1.
El autoengaño de los intocables
Vivimos con un cuento
muy peligroso en la cabeza: asumir que el que manda tiene derecho a
hacer lo que le dé la gana. Confundimos gobernar con ser intocable,
y ese es el primer síntoma de que una democracia se nos está
pudriendo.
El poder legítimo
tiene una obligación muy clara de rendir cuentas y buscar el bien
común. Pero cuando se quita de encima cualquier control, la
impunidad arrasa con todo. La ley deja de protegernos y se convierte
en el garrote del gobernante.
¿Cómo se llega a
esto? Pues no es fruto de la casualidad, sino de tres pasos muy
medidos. Primero, secuestrando a los árbitros: asfixian a los jueces
y a los organismos de vigilancia hasta que responden al mismo amo que
deberían vigilar. Segundo, aplicando una justicia a la carta donde
el código penal cae con todo el peso sobre el disidente, mientras
que para los amigotes del palacio todo son perdones y sobreseimientos
exprés. Y tercero, bajo el lema del «porque yo lo valgo»,
donde las normas oficiales sobran y lo que dice el líder a capricho
aplasta cualquier ley escrita.
El
antídoto contra la apatía
Pasar de todo es el
mejor abono para que nos quiten las libertades. Esto no se arregla
indignándose desde el sofá o mirando la pantalla del móvil. La
democracia exige estar ojo avizor: pedir cuentas con la información
pública, apoyar a la prensa libre cuando intentan ahogarla y pasar
factura en las urnas a los que moldean las reglas a su conveniencia.
Si la gente se
organiza y deja de tragar, el blindaje de los intocables se
resquebraja. O nos ponemos las pilas y vigilamos hoy, o nos
resignamos a ser súbditos de los que escriben las reglas solo para
saltárselas.
2. Y
otros temas que queman, además…
2.1.
El numerito de la financiación autonómica
Otra vez el mismo
ruido con la financiación de las comunidades. Unos repartiéndose el
botín en despachos a puerta cerrada y otros gritando que se rompe
España. Pero nos engañan como a chinos: en este juego de diecisiete
actores peleando por la misma manta, lo importante se queda siempre
bajo la alfombra. Nadie habla de si las cuentas públicas aguantan o
de si el dinero se gasta con cabeza.
El Ministerio de
Hacienda saca su «audacia» a pasear con el truco más viejo
de la política: multiplicar los panes y los peces. Para que ningún
presidente autonómico se enfade por perder un solo euro, el Estado
suelta 21.000 millones más y sube la tarta a 224.000 millones.
Pero la magia no casa
con la economía real. Con una Europa exigiendo rigor, ese dinero no
sale de debajo de las piedras. Si el Estado paga la fiesta para que
las regiones gasten sin asumir el coste de cobrar impuestos, solo hay
dos salidas: recortar competencias estatales o meternos un sablazo
fiscal de tapadillo. Al final, el dinero siempre sale del mismo
bolsillo, dé igual el código postal.
Nos obsesionamos con
cómo repartir el pastel y olvidamos que arrastramos una deuda que
supera el 100% del PIB. Dar más dinero manteniendo un sistema que no
aclara quién es responsable de qué es premiar la pereza burocrática
y castigar al que hace bien las cuentas. Sanidad, educación y
servicios sociales no van a mejorar por mandarles más millones si no
hay exigencia. Lo pactado para el presupuesto de 2027 no es cohesión;
es patear el problema hacia adelante para que lo paguemos todos con
intereses.
2.2.
De togas, trincheras y la manía de judicializar la política
Menudo retrato de la
política actual. Hemos cambiado el debate de ideas por las querellas
en el juzgado porque es mucho más fácil embarrarlo todo que
sentarse a negociar.
A muchos líderes les
viene grande el puesto. En vez de sudar la camiseta intentando llegar
a pactos en el parlamento, prefieren correr al juzgado de guardia. Da
más titulares ver al rival citado como investigado que ganarle un
debate con argumentos; han convertido los tribunales en un ring para
conseguir a golpe de maza lo que las urnas les negaron.
Esta jugada de
cobardes se sostiene sobre trucos muy feos. Demuestran una
incapacidad absoluta para pactar: como no saben ceder ni hablar con
el de enfrente, le tiran el marrón a los jueces. Hacen un uso
malintencionado de la ley para poner palos en las ruedas y bloquear
al contrincante, confundiendo a adrede los errores políticos —que
se castigan no votándoles— con delitos del Código Penal solo para
colgarle al rival la etiqueta de delincuente.
¿El resultado? Nadie
confía en la justicia. La gente, harta de tanto circo, termina
viendo a los jueces como si fueran hinchas de un equipo de fútbol,
cargándose la neutralidad del sistema. Y mientras ellos juegan a los
abogados, los problemas reales de la calle se pudren en un cajón.
2.3.
Los extremos y la teoría de la herradura
El debate político
parece hoy un partido de ping-pong entre bloques imposibles de
entenderse. Sin embargo, la famosa «teoría de la herradura»
demuestra que los extremos —la extrema derecha y la izquierda
radical— acaban tocándose en los métodos, en cómo hablan y en
cómo buscan dinamitar las instituciones.
Su estrategia para
demoler el sistema es calcada. Ya sea atacando a «la casta»
o al «consenso progre», el esquema populista es idéntico:
dividir el mundo entre un pueblo puro y una élite corrupta. Y eso se
nota en cómo revientan los contrapesos democráticos, desde los
jueces hasta los medios, para montar sus propios chiringuitos de
propaganda.
Donde más se ve esta
sintonía es en el plano internacional. En el Parlamento Europeo es
habitual verlos votar juntos frente al centro: rechazan los
compromisos de la OTAN, ponen pegas al apoyo a democracias aliadas y
comparten un proteccionismo rancio que debilita al país. Su única
línea roja real es el tema territorial, pero su obsesión por
saltarse las reglas del juego asfixia cualquier espacio de
moderación.
2.4.
La misoginia del poder (y el poder de la misoginia)
Celebrar que las
mujeres llegan a puestos de decisión como si fuera la victoria
definitiva es quedarse en la superficie. Romper el techo de cristal
no frena las resistencias; muchas veces, solo las hace más sucias.
Por un lado actúa la
misoginia del poder, funcionando como un anticuerpo cuando una mujer
llega arriba. El sistema tradicional, acostumbrado a mandar entre
hombres, se pone a la defensiva para proteger su chiringuito. No se
juzga su trabajo, sino su osadía por estar ahí, desatando campañas
hostiles y acoso digital constante. Los informes de ONU Mujeres
recuerdan que más del 80% de las legisladoras en puestos visibles
sufren este tipo de violencia para socavar su legitimidad.
Por otro lado opera
el poder de la misoginia a nivel cultural, sirviendo como una gran
advertencia para que cualquier mujer se lo piense dos veces antes de
mostrar ambición política. Ahí están los datos de la Unión
Interparlamentaria: la presencia femenina en ministerios a nivel
global ha caído hasta un escaso 22,4%. Mientras el éxito de una
mujer dependa de su capacidad para aguantar el linchamiento y no de
sus ideas, la igualdad seguirá siendo un espejismo.
2.5.
Cuando el pacto social se vuelve una estafa
La legitimidad de un
Estado no se demuestra votando cada cuatro años, sino en el día a
día: en lo que tardan en darte cita en el centro de salud, en lo que
pagas de luz o en si el autobús llega a su hora.
Hoy el poder ya no
necesita tanques en la calle para doblegarnos; ha perfeccionado un
mecanismo mucho más silencioso: la inercia. Lo que asusta no es la
fuerza bruta, sino lo rápido que hemos asumido agachar la cabeza.
Tragamos con ventanillas kafkianas, mordiscos fiscales brutales en la
nómina y servicios colapsados porque nos han metido el miedo en el
cuerpo, haciéndonos creer que fuera de la regla solo hay ley de la
selva.
Pero no nos
engañemos. La paciencia de la gente no nace del patriotismo, sino de
un trato pragmático: entregamos libertad e impuestos a cambio de
seguridad, protección y servicios que funcionen. Y ese contrato hace
aguas por todas partes.
Cuando vas al médico
y te atienden en tres minutos por teléfono, cuando pagar la luz es
un lujo o el transporte público es una gymkhana diaria, obedecer
deja de ser un deber y se convierte en una trampa. El Estado ya no
convence; simplemente cobra por adelantado una fianza que cada vez da
menos intereses. Si las instituciones se desvinculan del bienestar
real, el contrato revienta y lo que queda ya no es convivencia, sino
una estafa burocrática.
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