La invisibilización de la violencia de género y la crisis de salud mental en Perú: Desafíos y soluciones

Autores:

-Lourdes Garcia Girao 

-Erig Johan Díaz Peralta

-Victoria Villanueva Torres

-Samantha Huamani Yacsa

¿Cómo puede una sociedad avanzar cuando una gran parte de su población permanece atrapada en ciclos de violencia y carece de acceso adecuando a servicios de salud mental? en este sentido, la situación de la salud mental en el Perú durante los últimos 4 años refleja una crisis profunda. La alta incidencia de violencia de género, combinada con la persistencia falta de inversión en salud mental y la exclusión de los grupos más vulnerables, no solo pone de manifiesto un problema social grave sino también indiferencia estructural hacia aspecto esenciales del bienestar humano. Por ello crucial concienciar al público sobre el preocupante estado de la salud mental del país, una problemática que en los últimos años ha sido relegada perpetuando las desigualdades y afectando la calidad de vida de miles de personas.

Para comprender el impacto de la violencia de género en la salud mental de las mujeres en Perú, es fundamental reconocer que el 38.6 % de ellas ha sido víctima de violencia física. Este dato, según Roda (2022), sitúa a Perú junto con Colombia en el segundo lugar en América Latina en cuanto a la prevalencia de violencia física hacia la mujer por parte de su pareja. Este fenómeno, además, podría estar vinculado a la normalización de la violencia desde la infancia, ya que crecer observando comportamientos violentos puede convertirlos en algo aceptable. A su vez, existen numerosos obstáculos para denunciar y buscar ayuda, como el miedo a represalias, la dependencia económica y la falta de apoyo social, lo que hace evidente la necesidad urgente de abordar la violencia de género como una prioridad nacional. A pesar de los esfuerzos realizados, persiste la necesidad de implementar políticas públicas más efectivas, ofrecer un mayor respaldo a las víctimas y garantizar que los agresores enfrenten consecuencias. En este contexto, cabe reflexionar sobre si la población es realmente consciente de la magnitud de esta violencia y qué pasos deben tomarse para combatir el problema de manera efectiva.

Por otro lado, resulta crucial señalar que el bajo financiamiento destinado a la salud mental agrava considerablemente esta crisis. Aunque Perú cuenta con una ley específica, solo se asigna el 1 % del presupuesto de salud a este ámbito (Sánchez, 2021). Este bajo presupuesto genera una grave falta de recursos para los servicios adecuados, como la escasez de profesionales capacitados, la carencia de programas de prevención y tratamiento, así como de instalaciones especializadas. En este sentido, se plantea la pregunta de por qué la inversión en salud mental sigue siendo tan baja. Es válido cuestionarse si esta situación responde a limitaciones presupuestarias generales, a prioridades políticas diferentes o a una falta de comprensión sobre la importancia de la salud mental. De cualquier manera, resulta urgente analizar qué impulsa esta baja inversión y cómo se podría cambiar para enfrentar la crisis de manera integral.

Además, la pandemia de COVID-19 exacerbó la invisibilización de poblaciones vulnerables, situación que profundizó los problemas de salud mental de diversos grupos. Durante este período, la crisis sanitaria acaparó la atención, dejando de lado a los más marginados y amplificando sus dificultades (Huarcaya-Victoria, 2020). Esto refleja una indiferencia hacia aquellos que ya estaban en los márgenes de la sociedad, lo que se traduce en una forma de violencia silenciosa que degrada su dignidad y humanidad. En este contexto, cabe preguntarse qué revela esta indiferencia sobre una enfermedad social aún más profunda y cómo podría superarse para garantizar que los recursos y la atención también lleguen a quienes más lo necesitan.

En cuanto a los datos sobre salud mental en Perú, resulta alarmante que el 28.5 % de la población presente síntomas de depresión. De acuerdo con un estudio de la Dirección de Salud Mental del MINSA, el 41 % de quienes presentan síntomas depresivos los experimenta de forma moderada a severa, y el 12.8 % reporta ideación suicida (Saavedra, 2020). Esta compleja situación evidencia la urgencia de movilizar recursos para atender de manera temprana este problema, transformando la crisis en una oportunidad para mejorar la salud mental de la población. En este sentido, es fundamental considerar qué medidas preventivas se podrían implementar para evitar que la problemática se agrave, así como reducir el estigma asociado a los trastornos mentales para crear un ambiente en el que las personas se sientan cómodas buscando ayuda.

Es relevante destacar que el fortalecimiento de los servicios de salud mental en

Perú ha sido un paso positivo hacia una distribución equitativa de los recursos. En 2022, se proyectaron 315 Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) a nivel nacional, uno por cada 100,000 habitantes, junto con un aumento de Unidades de Hospitalización de Salud Mental (UHSM) y hospitales psiquiátricos (Tafur, 2023). Estos esfuerzos responden a una estrategia que facilita el acceso a la atención mental de forma inclusiva. No obstante, es fundamental monitorear el impacto de estos centros para garantizar que efectivamente mejoren el bienestar de la población. Así, surge la pregunta sobre cómo las comunidades locales participan en la operación de estos centros y cómo se medirán los resultados para asegurar que generen el impacto deseado.

Por otro lado también, la reforma busca fortalecer la atención comunitaria, acercando los servicios de salud mental a quienes los necesitan y mejorando su calidad. Según Saavedra (2022), el Ministerio de Salud ha implementado la Reforma de la Salud Mental con un enfoque comunitario, estableciendo más de 150 Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) y proyectando llegar a 281 para el próximo año, lo que garantizaría un centro por cada 100,000 habitantes. Esta expansión refleja una planificación estratégica para mejorar el acceso, facilitar la intervención temprana y ofrecer atención de mayor calidad, contribuyendo a una detección más temprana y un apoyo continuo a quienes lo necesiten.

En cuanto a la inclusión de los niños en la toma de decisiones, resulta vital reconocer que este proceso busca empoderarlos y construir soluciones más inclusivas y efectivas. Un estudio muestra que en el 48.9 % de los casos, se escucha la opinión de los niños a partir de los seis años (Álvarez, 2022), lo que subraya la importancia de reconocer su voz y contribuir a una sociedad más equitativa y participativa. De este modo, resulta interesante plantearse cómo cambiaría nuestra sociedad si los niños fueran empoderados desde temprana edad para involucrarse activamente en las decisiones que los afectan.

Finalmente, es esencial prestar atención a la salud mental de los jóvenes. La OMS ha destacado la necesidad de ofrecer tratamientos adaptados para niños y adolescentes, además de capacitar a profesionales especializados (Campodónico, 2022). Estos esfuerzos reflejan un compromiso con el bienestar de las generaciones futuras y subrayan la importancia de expandir estos servicios, asegurando que sean accesibles para todos los niños y adolescentes, sin importar su contexto socioeconómico. En consecuencia, se plantea la cuestión de cómo garantizar la sostenibilidad de estos avances y asegurar que los tratamientos especializados estén disponibles para todos los jóvenes, independientemente de su contexto geográfico o social.

La salud mental en el Perú es un problema alarmante que afecta a una gran parte de la población. La violencia de género, la falta de recursos para la atención de la salud mental y la exclusión social son problemas que no podemos pasar por alto. Es fundamental que el gobierno le tome más importancia e invierta más en servicios de salud mental, garantizando que todas las personas, especialmente mujeres, niños y jóvenes, tengan acceso a la ayuda que necesitan. También es importante eliminar los obstáculos que impiden que las personas busquen ayuda y trabajar en las causas de la violencia y la exclusión social.

Referencias

Alvarez, M., Arias, J.-P., Morón, G., Ramírez, R., Cayo, J., & Pomalima, R. (2022). Impacto en la salud mental de los niños y adolescentes de Lima Metropolitana en el contexto de la COVID-19. [Revista Psicológica Herediana], 15(1), 21–34. https://doi.org/10.20453/rph.v15i1

Balance y recomendaciones sobre salud mental de la población y del personal de salud durante la pandemia de COVID-19 en el Perú. (2020). [Revista De La Sociedad Peruana De Medicina Interna], 33(4), 135-137. https://doi.org/10.36393/spmi.v33i4.559

Campodónico, N. (2022). [Una revisión sistemática sobre la salud mental y las problemáticas actuales en la infancia y la adolescencia]. Perspectivas En Psicología, 19(2),44-63. http://perspectivas.mdp.edu.ar/revista/index.php/pep/article/view/616

Huarcaya-Victoria, J. (2020). Consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID 19.[ Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública], 37(2), 327-334. https://doi.org/10.17843/rpmesp.2020.372.5419

Roda G., J. B., del Castillo, M. C. ., Sandoval J., J. L., Alatrista G., M. del S., & Vela-Ruiz, J. M. (2022). Situación actual de la violencia contra la mujer: evolución e impacto en Perú. [Revista Médica Basadrina], 16(1), 66–78. https://doi.org/10.33326/26176068.2022.1.1519

Saavedra, J. (2020). Balance y recomendaciones sobre salud mental de la población y del personal de salud durante la pandemia de COVID-19 en el Perú. (2020). [Revista De La Sociedad Peruana De Medicina Interna], 33(4), 135- 137. https://doi.org/10.36393/spmi.v33i4.559

Sánchez Piscoya, S. G. (2021). Situación actual de la salud mental de las mujeres en el Perú. [Apuntes De Bioética], 4(2), 159-171. https://doi.org/10.35383/apuntes.v4i2.669

Tafur Contreras, S., Quispe Carmelo, M. A., & Ayala Mendívil, R. E. (2023). La reforma de salud mental en el Perú, una actualización en el contexto pandémico. [Revista Cuidado Y Salud Pública], 3(2).53-58. https://doi.org/10.53684/csp.v3i2.56