Reflexiones iniciales y propósitos.

“El Estado y el régimen democrático, por falta de participación política, de solidaridad y disciplina social; y, de eficiencia, corren el riesgo de asumir el comportamiento de aquel fabuloso animal, al cual se refería Maurice Duverger, el “Catoplébas”, tan estúpido que se comía sus propios miembros sin siquiera darse cuenta” (Peñaherrera D. C., 1987).

No encuentro mejor descripción a lo que acontece en el País que lo descrito en la frase anterior. Sin embargo esta afirmación nos obliga a hacer una gran reflexión, ya que el Estado es administrado por el gobierno de turno y a las autoridades de gobierno las elige el pueblo mediante el sufragio; por lo tanto es notable que uno de los mayores problemas que existe es la falta de comprensión de los ciudadanos sobre lo que significa la administración pública; esta en su esencia no es más que la gestión de recursos, que deben ser transformados en bienes, servicios o lineamientos que faciliten estas transformaciones, por tal razón, esta administración debería obedecer a las demandas sociales existentes teniendo en cuenta que esta administración se hace básicamente con tres factores interrelacionados, los servidores públicos, los recursos o fondos públicos y las leyes que facultan el acto administrativo.

Con la finalidad de hacer un primer acercamiento, con el afán de concientizar a las personas, indicar brevemente ¿cómo funciona?, ¿para qué sirve?, ¿cuál es la situación que se vive actualmente?, y ¿cómo mejorar la administración pública en el contexto Nacional?, a continuación se exponen las diferencias entre Estado, Gobierno y Nación, estableciendo como eje transversal a la administración pública:

El Estado se refiere a las instituciones permanentes que hacen que un país funcione, es el conjunto de instituciones durables que conforman al gobierno de un país.

Gobierno se refiere al conjunto de personas que ejercen cargos dentro del Estado. Es decir, el Gobierno está al servicio del Estado y de los ciudadanos.

Por otro lado, el concepto de Nación se refiere al conjunto de los habitantes de un país que comparten un mismo origen, son regidos por un mismo gobierno y por lo general tienen una tradición común. Por eso cuando nuestros jefes de Estado y/o jefes de Gobierno quieren informar de algo importante a todos los habitantes es que dan un mensaje a la Nación.

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 227, dicta que La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.

¿Cuál es el fin de la administración pública?

El fin de la administración es prestar servicios eficientes y eficaces para satisfacer necesidades generales y lograr el desarrollo económico, social y cultural del País. Para obtener estos resultados la administración tiene que formular objetivos, trazar políticas, elegir procedimientos, decidir correctamente, ejecutar las resoluciones y controlar las acciones de los servidores” (Ordoñez, DerechoEcuador.com, 2005).

Pero varios factores han dificultado la administración en el País desde sus inicios, entre los principales están los recursos, por su independencia la república contrajo una deuda millonaria la cual fue asignada de manera impositiva por no enviar un representante que compareciera con los países libertados, la misma que era pagada a base de los impuestos de los ciudadanos, deuda que fue pagada hasta el gobierno del General Guillermo Rodríguez Lara.

La administración pública ecuatoriana, en su contexto ha permitido evidenciar como los regímenes han llevado sus políticas públicas, haciendo de esta un medio para alcanzar la consolidación del poder, casi siempre complaciendo a grupos de poder con intereses particulares, generando crisis, caos y desorden en el desarrollo del Estado, a pesar de esta generalización, hubieron ciertos periodos muy puntuales que permitieron el desarrollo socio – económico del Estado.

¿Qué está pasando en el País?

En el País la administración pública se ha convertido en una repartición de la riqueza generada por el pueblo a favor del grupo gobernante, lo que ha venido generando el empobrecimiento del pueblo; pero se agudiza la crisis política-social porque al parecer, existe un alto grado de desconocimiento de los derechos de las personas, sobre qué es lo que se requiere de sus gobernantes y cómo exigirles que cumplan las demandas sociales; tanto es así, que se ha popularizado la frase “robó pero hizo algo”; esto debe llevarnos a debatir sobre tres aspectos inseparables:

El primero, increíblemente aceptamos y estamos conscientes que las personas que realizan el acto administrativo, usufructúan del bien público, sin importarles el daño que causan a los más necesitados; entre los indicadores de medición para estos actos reprochables, tenemos la falta de recursos
para salud, educación, seguridad y desarrollo; visualizándose en la limitada o inexistente infraestructura de salud, educación, servicios básicos, obras públicas, despidos de doctores, enfermeros, maestros, en fin, de todos los servidores públicos que trabajan en bien del País, pagos atrasados de sueldos, programas sociales estancados y todo aquello que no permite el desarrollo social y económico, ahuyentado la inversión extranjera, disparando el riesgo País, lo que hace más caro cada centavo que recibe el Estado como préstamo, sin embargo muy poco se hace para detener esto.

Al parecer ya no es importante que las personas tengan competencia para ejercer una función dentro de la administración pública, tanto es así, que vemos desde hace varios años atrás como normal, el ser representados en la Asamblea Nacional por futbolistas, bailarinas, comediantes, animadores de televisión, entre otros, sin cuestionarnos cuál debería ser el perfil mínimo para un asambleísta, pero lo mismo pasa con alcaldes, prefectos, gobernadores y demás autoridades del gobierno, por esta razón las estas autoridades nacionales se han convertido meros espectadores de los problemas sociales los mismos que para actuar deben hacer las consultas respectivas a quien les puso en la función, esto relentiza todo proceso administrativo y en muchas ocasiones por la falta de competencia prefieren evadir los problemas y las necesidades a enfrentarlas.

Así mismo, se está aceptando tácitamente que los administradores no son servidores públicos al servicio de la comunidad, sino más bien de sus propios intereses, acelerando su enriquecimiento de manera ilegítima, ellos eligen cuales necesidades quieren mejorar, sobre la base de la rentabilidad personal y no del bien común, a través de actos ilegítimos que tejen en complicidad de las autoridades de control, generando inseguridad jurídica poniendo en duda el ordenamiento jurídico estatal, a esto se suma una dudosa administración de justicia
con fallos inexplicables a favor de los imputados o de los sentenciados, lo que en varias ocasiones han generado investigaciones y sumarios administrativos por no tener el sustento legal necesario, varios son los ejemplos que se vienen dando, sin embargo parecería que no existe conciencia en quienes lo hacen.

¿Qué podemos hacer para mejorar la administración pública en el País?

Nadie discute que hay que ganar las elecciones para ejecutar la administración pública pero hay que establecer un pacto social para que las mejores personas elegidas puedan hacerlo, para ello hay que establecer competencias
para el desempeño de los cargos públicos determinando requisitos mínimos para ejercer una función, en todas las organizaciones políticas hay personas técnicamente capacitadas para ejercer un empleo.

Además se vuelve imperativo combatir la corrupción, para ello hay que saber cómo funcionan los procesos ilegales (contrario a las leyes), ilícitos (prohibido por las leyes) e ilegítimos (no cumple con las condiciones requeridas por la ley) a los que se enfrenta la sociedad a través de veedurías ciudadanas que exijan rendición de cuentas a sus autoridades. Evitar la discrecionalidad de las autoridades supervisando se ejecute la administración por procesos, establecer veedurías ciudadanas sin fines de lucro para denunciar actos de corrupción, malversación de fondos, desvío de capitales, sobre-precios en los productos, en fin cuidar los recursos de los ciudadanos, que se inviertan en proyectos de beneficio social e interés general. Limitar los recursos públicos para los procesos electorales.

Mejora del sistema judicial del País, elaborando normativas que permitan recobrar lo mal adquirido. Inhabilitar para ejercer cargos en la administración pública a los corruptos con sentencia ejecutoriada por cohecho, peculado asociación ilícita, establecer un código de ética en el cual una autoridad sindicada en casos de corrupción no debe ejercer su cargo hasta demostrar su inocencia, es cierto que debe primar el principio de inocencia, pero para el caso debe primar el de la duda razonable. Despolitizar la justicia, jueces y fiscales no deben ser afiliados a partidos políticos. Los jueces y fiscales deben someterse por norma a pruebas de control de confianza en forma periódica.

Reflexiones finales y corolario.

La Administración pública y la política son dos acciones que se complementan, como parte de un todo, si al gobierno lo elige el pueblo entonces la administración que este realice será el reflejo del mismo.

No se puede separar lo uno de lo otro, al propender hacerlo sólo se provocaría una resistencia encubierta, lo que afectaría a la calidad, agilidad y a la responsabilidad del administración de turno.

La controversia indicada se convertiría en un problema íntimamente relacionado con la toma de decisiones, originando los siguientes efectos:

• Deficiente coordinación.
• Desvinculación entre los niveles técnicos y políticos.
• Excesiva concentración del poder decisorio en los niveles más altos de la estructura organizacional.
• Hermetismo, secretismo administrativo, celo institucional, inconciencia de las decisiones y divergencias continuas en la información oficial (Peñaherrera D. C., 1987).

Bibliografía:

(s.f.).

Ordoñez, D. H. (jueves de noviembre de 2005). DerechoEcuador.com. Obtenido de La Administración Pública: https://www.derechoecuador.com…,funcionamiento%20de%20los%20servicios%20p%C3%BAblicos.

Ordoñez, D. H. (24 de Noviembre de 2005). LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Obtenido de DerechoEcuador.com: https://www.derechoecuador.com…,funcionamiento%20de%20los%20servicios%20p%C3%BAblicos.

Peñaherrera, D. C. (1987). Administración Pública ecuatoriana. Quito: Instituto Latinoamericano de Investigaciones sociales. Pag 45-46.

Peñaherrera, D. C. (1987). Administración Pública Ecuatoriana. Quito: ILDIS.

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