MATEMOS AL NIÑO

«MATEMOS AL NIÑO»

Cada niño o niña pobre que nazca en ARGENTINA cargará de antemano con una sentencia. Sin contar las veces que sus derechos fueron violados, se pondrá en el centro del debate la criminalidad que portan. La sociedad no analizará el atropello sistemático de sus derechos y avanzará tras un discurso instalado por los sectores de poder pidiendo la cabeza de pequeños que han sido vulnerados en sus más elementales necesidades.

Hace años que los gobiernos constitucionales decidieron invisibilizar la realidad que viven nuestros pibes y, sacando provecho del avasallamiento, instalaron sobre sus cadáveres una connotación de características, transformándolas en conductas delictivas. Así es como el prototipo de joven peligroso camina fortalecido entre nosotros, fogoneado por medios masivos y criminales, y funcionarios carceleros y asesinos. Entonces, los pedidos violentos de mano dura, lejos de ser cuestionados por altas esferas de poder, son acompañados, mientras que quienes invierten el dinero del Estado en políticas represivas se benefician al desviar la criminalidad de sus propias decisiones. Así, garantizan que día a día gire, cada vez con más fuerza, esa rueda en la que el delito se organiza, se transforma en un negocio que controlan y perpetran los mismos que las instituciones del Estado escupen a chorros –cientos de miles de policías en todos lados- para “combatirlo”.

Ninguna acción es ingenua por parte de los gobiernos, no son personas negligentes, ni faltos de voluntad. No les pasan, ni les pasaron por el costado los más de 70 mil pobres en situación de encierro, ni los más de 5.000 casos de gatillo fácil, ni los más de 200 desaparecidos durante gestiones constitucionales. Son ellos, los gobiernos, los jueces y fiscales, junto a esos medios masivos de incomunicación que acuden para instalar el odio, los responsables de la criminalización que empieza a expandirse para dar camino a la represión legitimada. Pero esa represión ideológicamente pensada y estratégicamente puesta en marcha, no será trasmitida ni debatida; todo lo contrario. Nos obligarán a naturalizar los encierros, las torturas, los secuestros y las desapariciones como parte de las falencias de un sistema democrático joven, daños colaterales que sufrirán los pobres como ratoncitos de laboratorio.

A muchos les cuesta pensar en responsabilidades de un Estado en su conjunto cuando son los pobres quienes sufren con más impunidad la violación de sus derechos. Ese gran detalle nos obliga a reflexionar a todos: ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta entender que el genocidio de los 70 se expandió como una enfermedad social, que hoy enquistada prolonga su existencia en una clase determinada de nuestra Argentina? La dictadura nunca se fue de nuestros barrios, por lo tanto tampoco sus métodos crueles y asesinos. La defensa de los Derechos Humanos nos exige pensar críticamente siempre, no existen los puntos medios. Los Derechos Humanos se defienden o se violan y todo gobierno que pretenda ocultar esta cruel realidad es culpable de sus abrumadoras cifras, por invisibilizar el control y represión que sufren nuestros hermanos con un gran manto de impunidad.

Ellos, políticos, jueces y fiscales jamás serán sentenciados por la muerte o desaparición de nuestros pibes, y sólo la lucha organizada y persistente de las familias podrá materializar avances: condenar a las fuerzas de inseguridad que aprietan el gatillo, torturan los cuerpos y mentes de nuestros pibes violando su intimidad, serán pasos importantes, pero no lo serán todo. Los ideólogos de las políticas represivas siguen libres y apenas se los indaga en su responsabilidad como “Estado democrático”. Incluso, los vemos década tras década reciclando sus repugnantes voces y decisiones para seguir viviendo a costa de nuestro trabajo enquistados en ministerios, bancas parlamentarias, concejos deliberantes, municipios y hasta en canales de televisión como opinólogos con voz autorizada cada vez que alguna amarilla historia sanguinaria los requiere para picar carne.

La impunidad es una característica central de ocultamiento e invisibilización de la denuncia de la familia. “No es violencia institucional, es represión estatal”.