Por: Julio González / Un Viandante

En la discusión pública dominicana ha resurgido, con el impulso de los titulares del momento, una propuesta tan efectista como inútil: suspender por dos años la importación de motocicletas y sus repuestos como “solución” a la epidemia de accidentes de tránsito.

La idea suena drástica, pero no deja de ser un espejismo. Una vez más, el debate nacional tropieza con la misma piedra: confundir la máquina con el conductor; enfocar el problema en la cantidad de hierros que entran por los puertos y no en la calidad educativa y cívica de quien sostiene el manubrio.

El problema no es la máquina, sino el marco de impunidad que ampara al conductor. Prohibir la entrada de motocicletas no transformará mágicamente la conducta en las vías. La falta de casco, la violación de la luz roja, el tránsito en vía contraria y la invasión de aceras no son consecuencia del volumen de importación, sino del vacío de sanciones y de una política que renuncia a educar para no pagar costos electorales.

La ilusión de las medidas cuantitativas

Reducir la oferta de motocicletas no creará una cultura de respeto ciudadano. Mientras las políticas públicas sigan eludiendo el camino de la formación, la educación vial obligatoria, la exigencia de licencias formativas y la fiscalización real, seguiremos dando vueltas en círculo.

Cuando la política renuncia a la prevención, la realidad cobra la factura con intereses. La paradoja es trágica: el cálculo de los gobiernos para no arriesgar la faja política termina obligándolos a enfrentar tormentas sociales y económicas aún más devastadoras.

Como analizábamos en La cena del miedo, la relación entre el poder estatal y el colectivo de motociclistas ha estado históricamente viciada por un chantaje implícito. Ante el temor a la reacción violenta del “enjambre” o al costo electoral de fiscalizar a una masa masiva y organizada, los gobiernos prefieren administrar el caos mediante paños tibios, bonos temporales u operativos de maquillaje que se disuelven en semanas. Es la contención política por conveniencia: impunidad a cambio de paz social.

Una sociedad «manga por hombro»

Tampoco podemos volcar toda la mirada hacia el Estado sin fiscalizar nuestro propio tejido social. Nuestra gente vive atrapada en esa frase tan dominicana: andamos «manga por hombro», es decir, sumidos en la anarquía cotidiana.

La ciudadanía no-motorista —agotada por la rutina y anestesiada por la cotidianidad— no ha logrado articular una masa crítica capaz de exigir orden institucional con la misma fuerza con la que los sectores informales defienden su desorden. Ese vacío de presión ciudadana le otorga al gobernante de turno la coartada perfecta para ignorar lo que dispone la Ley 63-17 sobre movilidad y seguridad vial.

El desenlace inevitable

Cuando un sistema rehúsa educar y fiscalizar para no pagar costos electorales, la realidad termina cobrando la factura por la vía más amarga. No se trata de agüeros ni de pesimismo, sino del derrotero lógico de las cosas:

• Colapso paulatino: ya lo vivimos en las salas de traumatología, en los presupuestos de salud exprimidos y en las horas de productividad que se esfuman en el caos urbano.
• Evento traumático: la acumulación de desorden suele derivar en hechos límite que rompen la anestesia colectiva y paralizan el corazón económico de las ciudades. La historia dominicana ofrece ejemplos claros de este fenómeno. La Poblada de abril de 1984, detonada por las medidas económicas del FMI, paralizó el país y dejó decenas de muertos, marcando un antes y un después en la conciencia social. Más recientemente, la tragedia del Jet Set en 2025, con el colapso del techo de la emblemática discoteca y más de doscientas víctimas fatales, sacudió al país entero y evidenció cómo la falta de prevención puede convertirse en catástrofe nacional. Ambos casos muestran cómo la acumulación de desorden y la evasión de responsabilidades terminan rompiendo la anestesia colectiva y obligando a enfrentar la realidad de golpe.

Cualquiera de los dos escenarios —o la trágica convergencia de ambos— se perfila como horizonte si el liderazgo nacional insiste en abordar una crisis de conducta y ley con parches de aduana y discursos de ocasión.

Cierre

Seguiremos escribiendo y dejando constancia. No por la ilusión de que un titular despierte conciencias de la noche a la mañana, sino por el deber ético de no ser cómplices, con el silencio, del colapso anunciado.