalmente. Es así que no hay que caer ni en «leyendas rosas» donde el español vino a evangelizar al inculto y pagano indígena, ni la «leyenda negra» donde a partir de la Revolución de Mayo de 1810 nos quitamos de encima a la España atrasada y medieval para abrazar el «progreso» y «civilización» que nos traía el vincularnos cultural y económicamente con Inglaterra y Estados Unidos. Y finaliza con los aportes de Javier Azzali desde la Corriente Política Enrique Santos Discépolo: «‘La Argentina indígena es entonces el país mestizo, criollo, el país de los guarangos, de esa mezcla de los nativo con lo español y lo inmigrante europeo. Esa es nuestra identidad nacional americana y originaria'» (Galasso, N. 2011 pp.522).

3) GUERRA CIVIL ENTRE BUENOS AIRES Y EL INTERIOR, LA CUESTIÓN CAPITAL E INICIO DEL GOBIERNO DE JULIO ARGENTINO ROCA EN 1880.

Con el fallecimiento de Adolfo Alsina el 29 de diciembre de 1877, Roca fue gestando su candidatura para desplazar a Avellaneda en el gobierno nacional. Para esto, se valió de la ayuda de la liga de gobernadores del interior (Cuyo, Santiago, La Rioja, Catamarca, Santa Fe y Entre Ríos y se sumarían Jujuy, Salta y Tucumán, según Juarez Celman, citado en la página 527) y una singular simpatía que lograba en las clases bajas, como expone Galasso en la página 525. Además, por la política conciliar que ensayaron Avellaneda y Mitre, la cual tenía como fin consolidar al fallecido actor político recientemente mencionado, luego mitristas y alsinistas unidos apoyaron la candidatura de Carlos Tejedor. En el interior existía un profundo odio a Mitre y a Tejedor, en aquél momento gobernador de Buenos Aires, y un gran aprecio a Roca, más aún cuando logró la victoria contra Arredondo en Santa Rosa en 1874.

El 27 de julio de 1879 Roca lanza su candidatura, apoyado por Aristóbulo del Valle, Dardo Rocha, Cambaceres, H. Varela, Romero, etc. y en Buenos Aires por José Hernández, Hipólito Irigoyen y Jacinto Varela, quienes fundan allí un club roquista. Ante esto, Carlos Tejedor reúne a sus ejércitos en Buenos Aires con el objetivo de llevar a cabo otra guerra contra las fuerzas del Estado. Cuando la guerra civil era ya un hecho, Roca, ministro de guerra por aquel entonces, arma a las provincias. Sarmiento denuncia en el Senado a Roca por rebelde contra el orden nacional y renuncia al ministerio del interior, siendo reemplazado por Zorrilla. Seguidamente Roca renuncia a su ministerio y es reemplazado por Pellegrini.

En febrero de 1880 se dan las elecciones de diputados, ganando en Buenos Aires y Corrientes el mitrismo y en las demás provincias el partido de Roca. Esto fue un golpe duro para la línea mitrista, que veía a Roca como un Rosas o Urquiza, una personalidad que odiaba a Buenos Aires y ponía en peligro el manejo de la Aduana y de la emisión de papel moneda que monopolizaba Buenos Aires. Es muy importante entender que existió el peligro de volver a escindir Buenos Aires de las demás provincias, convirtiéndola en un país independiente como en el período anterior a 1862, hecho que se constata con la voluntad de los partidos conciliados (mitristas y alsinistas) en un documento lanzado en el año 1879, y cuestión que se vio impedida por el triunfo de las fuerzas de Roca en 1880.

Los hechos son los narrados a continuación, como expone Galasso en las páginas 532 a 537. Primeramente, el 11 de abril de 1880 Roca gana las elecciones a Presidente, siendo elegido en todas las provincias, menos en Buenos Aires y Corrientes. Lo hace por 161 electores a 71. Esto provoca que los alineados a Tejedor y Mitre se armen aún más y el 2 de junio desembarcan armas en la Boca. El ministro de guerra Pellegrini y el presidente Avellaneda nada pudieron hacer y algunas autoridades nacionales se refugiaron en Belgrano, declarada capital provisoria. El 13 de junio se reúnen los electores y es consagrado Presidente Roca y vice Francisco Madero. Buenos Aires lleva a cabo una alianza con Corrientes para enfrenar a la liga de las provincias.

Sucedió entonces que las fuerzas al mando de Roca avanzaron sobre Buenos Aires para someterla. El 17 de junio las fuerzas del roquista Racedo obligaron a replegar el ejército tejedorista al mando de Arias hacia Puente Alsina. Pero día 21 se dan los enfrentamientos más importantes, Galasso expone: «Racedo enfrenta a las fuerzas de Arias en Puente Alsina y Los Corrales, obligándolo a retirarse hacia el centro de la ciudad. Al mismo tiempo, Lavalle y Bosch (roquistas) ocupan la plaza Constitución. Las fuerzas de Olascoaga (…) dominan desde Los Corrales hasta Almagro, Leopoldo Nelson mantiene ocupado Palermo. A su vez, la flota boquea el puerto de Buenos Aires y miles de hombres continúan llegando desde el interior. No han sido simples combates, sino duros enfrentamientos con un trágico tendal de 3.000 muertos (…)». El conflicto finaliza de la siguiente manera: «(…) Mitre debió ir a Belgrano a negociar con el gobierno nacional. El acuerdo finalmente consistió en el reemplazo de Tejedor, por su vice, Moreno, licenciamiento de tropas y entrega de armas, disolución de la legislatura provincial y nuevas elecciones» (Galasso, N. 2011 pp.537). Para los mitristas, desde el diario La Nación, Avellaneda pasaría a la historia como el aniquilador de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, Roca reavivó el movimiento federal en todo el país y logró un hecho que, como dice Zorraquin Becú, citado por Galasso «‘Era un Pavón de signo contrario'» y Galasso agrega: «Aquello que habían traicionado Ramírez y López en el año 20, aquello que no se atrevió a hacer Urquiza quien acampó en San José de Flores, lo hicieron ahora ‘los chinos’ de Roca ingresando y ocupando la ciudad puerto, cabeza de la Provincia Metrópoli» (Galasso, N. 2011 pp.538). El 30 de junio renuncia Tejedor y el 6 de julio, por orden de Roca, Manuel Pizarro presenta el proyecto de federalización de la ciudad de Buenos Aires. El 24 de agosto Avellaneda presenta otro proyecto de federalización y en septiembre las Cámaras de Senadores y Diputados aprueban el proyecto. El día 20 de septiembre Avellaneda promulga la ley y Buenos Aires se convierte en la capital de la República Argentina.

El 12 de octubre de 1880 asume como Presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, comenzando otra etapa en la Historia de Argentina, la cual se conoce como la «generación del ochenta» o «república conservadora».

CONCLUSIÓN: Habiendo llegado a la década de 1880 y habiendo hecho un vasto recorrido por estos 18 importantísimos años de nuestro país, es menester destacar la importancia de conocer en profundidad esta etapa. En la misma se desarrolló el período más complejo para la construcción de la institución del Estado en Argentina, actualmente con características que tenemos normalizadas socialmente, pero que aquí tuvieron su génesis. En este sentido, es importante analizar el devenir de su construcción a la luz de los intereses políticos y económico-geográficos que lo concretaron, así como también sus actores nacionales y sus vínculos con actores internacionales y el sistema capitalista que rápidamente se expandía por Latinoamérica y el mundo.

También es un período en que se conformó el actual territorio del país a través del derramamiento de sangre de hermanos hispanoamericanos y pueblos originarios ancestrales, otra cuestión nodal para ser reflexionada.

Analizar críticamente este período, como las presidencias y sus diferencias entre sí, los intereses en juego y demás, nos lleva a preguntarnos ¿Quiénes somos? ¿Qué raigambres étnicas y culturales nos conforman? ¿Qué acciones políticas determinaron nuestra historia nacional y nuestra propia historia como habitantes de este suelo argentino? Y por último, sin renegar de los que somos y haciendo hincapié en la reflexión histórica a fin de lograr una Patria mejor: ¿Qué país queremos construir habiendo aprendido de nuestro pasado?

Bibliografía obligatoria:

– Oszlak, Oscar. (1997) La formación del Estado argentino. BsAs, Ed Planeta.

– Bonaudo, Marta. (1999) Liberalismo, Estado y Orden burgués. 1852 -1880, t.4, NHA, E.Sudam.

– Schmit, R. (2010) El poder político entrerriano y el cambio institucional en la década del 60. s/d.

– Sábato Hilda. (2009) Historia de la Argentina 1852-1890. BsAs, Ed. Siglo XXI. Galasso, Norberto. (2011) Historia de la Argentina,t.1, Ed Colihue.

– Galasso, Norberto. (2011) Historia de la Argentina,t.1, Ed. Colihue.

– Míguez, Eduardo. (2018) Bartolomé Mitre: entre la nación y la historia. Bs As. Edhasa.

– Adriana Puiggrós (1996)- Qué pasó en la educación argentina, desde la conquista hasta el menemismo. Bs.As. Ed. Kapeluz s.a.

– Editorial Grudemi (2018). Batalla de Pavón. Recuperado de Enciclopedia de Historia (https://enciclopediadehistoria.com/batalla-de-pavon/).

[1] Editorial Grudemi (2018). Batalla de Pavón. Recuperado de Enciclopedia de Historia (https://enciclopediadehistoria.com/batalla-de-pavon/).