Los Pliegos del Poder

El sol de marzo castigaba Lima con una luz implacable, esa que no calienta sino que expone. Desde los ventanales blindados del despacho presidencial, José María Balcázar observaba el tráfico inmóvil de la avenida Paseo de la República. Era un paisaje que le gustaba: el caos como metáfora, la impotencia colectiva convertida en paisaje. Él, en cambio, estaba en movimiento. Un movimiento pausado pero quirúrgico.

—Dile a Gálvez que lo recibiré en veinte minutos —ordenó a su secretaria sin volverse. Su voz tenía la cadencia de quien está acostumbrado a impartir clases o, quizás, a dar discursos en aulas vacías—. Y prepara la nota de prensa. Quiero que suene como una concesión, no como una negociación.

El presidente interino ajustó el nudo de su corbata frente al espejo. No era el corbata de un político tradicional, acostumbrado a los sastres de Gamarra; era una pieza italiana, de un gris que él llamaba «estratégico». Todo en él era estratégico. Hasta la amistad que mantenía con un prófugo de la justicia, esa sombra alargada llamada Vladimir Cerrón, cuyo nombre jamás pronunciaba en estos momentos de decisión, pero cuya lógica partidaria le había otorgado la silla que hoy ocupaba. Era la silla de un interino, sí, pero el poder no entiende de plazos. El poder entiende de pliegos.

El escándalo, pensó mientras hojeaba el informe que le habían alcanzado, no era que el Ministerio Público necesitara presupuesto. El escándalo era que lo estuvieran pidiendo. Como si ellos, los fiscales, los señores de las togas y los códigos, no hubieran pasado los últimos tres años «denunciando a todo el mundo», como le gustaba repetir en las entrevistas matutinas. Le gustaba esa frase. Era simple, demoledora y, sobre todo, construía un relato: la justicia no era una víctima de la delincuencia; era una víctima de su propia voracidad persecutoria.

Apretó los labios. Había una línea muy delgada entre administrar justicia y extorsionar con ella. Y él, un ingeniero de profesión, un tecnócrata de las comisiones, un amigo de los poderosos disfrazado de improvisado, sabía que la extorsión, a fin de cuentas, era el lenguaje del poder real.

Tomás Gálvez, el fiscal de la Nación interino, llegó puntual. Era un hombre de gestos cansados, con las ojeras profundas de quien ha heredado una institución en ruinas. La secretaria los dejó solos. Balcázar lo recibió de pie, sin extender la mano de inmediato, como midiendo la distancia.

—Tomás, gracias por venir. Sé que el momento es… complejo.

—Señor presidente, la situación es insostenible. Para el mes que viene, el cincuenta por ciento del personal administrativo estará despedido. No podremos garantizar ni los sueldos de los fiscales en abril. —La voz de Gálvez era un susurro grave, como si el cansancio se hubiera instalado en sus cuerdas vocales—. Necesitamos el presupuesto. Es una cuestión de funcionamiento básico.

Balcázar asintió con lentitud, caminando hacia su escritorio. Abrió una carpeta de cuero negro, una que contenía cifras que ya conocía de memoria, pero cuyo peso simbólico necesitaba hacer tangible.

—Comprendo. Y voy a ser claro contigo, Tomás. No me gusta andar con rodeos. —Alzó la vista, fijando sus ojos en los del fiscal con una frialdad que desmentía su tono afable—. El presupuesto se otorgará. Los recursos que necesitan estarán disponibles.

Vio cómo los hombros de Gálvez se relajaban por un instante. Fue entonces cuando dejó caer la condición, con la precisión de quien coloca la última pieza de un dominó.

—Pero con una condición. Y esto no es un capricho mío, es una exigencia de realidad. Necesito resultados concretos.

—¿Resultados? —Gálvez frunció el ceño—. Señor presidente, la fiscalía investiga. Los procesos llevan tiempo. No podemos fabricar sentencias como si fueran…

—No estoy pidiendo sentencias. Estoy pidiendo eficiencia. —Balcázar interrumpió con un tono que ya no era afable, sino el de un profesor corrigiendo a un alumno torpe—. Mire los números. ¿Qué es lo que ve en el Ministerio Público? Ve una institución paquidérmica. Lenta. Que se ha dedicado a llenar expedientes, a ponerle «todo el código penal» a cada funcionario que se le cruza, y mientras tanto, la criminalidad sigue su curso. Ustedes fueron los primeros en oponerse a que la policía investigue como en la época del terrorismo. Son los primeros en demandar al Congreso por cada ley que no les gusta. Y luego vienen aquí, a pedir más dinero.

El fiscal interino abrió la boca, pero Balcázar levantó una mano, esa mano que tantas veces había usado para calmar discusiones en comisiones técnicas, pero que ahora esgrimía como un mazo.

—No voy a permitir que el dinero de los peruanos se use para financiar una maquinaria de denuncias políticas que no resuelve el problema de fondo. Ustedes quieren recursos para seguir con su agenda. Yo quiero recursos para que la seguridad funcione. ¿Entiende la diferencia?

La oficina se llenó de un silencio pesado, como el que precede a los temblores en esta tierra acostumbrada a moverse. Gálvez, el hombre de ojeras profundas, comprendió en ese instante que no estaba negociando dinero. Estaba negociando la autonomía de su institución. Y que el precio era el desmantelamiento simbólico de su poder de fiscalización.

—¿Qué tipo de resultados concretos, señor? —preguntó, con la voz aún más baja.

—Que la fiscalía deje de ser un reflector apuntando al Congreso y se convierta en una lupa apuntando al crimen. Que investiguen con criterio, no con manual. Que comprendan que vivimos en un país donde la prioridad es la seguridad ciudadana, no la guerra política. —Balcázar se reclinó en su silla, un gesto que fingía relajación—. En julio, cuando termine mi mandato interino, quiero ver que la casuística baja. Que las cifras de delitos resueltos suben. Eso es todo.

«Eso es todo», repitió para sí mientras veía al fiscal retirarse con pasos torpes. Pero no era todo. Era el principio de algo más profundo. Era el síntoma de una enfermedad que él conocía bien: la confusión entre el Estado y la facción. Lo había visto en los libros, en las clases de ciencias políticas que dictaba antes de que la política lo devorara. El poder, cuando se siente amenazado por la ley que él mismo debería encarnar, no la suprime; la asfixia con presupuestos. La convierte en un siervo condenado a demostrar su utilidad.

Esa noche, Balcázar no durmió en Palacio. Regresó a su departamento en San Isidro, un espacio minimalista que él mismo había diseñado. Antes de acostarse, revisó su teléfono. Había un mensaje de un número no guardado, con el código de provincia. Decía solo: «El amigo está bien. Sabe que se actuó con firmeza». Borró el mensaje. Miró por la ventana. En la penumbra, la ciudad seguía paralizada, pero él sentía que las piezas del tablero empezaban a moverse hacia un jaque que pocos veían llegar.

El pacto que había sellado con el fiscal no era solo un ajuste técnico. Era una declaración de principios disfrazada de exigencia de resultados. Si el Ministerio Público aceptaba las reglas del juego, su independencia quedaría reducida a un eslogan. Y si no aceptaba, la opinión pública, entrenada por meses de discursos como los suyos en las radios matutinas, lo vería como un obstáculo para la paz ciudadana.

Afuera, un perro ladró a la luna. Balcázar cerró los ojos y sonrió. No importaba cuántos códigos penales tuvieran que vaciarse de contenido. Lo importante era que la narrativa quedara clara: él no estaba recortando derechos, estaba optimizando recursos. Él no estaba protegiendo a los corruptos, estaba exigiendo eficiencia a una burocracia perezosa.

En la otra orilla de la ciudad, Tomás Gálvez no sonreía. En su despacho de la avenida Paseo de la República, el mismo por donde Balcázar veía el tráfico inmóvil horas antes, hojeaba un expediente olvidado en un cajón. Era la denuncia constitucional contra un ministro de Estado por presunto enriquecimiento ilícito. La había archivado por falta de presupuesto para las pericias. Ahora, alzó la vista hacia el techo, como si pudiera ver a través de los muros la silueta de Palacio de Gobierno.

«Resultados concretos», murmuró con amargura. Cerró el expediente. Por un momento, sintió que el país entero era un expediente que alguien estaba archivando con un sello que decía: «condicional».